Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia

Los ciclos económicos a los que nos ha expuesto nuestro proceso histórico parecen retornar siempre a un mismo punto de origen, nos confirman al finalizar cada uno, determinadas tasas de crecimiento, las cuales en el interregno no fueron capaces de gestar aquellos cambios necesarios que permitan al país, en su conjunto, emprender el camino al desarrollo o sentar bases sólidas en ese propósito.

Lo que viene en el lustro 2021-2025, sin duda será un periodo de crisis económica, con todo lo que viene aparejado, especialmente en lo social. Incremento significativo de la pobreza, en la medida que buena parte de la población incorporada a la clase media en el último ciclo de crecimiento retornará al círculo oscuro de la pobreza, afrontaremos problemas más severos en materia de desempleo e informalidad, y una larga lista larga de otros problemas.

Es importante analizar estos ciclos históricos de crecimiento y los problemas irresueltos en el interregno de los mismos. Para no ir muy lejos, evaluemos el periodo del auge económico que tiene un inicio tenue en el gobierno de Bustamante (1945); un impulso fuerte por parte de Odría a finales de los 40; alcanza consolidación en el gobierno de Prado en el periodo de los años 50, especialmente por las políticas económicas promovidas por su primer ministro Pedro Beltrán; que se extienden hasta el primer gobierno de Belaunde (1963-68) – en este último sólo como cola de viento. Contrariamente, es en el gobierno de Belaunde donde empiezan a desmontarse parte de las reformas instaladas en los gobiernos anteriores, influenciada por las políticas económicas de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), tesis gestada por la CEPAL.

Los resultados de estos ciclos económicos fueron espacios de crecimiento temporal, pero no permitieron sentar las bases para el desarrollo de la colectividad del país. Si observamos las tasas de crecimiento del periodo de los años 50 – 60 del siglo pasado, resultan superiores en promedio, a las tasas de crecimiento del periodo 1991-2015, ciclo este último que se extiende hasta el 2019, igualmente por cola de viento o lo que hemos denominado “piloto automático”.

Es innegable que el crecimiento de los últimos años ha permitido una significativa disminución de la pobreza, hemos pasado de tasas del 50% a finales de los 80, a 20% en el 2019, con una caída pequeña en el lustro 2015-2019. Igual, el periodo de crecimiento de los años 50-60 permitió incorporar parte de la población migrante en puestos de trabajo gestados en el proceso de urbanización en nuestro país, pero no pudo resolver los problemas de insatisfacción social de la sociedad rural, que conformaba el 60% de la población peruana, ubicada predominantemente en la sierra, derivando en el fenómeno de gran migración, especialmente hacia Lima, que hasta la actualidad mantiene una constante –la pobreza- que transgeneracionalmente permanecen en las mismas familias, los migrantes que fueron atraídos a la urbe en búsqueda de mejores oportunidades – a falta de ellas en sus lugares de origen-, son en gran parte las familias  que en la actualidad enfrentan la pobreza y que viven en los cascos urbanos de las diversas ciudades del país.

Lamentablemente los ciclos de crecimiento económico generosos de nuestra historia no han permitido consolidar los cimientos para una sociedad desarrollada, que pasa esencialmente por tener servicios de educación y salud de calidad, una mejora significativa en la infraestructura que demanda el país para ser competitiva, entre otros. En materia de educación y salud – solo para graficar los problemas que explicamos-, es evidente el significativo incremento presupuestal de los últimos años, tanto como porcentaje del PBI y más gráfico en lo nominal, donde incluso nos acercamos a los niveles recomendados por la OCDE-, sin embargo, tal incremento no ha venido aparejado en una mejora de estos servicios, como lo evidencia con énfasis la crisis actual.

En este contexto, cabría preguntarnos: ¿qué ha determinado que los ciclos de crecimiento económico no hayan sido capaces de generar desarrollo? Sin duda muchos historiadores, economistas, sociólogos y antropólogos han abordado y explicado diversas causas, creo que algunas devienen en comunes, pero también enrostran nuestra sociedad actual.  Sin duda, merece nuestra atención en la coyuntura actual y de cara a superar la crisis que enfrentamos, el faccionalismo histórico en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad. Se remonta a la independencia, la misma que muchos historiadores -nacionales y externos-, reseñan como una independencia concedida por ejércitos extranjeros y no ganada por los peruanos, debido a la división de la sociedad de la época. En la Guerra con Chile, no solo se presentaron problemas de división de las clases dirigentes, pugnas al interior del ejercito, los intereses económicos y regionalistas, pero de forma esencial la exclusión social de la población de la sierra- no obstante ser mayoritaria-, absolutamente desvinculada de la sociedad moderna de la costa. Así también, en la época de crecimiento que abordamos de los años 50-60 del siglo pasado, el faccionalismo que se generó en torno a la participación política de un determinado partido político y su líder. Y ha seguido hasta la fecha. 

La profundidad de la crisis demanda la concurrencia de todos los peruanos para superarla, y parece no haber sido un tema de primer orden para nuestras autoridades, con la crisis se ha ido incrementando, superando largamente lo que viene ocurriendo en países vecinos, quizá ello ha generado que recientemente -forzados por la situación- se invitó a ser parte de la discusión a la sociedad civil, al sector empresarial, que permita contar con perspectivas distintas para enfrentar a un enemigo común- la crisis. Existe hoy la necesidad de dejar de lado los faccionalismos históricos, que han sido sin duda de los elementos que ha erosionado las posibilidades de desarrollo en épocas de auge económico de nuestro país. En estos días se han gestado diversas voces en el tal sentido, ojalá resuene en nuestra clase dirigente: política, económica y social, para, mediante reformas, encaminar el país hacia el desarrollo, EL PERU LO DEMANDA. Lampadia

Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia

Observamos y así lo hemos señalado, que las principales reformas que beneficiaron a nuestro país y que se han dado en el mundo, fueron motivadas por situaciones de crisis extremas. Esta regla parece aplicarse en esta terrible situación de pandemia, hace unos días el Congreso de la República, siempre tan criticado, ha declarado en emergencia el sistema de salud pública, sustentando tal declaración en las carencias crónicas evidenciadas con ocasión del Covid-19, para emprender y concretar esta reforma se ha contemplado cuatro meses de plazo. En el mismo sentido, el otro actor relevante, el Poder Ejecutivo, ha enviado mensajes sobre la misma necesidad, ojalá este sea el punto de encuentro entre nuestras autoridades, para beneficio de todos los peruanos.

Las reformas demandan un marco de legitimidad, esa exigencia parece tomarse por descontada, la pandemia ha evidenciado ante la colectividad la absoluta ineficiencia de nuestro sistema de salud, (los últimos gobiernos han pretendido solucionar las carencias con incrementos presupuestales, pero este esfuerzo ha sido insuficiente, requerimos de una reforma disruptiva. Sin dejar de considerar muchos otros aspectos sobre los cuales se ha dicho y escrito, la reforma debería sustentarse en tres ejes fundamentales: i) La necesaria recentralización de la gestión integral, ii) La Segregación de las Funciones: financiamiento y prestaciones y, iii) El énfasis en la atención primaria.

Sobre la necesaria recentralización de funciones, existen ya muchas experiencias exitosas con muy buenos resultados en el exterior, básicamente en los sectores como Educación y Salud. El fundamento obedece a la necesidad de que las políticas públicas tengan una misma velocidad, transversalidad y criterios unificados, características que no concuerdan con nuestro desfasado y lento proceso de descentralización. En efecto, sólo cuando se evidencia un responsable único, es que se puede señalar con certeza, la autoridad encargada de conducir hacía el éxito la reforma, de igual manera, cuando existe una mala gestión o el fracaso de una medida, es fácil identificar al responsable.

Una política pública en salud genera resultados en el mediano y largo plazo, por ello la gestión de la salud no ha sido prioridad para las autoridades políticas. Este es uno de los graves problemas que surgen como producto de una descentralización de presupuesto o bienes, pero no de capacidades y menos de eficiencia en la gestión de recursos, la evidencia es el sistema caótico en la prestación de servicios de salud pública en nuestras regiones. Ha habido sin duda, autoridades regionales que han prestado atención al tema de la salud, pero en un número reducido y aunque haciéndolo, sus mejoras no son parte de una política pública a largo plazo, sino son coyunturales, subordinadas siempre a la voluntad política de la autoridad de turno, poniendo de manifiesto que la rectoría a cargo del Ministerio de Salud no se ha cumplido.

Respecto a la segregación de funciones, es importante señalar que hace un par de años –diciembre de 2017-, la Comisión de Protección Social – CPS, evidenció que la reforma de mayor trascendencia consistía en ejecutar una división del componente de las prestaciones de salud respecto del financiamiento de la salud pública. Justamente sobre el financiamiento, la CPS manifiesta que éste constituye el eje central de la reforma, recomendando la conformación del Fondo Único, que permita centralizar todos los esfuerzos vinculados al financiamiento de la salud permitiendo el acceso universal en el largo plazo. Esta segregación de funciones permitirá, además, un debido control de sus componentes, pasando por las mediciones y correcciones en su ejecución de forma transparente, garantizando una evaluación por resultados.

Aquí es necesaria una precisión, no sólo existe el Informe de la CPS, sino diversa experiencia de reformas emprendidas en el mundo bajo el esquema de segregación de funciones, gran parte del éxito radica en evitar la segmentación de los servicios de salud y sus consecuentes ineficiencias. En nuestro país, existe una severa segmentación: Minsa, Essalud, Gobiernos Regionales, Sistemas de salud de FFAA y Policía, entre otros), por lo que se requiere, como punto de partida, la integración en la provisión de los servicios, evidenciándose que solución no pasa por lo presupuestal –se ha incrementado sostenidamente, casi al nivel óptimo del 6%-, pero los resultados en la eficiencia del servicio no han seguido la misma trayectoria.

Donde radica la conveniencia de la segregación, si vemos el presupuesto del sector salud -integral- para el año 2020, el gasto corriente representa aproximadamente 77%, tan sólo el 23% es gasto de capital. Del primero, el 30% representa gastos de personal y obligaciones sociales, el otro 47% se destina para la adquisición de bienes y servicios. Centralizar el financiamiento genera eficiencias significativas en la administración y la gestión de ingentes recursos, podríamos centralizar hasta el 70% del Presupuesto General, además de fortalecer el monopsonio en la contratación de infraestructura, equipamiento, medicamentos y otros, por parte del Estado.

Finalmente, sobre la tención primaria– que tiene relación con la segmentación en el componente prestacional, es importante señalar que existen diferentes formas de organizar los sistemas de salud, todas deben lidiar con dificultades que emergen de las necesidades variables y complejas de sus poblaciones. Sin embargo, se sabe que un componente fundamental para tener un sistema de salud exitoso y sólido es orientarlo firmemente a la atención primaria de salud. Este aspecto es de vital importancia, ya que implica tener una adecuada priorización en el lado prestacional.

Destacamos la reorganización de los servicios de salud bajo un esquema de redes integradas organizadas territorialmente, propuesta que también es compartida por la CPS, permitiéndose maximizar la disponibilidad de recursos sobre la base de la priorización de los servicios cubiertos por una atención primaria fortalecida, en el objetivo final, de cubrir 50% de las prestaciones en salud. En la actualidad enfrentamos un problema crónico en la parte prestacional, el enfoque de atención hospitalaria concentra el 80% de las prestaciones y sólo el 20% en atención primaria.

Una mejora en la atención primaria permite descongestionar hospitales de mayor envergadura para que se puedan dedicar a las labores que exigen mayor especialización. Cuando eso ocurre, dejamos de gastar ingentes recursos que se destinan para paliar enfermedades crónicas que no se han prevenido, que es uno de los fines de la atención primaria, justamente ser el mecanismo de prevención de enfermedades y lograr una sociedad más productiva.  The Economist -2017- describió la atención primaria de salud como el “sistema nervioso central dentro del sistema de salud de cualquier país”. Concentrarnos en la atención primaria constituye una inversión que a largo plazo dará mayor bienestar a los peruanos.

Sin duda, esta reforma pública será ardua, pero confiamos en que la convergencia de esta necesidad unirá al Ejecutivo, al Legislativo y al país en general, para que juntos podamos mejorar cualitativamente la salud de todos los peruanos. Lampadia

Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia

Se ha abordado, in extenso, el problema estructural que representa la informalidad en nuestro país, con graves efectos – como se ha hecho más que evidente en la pandemia que enfrentamos-, muy alto en costo de vidas y en lo económico-social, pero como muchos problemas estructurales del Perú (salud, educación, infraestructura, etc.), al no abordarse con políticas disruptivas constituyen un lastre que no permite encaminar el país hacia el desarrollo.

Conocemos las causas de la informalidad, existe mucho aporte académico y data para poder afrontarla, e incluso, superarla gradualmente. Existe la posibilidad de llegar al 50% (cifra actual: 74%, pre-pandemia). Según la evaluación del Banco Mundial (por nivel de PBI y otros parámetros), el Perú debería presentar una informalidad no mayor al 40%, pero para lograr tal objetivo requerimos de políticas públicas disruptivas, multisectoriales y multidimensionales, acompañadas – no cabe duda – de una firme y sostenida decisión política. Esta crisis que enfrentamos será muy grave en el mediano y largo plazo, ha desnudado los múltiples problemas que envuelven a la informalidad. Las actuales autoridades y sus predecesores han persistido en la ausencia de una verdadera política pública que garantice la disminución gradual de este flagelo, los últimos intentos fallidos, así como los esfuerzos dispersos de los diversos sectores involucrados, evidencian una mirada sesgada y errónea, con pocos o nulos resultados.

El problema de la informalidad requiere de una mirada hacia el futuro, debemos considerar que los mejores espacios para gestar reformas son los episodios de crisis como la que enfrentamos. No implementar una reforma sobre la informalidad, así sea en forma parcial y gradual, implicará condenar a millones de peruanos a la pobreza o, en el umbral de acceso a la misma, carentes de protección y del disfrute de derechos fundamentales, no tiene protección social, ni una dotación óptima de servicios esenciales, ¨los privilegios¨ de la formalidad se mantendrán sólo para un número reducido de peruanos e irán a la baja, como viene ocurriendo.

Las políticas de Estado de los últimos años, respecto a la informalidad, han pasado únicamente por un incremento presupuestal, como ya se ha probado – la teoría lo demuestra-, este hecho no deriva por si solo en una mejora de los servicios que brinda el Estado (sumamente deficientes). Lo que corresponde a una política de Estado, siempre con un enfoque en el mediano plazo, es evaluar los resultados, lo que determinará en concreto sí una determinada política pública está funcionando o necesitamos corregirla, o incluso, evaluar si es necesario adoptar nuevas medidas que apuntalen la reforma, esa es la forma cómo los países con menores tasas de informalidad han solucionando este problema estructural.

Como consecuencia de esta pandemia se ha estimado por parte de los expertos, que la pérdida de empleos en el sector formal superará los 600 mil, si agregamos las cifras de población que se incorpora a la PEA, la informalidad crecerá significativamente, superando la barrera del 80%. Son 16 millones de peruanos los que conforman la PEA, no se incorpora a jubilados, amas de casa, personas que superan los 65 años, de ellos, cerca de 12 millones están incorporados a la informalidad, con graves problemas de productividad, la informalidad resulta inversamente proporcional al PBI (ese 73% de la PEA informal aporta el 25% al PBI, el restante 75% es aportado por la PEA formal.

Entonces cabe preguntarnos por dónde podemos empezar a buscar una solución, existe mucha literatura debidamente respaldada por evidencia, el punto de partida debe darse desde la perspectiva de la política de sistema – prevista en los artículos 43 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-, que no es otra cosa que el involucrar – respecto de una política de Estado – a diversos sectores, trabajo que debe ser liderado por un ente rector, que debería ser el MEF. Esta política pública debería sustentarse en cuatro pilares fundamentales: tributario, acceso al crédito, laboral y productividad; que son los grandes problemas que evitan el paso hacia la formalidad.

Ahora bien, también podría tentarse una intervención mediante grupos de control – por área geográficas o sectoriales, de forma específica, pero debe ser una intervención sostenida en el tiempo– pudiendo considerarse una intervención, por ejemplo, en la sierra del país, de forma transversal o por zonas geográficas. ¿Por qué la sierra?, si uno revisa la data de informalidad recabada en la ENAHO, cerca del 50% de la informalidad se concentra en esta región, existen departamentos en los que la informalidad superar el 90%, concentrándose la mayor informalidad en la sierra sur y en la sierra central. Como toda política – más aún en el caso de una que considere grupos de control-, requerimos de una permanente evaluación de procesos e impacto, corrigiendo lo que corresponda para posteriormente extenderla y aplicarla en otras regiones del país. Además, debemos considerar la deuda histórica que mantenemos con esta zona del país, un abandono que se arrastra desde la Colonia.

Las crisis son situaciones que llevan a generar reformas necesarias para reencaminar al país por la senda del desarrollo. El Gobierno ha manifestado su disposición de emprender reformas – expresamente lo ha señalado respecto al sistema de pensiones, por ejemplo. No es tarea fácil emprender esta reforma, resulta muy compleja e involucra de forma transversal a todos los sectores económicos y de la misma sociedad, pero es una necesidad urgente y muy necesaria para un futuro con justicia social para todos los peruanos. Lampadia