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Lima-Perú, 13/09/2016 a las 09:09am. por Lampadia

Una absurda yuxtaposición de poderes absolutos

La ‘balcanización’ del Estado

Normalmente en una sociedad, la identificación de un problema o de una carencia conduce a la búsqueda de su solución. Bien se dice: ‘Necessity is the mother of invention’ (la necesidad es la madre de la invención). La humanidad tiene una larga historia de buscar-encontrar-instalar con la que hemos ido creando instituciones y organizando mejor la convivencia social.

Lamentablemente en el Perú, estamos cayendo en respuestas apuradas a los problemas delicados que aquejan a nuestras instituciones, precipitándonos en un pernicioso facilismo. Este es el caso del diseño de las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y la protección de los ciudadanos, en las que se estarían instalando una suerte de monarquías laterales al gobierno que podrían llegar a ejercer poderes  absolutos en determinados aspectos de nuestra vida social.

Estos son los casos del Contralor, del Procurador y del Defensor del Pueblo:

  • En el caso de Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres de Estado,  amenazando con paralizarlo y malograr la efectiva toma de decisiones de los funcionarios del Estado. Ver en Lampadia: El primer escándalo mediático del nuevo Contralor y Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor.
  • Sobre la Procuraduría se vienen proponiendo nuevas normas que no se están analizando adecuadamente y que encierran importantes peligros para la libertad y protección constitucional de los ciudadanos. Se pretende darle autonomía funcional, técnica y administrativa. Pues en Lampadia hemos compartido una muy importante reflexión al respecto, que nos alerta de las posibles consecuencias que esto puede tener en términos de la libertad de los ciudadanos y el foco de corrupción que puede darse potencialmente alrededor de un poder omnímodo. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.
  • El nuevo Defensor del Pueblo, ya elegido pero aún antes de juramentar el cargo, ya estaba explicando en RPP (cosa que confirmó días después en una entrevista en El Comercio) como planeaba sacarle la vuelta a la Constitución para adquirir poderes absolutos que no le corresponden, generándose la capacidad de emitir resoluciones vinculantes. Más detalle líneas abajo.

Este proceso nos puede llevar eventualmente a tener espacios de poder absoluto sobrepuestos a las funciones del gobierno, que de alguna manera ‘balcanizarían’ el Estado, al contar con nombramientos por períodos fijos sin capacidad de que los funcionarios puedan ser removidos, excepto por faltas muy graves y acusaciones constitucionales complejas;  ejerciendo capacidades discrecionales absolutas sobre sus fallos, sin segunda instancia; autonomía constitucional, financiera y jurisdiccional y protección constitucional por sus actos, eximiéndoles de responsabilidad por ellos.

Curiosamente, este es también el caso de los alcaldes, que tienen capacidad discrecional absoluta sin que sus decisiones estén sujetas a una segunda instancia. Los ciudadanos y empresas que sufren por sus actos, solo pueden contrastar sus fallos recurriendo al Poder Judicial, en procesos muy largos y de resultados ‘impredecibles’. No es pues de extrañar que la corrupción haya hecho sus guaridas en muchos gobiernos locales.

Sin embargo, en el Perú sí tenemos una institución muy seria que tiene esas capacidades en su ámbito de acción. Se trata del Banco Central de Reserva del Perú, pero sus funciones no recaen en un solo individuo, sino en un directorio, cuyo nombramiento es compartido por los poderes ejecutivo y legislativo.

Este no es, sin embargo, el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que depende de un solo individuo (hoy día, casualmente, en excelentes manos). Alonso Polar Campos (QDDG), fundador de Macroconsult, opinaba que la SBS debía también tener un directorio, propuesta razonable que nunca se ha analizado.

El principio general de una buena gobernanza es la separación de poderes, de modo de no concentrar en una sola mano, o incluso en una sola institución el manejo de la cosa pública. Otras instituciones  esenciales de la buena gobernanza son la doble instancia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad…

Volviendo al caso de Defensor del Pueblo, nos llama la atención prácticamente todo lo que ha declarado desde su elección:

  • Dice que se debe a la ciudadanía. Error. La ‘ciudadanía’ es una entelequia, no existe. El Defensor se debe al ciudadano, al individuo que debe proteger, fundamentalmente del Gobierno.
  • El nuevo Defensor pretende sacarle la vuelta a la Constitución que establece que sus decisiones no son vinculantes. Este abogado, ex decano del Colegio de Abogados, considera que eso es un lástima y ha propuesto hacer la misma trampa que hicieron en México. “Se ha dicho que los informes de la defensoría no son vinculantes. Santisteban dijo que la defensoría tiene el magisterio de la persuasión; correcto, pero hay un nuevo contexto. Qué tenemos que hacer. Si las resoluciones de la defensoría no son vinculantes, tenemos que dar un paso más, como en México, donde tampoco son vinculantes pero un informe defensorial [sic] no es guardado por un funcionario en un cajón. Si no lo va a cumplir, tiene que hacer una expresión de causa de por qué. Se empoderan más las competencias y no son solo documentos” (El Comercio, 11 de setiembre). Esto es inaceptable y esperamos que el país se pare en seco para evitarlo.
  • Además, resulta que el Defensor se ha autonombrado como alguien que quiere regular al sector privado en la formación de precios, la competencia, la calidad de la educación privada, etc., etc. O sea, pretende trocar su función de defender al ciudadano del gobierno, por una estúpida defensa del gobierno, enfrentando lo privado con lo privado, ciudadanos versus empresas privadas, discriminando  entre los servicios del sector público y privado, bajo una aparente concepción ideológica.

Es el colmo que nos pasemos años sin poder nombrar un Defensor del Pueblo para terminar eligiendo a alguien evidentemente inadecuado. Siendo la corrupción uno de nuestros grandes flagelos del país, es el colmo que se haya nombrado apuradamente a un nuevo Contralor que ya mostro sus debilidades y que debieramos ver la manera de cesarlo. No sigamos cometiendo estos errores sobre-empoderando a nuevos funcionarios como el Procurador y otros.

Además de la corrupción, adolecemos de niveles de institucionalidad muy precarios. No es el momento para nombramientos apurados ni para dar espacio a funcionarios alocados que se proyecten como pequeños monarcas. Lampadia   

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