La ruptura de nuestro desarrollo que impidió la evolución del Perú hacia la unión y la prosperidad

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de la Guerra del Pacífico, el Perú inició un largo y continuo proceso de crecimiento económico, casi ininterrumpido, hasta que en 1968 un golpe militar instaló una dictadura de izquierdista estatista y nacionalista, que desbarató nuestro desarrollo hasta entrados los años 90.

En 1980, once años después, regresó la democracia, pero esta no supo corregir el descalabro social, económico e institucional producido por la dictadura.

Lo que es peor, tanto el gobierno de Belaunde, como el de García, mantuvieron la orientación estatista de la economía y se sumaron al pésimo manejo macroeconómico y fiscal que en los años 70 instaló la gran inflación peruana, que García llevó al extremo de 7,649% en un solo año.

Casi 30 años de malas políticas económicas provocaron ‘una ruptura tectónica de nuestro desarrollo’. Mirando el siguiente gráfico, reflexionemos un momento sobre lo que eso implica en la historia de un país.

Esta ruptura se manifestó dramáticamente desde 1973 hasta inicios de los años 90.

Una desgracia que sucedió en muy pocos países. Por cierto, no ocurrió en ninguno de nuestros vecinos. Por eso, nuestro desarrollo no es comparable con el de los otros países. Una ruptura de la vida nacional, de esa profundidad y duración, que malogró la vida de varias generaciones de peruanos, establece una carga, una cicatriz, que marca el futuro del país por mucho tiempo. Entre otros impactos, si ignoramos este trauma, podemos nublar nuestra capacidad de análisis político, social, económico e institucional sobre la realidad nacional.

Registremos algunos impactos originados por esta ruptura tectónica, que muchas veces no tenemos presente:

Caída de la inversión privada

La dictadura estatista militar, pretendió reemplazar la inversión de los peruanos en todas las actividades económicas. Se estatizaron todo tipo de empresas y se crearon monstruos burocráticos dilapidadores de recursos y creadores de corrupción.

Se destruyó la economía y todas las actividades productivas. El año 1990 estábamos todos empobrecidos, 60% de la población cayó en la pobreza; las empresas más grandes no facturaban más de US$ 600 millones anuales, mientras nuestros pares ecuatorianos vendían más de US$ 1,500 millones; y el Estado, que pretendió crecer y regular nuestra vida, el año 90 solo tuvo ingresos de 3.8% de un PBI diminuto. Hoy día nos quejamos de que los ingresos del Estado solo llegan al 14% del PBI, de un PBI S/ 546,000 millones, 3.6 veces mayor que el de 1990 (comparado en soles constantes del 2007).

Nótese que el 2011, cuando empezó el retroceso de nuestra economía de mercado, por las políticas populistas y nacionalistas, los ingresos del Estado llegaron al 21% del PBI.

Hiperinflación y destrucción de la clase media y de los servicios públicos

La hiperinflación destruyó los ingresos de la clase media tradicional, dependiente, cuyos ingresos eran fijos. Esa clase media desapareció, todos cayeron en la pobreza.

Además, tuvo efectos desastrosos en los servidores públicos, en los maestros, médicos, enfermeras y policías, gente que tenía ingresos fijos y que por lo tanto, sus fuentes de vida fueron licuadas, prácticamente desaparecidas por la inflación, sin que su efecto pudiera ser compensado por aumentos salariales.

Efectivamente, a partir de mediados de la década de 1970, la dictadura militar de Velasco y Morales Bermudez nos metió en una de las mayores inflaciones de la historia de la economía mundial. Una de las mayores en dos aspectos, por su incidencia y su duración. La hiperinflación peruana descalabró a nuestra sociedad por más de 20 años y en un solo año (1990), llegó a generar un aumento de precios de 7,482%.

Nuestros funcionarios públicos, entonces muy buenos y comprometidos en su gran mayoría, tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos, cachuelando de cualquier forma para mantener a sus familias. El propio Estado tuvo que recortar los horarios de trabajo de maestros, médicos, enfermeras y policías, para permitirles sobrevivir.

Así se destruyó la calidad de los servicios públicos. Los trabajadores perdieron su relación de exclusividad con sus labores públicas. En escencia, nos quedamos sin servidores públicos.

El caso de los maestros es muy significativo. Sin posibilidades de tener ingresos dignos en la labor magisterial, tuvieron que recurrir a la acción gremial para arrancarle, por la fuerza, algunos aumentos al Estado. Tuvieron que politizar su acción gremial y cayeron en manos de extremistas, tan es así que hasta hoy el Sutep (en sus estatutos), adscribe a la lucha de clases en vez de tener un compromiso educativo.

Destrucción de la clase política

Se dice que Fujimori destruyó a los partidos políticos. Pero en verdad, en los 80s, durante los diez años de democracia después de la dictadura militar, Acción Popular, el Apra y los demás partidos políticos, lo hicieron muy mal en lo económico, social y en seguridad, y llegaron muy desprestigiados al año 90, donde dos personajes ajenos a la política (MVLl y AFF) se disputaron la presidencia.

Fujimori desconoció la importancia de reconstruir los partidos y ayudó a profundizar su crisis, y ya en el siglo XXI arrancamos con Toledo, otro personaje ajeno a la tradición partidaria.

Confusión de académicos, periodistas y analistas

Como indicamos líneas arriba, si no tenemos presente esta ruptura de la vida nacional en nuestro análisis político, social, económico e institucional, podemos caer en el error del inmediatismo y de plantear atajos y saltos al vacío.

En general, no somos conscientes que nuestra historia, con esa brutal ruptura de nuestra vida ciudadana, nos marca y nos limita para ver nuestra situación con perspectiva histórica y en comparación con otros países. Recuperarse de 30 años de errores graves no es fácil.

Empezamos a hacerlo desde 1993, con la nueva Constitución:

• Que permitió el regreso de la inversión privada.
• Que permitió eliminar la inflación, ese horrible impuesto a los pobres. Hace años tenemos una inflación que no pasa de 3% anual.
• Que ayudó a bajar la pobreza de 60% de la población el año 90 a 20% el 2019.
• Que permitió que recuperáramos el crecimiento de la economía. Entre 1993 y 1997 crecimos 7.5% anual, proceso que lamentablemente se interrumpió en 1998 con el innecesario corte de la cadena de pagos y la consecuente recesión, que solo superamos hacia el 2004. Luego recuperamos el crecimiento alto y sostenido superando el 6.5% anual hasta que el 2011 empezamos nuevamente con el desaliento de la inversión privada. Llegando el 2019 a un paupérrimo crecimiento de 2.16%.

Sin embargo, hasta ahora no recuperamos la calidad de los servicios públicos. Nuestras instituciones dejan mucho que desear y nuestros indicadores sociales no llegan a los niveles de desarrollo que el Perú tiene capacidad de lograr por la abundancia de nuestros recursos naturales y capacidad de trabajo y creatividad de nuestra población, que ha mostrado altos niveles de longanimidad, o perseverancia y constancia de ánimo en situaciones de adversidad. La longanimidad, a diferencia de la resiliencia, que es un concepto de la física, conlleva benignidad, clemencia y generosidad.

¿Qué pasa con los académicos, periodistas y analistas que opinan sobre la situación del Perú?

Que en buena medida nos juzgan como si nunca hubiéramos interrumpido nuestro desarrollo. No se dan cuenta que tenemos que seguir con la gesta del desarrollo continuo para cerrar las brechas económicas, sociales e institucionales, que todavía no podemos superar. No se dan cuenta que recuperar nuestro potencial productivo y de generación de empleo toma mucho tiempo. Las inversiones importantes, las de largo aliento, toman mucho tiempo en consolidarse y en sacar al país de la economía especulativa y mercantilista que se desarrollo hasta 1990.

Por eso no sorprende que varios analistas pierdan la perspectiva y nos comparen con Colombia y Chile, que nunca tuvieron que empezar de nuevo su desarrollo.

Por eso molesta que no entiendan que tenemos procesos inconclusos y que tenemos que aprender a sumar. No podemos empezar de nuevo cada cierto tiempo, tenemos que corregir y avanzar.

Esta trampa de desconectar nuestros períodos históricos va más allá de los últimos 50 años. Permítanme invocar un mejor análisis, citando al historiador Mario Arce Espinoza, director de la Biblioteca Municipal de Arequipa, cuando dice de Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco: “Para Belaunde, el Perú es resultado de una continuidad, de un proceso que se ha gestado en el tiempo. En este territorio se han asentado culturas preincas, incaicas, sociedad colonial y la república. Todos esos sistemas de gobierno y culturas nos han enriquecido y formado la peruanidad”.

El Perú es muy grande, no nos equivoquemos con visiones parciales, y no caigamos en los mismos errores, una y otra vez. Lampadia

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia