Una de las principales funciones del Estado es la de proveer seguridad e impartir justicia. De esta forma se evita que los hombres se hagan justicia por su propia mano y se imponga la Ley del más fuerte. Cuando el Estado no es capaz de cumplir con estas dos funciones básicas, los ciudadanos suelen cubrir esta falencia recurriendo a salidas violentas y desproporcionadas: linchamientos, asesinatos, formación de cuadros paramilitares (guardianes y vengadores).
«El hombre es lobo para el hombre, decía Hobbes en el siglo XVIII. Sin Estado, argumentaba el filósofo, el hombre es incapaz de pensar el bien común y refrenar su egoísmo. Así, el Estado se torna necesario para organizar la vida social, para poner límites al accionar humano e incentivar la colaboración», como nos recordó Lucía Dammert en un reciente artículo sobre los linchamientos en Argentina.
Una década de kirchnerismo han terminado atrasando a una de las sociedades más avanzadas de América Latina. La pésima conducción económica de Argentina, ahora se refleja en una descomposición social de este país. La criminalidad se ha disparado de tal forma, que los usualmente civilizados argentinos, han comenzado a linchar a ladrones y asaltantes hartos de que la policía y las instituciones encargadas de la seguridad no hagan nada para defenderlos.
Otras formas más orgánicas para enfrentar a la inseguridad, son la formación de “autodefensas» (Rondas). Comunidades enteras se arman y organizan para defenderse de un enemigo común que pone en riesgo la integridad de las personas o de su propiedad. Eso viene ocurriendo últimamente en Michoacán (México), en la que los poblados de esta región se unieron para poner fin a los abusos que cometían los cárteles. En el Perú sucedió lo mismo para enfrentar a Sendero y, en su momento fue una contribución determinante para la derrota del terrorismo.
En nuestro país, las rondas campesinas surgieron en Cajamarca para detener al abigeato. Las rondas acabaron primero con los cuatreros y obtuvieron tal nivel de respeto que empezaron a institucionalizarse. Ya no solo patrullaban y capturaban ladrones sino que empezaron a impartir justicia. Estas rondas jugaron un papel crucial para impedir que Sendero ingrese a Cajamarca.
Recientemente, se han producido un par de fenómenos que han ido distorsionando el papel de las rondas. El primero, su politización. De alguna forma han sido capturadas por partidos con agendas anti sistema como Patria Roja. Segundo, ante la poca efectividad de la justicia formal, han ido incrementando sus capacidades para impartir justicia, al punto que hoy la policía ha dejado de entregar a los delincuentes que captura a la fiscalía, como ordena el Código Penal, para dejarlos en custodia de los ronderos. Está práctica ha sido legitimada luego por las Cortes Superiores, que han terminado reconociendo que las rondas tienen la capacidad de detener a personas (el artículo 149 de la Constitución, ya les permitía impartir cierto tipo de justicia, para aspectos menores). Actualmente, existen una serie de denuncias contra los ronderos por sus excesos que llegan a castigos físicos o por su participación en marchas y protestas en las que recurren a la violencia contra las fuerzas del orden, los periodistas, o contra particulares para, supuestamente, defender sus intereses. Tercero, el “éxito” de las rondas campesinas, ha hecho que se las imite en las ciudades. Ahora en Cajamarca y en algunos distritos limeños se han organizado rondas urbanas. Hace poco se informó que azotaron a prostitutas y a sus clientes. Un cuestionable delito.
Es evidente que este tipo de justicia paralela o informal no es deseable. La única forma de legitimar la democracia es demostrando que es capaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Además, este tipo de justicia no tiene las salvaguardas necesarias que evitan que los inocentes sean condenados y, que todos puedan defenderse adecuadamente de las acusaciones que se les hacen y con las instancias propias de la democracia.
El surgimiento de sistemas paralelos o informales aparecen cuando, como pasa hoy en el Perú, los crímenes y delitos se incrementan día a día, mes a mes, año a año, al punto que hoy la seguridad es la principal exigencia que los ciudadanos le hacen a los políticos. En Lima y provincias (en unas más que en otras) nada parece detener esta ola criminal que cobra vidas y afecta enormemente la vida de las personas. Los funcionarios, públicos, policías, jueces y fiscales se muestran impotentes, incapaces o indiferentes para absolver este reclamo (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte).
En el Perú, además de lo reseñado, se viene institucionalizando la justicia “popular” o comunal, habiendo zonas del país, donde un turista puede terminar enfrentado a un grupo de comuneros que detentan un poder no regulado y que es desconocido por la gran mayoría de ciudadanos del Perú y del Mundo. Es importante que se institucionalice la justicia y que sea ejercida solo por quien debe hacerlo: el Estado.
