Por: Elmer Cuba, Socio fundador de Macroconsult
Gestión, 9 de setiembre de 2020
Nuestro Congreso ha insistido en la aprobación de una ley que sanciona el delito de especulación y acaparamiento. Ello, a pesar de las observaciones recibidas por el Poder Ejecutivo.
Estos comportamientos eran viejos conocidos en la economía peruana en los 70 y 80, cuando regían sistemas de control de precios en diversos productos. En esos regímenes, los controles llevaban inexorablemente a la existencia de mercados negros. En ellos, los precios observados eran superiores a los que hubiesen regido sin los controles estatales. Ello siempre ha sido así en todo el mundo cuando se han aplicado estos controles a niveles inferiores a los del equilibrio del mercado libre.
Las normas que sancionan la especulación y el acaparamiento complementan las normas de fijación de precios. Es decir, son la otra cara de la moneda. Si se fijan precios, se sanciona su incumplimiento.
Sin embargo, en una economía competitiva y de precios libres, ninguna empresa intentará especular o acaparar. El hacerlo le traerá más pérdidas que beneficios. En el primer caso, porque aparecerá un rival a precios menores y en el segundo caso, por los costos de mantener inventarios excesivos. En el caso de que las firmas tuviesen un comportamiento colusorio o si se diese la modalidad de abuso de posición de dominio, ya existe la autoridad de competencia.
Los precios se mueven para alcanzar el equilibrio en los mercados. Por ejemplo, en Semana Santa suele subir el precio del pescado. En Fiestas Patrias suelen subir los precios del transporte terrestre y en horas antes de Navidad y Año Nuevo, los taxis suelen ser más caros que en una mañana cualquiera.
Ello ocurre por un exceso de demanda temporal, que solo se puede resolver con el incremento de precios. Para que los precios no suban en esas ocasiones, la oferta tendría que reaccionar al mismo nivel que la demanda, algo que no es económicamente viable para casi cualquier industria. Por ejemplo, en el caso de los precios de los pasajes en vísperas de fiestas, para que estos no suban, tendría que haber una flota que no se podría utilizar plenamente el resto del año, y los precios promedio del año serían más altos, para poder financiar esa capacidad de oferta.
Entonces, ¿por qué se dan este tipo de normas? Algunas veces, por desconocimiento del funcionamiento de una economía de mercado y otras tantas para quedar bien con el público. Los consumidores siempre se molestarán ante un incremento de precios. Esta molestia puede ser muy fuerte en contextos de desastres naturales o sanitarios. Una vez pasado el evento, los precios vuelven a sus niveles “normales”.
Violentos excesos de demanda se trasladan a notables incrementos de precios. Pero es difícil que el público pueda quedarse contento con esa explicación sobre esos fenómenos. Allí es donde las autoridades pueden actuar para acelerar las respuestas de la oferta. Sin embargo, los políticos populistas harán lo suyo. Los precios de la azitromicina y el oxígeno bajarán. Pero la ley quedará, inaplicable.
