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Los Estados frente al covid 19

Los Estados frente al covid 19

Conforme los Estados en el mundo, incluyendo el del Perú, empiezan a desplegar un sinfín de iniciativas monetaria y fiscales para inyectar liquidez en los bolsillos de las personas y de las empresas para mitigar el impacto social del covid 19, sus cuotas de poder en las economías empiezan a escalar a niveles históricos inusitados, nunca antes vistos probablemente desde las guerras mundiales.

Como es de esperar, esta peligrosa transformación del mundo ha pasado desapercibida para la mayoría de los medios internacionales, dada la gravedad de la presente crisis sanitaria, puesto que se han enfocado en informar sobre la efectividad de las políticas anteriormente mencionadas, además de las de contención (ver Lampadia: El mundo está parado), en el corto mediano plazo.

Poco a nada han dedicado sus contenidos a analizar las implicancias que tendría para las sociedades tener a gobiernos cada vez más intrusivos en la vida económica y social de la gente si es que, pasada la pandemia, no se desligan de este enorme peso que aún podrían tener sobre las libertades individuales. El caso más peligroso podría ser pues de que algunos países de corte autoritario abusen de las políticas de vigilancia en las calles y el acceso a los datos personales una vez que se hayan levantado los estados de emergencia, extremando la política emprendida por China para parar en seco el contagio.

The Economist, sin embargo, es de los pocos medios que muestra sus reflexiones al respecto en un reciente artículo que compartimos líneas abajo. En él, deja entrever su preocupación sobre cómo en los próximos años podrían perder terreno las ideas de la libertad frente a las ideas del estatismo en el mundo, si es que se consolidase esta permanencia de poder de los estados.

Es importante notar cómo evolucionará este particular proceso en el Perú en los próximos meses, a propósito de las recientes medidas que ha acometido el presente gobierno para mitigar el impacto del covid 19, como son la entrega del bono de S/. 380 primero a las familias más vulnerables y a 800 mil trabajadores independientes, el fondo de apoyo empresarial por S/. 2,000 a las mypes, por destacar las más importantes. Se debe concientizar a la población que estas medidas son paliativas y temporales, en tanto la actividad económica aún muestre afecciones por los paros, producto de los estados de emergencia.

Como hemos comentado en Lampadia: Más Estado y más libertad económica, es necesario que, una vez que se supere este impasse, el Estado dé  paso a políticas liberales que permitan apuntalar el crecimiento económico y fomentar la recuperación que todos los peruanos esperamos. Estas medidas deben incluir por ejemplo la flexibilidad laboral, en particular, reducir el altísimo costo de la contratación y el despido y simplificar la excesiva normativa laboral que se requiere seguir para erigirse como empresa formal en el Perú. Asimismo, podar de una vez por todas esa maraña regulatoria que imposibilita el crecimiento de las mypes y que actualmente entrampa a sectores tan estratégicos y generadores de empleo al interior del país como la minería.

A igual que The Economist, desde Lampadia somos conscientes que en los próximos años se va a configurar un ataque persistente hacia las ideas de la libertad en el mundo, a propósito de esta crisis sanitaria, que ya vienen venidas a menos en el Perú por los constantes ataques a nuestro modelo económico y la ciega fe que la gente tiene al Estado interventor. Esta fe puede estar justificada en estos tiempos de pandemia, pero en circunstancias normales se ha probado que es desastrosa para la economía. Por ello, seguiremos defendiendo la filosofía liberal a pesar de los contextos cambiantes y retadores que condicionan la economía mundial a esta discusión permanente en el quehacer de la política pública. Lampadia

Todo está bajo control
El estado en el tiempo de covid-19

Se necesita un gran gobierno para combatir la pandemia. Lo que importa es cómo se reduce de nuevo después

The Economist
26 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En solo unas pocas semanas, un virus de diez milésimas de milímetro de diámetro transformó las democracias occidentales. Los estados han cerrado negocios y sellado a personas adentro. Prometieron trillones de dólares para mantener la economía con soporte vital. Si Corea del Sur y Singapur son una guía, la privacidad médica y electrónica está a punto de descartarse. Es la extensión más dramática del poder estatal desde la Segunda Guerra Mundial.

Un tabú tras otro se ha roto. No solo en la amenaza de multas o prisión para la gente común que hace cosas comunes, sino también en el tamaño y el alcance del papel del gobierno en la economía. En EEUU, el Congreso está listo para aprobar un paquete que vale casi US$ 2 trillones, el 10% del PBI, el doble de lo prometido en 2007-09. Las garantías de crédito de Gran Bretaña, Francia y otros países valen el 15% del PBI. Los bancos centrales están imprimiendo dinero y usándolo para comprar activos que solían despreciar. Por un tiempo, al menos, los gobiernos buscan prohibir la bancarrota.

Para los creyentes en un gobierno limitado y mercados abiertos, el covid-19 plantea un problema. El estado debe actuar con decisión. Pero la historia sugiere que después de las crisis el estado no cede todo el terreno que ha tomado. Hoy eso tiene implicaciones no solo para la economía, sino también para la vigilancia de las personas.

No es casualidad que el estado crezca durante las crisis. Los gobiernos pueden haber tropezado en la pandemia, pero solo ellos pueden coaccionar y movilizar vastos recursos rápidamente. Hoy son necesarios para imponer cierres comerciales y aislamiento para detener el virus. Solo ellos pueden ayudar a compensar el colapso económico resultante. En EEUU y la zona del euro, el PBI podría caer un 5-10% interanual, quizás más.

Una razón por la cual el papel del estado ha cambiado tan rápidamente es que el covid-19 se propaga como un incendio forestal. En menos de cuatro meses, pasó de un mercado en Wuhan a casi todos los países del mundo. La semana pasada se registraron 253,000 casos nuevos. La gente tiene miedo del ejemplo de Italia, donde casi 74,000 casos registrados han abrumado un sistema de salud de clase mundial, lo que ha provocado más de 7,500 muertes.

Ese miedo es la otra razón para un cambio rápido. Cuando el gobierno de Gran Bretaña trató de retroceder para minimizar la interferencia del estado, fue acusado de hacer muy poco, demasiado tarde. Francia, por el contrario, aprobó una ley esta semana que le otorga al gobierno el poder no solo para controlar los movimientos de las personas, sino también para administrar los precios y requisar bienes. Durante la crisis, su presidente, Emmanuel Macron, ha visto elevarse sus índices de aprobación.

En la mayor parte del mundo, el Estado hasta ahora ha respondido al covid-19 con una mezcla de coerción y peso económico. A medida que avanza la pandemia, también es probable que explote su poder único para monitorear a las personas que usan sus datos. Hong Kong utiliza aplicaciones en teléfonos que muestran dónde se encuentra para imponer cuarentenas. China tiene un sistema de pasaportes para registrar quién es seguro para salir. Los modeladores de datos telefónicos ayudan a predecir la propagación de la enfermedad. Y si un gobierno suprime el covid-19, como lo ha hecho China, tendrá que evitar una segunda ola entre los muchos que aún son susceptibles, atacando a cada nuevo grupo. Corea del Sur dice que el rastreo automático de los contactos de infecciones recientes, utilizando tecnología móvil, obtiene resultados en diez minutos en lugar de 24 horas.

Este gran aumento en el poder del Estado ha tenido lugar casi sin tiempo para el debate. Algunos se asegurarán de que es solo temporal y que casi no dejará huella, como ocurrió con la gripe española hace un siglo. Sin embargo, la escala de la respuesta hace que covid-19 se parezca más a una guerra o la Depresión. Y aquí el registro sugiere que las crisis conducen a un estado permanentemente más grande con muchos más poderes y responsabilidades y los impuestos para pagarlos. El Estado de Bienestar, el impuesto sobre la renta, la nacionalización, todo surgió del conflicto y la crisis.

Como sugiere esa lista, algunos de los cambios de hoy serán deseables. Sería bueno si los gobiernos estuvieran mejor preparados para la próxima pandemia; así también, si invirtieron en salud pública, incluso en EEUU, donde la reforma es muy necesaria. Algunos países necesitan un subsidio digno por enfermedad.

Otros cambios pueden ser menos claros, pero serán difíciles de deshacer porque fueron respaldados por grupos poderosos incluso antes de la pandemia. Un ejemplo es la retirada del pacto de la zona euro que se supone que impondrá disciplina a los préstamos de los estados miembros. Del mismo modo, Gran Bretaña ha tomado sus ferrocarriles bajo el control del Estado, un paso que se supone que es temporal pero que nunca puede retractarse.

Más preocupante es la propagación de los malos hábitos. Los gobiernos pueden retirarse a la autarquía. Algunos temen quedarse sin los ingredientes de los medicamentos, muchos de los cuales se fabrican en China. Rusia ha impuesto una prohibición temporal a la exportación de granos. Los industriales y los políticos han perdido la confianza en las cadenas de suministro. Es solo un pequeño paso desde allí hacia el apoyo estatal a largo plazo para los campeones nacionales que los contribuyentes habrán rescatado. Las perspectivas comerciales ya son escasas; todo esto los nublaría aún más, y la recuperación. Y a largo plazo, una expansión vasta y duradera del estado junto con una deuda pública dramáticamente más alta probablemente conducirá a un tipo de capitalismo más pesado y menos dinámico.

Pero ese no es el mayor problema. Las mayores preocupaciones se encuentran en otra parte, en el abuso del cargo y las amenazas a la libertad. Algunos políticos ya están tomando el poder, como en Hungría, donde el gobierno busca un estado de emergencia indefinido. El primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, parece ver la crisis como una oportunidad para evadir un juicio por corrupción.

Lo más preocupante es la difusión de la vigilancia intrusiva. La recopilación y el procesamiento de datos invasivos se extenderán porque ofrece una ventaja real en el manejo de la enfermedad. Pero también requieren que el estado tenga acceso de rutina a los registros médicos y electrónicos de los ciudadanos. La tentación será usar la vigilancia después de la pandemia, al igual que la legislación antiterrorista se extendió después del 11 de septiembre. Esto podría comenzar con el rastreo de casos de TB o traficantes de drogas. Nadie sabe dónde terminaría, especialmente si, después de haber tratado con el covid-19, la China loca por la vigilancia es vista como un modelo.

Es posible que se necesite vigilancia para hacer frente al covid-19. Las reglas con cláusulas de extinción y escrutinio incorporados pueden ayudar a detenerlo. Pero la principal defensa contra el estado excesivamente poderoso, en tecnología y economía, serán los propios ciudadanos. Deben recordar que un gobierno pandémico no es apto para la vida cotidiana. Lampadia




Constitución y desempeño económico

Líneas abajo reproducimos la presentación de José Luis Sardón, Magistrado del Tribunal Constitucional, sobre el desempeño económico y la Constitución. Esta presentación es particularmente relevante, cuando se quieren sembrar dudas sobre el rol del Estado en la economía, como lo ha hecho el propio ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

El producto de la vida económica y social no es casual, sino producto, en gran medida, de la estructura normativa que la define. Las dos últimas constituciones peruanas han producido resultados diametralmente diferentes y hasta opuestos, como puede verse en el siguiente cuadro:

Ver en Lampadia: El ciclo de crecimiento del Perú empezó en 1993.

Como dice el Magistrado Sardón, “Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

  • Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
  • Libertad de trabajo y de empresa;
  • Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
  • Prohibición de los monopolios legales;
  • Libertad contractual y estabilidad jurídica;
  • Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
  • Libre tenencia de moneda extranjera; y,
  • Protección al consumidor”.

Recomendamos pues leer la reflexión de Sardón y estar alertas al contrabando ideológico que está detrás de revivir la discusión sobre el rol empresarial del Estado.

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional

Buenos días.  Para mí, es muy honroso poder compartir con ustedes una breve reflexión por el vigésimo tercer aniversario del Tribunal Constitucional.  Agradezco a mis colegas por este gentil encargo.

Quisiera centrar esta reflexión en el vínculo que existe entre las Constituciones y la prosperidad de los países.  Especialmente, me referiré a la Constitución de 1993 y su impacto sobre el proceso de desarrollo peruano.

Parafraseando respetuosamente al Nuevo Testamento (Hechos 17:28), podemos decir:

En la economía, vivimos, nos movemos y somos.

Todas las normas constitucionales tienen impacto en la economía. La multiplicación de derechos, por lo pronto, amplía el ámbito de responsabilidad estatal.  Una definición más sobria de estos, en cambio, concentra al Estado en sus tareas esenciales.

Más importante aún, la separación de poderes busca lograr el equilibrio de poderes, para tener así gobierno limitado.  De esta manera, se busca, a su vez, proteger la libertad de los ciudadanos.

Las Constituciones pueden también facilitar o dificultar la formación de los partidos políticos.  Ellos son asociaciones privadas pre-estatales, pero su conducta es afectada por las reglas electorales.

Todas estas cuestiones han sido objeto de estudio en la literatura de la elección pública.  En ella, destaca el trabajo reciente del sueco Torsten Persson y del italiano Guido Tabellini, El efecto económico de las Constituciones.

Al evaluar los pros y contras de la democracia sobre el desarrollo económico, concluyen que “el diablo está en los detalles”: determinados esquemas institucionales potencian el impacto positivo de la democracia en el desarrollo; otros, no.

Particularmente, son relevantes los que facilitan la formación de “capital democrático”, que no es sino la acumulación de experiencia democrática en un país y su vecindario.  Las democracias prósperas son las democracias estables.

¿Qué necesidad había, entonces, de incluir un Régimen Económico en la Constitución de 1993?  La respuesta es clara: se buscaba hacer un segundo intento por alcanzar el fin anhelado por su propulsor original, Ernesto Alayza Grundy.

En la Asamblea Constituyente 1978-79, este propuso incluir normas que evitaran que volviéramos a aventurarnos en reformas estructurales como las de los 1970s.  Lamentablemente, no tuvo respaldo político suficiente.

La Constitución de 1979, por el contrario, consagró tales reformas, incluyendo a las dos más destructivas, la agraria y la de la empresa.  Así, lejos de ayudar a revertir el decaimiento económico heredado del gobierno militar, contribuyó a agravarlo.

Entre 1988 y 1990, la economía peruana se encogió un tercio.  La responsabilidad de ello recae no solo en la Constitución de 1979.  Desde que en 1982 México dejó de pagar su deuda externa, los 1980s fueron conocidos como “la década perdida” de la región.

En 1980, por otro lado, Sendero Luminoso desató una embestida que pretendía aniquilar a la sociedad peruana.  Hubo, pues, factores extra constitucionales —para no hablar de la pésima política económica de la segunda mitad de los 1980s— que incidieron en ello.

Sin embargo, la Constitución de 1979 contribuyó a que ocurriera tal situación, por los conceptos económicos equivocados que contenía y por las reglas barrocas e inoperantes con las que estructuró al Estado.

En 1990, consciente de la necesidad de efectuar una profunda reforma constitucional, Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos no solo ser elegido Presidente de la República sino que el Fredemo obtuviera la mayoría de los asientos del Congreso.

Al conseguir solo un tercio, de hecho, quiso declinar su participación en la segunda vuelta.  Con ese nivel de respaldo congresal, pensó, le sería imposible emprender las reformas imprescindibles.

En todo caso, un paquete de decretos legislativos promulgados en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori se inspiró en las ideas del Fredemo.  Empero, ellos empezaron a ser declarados inconstitucionales por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

A mi juicio, ese Tribunal actuó bien: no le competía resolver lo que, a su criterio, sería bueno para el país, sino solo señalar lo que era inconsistente con la Constitución.  Dichos decretos, en efecto, contradecían a la Constitución de 1979.

Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

  • Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
  • Libertad de trabajo y de empresa;
  • Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
  • Prohibición de los monopolios legales;
  • Libertad contractual y estabilidad jurídica;
  • Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
  • Libre tenencia de moneda extranjera; y,
  • Protección al consumidor.

Algunas sentencias constitucionales han hecho prevalecer estas normas.  La emitida en el expediente 0008-2003-PI/TC, por ejemplo, defendió la libertad de precios, con los que se logra la asignación eficiente de los recursos productivos escasos de la sociedad.

Empero, el sistema de precios requiere que no haya emisión de moneda.  Desde que el déficit de las empresa estatales fue la causa principal de la inflación de los 1980s, deben destacarse también aquellas que han controlado la actividad empresarial del Estado.

Las sentencias emitidas en los expedientes 00034-2004-PI/TC y 00019-2006-PI/TC marcaron una línea jurisprudencial, que ha sido respetada por las sucesivas composiciones de este Tribunal Constitucional, incluyendo a la actual.

Al insistir en que la actividad empresarial del Estado debe ser autorizada por ley expresa del Congreso, y desarrollada solo subsidiariamente, esas sentencias han apuntalado el equilibrio presupuestal y, por ende, la estabilidad monetaria.

Finalmente, deben destacarse las sentencias emitidas en los expedientes 00018-2003-PI/TC y 00013-2007-PI/TC, referidas a la igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera.

Carlos Adrianzén ha recogido evidencias abrumadoras del contraste existente entre el desempeño del Perú bajo la Constitución de 1993 y el registrado bajo sus predecesoras, en términos de integración comercial con el mundo.

Dentro de los aportes de la Constitución de 1993 al proceso de desarrollo peruano, destacan, pues, la estabilidad de nuestra moneda y la apertura de nuestra economía a los productos e inversiones extranjeras.

Debemos apreciar debidamente los frutos de este marco constitucional.  En los últimos 25 años, los niveles de pobreza y de extrema pobreza se han reducido de 53% a 20% y de 23% a 3%.

Esta reducción ha sido fruto, principalmente, de nuestro crecimiento económico.  En millones de soles constantes de 2007, nuestro PBI de 1993 ascendía a 162,093; en esos mismos términos, el 2018 llegó a 535,255.  Hemos tenido un crecimiento de 228%.

Lo que es más notable aún es que este crecimiento ha sido pro-pobre.  Como han demostrado Gustavo Yamada y Hugo Ñopo, en estos años los hogares más pobres han experimentado un crecimiento varias veces superior al de los más ricos.

Durante este tiempo, el Régimen Económico de nuestra Constitución ha sido, pues, una de nuestras fortalezas.  Empero, nuestra Estructura del Estado no ha facilitado el surgimiento del estado de Derecho.

En una escala vigesimal, en el índice internacional de libertad económica obtenemos ahora una nota de 13.6.  3 años atrás llegamos a 13.9, pero hemos tenido un ligero retroceso.

La explicación radica en el componente más institucional de la libertad económica, Estado de Derecho, en el que apenas conseguimos 08.1.  Dentro de sus sub-componentes, especialmente grave es la disminución en Integridad Gubernamental.

El índice internacional de derechos de propiedad, por su parte, nos da una perspectiva complementaria.  En este, el sub-componente Estabilidad Política es particularmente bajo.  Este es nuestro talón de Aquiles.

Un hecho insoslayable es la volatilidad de los partidos políticos que han llegado al gobierno.  Tres de los cuatro últimos desaparecieron tan rápido como antes habían irrumpido en la escena política.  Una democracia constitucional no puede funcionar así.

La democracia constitucional se caracteriza por la alternancia ordenada de partidos en el poder.  Ello simula —hasta donde cabe— la estructura de la economía de mercado, puesto que implica competencia, pero también un sentido de continuidad en el gobierno.

La democracia constitucional facilita el surgimiento del estado de Derecho, ya que hace que quienes están en el poder traten a los otros como esperan que ellos les traten mañana.  El estado de Derecho implica que todos seamos medidos con una misma vara.

La lección fundamental de la política comparada es, pues, que no hay democracia constitucional sin partidos y sin sistemas de partidos.  Descalificar apresuradamente a estos como organizaciones criminales es abrirles paso a aventuras autoritarias.

Donde no hay partidos, su lugar es ocupado por los grupos de presión, que articulan intereses de un sector de la sociedad, pero sin agregarlos con los del resto.  Un proceso político mangoneado por estos es, por definición, menos transparente.

Debe valorarse debidamente la continuidad en el tiempo de algunas organizaciones políticas y censurarse el aventurerismo de otras.  El dinamismo económico requiere apoyarse en instituciones políticas estables; de lo contrario, no llegará a florecer plenamente.

Debemos revisar el diseño de nuestras instituciones políticas a la luz de lo vivido.  En los últimos 25 años, nuestro crecimiento económico ha sido importante, pero ha podido ser mayor, considerando que teníamos lo que Erich Weede llamó la ventaja del atraso.

Esta revisión, sin embargo, ha de hacerse con cuidado, introduciéndose cambios puntuales muy pensados.  Hacer “fuego a discreción” contra nuestras estructuras políticas es irresponsable y tendrá consecuencias negativas en el futuro.

Roger Scrutton ha dicho: “Las instituciones, una vez destruidas, no pueden ser recreadas.”  Y, parafraseando a Wittgenstein, ha agregado: “revivir una tradición es como tratar de reparar una telaraña con las manos desnudas”.

En todo caso, el rediseño institucional debe hacerse sub specie aeternitatis.  Como dijo John Rawls en su teoría de la justicia, esta perspectiva no es un punto fuera de la historia sino una que puede alcanzarse cuando hay desinterés y pureza de corazón.

Confío en que el amor al Perú nos hará capaces de lograrlo.  Proclamo mi fe en la democracia constitucional y mi esperanza en el fortalecimiento del estado de Derecho en el Perú.

Muchas gracias.

Lampadia