En el Perú existen zonas liberadas en las que no hay presencia del Estado ni del mercado , no hay autoridad, los fiscales, jueces y policías no pueden ejercer sus atribuciones. Hablamos de zonas en las que no se aplican las leyes nacionales, e imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur.
Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó lo ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de cocasin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.
Estas actividades ilícitas aplican las mismas estrategias para quebrar la voluntad y autoridad del Estado. Por ejemplo, en el desarrollo del frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Es decir, luego de expulsada la autoridad del estado y la formalidad, miles de mineros informales hoy contaminan la zona con mercurio y cianuro. En el caso de Tambogrande, el país sigue esperando por lo menos una disculpa de parte de los promotores de esta tragedia ecológica y social.
El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción.
Algo más grave aún es la inacción del gobierno. El martes, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal aseguró que de las 100 mil personas que se estima se dedican a esta actividad, 77 mil mineros ilegales se encuentran en proceso de formalización. Sin embargo, el experto y ex ministro del sector, Antonio Brack asegura este proceso no ha avanzado y los plazos se siguen ampliando. “ Los mineros ilegales están recaudando fondos para sobornar a las autoridades y estas no los fiscalizan”, denunció Brack.
Recordemos que en el 2011 se aprobó el plan nacional de formalización de la minería artesanal (Decreto Supremo 013-2011-EM).Se fijó el cronograma, pero ha pasado más de año y medio y no se ha hecho nada. Parece evidente que el gobierno, desde la gestión del gabinete Lerner, está simplemente pateando el problema para adelante.
Como bien señaló la especialista Irma Montes en su columna de El Comercio ¿Minería ‘artesanal?, “El plan no es solo ineficaz por ser limitado, sino que además no contiene estrategias técnicas para solucionar el problema ni implanta penalidades. Encima, los mineros (ilegales) ahora se sienten empoderados y con derecho a exigir despropósitos que van desde la suspensión de plazos y protestas por tener que realizar trámites.”
Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los caminos comunes para enfrentar los flagelos del narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabandoarmado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.
