Jaime de Althaus
Para Lampadia
2 de enero del 2022

Esta tercera crisis de gabinete en apenas seis meses es de entera responsabilidad del presidente Pedro Castillo. Mirtha Vásquez renunció porque el presidente defendió hasta el final al ex comandante general de la Policía, Javier Gallardo, que había favorecido la expansión de un mercado interno de compraventa de ascensos y cambios, dejando desguarnecida la ciudad de Lima, y había sido designado en ese puesto por el propio Castillo para anular las unidades policiales que investigaban a dirigentes de Perú Libre tanto por el caso de Los Dinámicos del Centro como por sus vinculaciones con el VRAEM y el terrorismo[1]. Y que investigaban todos los demás casos vinculados a Palacio recientemente denunciados, incluyendo las relaciones de allegados de Castillo con el tráfico de amapola en Chota.

Es decir, Castillo se puso del lado del mal. Y, lamentablemente, se mantiene en ese mismo lado con la designación de Alfonso Chávarry como ministro del Interior, un ex policía cajamarquino que ingresa seguramente a continuar la labor de Gallardo. Lo dijo recientemente el propio Guillén en entrevista con IDL Radio: “No es posible que un presidente que llegó al poder enarbolando las banderas de la lucha frontal contra la corrupción termine siendo cercado y encapsulado por redes de corrupción, eso es absolutamente inaceptable”. Explicó, por ejemplo, que la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) había sido “intencionalmente debilitada tanto presupuestalmente y con el traslado torpe de decenas de oficiales”. “La finalidad era hacerla ineficaz”. Algo realmente muy grave, que sin duda tipifica como incapacidad moral. Informes del Diario El Comercio y Perú 21 habían dado cuenta del desmantelamiento de la Diviac y de la oposición de Guillén a diversos pases al retiro y nombramientos. 

Castillo hunde su propio gobierno, y hunde al país. Y lo hace con actos que revelan, repetimos, incapacidad moral. Más allá de las frecuentes denuncias de corrupción, la mala gestión y los pésimos nombramientos en general, que se habían casi normalizado, no había una crisis política particularmente grave que justificara la caída del gabinete Vásquez. Pese a las embestidas del Vladimir Cerrón desde su designación, y al tremendo error de firmar un acuerdo para el cierre de cuatro minas, luego de ello Mirtha Vásquez había logrado consolidarse relativamente en el premierato después de que se levantara el bloqueo en el corredor minero desde fines del año pasado, sin que las comunidades exigieran más que lo que la mina ofreció (aunque nuevamente la carretera a ha sido bloqueada por 4 comunidades rebeldes). Y, siendo ambientalista, la crisis de Repsol la había empoderado. Políticamente no estaba debilitada.

No solo eso. Un conjunto de condiciones favorecía la estabilidad del gobierno pese a su muy deficiente gestión y a los continuos escándalos. En primer término, la baja del precio del dólar y de los alimentos, aliviando las economías populares. Por supuesto, el elevadísimo precio de los minerales, que llena las arcas de un gobierno ineficiente y ayuda a mover la economía. También la transformación benigna de la pandemia, que ayudará a recuperar el turismo y los restaurantes. Luego, la desaparición del riesgo de cambio de modelo económico como consecuencia de la aprobación de la ley sobre el referéndum que puso un candado definitivo a la posibilidad de la asamblea constituyente, lo que ayudaba a disminuir la incertidumbre. Junto a eso, la electoralización de la política con varios líderes y ex candidatos presidenciales postulando a la municipalidad de Lima, dejando en un segundo plano el escenario nacional, y una cierta apatía del Congreso en sus tareas de control político y fiscalización, perdonando a ministros como el del Transportes y otros.

Todas condiciones que favorecían, repetimos, la estabilidad de un gobierno muy malo. Tan malo, que, felizmente, se hace el hara kiri en manos del propio presidente, por incapacidad moral. Lampadia

[1] Ver informes de El Comercio y Perú 21, y el informe https://www.idl-reporteros.pe/el-sombrero-y-el-avestruz/

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que realmente hará la diferencia entre la gestión de Guido Bellido y la de Mirtha Vásquez, es decir, la prueba de que hayamos pasado de la confrontación social y política a una etapa colaboración entre poderes y entre sectores sociales por el desarrollo del país, es el tema de la asamblea constituyente, porque esa es la madre de todos los problemas y de todos los conflictos, como vamos a ver. Y, por supuesto, de que la inversión privada se retraiga.

Por eso es que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha salido a aclarar que la asamblea constituyente “no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la reactivación económica”.

Es un avance, pero no es suficiente para lograr la reactivación económica. Porque el inversionista -de cualquier tamaño- se estará preguntando: ¿y cuándo es el momento? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En tres años? De las declaraciones de la Premier se derivan dos respuestas a cuándo sería ese momento. Una, que llegará cuando la reactivación ya se haya producido. El problema es que estamos ante una petición de principio: la reactivación de la inversión no se va a producir mientras exista esa espada de Damocles. Estaríamos ante el absurdo de que para que no haya asamblea constituyente, la economía no debe reactivarse.

Pero es un círculo perverso: si la economía no se reactiva y la situación económica y social se agrava, esto puede activar más bien el gen de la radicalización como vía política para escapar del atolladero económico y allí sí intentar movilizar a las masas para la asamblea constituyente.

La otra respuesta al cuándo es el momento, la dio de manera explícita la primera ministra. Y le puso un nombre: “el momento constituyente”, al que no hemos llegado aún.

• “Para eso se necesita generar un proceso…, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución…. Son procesos largos…”
• Luego aclaró que “este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”,
• para luego agregar, sin embargo, que “Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos”.

Entonces, ¿el gobierno va a crear esas condiciones o no?

De hecho, venía haciéndolo. Para alcanzar el “momento constituyente”, el gobierno convertía las políticas en armas de guerra destinadas a crear un clima de demanda social por la asamblea constituyente. Eso fue el lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, un conjunto de programas de desarrollo agrario presentados con una retórica de reivindicación y justicia social, como si se tratara efectivamente de una revolución de la tierra. El presidente Castillo llegó al extremo de inventar unos amos que ya no comerán más del sudor de la gente, para terminar ratificándose en la necesidad de una nueva Constitución, como hicieron todos los demás oradores.

La búsqueda del “momento constituyente” lleva al gobierno a dictar políticas para la guerra social y no para el desarrollo. Así, se obliga al consorcio Camisea a renegociar -no se sabe qué- bajo amenaza de expropiación. Es que lo que interesa es crear un clima de reivindicaciones sociales y cambios estructurales que exigen en última instancia una nueva Constitución porque se dice que no se podrían hacer bajo la actual. Cada una de esas medidas son los ríos que van a dar a la mar del cambio Constitucional, el gran cambio, la madre de todos los cambios.

También se ofrece y se da modificaciones en la legislación laboral que solo servirán para condenar a las mayorías irremisiblemente a la injusticia informal, pero se consigue la disposición de los favorecidos para firmar los planillones del referéndum. Lo mismo con los cocaleros del VRAEM, que seguramente ayudarán además a financiar el recojo, para lo cual el ministro Barrenzuela es funcional. Y así sucesivamente. 

El gobierno tiene que apartarse claramente del proyecto de la asamblea constituyente si quiere recuperar la confianza que permita la suma de todos los esfuerzos para la recuperación nacional. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Cuando el lunes en la mañana se conoció la espantosa masacre perpetrada por los terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem, los partidarios de Pedro Castillo reaccionaron de manera unánime echándole la culpa a la derecha y a Keiko Fujimori.

Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, y según la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), vinculado a los terroristas Quispe Palomino a través de Guillermo Bermejo y Alex Pimentel, respondió a un tuit mío donde informaba de la matanza, responsabilizando a la derecha.

Lucía Alvites, estrecha colaboradora y ex candidata de Verónika Mendoza y hoy entusiasta seguidora de Castillo puso en Twitter: “El fujimorismo en la desesperación total. No les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del Vraem es evidentemente un psicosocial. Que no quede ni una pizca de duda que si entra Keiko eso es lo que tendremos cinco años. De terror”.

Estas y varias otras expresiones similares de todos los secuaces de Castillo y Cerrón no dejan duda alguna de sus intenciones: lavarles la cara a los terroristas del Vraem e intentar confundir a la opinión pública con una absurda teoría.

Porque desde el primer momento era evidente que los autores de la masacre eran los senderistas del Vraem. No solo por lo panfletos que dejaron en el lugar, por la advertencia que habían hecho a los pobladores de Mayacu el 9 de abril sobre lo que se venía, por el hecho que son el grupo armado que domina esa zona y son suficientemente sanguinarios para asesinar a sangre fría a hombres, mujeres y niños desarmados, sino porque –a diferencia del narcotráfico que opera con perfil bajo- a ellos les interesa la publicidad para infundir terror y dar señales a sus amigos y enemigos.

Por si fuera poco, la Dircote y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señalaron de manera inequívoca que los autores eran los terroristas de Sendero Luminoso, identificando incluso a los cabecillas del grupo asesino.

Pero los partidarios de Pedro Castillo han seguido incansablemente en su labor de zapa. Periodistas, medios de comunicación, políticos, ONG y opinólogos cuestionan con medias verdades, hipótesis absurdas, y sembrando dudas diversas, la contundente realidad. Pero sumados, constituyen un coro potente que viene cumpliendo su propósito, hacer dudar a muchos ciudadanos de lo que es un hecho evidente.

Hasta el propio jefe de la Policía se ha sumado a ellos con una sibilina afirmación: “No podemos confirmar que son Sendero, pero sí de narcotráfico” (RPP, 24/5/21). Ese individuo, que ocupa ese cargo ilegalmente y sabe que solo con Castillo lo conservaría, no duda en hacer campaña a favor de los enemigos de la Policía y la democracia, tratando de disimular al terrorismo. Con la anuencia del Gobierno, naturalmente,

Ellos han convertido el tema en parte de su campaña política, porque pretenden evitar que una masacre cometida por los vinculados -según la Dircote- a Cerrón, por los hermanos de los senderistas del Movadef que rodean a Pedro Castillo (aunque distanciados desde 1993), los perjudique electoralmente.

Pero hay algo mucho más profundo y duradero. Precisamente ese persistente comportamiento de las izquierdas desde 1980, de lavarle la cara al terrorismo, de minimizar sus crímenes, de relativizarlos y, eso sí, perseguir con saña a quienes los combaten y denuncian, es la que nos ha conducido, a pesar de la derrota del terrorismo, a que ahora, décadas después, los herederos políticos de Abimael Guzmán, Víctor Polay y otros, estén a punto de hacerse del gobierno por la vía electoral. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú nos estamos mal acostumbrando a la protesta desbordada, que usa la fuerza extrema y viola los derechos de los demás ciudadanos. ¿En qué país del mundo, donde exista un gobierno democrático, regido por el imperio de la ley, es eso aceptado? Obviamente, en ninguno que se precie de ser una democracia y que cuente con un verdadero gobierno.

En el Perú, ciertos grupos políticos, nos han vendido la “narrativa” de que, impedir los desmanes y controlar que no se produzcan desbordes de la protesta que afecta los derechos de los demás ciudadanos, es un exceso, que se traduce en brutalidad policial. El gobierno actual no respalda a sus fuerzas del orden y se está generando en ellas un grave sentimiento y desmoralización, que impide poner límites a esas protestas.

No sólo eso, sino que se ha “santificado” a los dos lamentables fallecidos, durante la protesta que encumbró a Sagasti, acompañado de un terrible maltrato a la Policía Nacional y sus autoridades. Desde el lado de las autoridades políticas, no se ha acelerado el proceso de investigación que identifique a los responsables de esas pérdidas de vidas humanas y transcurrido más de un mes, no se ha identificado a los responsables, pero sí se ha hecho ofertas apresuradas de indemnizaciones. A la fiscalía “le han comido la lengua los ratones” y para estos efectos, no existe. La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al atropello legal contra los 17 generales defenestrados, pero sin efecto ni seguimiento alguno (sólo habló para las tribunas). Se tuvo que pedir la renuncia al Sr. Vargas en el MININTER por lo insostenible de su situación y se hizo una jugarreta con su reemplazo, únicamente para lograr la ratificación del gabinete, para luego designar a un ministro que dice que “no es el jefe de la policía” y que muy suelto de huesos informa, que los policías que han sido atacados por las turbas en la carretera Panamericana, que están con cabezas rotas, heridas punzo cortantes abiertas en la cara y cuerpo, “están bien, un poco golpeados, pero bien” y para él no pasó nada…

Se envía a la policía a los lugares de protesta, absolutamente inermes, a resistir a pie firme el ataque de las turbas, quienes no sólo superan ampliamente en número a los efectivos policiales enviados, sino que además están armados con hondas, piedras, bombas Molotov, entre otros elementos. ¿A eso es lo que le llaman “uso proporcional de la fuerza”? ¿La autoridad tiene que enfrentar de igual a igual, si no disminuido, a los delincuentes? ¿En qué mundo se han imaginado tamaña barbaridad? No señores, la autoridad debe ser respetada por su sola presencia y si alguien pretende atacarla, debe ser consciente que está poniendo en riesgo su integridad personal. Lo contrario es dar pase libre a la anomia y al desgobierno.

En esa misma línea, los ataques a las Fuerzas Armadas en el VRAEM continúan y la ministra de Defensa se permite hablar de “cambio de rumbo” para estas fuerzas. Esto enciende las alarmas, después de haber iniciado su gestión, induciendo al presidente a un desaire a las Fuerzas Armadas, al no haber asistido a las correspondientes ceremonias de graduación de sus oficiales.

Algo está pasando acá, ya que en política no hay coincidencias y, da la casualidad, que en el ministerio del interior se maltrata a la estructura jerárquica de la Policía Nacional, se designa a un Comandante General inexperto y no caracterizado, únicamente por ser obsecuente y dócil al poder político del momento. Se envía contingente policial debilitado, física y moralmente, al mando de jefes inexpertos, sin mandato claro y sin apoyo político. Por otro lado, se empieza a fustigar a las Fuerzas Armadas, aprovechando de su silencio y respeto al orden constitucional por no ser deliberante político.

¿Queremos celebrar el bicentenario maltratando y disminuyendo a las fuerzas que han protegido a la República durante estos dos siglos? ¿Qué propósitos ocultos hay tras este maltrato y manoseo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional?

Todo parece indicar, que la izquierda está buscando una escalada de mayor dimensión, con posiciones maximalistas en todo orden de cosas (políticas y económicas) y para eso requiere un Estado debilitado desde el punto de vista presupuestal, institucionalmente débil, con gobernantes, congresistas y miembros del sistema judicial, sometidos al escrutinio ciudadano bajo sospecha de corrupción (cosa que en muchísimos casos aflora) y en ese ambiente, ahora también atacado con múltiples mensajes repetidos desde la cátedra en muchas universidades, algunos miembros de la curia, con el eco de una prensa confundida o comprada (hay elementos para pensar en las dos opciones) y para completar el círculo, debilitando y sometiendo a las fuerzas del orden, poniéndolos a la par que los “protestantes”.

En esa línea, me avergonzó el increíble comentario hecho por el ministro del interior: “si la Policía y quienes están protestando no ejercen actos violentados, pues se generará un clima de paz”. Con esto deja claro que en el Perú no tenemos autoridad y que, ante las protestas, cuando se envía a la Policía, en realidad estamos enfrentando dos “bandos” contrapuestas, de igual categoría, moral y derechos para ejercer la fuerza. ¿Cuándo perdió el Estado peruano el derecho al monopolio de la fuerza? ¿Desde cuándo en el Perú la relación Policía-delincuencia, es una relación entre pares?

Sinceramente no puedo creer que el representante del gobierno, responsable del orden interno, afirme semejante cosa, después de afirmar que, “no es el jefe de la policía”.

¡No hay derecho que se deje vía libre al socialismo del siglo XXI! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de noviembre de 2019
Para Lampadia

Viajar por el Perú es apasionante. No hay país en el mundo que nos iguale en prodigios naturales. Además, nuestra gente es encantadora. Sin embargo, las crónicas de maltratos estatales se repiten a lo largo y ancho de todo el país.

Esta semana – aparte de Lima – estuve en Moquegua, Tacna, Trujillo, Chincha y Pisco. Y claro… uno conversa con la gente y se entera de cosas. En Moquegua estuve en ese colosal local del Gobierno Regional que provoca – al menos, en mí – una indignación de aquellas. ¡Cómo es posible que hayan priorizado semejante monstruo cuando el servicio de agua potable para la población es tan deficiente!

El tema “agua” está muy presente en todos lados. Agua para la población. Agua para la agricultura. Desagües paupérrimos. Conflictos por el agua. El problema es que el tema gira en torno a la escasez del agua. O, a su mal uso. Sin embargo, el Estado hace muy poco al respecto. Por no decir, nada.

Pero también está el maltrato en los hospitales públicos. Será porque saben que en Ica mejoramos la atención a los pacientes sancionando a los médicos corruptos, pero lo cierto es que mucha gente me toca el tema. Colas de amanecida. Médicos que cobran por lo bajo. Robos de medicamentos. Equipos malogrados… adrede. Y cosas por el estilo.

Corrupción e indolencia; esos son los denominadores comunes de la salud pública en todo el país. Por eso pregunto ¿y el Ministerio de Salud? ¿Y la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)? No se oye padre. La salud pública en nuestro país está a merced de mafias. Mafias de la salud. El problema es que el Estado – al parecer – ha resuelto convivir con ellas.

Después está el tema de la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Jueces que reponen a funcionarios corruptos. Fiscales que acogen denuncias maliciosas. Y los policías corruptos tampoco se quedan atrás. Y los alcaldes y gobernadores. Y los consejeros y regidores. Y los periodistas corruptos. Como dice la canción “y total corrupción hay en todos lados”.

En el VRAEM la policía brinda seguridad a los narcos. Eso me dijo un taxista en Trujillo. El taxista era un policía en retiro que había servido en el VRAEM. El detalle de su testimonio respecto de la emboscada que sufrió – él y su grupo – fue estremecedor. Pero nada tan impactante como las órdenes que recibía de sus superiores para garantizar la seguridad de las avionetas de los narcos.

Las mafias de las licencias de conducir están sueltas en plaza. Por S/. 500 tienes un brevete sin dar ningún examen… con todas las de la ley. Las licencias de construcción y de funcionamiento salen – si y sólo si – si te matriculas con unos billetes por lo bajo.

Hasta docentes universitarios corruptos aparecen en estas crónicas de unos maltratos anunciados. Si quieres que te apruebe, págame. Así opera el chantaje de maestros a alumnos en algunas universidades de nuestro país.

El aeropuerto de Lima no da más. ¡Una hora tuvimos que esperar en la pista de aterrizaje! ¡Dentro del avión… en tierra! Y todo porque no había mangas ni buses disponibles. Eso también se llama maltrato.

Y colorín colorado estas crónicas de maltratos ha acabado. ¡Por ahora! Lampadia

Entre 2014 y 2015 el Perú redujo el área de coca de 42,900 a 40,300 hectáreas. En ese mismo periodo Colombia incremento sus cultivos de 69,000 a 96,000 hectáreas.La reducción de 2,600 hectáreas se debe a una erradicación record de casi 36 mil hectáreas, sin embargo el costo ha sido altísimo ya que se ha invertido en erradicación alrededor de 200 millones de soles. Una suma muy grande para una reducción efectiva muy pequeña.

Fuente:  www.notimerica.com

El incremento exponencial de cultivos en Colombia se deben al Proceso de Paz que ha debilitado la lucha antidrogas, la reducción y eliminación de la erradicación por aspersión aérea de glifosato (por recomendación de la OMS) y por la reducción de la erradicación manual.

Esta información fue presentada por Jaime García Díaz en RPP a raíz de la presentación de su último libro: ‘Análisis de los Aportes del Gobierno Peruano a la Lucha contra las Drogas’.

Más allá de los resultados de las acciones del gobierno peruano en este importante objetivo nacional, llama la atención que el gobierno de Colombia haya renunciado a la lucha contra las drogas para forzar un ‘fallido’ e inconveniente acuerdo de paz. O sea, no solo establecieron inmensos beneficios para los terroristas de las FARC, regalándoles prácticamente parte del territorio nacional, con control mediático y político, cargos políticos sin elección y onerosas compensaciones monetarias, también permitieron que vuelvan a crecer las áreas dedicadas a los cultivos ilegales y que una parte de los terroristas, presumiblemente ligados al tráfico de drogas, no aceptara la firma de la paz y se beneficie del crecimiento del ominoso negocio de las drogas. En buena hora, el instinto de los colombianos, rechazó semejante acuerdo, que Francisco Tudela denominó como ‘claudicación’.

En los siguientes cuadros del libro de García podemos apreciar la evolución de las inversiones del gobierno y de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, incluyendo y excluyendo las asignaciones dedicadas a luchar contra el terrorismo en el VRAEM:

Ver el libro en integridad en nuestra sección de documentos: Análisis de los aportes del Gobierno Peruano – A la lucha contra las drogas 2000 – 2015.

Y que mejor que ver las explicaciones del autor del libro en RPP, en entrevista con Raul Vargas, Fernando Carvallo y Patricia del Río:

Líneas abajo presentamos las recomendaciones de este importante libro:

1. Se debe mantener la asignación de los recursos para la próxima ENLCD 2017-2021, para asegurar la sostenibilidad de la intervención integral en la lucha contra las drogas. El objetivo debe ser mantener por lo menos el nivel de Gasto Gubernamental Directo en S/. 1,000 millones anuales.

2. Se recomienda rebalancear los Gastos Gubernamentales Directos en la Lucha Contra las Drogas reduciendo la asignación de recursos del VRAEM con el enfoque actual de intervención militar hacia un enfoque de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (erradicación, interdicción y desarrollo alternativo).

3. Las intervenciones de los diversos componentes deben estar debidamente focalizados, sincronizados y complementados para lograr un mejor resultado integral de intervención.

4. Se debe hacer un esfuerzo para complementar las acciones y los recursos para la erradicación de cultivos ilícitos y el Programa de Post Erradicación con Desarrollo Alternativo ejecutado directamente por DEVIDA.

5. Se deben asignar mayores recursos del PIRDAIS al Programa de Post Erradicación ejecutado directamente por DEVIDA para asegurar la sostenibilidad de la reducción de cultivos y una menor resiembra de coca.

6. Hay que apoyar a los gobiernos regionales y locales que ejecutan actividades y proyectos con recursos del PIRDAIS a través de capacitación y asistencia técnica en temas de logística, compras gubernamentales, monitoreo y verificación.

7. DEVIDA requiere mejorar su logística, sus tareas de adquisiciones de bienes y servicios para que estos sean oportunos y eficientes y se logre mejorar los resultados de sus intervenciones.

8. También DEVIDA necesita mejorar la evolución, supervisión, monitoreo, verificación y seguimiento de las actividades y proyectos que son financiados con recursos del PIRDAIS, a través de gobiernos regionales y locales.

9. Hay que mantener una estrategia diplomática que asegure la complementación de recursos de la Cooperación Internacional en la lucha contra las drogas.

La asignación de mayores recursos ha sido un paso muy importante que ha dado el Estado peruano, sin embargo es necesario evaluar si estos han sido ejecutados en forma adecuada y oportuna, Este es el gran aporte de este libro, que analiza la disposición presupuestal respecto al problema de la producción de drogas en el Perú,

Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Con motivo del lanzamiento de nuestra animación, El Modelo Sí Funciona – Lo que nos falta desarrollar no está en otro camino, el 5 de abril pasado publicamos la siguiente invocación a nuestros jóvenes:

“Cuando los peruanos ponemos nuestra cabeza en la almohada, nos apartamos del lenguaje social, de lo políticamente correcto y de la vocación por el reclamo y la queja. Solos, todos sabemos lo que necesitamos para tener vidas prósperas, así como las realizaciones de los últimos 25 años. Nuestros jóvenes sabían lo que necesitaban cuando pensaban migrar a economías de mercado como las de EEUU, España e Italia antes de la crisis y en Chile antes de Bachelet 2. Hoy en su patria, con sus familias, sus amigos y su comida, saben lo que necesitan, que no es otra cosa que lo que imaginaron conseguir, mediante su sacrificio y entrega personal en el exterior. Ahora pueden obtener todo ello y más en el Perú. Solo tienen que votar con la sabiduría y el espíritu de sus propias almohadas”.

Fotografía capturada por la NASA y procesada por un sistema de ‘rendering’ por Anton Balazh para mostrar los detalles de la geografía peruana

Nos alegra mucho comprobar que la gran mayoría de los peruanos votaron por un país que pueda ser parte del mundo moderno, en el que todos tengamos oportunidad de prosperar en base a nuestro esfuerzo, alejados de los odios y las rencillas y con una visión positiva de nuestro futuro.

Todo eso puede colegirse del resultado de las elecciones generales, que se desarrollaron con toda normalidad y tranquilidad.

La mancha negra que tenemos que lamentar es la pérdida de vidas de diez peruanos abnegados que en el desarrollo de sus funciones cívicas fueron asesinados por la insania criminal de la izquierda ultra radical de los remanentes terroristas en el VRAEM. Nuestras sinceras condolencias a sus honorables familias.

La segunda vuelta electoral, que se desarrollará entre Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, se presenta como una extraordinaria oportunidad para que todos vivamos una lección de civismo y un período de aprendizaje y reflexión sobre propuestas serias que nos permitan ponderar las políticas públicas que pueden terminar de llevarnos al desarrollo integral. Aquellas que necesitamos emprender para ocupar nuestro espacio entre los mejores países de la tierra.

No es una exageración. El Perú es un país milenario, como pocos. Es un país mega diverso que cuenta con muchos recursos naturales que pueden ponerse en valor para el bienestar de todos. Somos depositarios de una cultura muy rica, expresada en los legados de nuestra historia, nuestras tradiciones, artesanías, danzas y vestimentas. Tenemos gente muy trabajadora y creativa, que muestra condiciones de civismo formidables cuando se encuentran en un sistema socialmente sano, como lo hace el 10% de peruanos, los tres millones de mujeres, hombres y niños que viven en el exterior y trabajan abnegadamente, cumplen las leyes, ahorran, educan a sus hijos, participan de la vida pública de sus nuevos pueblos y son solidarios con sus familias en el Perú.

Solo nos falta una mejor clase dirigente, como lo dijeron en su momento los insignes Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre.

Ambos candidatos a la segunda vuelta electoral se distinguen por su ponderación, por su bonhomía y por ser esencialmente propositivos. Qué mejor ocasión para esperar de ellos, en los próximos dos meses, una demostración de amor por su tierra, con  vocación constructiva y el espíritu para fomentar 60 días de reflexión y aprendizaje.

¡Qué gran oportunidad! Hacemos votos por su aprovechamiento pleno. Lampadia