Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: “¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre los sectores responden: ¿funciona la reactivacion?

Participan Víctor Gobitz, CEO de Cía. Minera Buenaventura, Jacques Mayo, Gerente General de Cía. Industrial Nuevo Mundo, y Benjamín Cillóniz, Gerente General de Grupo Safco como invitados, y Jaime de Althaus, Fernando Cillóniz y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinion institucional de IIG sobre los temas tratados.

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La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la mezcla letal de controles de precios y populismo.

Participan Enrique Ghersi, constitucionalista, y Alfredo Thorne, ex-ministro de Economía, como invitados, y Aldo Defilippi, Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

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La revelación que Mitsubishi Motors Corp. ha estado manipulando las pruebas de ahorro de combustible en sus minicars indica que han habido una grandes fallas éticas en la industria automovilística. Este descubrimiento, tan solo meses después del escándalo de la falsificación de  emisiones de Volkswagen AG, está destrozando la confianza de los consumidores en estas grandes corporaciones, plantea la duda de si los parámetros calibrados en el resto de los automóviles están igualmente manipulados y cuestiona la fiabilidad de los controles sobre las emisiones de gases que pueden ser soslayados tan fácilmente. (Ver en Lampadia: Las sucias mentiras de VW exigen un escarmiento ejemplar)

Los altos ejecutivos de la automotriz afirman que fue el gerente de división quien habría ordenado la falsificación de los datos para cumplir los objetivos de eficiencia de combustible y negaron que la alta dirección se haya comprometido a la manipulación. Ahora la firma pondrá en marcha un panel de expertos (ajenos a la empresa) para examinar lo sucedido y encontrar a todos los involucrados. Ante todo, Mitsubishi Motors debe averiguar si el problema es producto de manipulaciones antiguas de la compañía (las cuales se había comprometido a corregir tras los escándalos anteriores).

Mitsubishi Motors admitió este miércoles haber manipulado los exámenes de emisiones de gases de hasta 625,000 vehículos con el objetivo de presentar mejores tasas de consumo de combustible que las reales. Se trata, según aseguró el presidente de la compañía, Tetsuro Aikawa, de una acción “intencionada”. No solamente se falsificaron los resultados de las pruebas, sino que ni siquiera se siguieron los protocolos que marca la ley japonesa.

Además afirma que manipuló la información de la resistencia a la rodadura de los neumáticos y la resistencia aerodinámica de datos que proporcionó al Ministerio de Transporte para las pruebas del gobierno para así certificar la eficiencia del combustible de sus cuatro modelos de minicars en producción desde 2013, incluyendo los suministrados a Nissan Motor Co. bajo su marca. Como resultado, la producción y venta de los cuatro modelos afectados (eK Wagon, eK Space, DayZ y Dayz Roox) se han detenido. 

Fue justamente Nissan Motor quien descubrió el fraude, al ver que sus datos sobre emisiones no coincidían con los de Mitsubishi. Concretamente, los datos de Nissan mostraban que la eficiencia energética era de alrededor un 7% menor de lo que presumía Mitsubishi. Tras una investigación interna, el fabricante concluyó que las cifras se habían falsificado.

Mitsubishi Motors no tendrá que reemplazar los vehículos en cuestión debido a que el problema no afecta la seguridad de los usuarios, a pesar de que según los informes, éstos podrían considerar alguna forma de compensación por los costos adicionales de combustible o la posible cancelación de créditos fiscales concedidos a los modelos en cuestión.

Los autos no son más propensos a sufrir accidentes sólo porque sus cifras de consumo de combustible han sido infladas. Pero el hecho de que el fabricante de automóviles manipule la eficiencia de combustible en un esfuerzo por superar a sus competidores en los catálogos de los vehículos – y engañando a sus clientes al hacerlo – es suficiente para plantear dudas acerca de otras características del producto.

Desde finales de 1970, Mitsubishi Motors había sufrido un gran número de quejas de clientes por defectos en sus vehículos, pero todo se había solucionado en privado, en vez de ser llevado a un ente regulatorio. En 2000 se volvió público, pero la conducta no se corrigió inmediatamente. En 2002, una rueda en uno de sus camiones de remolque salió del carro y mató a un peatón en un accidente. Posteriormente, un tribunal determinó que el accidente pudo haberse evitado de no ser por las fallas en el auto. Los altos ejecutivos de la automotriz fueron acusados ​​y condenados por negligencia fatal en este y otro accidente que involucró a sus camiones.

Las ventas de Mitsubishi se desplomaron debido a estos escándalos y empujaron al fabricante de automóviles hacia una grave crisis de gestión. Desde entonces ha logrado reconstruir su negocio con el apoyo del grupo Mitsubishi y mejorar su imagen. Sin embargo, es probable que este último escándalo le cause un grave perjuicio económico. Pero la pregunta más importante es si el engaño en la eficiencia de combustible es una señal de que una cultura corporativa defectuosa dispuesta a ‘todo’ para sobresalir ante sus competidores.

Las acciones de Mitsubishi cayeron más de 15% al cierre de la Bolsa de Tokio a fin de la semana pasada, el equivalente a unos 1,050 millones de euros. Es su mayor caída bursátil desde 2004, cuando el fabricante se encontraba al borde de la quiebra. Mitsubishi vendió el año pasado poco más de un millón de vehículos.

El rendimiento ecológico de los automóviles, incluidas las emisiones y el consumo de combustible, son elementos cruciales en la competencia en el mercado actual. Se cree que Mitsubishi Motors ha manipulado los datos para poder competir con las demás empresas en el segmento minicar. El escándalo de Volkswagen fue descubierto después de que admitió que millones de sus vehículos vendidos con motor diesel en todo el mundo llevaban un software que permitía que pasen las pruebas de emisiones mediante la activación de los controles de contaminación durante las pruebas oficiales y la desactivación cuando los autos eran conducidos normalmente. El problema de Mitsubishi Motors no parece ser diferente. Ambos falsificaron la data de rendimiento, la cual era un factor importante para los consumidores a la hora de comprar sus vehículos.

Aparte de ordenarle a Mitsubishi Motors a presentar un informe detallado sobre su engaño, el Ministerio de Transportes de Japón ha anunciado una investigación a los demás fabricantes de automóviles para averiguar si han participado en irregularidades similares. La industria en su conjunto debería examinar sus prácticas y dejar de engañar a los consumidores con prácticas desleales que perjudican a una gran industria.

Como comentamos en el caso de VW, nos parece que hay que hacer escarmientos muy fuertes, máxime, tratándose de los íconos de las industrias de Alemania y Japón. Los mejores están llamados a dar lo mejor y, si no lo hacen, deben ser juzgados con la máxima severidad. Solo así se puede salvaguardar la salud de la economía de mercado.  Lampadia