Los últimos sucesos acaecidos en Pichanaki con el saldo de un muerto, innumerables heridos, bloqueos de pistas, enfrentamientos, mesas de diálogo, defecciones de dos ministros, la ausencia de otros, los errores de los servicios de inteligencia y la latente paralización de un proyecto gasífero de enorme importancia para el desarrollo del país, pareciera una fotografía calcada de otros acontecimientos similares ocurridos en la última década en el país.
Todavía están frescos en la memoria los casos del Arequipazo, Moqueguazo, Bagua, Combayo, Tambogrande, Espinar, Cocachacra, Santa Ana, Conga, Cañariaco. En todos ellos, el Estado terminó cediendo ante la arremetida de una masa manipulada por hábiles azuzadores profesionales (politicastros, ambientalistas, ONGs y curitas politizados). El manual de gestación de conflictos (ver manual anti minero) se replica ante la indolencia del Estado, habil para claudicar. Basta amenazar a la población y a los medios, unos bloqueos, movilizaciones y enfrentamientos con la policía (en los que se provoca que haya al menos un muerto) para que el gobierno se siente a negociar en las famosas mesas de diálogo en las que se levantan acuerdos que irremediablemente pactan la paralización de los proyectos de inversión. (Ver en Lampadia: La libertad secuestrada por el miedo, Stalinismo en Cajamarca). Demás está decir que se dialoga y se firman pactos con dirigentes escasamente representativos (algunos de ellos, con antecedentes por subversión y externos a la problemática local) que actúan bajo el falso paraguas que más se ajuste a la circunstancia.
Al igual que en otros conflictos, en el de Pichanaki, queda claro que el actor que ha fallado clamorosamente es el Estado. No por ausencia, como equivocadamente se señala, sino porque no hace lo que debe, porque no cumple con sus funciones. La empresa, en este caso Pluspetrol, hizo sus deberes: obtuvo el apoyo de las comunidades indígenas de la zona, así como de una buena parte de los cafetaleros. En cambio, el Estado que debió explicar la realidad y darle las garantías necesarias para que la empresa realizara sus labores, para las que le otorgó una concesión, durmió el sueño de los justos, mientras que los agitadores movían el cotarro impunemente.
Meses atrás la prensa había advertido que curas y ex emerretistas operaban en la zona para indisponer a la población contra Pluspetrol. En la zona se incubó y aprovechó el descontento de los campesinos cafetaleros por los efectos de la peste de la roya. Ante la total indiferencia de los ministerios de Agricultura, Minería y del Ambiente, se gestó agitación para ir ganando adeptos. ¿Qué hizo el Estado para contrarrestar esta situación? ¿Envío a algún funcionario? ¿Efectuó alguna campaña informativa para evitar un conflicto socio-político latente? Todo indica que no se hizo nada.
Lo terrible es que en estos doce años de movilizaciones, paros y enfrentamientos, en la que el Estado solo cede, los funcionarios públicos y autoridades elegidas parecen que no han aprendido nada. Los representantes de los gobiernos locales se ponen de costado, cuando no se suman a la levantisca y se comenten los mismos errores, una y otra vez. Veamos:
1. Seguridad. No es posible que desde el Arequipazo (2002) o desde que fuera cruelmente linchado el alcalde de Ilave, Cirilo Robles (2004), la Policía Nacional siga enfrentando a los manifestantes de la misma manera. Que utilice las mismas tácticas que han demostrado ser inefectivas y, en algunos casos, contraproducentes. Luego de lo ocurrido en Bagua en dónde los policías fueron emboscados, desarmados y asesinados con sus propias armas, los efectivos siguen usando fusiles de asalto para reprimir a los manifestantes como se ha comprobado con un saldo trágico en Pichanaki. ¿Cómo es posible que no haya armas y técnicas de control de multitudes modernas que puedan desplegarse para impedir que los desmanes y que reineel caos en ciudades y pueblos? Dinero existe, lo que falta es decisión y, seguramente, capacidad y honestidad para realizar adquisiciones de equipos y contratar a expertos en las técnicas necesarias.
2. Inteligencia: No se cuenta con inteligencia adecuada o no se la emplea correctamente para prevenir los conflictos. ¿Dónde está la tan celebrada oficina de conflictos sociales (bautizada pomposamente como Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad)?
3. Política: Es lo que menos se hace. ¿Quién sale al frente de los agitadores, los enfrenta y los desenmascara? ¿Qué trabajo político se hace para evitar que rieguen sus mentiras, falacias, amenazas y manipulaciones entre la población?
4. Comunicación: No existe una estrategia comunicacional efectiva que informe, no que publicite, la naturaleza de los proyectos de inversión y la posición del Estado que genere un clima positivo para que las empresas (a las que el propio gobierno convoca) puedan efectuar su trabajo sin contratiempos.
Es hora que ciudadanos, gremios y empresas empecemos exigirle al Estado, a los Gobiernos, funcionarios y políticos que empiecen a hacer su trabajo. No puede ser que en todas las partidas ganen siempre los agitadores y solo se ceda ante la violencia. “Así el Perú no avanza”. ¡Retrocede!. Lampadia
