Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hay algunos sociólogos a los que les encanta hablar de temas tributarios pero que, curiosamente no aportan impuestos o nunca han hecho empresa y no comprenden cómo es la pugna entre subsistir y crecer como empresa, cuando por otro lado tienes una presión por (si quieres ser legal y formal) pagar una importante carga de impuestos y contribuciones laborales.

Recientemente y en medio de la crisis del COVID-19, se le ocurrió al gobierno informar que estaría solicitando nuevas facultades legislativas para una reforma tributaria. En ese punto y luego de algunos días de incertidumbre, se dijo que esperaban recaudar, en un impuesto temporal, algo del orden de 300 millones de soles por mes, pero que no sabían si sería un impuesto a la riqueza o un impuesto adicional a los ingresos. Me pregunto; ¿ha existido algún gobierno en la historia del Perú que haya solicitado facultades legislativas para una reforma tributaria, sin siquiera tener un diagnóstico claro? ¿La magnitud requerida? ¿Para qué? ¿Con qué tipo de impuesto? ¿Cuál es la población impactada? ¿Cuál es el uso alternativo de esos fondos en manos del sector privado y su impacto en la economía? Entre otros…

De otro lado me preocupa más que, algunos sociólogos oficiosos (de izquierda sin duda), que no han hecho siquiera un análisis económico del impacto de sus ideas, hoy piensen que no se trataría de crear un impuesto sino “una serie de impuestos”, lo que a su vez destruye una estructura tributaria clara y simple.

Para los que no se hayan enterado, a pesar de los ya repetidos comentarios de economistas conocidos, el tiempo de crisis no es el momento de crear impuestos. Más aún, en estas circunstancias lo importante es reactivar la economía y, para ello, hay que echar mano de todos los instrumentos de estímulo posibles para reactivar los sectores que puedan impulsar esta recuperación económica.  Perder 10% o 12% del PBI, si no es más, en un año no es cosa de chiste, pues impactará no sólo en los ciudadanos con los niveles de más bajos ingresos del país, sino también en la capa, aún sensible, de aquellos que salieron de la pobreza monetaria en estos últimos años y que podría haber mantenido su estatus, siempre que nuestra economía se sustente dentro de los causes normales, pero ahora no.

Ya  antes hemos dicho que quién legisla “educa” al ciudadano, induciéndolo a cierto comportamiento (largamente estudiado por Gary Becker, autor de “La teoría económica y el comportamiento humano”) al hacerlo evaluar el “costo de oportunidad” de sus decisiones. Un Estado maduro se plantea como objetivos; educar al ciudadano para actuar como tal, respetando las leyes, la moral y las buenas costumbres, a impulsar la creación de riqueza dentro del marco de la legalidad y finalmente a generar un ahorro que le servirá como respaldo personal y familiar, pero además por qué ese ahorro será el instrumento que financia la inversión para el crecimiento de todo el país.

Digo más, ¿no se han enterado que el multiplicador económico de la inversión privada es de lejos más alto que el multiplicador de la inversión pública? Pues eso, debemos promover más inversión privada en el país y también reducir el gasto corriente del Estado, especialmente en estas circunstancias.

Los que plantean impuestos a la acumulación de riqueza, no sólo olvidan que tal riqueza ya pagó impuesto a la renta cuando ésta se generó (ya que supongo están mirando al mismo 25% de ciudadanos formales que pagan impuestos), sino que estimulan que el ciudadano no actúe responsablemente generando ahorro, sino que consuma todo su ingreso sin una mirada de futuro. Pero lo más importante es que, si a ojos de estos sociólogos fuiste tan ingenuo de “acumular pan para mayo” en nuestro país, al plantearte un impuesto a esa acumulación te están invitando a que tus ahorros o inversiones las efectúes, pero lejos, muy lejos del alcance de aquellos que te creen sonso.  Aquí pues se aplica claramente la fábula de “La hormiga y la cigarra” que nos enseñaron de niños.

En lugar de pensar como parásitos buscando cómo fagocitar a la sociedad, debemos pensar en cómo mover todas las palancas y resortes que estimulen la reactivación y crecimiento económico del Perú lo más pronto y eficientemente posible, para salir de esta crisis y devolver las mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de marzo de 2020
Para Lampadia

Si tuviéramos un Estado honesto y eficiente el tema sería debatible. Pero no. Nuestro Estado es todo lo contrario. Nuestro Estado es inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente… y todo lo demás.

En realidad, hay muy pocos Estados honestos y eficientes en el mundo. Suecia, Noruega y Finlandia – quizás – sean algunos de ellos. Pero no hay muchos más. En términos generales, los Estados – en todo el mundo – son una carga muy pesada para sus conciudadanos.

Ergo… los peruanos deberíamos preguntarnos ¿para qué tributamos? ¿Para que algunos sinvergüenzas se roben nuestra plata? O – en el mejor de los casos – ¿para que la malgasten en obras sobrevaluadas? ¿O en elefantes blancos que no sirven para nada? ¿O para que nos atiborren de trámites que no tienen razón de ser… previas coimas de por medio?

Milton Friedman (Premio Nobel de Economía – 1976) decía: “Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible” ¡Y eso que se refería al Estado Norteamericano! Y argumentaba: “Los grandes avances de la civilización, ya sean en arquitectura o pintura, en ciencias o literatura, jamás han venido de un Gobierno Central”.

Entonces… parafraseando al célebre Nobel podríamos decir: Los grandes logros peruanos en agroindustria, minería y energía, turismo y comercio, innovación y creatividad, arte y deporte, etc. jamás han venido del Estado. Todo ha sido esfuerzo privado. Mejor dicho… todo ha sido esfuerzo ciudadano.

Pues bien, eso que es real y objetivo, pareciera que no ha calado en la clase política de nuestro país. Tanto que la política tributaria ha devenido en un tema tabú para muchos políticos. Nadie toca el tema. Y si lo tocan, es para proponer aumentar los tributos… en vez de reducirlos. O sea, para quitarle más recursos a la población, y dárselos al Estado. ¡Están locos!

La riqueza de un país – digamos… el dinero – genera muchísimo más bienestar cuando está en manos de la ciudadanía, que cuando está en manos del Estado. ¿O no? Por eso preguntémonos ¿para qué aumentar los tributos?

Al contrario. Lo mejor – en nuestro caso – sería reducir la burocracia estatal inoperante y corrupta. Y traducir una parte de ese ahorro burocrático en rebajas tributarias para beneficio de la población. Conste que me refiero a la burocracia inoperante y corrupta… y no a la buena burocracia que – ciertamente – debe merecer nuestro aprecio y gratitud.

Entonces… ¡vamos! Bajemos el Impuesto General a las Ventas (IGV). Bajemos el Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que generan empleos. Incluso, eliminemos los demás tributos que no recaudan casi nada. Bajemos los sobrecostos y cargas laborales. Bajemos los impuestos y tasas municipales y judiciales. ¡El Estado peruano es un pésimo administrador de nuestra riqueza!

Dicho sea de paso, la riqueza de nuestro país es una. Y crece o decrece – en el tiempo – de acuerdo al devenir de nuestra economía. Nuestra riqueza está distribuida entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, en vez de agrandar el Estado en desmedro de la ciudadanía, lo sensato sería que la riqueza quede más en manos de la ciudadanía, y menos en manos del Estado.

A menor tributación… mayor bienestar ciudadano. Muchos políticos dirán lo contrario. Pero ¡así es la nuez! Lampadia

Una de las principales líneas de los discursos de las izquierdas políticas gira en torno a la redistribución del ingreso y la mayor carga tributaria hacia los segmentos de las poblaciones más acomodadas que ello implica.

La discusión de la desigualdad en la región, hoy en día en boga a propósito de las protestas en Chile, ha retomado fuerza y según tales grupos políticos, es causado principalmente por la sobreabundancia de multimillonarios egoístas, cuyas cuotas de poder se mantienen a expensas de un Estado distraído e irresponsable.

Pero la verdad del asunto es que este enfoque implementado en la práctica no solo yerra sino que filosóficamente también es peligroso. La idea de que para tener una sociedad más igualitaria pasa necesariamente por imponer más impuestos a las clases ricas no solo ha fracasado en nuestra región, sino también en el mundo desarrollado.

A continuación, se muestra un gráfico elaborado por Macroconsult para la región que muestra cómo la políticas redistributivas han tenido apenas un impacto marginal en reducir el coeficiente de Gini-  indicador más utilizado para medir la desigualdad del ingreso en una economía – en todos los países del bloque.

Fuente: Macroconsult

Siendo además conscientes de que el Estado por naturaleza es ineficiente en la asignación de recursos, el foco de la atención no debiera ser la redistribución de ingresos para reducir la desigualdad, sino la generación de mayor crecimiento económico para un escape persistente de la pobreza y la consecuente mejora de la calidad de vida de los hogares, evitando que sectores privilegiados capturen rentas indebidamente, sin competencia, por ejemplo. Es de esta forma que se reduce la verdadera desigualdad, puesto que permite a los individuos con un mayor poder adquisitivo acceder a mejores servicios salud, educación, vivienda, entre otros sin que haya una dependencia presente de las arcas fiscales y los impuestos que ello conllevan.

Lamentablemente y aún con la evidencia en mano, el vapuleo de las clases ricas como principal arma para combatir la desigualdad sigue aún vigente en las discusiones políticas no solo en nuestra región sino también en países desarrollados como EEUU y Gran Bretaña. Ello lo muestra un reciente artículo escrito por The Economist que compartimos a continuación.

Creemos que es imperativo no solo desechar dicho enfoque por su fracaso en la práctica sino porque además, como bien enfatiza el popular medio británico, la generación de impuestos punitivos a las clases ricas puede introducir desincentivos a la innovación e inversión y por ende reducir la generación de empleo que beneficiaría a las clases más necesitadas, justo a las que se quiere ayudar.

La batalla de ideas persiste y nosotros seguiremos defendiendo, como hemos estado haciendo, nuestra postura de que el crecimiento económico es el motor más potente del progreso humano. Lampadia

En defensa de los multimillonarios
Las grandes fortunas personales son una guía poco confiable de por dónde la política del gobierno salió mal

Los ataques indiscriminados contra los súper ricos harán más daño que bien

The Economist
9 de noviembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Vapulear a los multimillonarios está ganando popularidad, especialmente entre los candidatos para ser presidente de EEUU. Elizabeth Warren quiere tomar hasta el 6% de su riqueza en impuestos cada año. Bernie Sanders dice que “no deberían existir”. “Cada multimillonario es un fracaso político”, dice un eslogan común de izquierda. También en las elecciones británicas, los súper ricos están bajo fuego. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dice que una sociedad justa no contendría nada. El 31 de octubre prometió “perseguir” a los plutócratas de Gran Bretaña, destacando a cinco personas y lamentando un “sistema corrupto”.

Los izquierdistas que explotan la desigualdad no son nada nuevo. Pero la idea de que grandes fortunas personales se hacen posibles solo cuando el gobierno va mal es una idea más novedosa y seria. También está equivocada. La riqueza personal es, en el mejor de los casos, una señal poco confiable de mal comportamiento o políticas fallidas. A menudo lo contrario es cierto.

La acusación de la izquierda se basa en un núcleo de verdad. Cuando la competencia es feroz y justa, las ganancias persistentemente altas deberían ser difíciles de mantener. Sin embargo, en ambos lados del Atlántico, demasiadas empresas obtienen ganancias extraordinarias en mercados concentrados. Algunos multimillonarios han prosperado donde la competencia ha fallado. Facebook y Google dominan la publicidad en línea; a Warren Buffett le gustan las empresas con “fosos” que mantienen alejados a sus rivales. Mientras tanto, el sistema político de EEUU está plagado de lobistas que animan a los políticos de turno. Alrededor de una quinta parte de los multimillonarios de EEUU hicieron su dinero en industrias en las que la captura del gobierno o la falla del mercado es común.

Sin embargo, muchos otros operan en mercados competitivos. Los minoristas, propiedad de Mike Ashley, uno de los objetivos de Corbyn, son conocidos por sus bajos precios y su competencia despiadada (así como por sus cuestionables condiciones de trabajo), no por la búsqueda de rentas. Por cada Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, hay varios empresarios de tecnología con muchos rivales. Piense en Anthony Wood, quien creó Roku, una plataforma de transmisión de video; o Tim Sweeney, cofundador de la firma detrás de “Fortnite”, un videojuego. Nadie puede acusar seriamente a estos innovadores de haber cosido sus mercados o de depender de los favores estatales. Lo mismo ocurre con deportistas como Michael Jordan o músicos como Jay-Z, multimillonarios. Incluso los fondos de cobertura enfrentan una feroz competencia por los fondos de los inversores, por lo que tantos están tirando la toalla.

Cuando el capitalismo funciona bien, la competencia reduce las ganancias para algunos, pero también las produce para otros a medida que los empresarios se apoderan de los mercados, frente a políticos adormilados. Su éxito eventualmente desencadenará otro ciclo de interrupción, pero mientras tanto se pueden hacer fortunas. Los fundadores de MySpace, un sitio web de redes sociales, se enriquecieron cuando lo vendieron a News Corp; posteriormente, Facebook comió su almuerzo. Blockbuster, una tienda de alquiler de videos, ayudó a hacer de Wayne Huizenga un multimillonario; entonces llegó Netflix. Este proceso crea grandes beneficios para la sociedad. Según las estimaciones de William Nordhaus, economista, entre 1948 y 2001 los innovadores capturaron solo el 2% del valor que crearon. Quizás es por eso que los multimillonarios son tolerados incluso por países con credenciales socialdemócratas impecables: Suecia y Noruega tienen más multimillonarios por persona que EEUU.

Los impuestos deben imponerse progresivamente. Pero eso no justifica la redistribución ilimitada o los gravámenes punitivos. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Warren ya se ha duplicado una vez durante su campaña. Thomas Piketty, un economista detrás de muchas de las estadísticas de desigualdad más citadas, quiere un impuesto al patrimonio de hasta el 90% sobre los multimillonarios más ricos. Tal expropiación seguramente enfriaría los incentivos para innovar y asignar capital de manera eficiente. Una economía con menos empresarios podría tener menos multimillonarios, pero en última instancia sería menos dinámica, dejando a todos peor.

La riqueza es preocupante cuando se atrinchera o se protege de las fuerzas disruptivas. Donde se ha establecido esa decadencia, los gobiernos deberían abordarla directamente. Independientemente de lo que diga Corbyn, Gran Bretaña apenas es corrupta según los estándares mundiales: el soborno es raro, por ejemplo. Pero sí tiene un problema con la riqueza heredada, la fuente de una quinta parte de la fortuna de los multimillonarios. Mayores impuestos a la herencia serían bienvenidos allí y EEUU, donde es demasiado fácil pasar riqueza entre las generaciones.

Una agenda más amplia para atacar las rentas mientras se mantiene el dinamismo debilitaría la protección excesiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que a menudo duran demasiado. (Vender Lucasfilm más de tres décadas después de la primera película de “La guerra de las galaxias” no debería haberle dado a George Lucas US$ 4,000 millones). Sacudiría la aplicación de la ley antimonopolio para promover la competencia en las industrias antiguas y nuevas por igual. Y lo más importante, arreglaría las leyes de financiamiento de campañas de EEUU para librar a su sistema político de la captura corporativa tanto a nivel estatal como federal.

Hacer todo esto lograría mucho más que un ataque indiscriminado contra los ricos, y sin el daño asociado. Por supuesto, corrija las fallas de la política. Pero los multimillonarios suelen ser el objetivo equivocado. Lampadia

Ante la arremetida de las fuerzas anti-mineras que insisten en vender el brulote de que la minería no paga impuestos, el IPE ha producido un análisis objetivo y documentado que prueba todo lo contrario, la minería es el sector económico que más tributa.

En promedio la minería tributa un 47.07% de sus utilidades y paga un 3.8% más que el promedio de lo que la actividad paga en los principales países mineros.

En el Perú, la minería produce el 8.7% del PBI, pero contribuye con el 17.6% de los impuestos del sector empresarial (calculado sobre la base del promedio de los últimos 10 años).

La carga fiscal de la minería peruana, comparada con México Canada, Australia y Chile, es la más alta en prácticamente todos los niveles de rentabilidad.

Toda esta información forma parte del estudio del IPE de agosto del 2019. Ver el informe en: Evaluación Tributaria Del Sector Minero

Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

El título se refiere a una antigua expresión que pretendía explicar la disposición a ejecutar cosas incorrectas sólo porque alguien tenía una necesidad.

Hoy podemos observar con preocupación que, el Estado está apelando a esta condición de necesitado para aplicar normas tributarias draconianas y sólo porque tiene una gran necesidad. El Estado al dictar normas referidas al impuesto a la renta debe observar estrictamente los principios esenciales de la tributación, entre los que se encuentra primordialmente el principio de NEUTRALIDAD del impuesto a la renta.

Lo anterior significa que; si yo te pago alguna compensación por una relación comercial, tú que percibes la renta eres obligado a pagar impuesto por tal renta y yo tengo el derecho a deducir este pago como gasto para mi cálculo del impuesto a renta. Caso contrario el Estado estaría cobrando, sin razón alguna, doble impuesto a la renta, a quien percibió y a quien pagó.

Recientemente, dentro de las facultades legislativas otorgadas al ejecutivo se han planteado dos reglas:

• La primera, desconociendo las penalidades e indemnizaciones comerciales como gasto deducible para el cálculo del impuesto.
• La segunda, poniendo límites a los gastos financieros pagados por una empresa a otra NO RELACIONADA con un tope en función de un porcentaje del EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) por sus siglas en inglés.

Los “fiscalistas creativos” argumentan, en el primer caso que no se debe permitir que las penalidades e indemnizaciones sean consideradas parte del negocio y consecuentemente, no hay razón para que el Estado asuma parte de ese costo. No hay forma de defender tremenda falacia, pues, quien recibe la indemnización o la penalidad impuesta reporta un ingreso gravado y paga el impuesto a la renta correspondiente.

En el caso de la limitación a los gastos financieros el asunto es más complicado aún, pues, ya no sólo se deja de reconocer el principio de neutralidad del impuesto a la renta; yo deduzco el gasto financiero que le pago al banco u otra entidad prestamista, mientras que estos últimos pagan el impuesto a la renta por el ingreso financiero, sino que, el Estado se entromete en el modelo de negocio.

Todos sabemos que cada quien debe tener la libertad de diseñar su modelo de negocio y su estructura de financiamiento, pues es sabido que cada giro de negocio tiene una modalidad de financiamiento; relación deuda/capital, deuda de corto plazo o de largo plazo. Lo anterior muchas veces obedece a la rotación de la inversión, cosa que depende del giro de negocio. No es igual financiar un supermercado que una joyería o una central hidroeléctrica.

Si permitiéramos que el Estado apliquen estas reglas tributarias, no sólo tendríamos cargos tributarios draconianos, pues el Estado cobra impuestos a quien cobra por tales ingresos (lo que es absolutamente normal), pero estaría cobrando a quien pagó por una renta inexistente, además de entrometerse indebidamente en la manera de manejar los negocios.

Como de hecho debo descartar un sesgo dictatorial en la propuesta del ejecutivo, debo si invocar al Congreso de la República que enmiende el error planteado.

Entiendo claramente que “la necesidad tiene cara de hereje”, pero nada justifica que los principios esenciales de la tributación se pisoteen, pues eso es un muy mal comienzo.  Después no nos estemos lamentando por la falta de inversión en el Perú y nuestra incapacidad para atraer el capital de riesgo. Este tipo de reglas son la cereza en la punta del helado constituido este por un sistema judicial peruano en escombros y con absoluta falta de credibilidad. Lampadia

El Perú ha caído 10 puestos en el Índice de Atracción de Inversiones, según la Encuesta del Fraser Institute entre Compañías Mineras (Survey of Mining Companies 2015). Este informe presenta los resultados de la encuesta anual de empresas mineras y de exploración, que evalúa las políticas públicas, la incertidumbre regulatoria y otros factores que afectan la inversión en exploración e inversiones mineras.

La encuesta se distribuyó a más de 3,800 personas entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 2015. Las preguntas estuvieron mayormente relacionadas a la incertidumbre en relación con la administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes. Las respuestas fueron utilizadas para clasificar provincias, estados y países en función de la medida en que los factores de política pública alientan o desalientan la inversión. Estos resultados se dividen en dos principales indicadores: el Índice de Atracción de Inversiones y el Índice de Percepción de la Política.

El Índice de Atracción de Inversiones tomó en consideración tanto la percepción minera como la política. Se construye combinando el índice de Mejores Prácticas del Potencial Minero, que clasifica las regiones sobre la base de su atractivo geológico, y el Índice de Percepción de la Política, un índice compuesto que mide los efectos de la política de los gobiernos sobre las actitudes hacia la inversión en exploración.

Según este informe, el Perú bajó 10 posiciones en el Índice de Atracción de Inversiones (del puesto 26 al 36). Esto se debe principalmente a los innumerables conflictos anti-mineros que el Estado ha sido incapaz de poner en su real contexto. Como hemos informado en diversas ocasiones, en el Perú se ha desarrollado una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo de este sector. A esta han contribuido una serie de ONGs, algunos académicos y muchos políticos, incluyendo a representantes del gobierno de Ollanta Humala. A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities, que siguen siendo relativamente adecuados, y por la desaceleración de China. (Ver amplia información sobre la realidad de la conflictividad minera en el Perú, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo).

No se quiere entender que, innecesariamente, estamos tirando por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que, aún hoy, con las condiciones de los mercados internacionales, puede crear mucha riqueza adicional para muchos peruanos, entre ellos al propio Estado. Esta riqueza es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes, podamos nivelarnos, lo más pronto posible, con los países más desarrollados.

Regresando al índice, es importante notar que a nivel regional, sin embargo, nuestro país todavía ocupa el segundo puesto, sólo detrás de Chile. Nos siguen México (posición número 37), Colombia (55), Brasil (56), Nicaragua (65), Salta en Argentina (71), Panamá (74), San Juan en Argentina (75), República Dominicana (81), Uruguay (99), Honduras (107) y Venezuela (108).

Para analizar la situación del Perú en perspectiva, hemos comparado sus resultados de los sub-indicadores con los de Noruega y Chile. Noruega, un país que ha sabido crear riqueza desde su sector extractivo, es uno de los líderes mundiales y Chile, a pesar de Bachelet II, sigue siendo el líder de la región. Como podemos observar en el gráfico siguiente, todavía tenemos mucho camino que recorrer para mejorar:

El segundo indicador es el Índice de Percepción Política, en el que el Fraser Institute afirma que las  decisiones para la inversión a menudo no se basan solo en el potencial minero puro de una jurisdicción. De hecho, los encuestados indican consistentemente que aproximadamente el 40% de su decisión de inversión está determinado por factores de política.

En este ranking, el primer puesto fue de Australia Occidental. El Perú, por su lado, obtuvo el tercer puesto de la región. Mejoró 3 lugares con respecto al año pasado, avanzando del puesto 58 al 55 de 109 países, con un puntaje total de 66.8.

En este indicador, nuevamente, Chile obtuvo el primer puesto en la región, con un score de 83.5, lo cual lo coloca en el puesto 26 a nivel internacional. En segundo lugar se encuentra México, en el puesto 47. Después de nosotros está Uruguay (56), República Dominicana (57), Panamá (68), Brasil (69), Colombia (70), Nicaragua (71), Argentina (85), Ecuador (86), Bolivia (95) y Venezuela (109).

En general, según el informe. La media de la atracción de inversión de América Latina y el Caribe se redujo ligeramente este año, sin embargo, Chile, Perú y México se mantienen liderando el puntaje de la región.

En las observaciones finales, es interesante remarcar los comentarios que algunos de los encuestados hicieron sobre el Perú. Un miembro de la directiva de una empresa de exploración minera que fue encuestado (que se mantiene anónimo en la encuesta), afirmó que: “La nueva declaración de 2012 afirma que todas las empresas de exploración están obligadas a dar un trato especial a las poblaciones indígenas antes de empezar con sus actividades, lo que resulta en un mayor alargamiento del tiempo requerido para la permisología.”

Por otro lado, Chile tiene un proceso más eficiente para permitir programas de exploración estilo ‘Brownfield’, afirmó el presidente de una compañía minera. Además: “Es fácil asegurar los derechos de explotación minera en el país”.

Esto muestra lo que nos hace falta en el Perú: destrabar nuestro crecimiento mediante la reducción de permisos y trámites que solo desalientan el sistema y reducen nuestro atractivo a la inversión. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras.

Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: En exploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9), cierre de minas (13) más regulaciones generales llegando a un total de 241 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas.

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, el empleo y de encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Lampadia

Entrevista a Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas

Por: Julio Lira Segura y Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 31 de julio del 2014)

El último mensaje del presidente Humala en el Congreso ha generado temores de populismo y críticas de falta de audacia en adoptar algunas medidas, por ejemplo tributarias, en el Ministerio de Economía. El titular del MEF en entrevista a Gestión responder a los cuestionamientos y revela los número del mayor gasto.

Una de las críticas a las medidas reactivadoras es que es por el temor a que sean populistas. ¿Cuál es costo fiscal de dichas medidas?

Descarto, tajantemente, cualquier manejo populista de la economía peruana si de algo nos podemos preciar, en los últimos quince o más es un manejo responsable de la política fiscal, lo que nos ha valido el reconocimiento de las calificadoras de riesgo. Si hubiera algún indicio de populismo, no tuviéramos estas mejoras; y de hecho, esto hay que verlo en el contexto en que se modificaron las reglas fiscales.

¿Se refiere a los cambios que se hicieron el año pasado?

Así es. Se aprobó, el 31 de octubre del 2013, un nuevo marco de reglas fiscales que ya estará en vigencia plena en el 2015, el cual elimina el componente cíclico y da mayor predictibilidad a las fuentes de ingresos permanentes para, justamente financiar gastos permanentes.

¿Qué dice la regla?

Permite hasta un déficit estructural de 1% del PBI, como tope, lo cual fue aprobado vía decreto supremo y donde ya se ha establecido cuáles van a ser los topes de gasto de acá hasta el 2017.

¿En cuánto se incrementará el presupuesto del 2015?

Tiene un crecimiento para el 2015 de más o menos 11% en términos nominales. Son unos S/.11,000 millones de incremento, de los cuales ya se han asignado los presupuestos de educación y salud: S/.4,000 millones y S/.2,500 millones respectivamente. El resto va a ser repartido en otros sectores. Evidentemente la seguridad será el tercer pilar de esta agenda priorizada.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico para el próximo año?

Mantenemos una tasa del 6%, que fue el dato que se utilizó para la formulación del presupuesto inicial, los techos de gasto que se dieron en junio se mantienen.

¿Son sostenibles algunos gastos que se están autorizando a raíz de las medidas que se han adoptado?

Descarto también que muchos de los proyectos de inversión vayan a introducir gastos que no se puedan mantener en el tiempo, porque estamos dando un empuje fuerte a las asociaciones público privadas, lo cual libera recursos públicos, y son contratos de largo plazo, que permiten mantener niveles de servicio en sectores clave.

¿A cuánto asciende el Fondo de Estabilización Fiscal?

No se ha tocado un céntimo de esos recursos. Hay reglas para tomar esos recursos: que hayan trimestres que haya contracción en el PBI, o que haya un terremoto de alta dimensión o un fenómeno El Niño complicado. Somos conscientes de la necesidad de tener colchones de ahorro público, las medidas anunciadas por el presidente están en el marco de nuestra previsión.

¿Se han tomado recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para financiar los nuevos gastos?

El FEF actualmente está en 4.2% del PBI, en una cuenta en el Banco Central.

En esa perspectiva, ¿en cuánto se está previendo el déficit fiscal para éste año y para el próximo?

Para este año, se prevén cuentas balanceadas (0% del PBI). Para el próximo año, estamos previendo ir hacia un déficit no mayor a 1% observado, es un déficit de 0.7%, congruente con un déficit estructural de 1% del PBI.

Si se desacelera el crecimiento, cómo se explica que los ingresos fiscales, justamente cuando la actividad económica está cayendo. Por tanto, ¿no se tocará el FEF?

No puedo descartar que no se toque, pero ese fondo tiene reglas muy claras y hay que respetarlas. Estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se van a disipar.

Ya se comienzan a disipar, especialmente en lo que resta del año, y se espera en todo el año entrante. Entonces, mal haría en tocar nuestros ahorros para crisis, cuando no estamos en una crisis. La proyección que tenemos de los ingresos (fiscales) indica que irán de la mano con los gastos.

¿La nueva regla macrofiscal también fija un tope para el crecimiento de los gastos corrientes?

Sí, para las remuneraciones y a las pensiones, y eso se va a cumplir. El crecimiento de la planilla de remuneraciones y pensiones no puede crecer más que el crecimiento del PBI potencial.

Hay el temor que la expansión del gasto público tendrían un objetivo electoral. ¿Ud. puede descartar esto?

Tajantemente. Porque si yo tuviera problema de deuda, diría hay que ser mucho más cuidadoso. Si cerrar la brecha en capital humano se llama populismo, eso no tiene mucho asidero, porque eso no es aumentar a rajatabla los ingresos, como sería un aumento de 100% de sueldos para funcionarios públicos. No es eso. Son aumentos en el marco de las reformas que estamos haciendo.

En cuanto al crecimiento del gasto, ¿con las medidas ya estamos en el tope establecido?

No. Todo está encajado de tal manera que haya un cumplimiento de las reglas fiscales. Obviamente, hay cláusulas de salida, en casos que haya una recesión, o un fenómeno natural. Si uno desvía del techo de gasto, que es lo vinculante, existe la necesidad de poder tomar medidas correctivas, tanto a nivel de gobierno nacional como los subnacionales.

¿Cuál es la preocupación central en cuanto a la expansión fiscal?

Acá el tema central es cómo logramos gestionar el impulso fiscal, que de hecho, cuando hicimos el presupuesto para éste año ya venía con un impulso fiscal importante, de 0.7% del PBI.

¿Ahora cuánto será?

Ahora le añadimos casi un punto, estará en 1.7% (el impulso fiscal) para este año, el impulso fiscal fue 2% del PBI en la crisis financiera global del 2009). Pero, el tema central es cómo lograr la efectividad, es decir, que este impulso fiscal efectivamente se materialice.

Entonces, el diseño de los últimos decretos de urgencia ha estado dirigido a evitar ser pro cíclicos.

La vez pasada (2009) se inyectaron muchos recursos públicos a la economía, pero hubo un rezago en la ejecución y se vio recién en el 2010 cuando la economía ya creció de vuelta entre 8 y 9%, es decir, fue procíclico.

¿Cuál es el objetivo del último decreto de urgencia publicado el 28 de julio?

Tiene como finalidad varios temas, pero se trata de adelantar tramos de reformas que ya estaban establecidas. El caso más representativo es el adelanto del tercer tramo de la reforma de las remuneraciones de la Policía y las Fuerzas Armadas previsto para diciembre de este año. Lo adelantamos para agosto significa una inyección de S/.500 millones.

Pero eso no significa un mayor gasto…

Entre agosto y diciembre, pero es un impulso, es una inyección de recursos. Lo mismo ocurre con bonificaciones en el marco de la reforma de salud, y una serie de medidas en el sector de educación.

Quizá las dos medidas de costo (fiscal) permanente, pero que en términos de monto no son grandes cosas fundamentales, que es la actualización que se ha hecho de la pensión mínima para las viudas del régimen de la Ley 19990, donde se sube la pensión mínima de S/.270 a S/.350.

Inversión pública

¿Por qué se ha contraído tanto la inversión de los gobiernos regionales?

Una razón que se aplica a la inversión de gobiernos regionales y locales es la disminución de los recursos provenientes del canon.

¿En cuánto se estima que cerraremos el año en lo que se refiere al crecimiento de la inversión pública?

Queremos llegar a un grado de ejecución similar al del año pasado, que fue más o menos 75% del presupuesto de inversión pública, pero esto va a ser determinado de la forma como las regiones puedan volver al tren de gastos anterior -se están recuperando muchas de ellas-, y del retraso que hubo en algunos proyectos que estaban previstos que se implementen por parte del gobierno nacional a principios de año.

¿Qué ejemplo puede dar?

Es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Inicialmente, cuando se formuló el presupuesto para este año, se preveía que el proyecto sería adjudicado en diciembre del 2013 y empezaba la ejecución.

Pero se adjudicó meses después, y se van a hacer los primeros adelantos en el último trimestre del año. Entonces se ha corrido un poco.

¿Cree que al gobierno le faltó audacia para aplicar medidas tributarias además de las anunciadas?

A veces, por ser demasiado audaces, podemos introducir elementos de incertidumbre y los inversionistas quieren reglas claras que les permita reanimar sus expectativas e invertir. Nuestro país es atractivo a la inversión y siempre lo ha sido con el marco tributario que tenemos. Los problemas pasan por la permisología y los trámites que pueden ser muy onerosos. Hasta hace muy poco no estuvo en discusión la tributación, salvo la corrección que estamos haciendo a algunos temas. El proyecto de ley que hemos enviado al Congreso tiene cuatro medidas tributarias muy puntuales.

¿Por qué no rebajar, por ejemplo, un punto porcentual el IGV, o el Impuesto a la Renta?

Tenemos que son muy consecuentes en no reducir nuestra base de ingresos permanentes, que son los que se gastan, y no los ingresos transitorios, que son los que se ahorran. Hay que ampliar la base tributaria, no gravar a los mismos contribuyentes. Hemos empezado a racionalizar todo el esquema de percepciones y detracciones, no se puede hacer de golpe sino de manera gradual porque representan un monto importante de la recaudación.

Pero tenemos que ser un país competitivo para captar inversiones, lo que implica una revisión de nuestro marco tributario y otras regulaciones.

Tuvimos una misión hace poco del FMI a quienes les solicité que revisaran las tasas tributarias y su competitividad. Según el estudio, las tasas están en el promedio y debemos procurar seguir luchando contra la evasión.

¿Somos más competitivos que Chile o Colombia entre los países de la Alianza del Pacífico?

Si Chile aprueba su reforma tributaria vamos a ser más competitivos que ellos, con Colombia estamos en los mismos niveles de competitividad tributaria.

Pero tenemos que proyectarnos más allá de los países de la Alianza, por eso vamos a revisar no solo para las personas jurídicas sino también naturales, pero eso no es parte de una política de reactivación sino una reforma estructural porque estamos viendo cómo pueden cambiar los ingresos permanentes hacia el futuro.

Esta revisión requiere un consenso político importante porque pasa por el Congreso, no se puede sacar decretos de urgencia en materia tributaria, debe haber un proyecto de ley.

¿Cree que eso se pueda hacer en este gobierno?

Estamos en la fase de evaluación pero donde pensamos que puede haber un efecto reactivador es en las medidas que hemos aprobado y las que presentamos al Congreso, que tienen un efecto inmediato.

¿Cómo se van a mantener los ingresos tributarios si la economía se está desacelerando? ¿Se va a usar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)?

El FEF tiene reglas muy claras y estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se están comenzando a disipar y especialmente lo harán en los últimos meses del año, y en todo el año entrante.

Mal haría en tocar los ahorros para crisis ahora que no estamos en crisis. Estamos en una fase del ciclo en el que se han alineado un conjunto de factores que hacen que el crecimiento esté por debajo de lo que debería.

¿La Sunat va a presionar más?

No es que la Sunat vaya a presionar más, la proyección de ingresos que tenemos va a ir de la mano del gasto. Hay cuentas balanceadas, lo que nos da un poco de espacio es que se ha subejecutado la inversión pública, pero al final vamos a tener ingresos del sector público no financiero al igual que los gastos cumpliendo la regla fiscal que tenemos para este año de transición.

Uno de los reclamos empresariales es hacer cambios en la legislación laboral

Hay una revisión de todas las regulaciones que impiden que las empresas puedan crecer, no queremos que incentiven el enanismo porque finalmente pongo la valla baja e incentivo que se partan en dos o tres empresitas para poder cumplir la legislación.

En el marco del Plan de Diversificación Productiva, en el pilar de la productividad y desregulación, hay normas y estamos haciendo evaluaciones, se requiere consenso político pero también una propuesta que sea viable.

¿Qué están trabajando al respecto?

El MEF, con los ministerios de Trabajo y de la Producción, estamos planteando cambios que serán anunciados en su oportunidad.

En el tema tributario y laboral trabajamos en algunas reformas pero reconociendo que estamos en el año cuatro del gobierno y el capital político que uno tiene es menor que en el año uno.

No nos vamos a correr a los desafíos y, por lo menos, comenzaremos el debate de estos temas.