1

¿Cadenas de suministro globales dañadas?

¿Cadenas de suministro globales dañadas?

La guerra comercial entre EEUU y China se agrava día a día. Trump ha vuelto a subir aranceles y China restringirá la importación de granos. Veamos como ya se han debilitado las cadenas globales de suministro.

Como hemos escrito extensamente en anteriores oportunidades (ver Lampadia: La globalización va a paso lento, Continúan los ataques a la globalización, Trampa ideológica, política y académica) el proceso de globalización, que tanto progreso y desarrollo generó en un sinfín de países tanto en Occidente como en el mundo emergente, ha perdido vigor en los últimos años, a propósito de la reciente guerra comercial y tecnológica EEUU – China y los persistentes ataques de la comunidad científica en las universidades que, bajo el hado académico, tratan de desbaratarla a cualquier costo.

Es en el campo del comercio internacional y particularmente en el de las cadenas de suministro globales, en donde se puede visualizar con mayor facilidad este frenazo de la globalización. Múltiples industrias manufactureras y tecnológicas desde el Asia hasta Norteamérica, que antes se encontraban armoniosamente conectadas, gracias a la libre movilidad de información, bajos costos de transporte, de mano de obra y de importación, ahora se han visto interrumpidas por los embates de altísimos y perniciosos aranceles, así como de restricciones al intercambio de mercancías y de datos respecto a su producción. Ello, en un contexto de 4ta Revolución Industrial (4IR) y de la pronta llegada del 5G (ver Lampadia: ¿Cómo afectará el 5G a nuestras vidas?, Las oportunidades y retos de la Revolución 5G), vaticinaría la prolongación de los beneficios que la nueva tecnología hubiera podido traer sin el mencionado conflicto comercial.

A continuación, compartimos un interesantísimo artículo de The Economist, el primero de un amplio reporte especial, en el que se profundiza con mayor rigurosidad cómo esta desglobalisación se encuentra afectando negativamente el mundo manufacturero global, así como las redes de empresas que lo integran. Como es de esperarse The Economist explica que el efecto estaría siendo especialmente perjudicial en la industria de las TIC, ya que al ser por concepción, de naturaleza innovadora y disruptiva, la imposición de mayores trabas, ya sea de índole comercial o relacionada al intercambio de información, puede ralentizar su potencial generador de mejoras en la productividad.

El Perú no puede ser ajeno a estos problemas estructurales globales, más aún si los políticos pretenden generar más sectores con “valor agregado” en la economía, como si de por sí está ya no se estuviera generando con sectores como la minería y los que se encuentran interconectados a ella (ej: la metalmecánica y transporte). Es fundamental que nuestro país tenga en cuenta estos procesos, lo enfrente abriendo más su economía y sea consciente que abrazar las tecnologías provistas por esta nueva revolución industrial ya no es un opción, sino un deber si es que pretender mejorar su competitividad en un mundo cada vez más aislado y celoso de compartir su know how. Lampadia

Cadenas de suministro globales
Las cadenas de suministro están experimentando una transformación dramática

Esto será desgarrador para muchas empresas, argumenta Vijay Vaitheeswaran

The Economist
11 de julio, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Tom Linton, director de compras y cadena de suministro de Flex, un gigante estadounidense de manufactura por contrato, tiene el dedo en The Pulse. Ese es el nombre del centro de mando de su firma en California, que evoca una sala de guerra del Pentágono. El kit le permite monitorear en la nube los 16,000 proveedores de Flex y más de 100 fábricas, produciendo desde sistemas automotrices hasta kits de computación para más de 1,000 clientes en todo el mundo. Linton es uno de los reyes reconocidos de la cadena de suministro, el mecanismo en el corazón de la globalización de las últimas décadas por el cual las materias primas, partes y componentes se intercambian a través de múltiples fronteras nacionales antes de incorporarse a los productos terminados. Pregúntele sobre el futuro, sin embargo, y él contesta siniestramente: “Nos dirigimos a un mundo post-global”.

Hace unos años eso habría sido un pensamiento herético. La combinación de la revolución de las tecnologías de la información, que hizo que las comunicaciones fueran asequibles y confiables, y la entrada de China en la economía mundial, que proporcionó abundante mano de obra barata, transformó la fabricación en una empresa global. En su libro “The Great Convergence”, Richard Baldwin argumenta que la combinación resultante de los conocimientos industriales occidentales y el músculo manufacturero asiático impulsó la hiperglobalización de las cadenas de suministro. De 1990 a 2010, el comercio creció gracias a los recortes arancelarios, las comunicaciones más baratas y el transporte de menor costo.

La OCDE, un think tank para las economías avanzadas, reconoce que el 70% del comercio mundial ahora involucra cadenas de valor globales (GVCS). El aumento en su complejidad se ilustra por el crecimiento en la participación del valor agregado extranjero en las exportaciones de un país. Esto aumentó de menos del 20% en 1990 a casi el 30% en 2011.

Los minoristas occidentales desarrollaron redes de proveedores baratos, especialmente en China, para que a su vez pudieran ofrecer “precios bajos todos los días” a los consumidores en sus países de origen. Las corporaciones multinacionales (MNCS) que alguna vez mantuvieron la manufactura cerca de su hogar estiraron las cadenas de suministro mientras perseguían mano de obra barata y economías de escala en el otro lado del mundo. Asumiendo que la globalización es irreversible, las empresas adoptaron prácticas tales como la gestión de inventarios ajustados y la entrega just-in-time que persiguen la eficiencia y el control de costos mientras hacen poca provisión de riesgos.

Pero ahora hay indicios de que la era dorada de la globalización puede haber terminado, y la gran convergencia está dando paso a un lento desmoronamiento de esas cadenas de suministro. El crecimiento del comercio mundial ha caído del 5.5% en 2017 al 2.1% este año, según los cálculos de la OCDE. La armonización regulatoria global ha dado paso a enfoques locales, como las leyes de privacidad de datos de Europa. La inversión transfronteriza cayó un quinto el año pasado. Los altos salarios y los costos ambientales están conduciendo a una disminución en el modelo de abastecimiento de “China barata”.

La amenaza inmediata proviene de la imposición de aranceles del presidente Donald Trump a los socios comerciales de EEUU y la renegociación de los acuerdos de libre comercio, que han interrumpido las cadenas de suministro de larga data en América del Norte y Asia. El 29 de junio, Trump acordó una tregua con Xi Jinping, presidente de China, que suspende temporalmente su amenaza de imposición de aranceles de hasta un 25% sobre las importaciones chinas por valor de US$ 325,000 millones, pero deja en vigor todos los aranceles anteriores impuestos durante la guerra comercial. Amenazó en mayo con imponer aranceles a todas las importaciones de México si no reprimía la inmigración, pero se revocó en junio. Ha retrasado hasta noviembre una decisión sobre la imposición de aranceles a las importaciones de automóviles, lo que afectaría mucho a los fabricantes europeos.

Sin embargo, mire más allá de la política y encontrará que las cadenas de suministro ya estaban experimentando el cambio más rápido en décadas en respuesta a tendencias más profundas en los negocios, la tecnología y la sociedad. El auge de Amazon, Alibaba y otros gigantes del comercio electrónico ha persuadido a los consumidores de que pueden tener una variedad infinita de productos entregados al instante. Esto está ejerciendo una enorme presión sobre las MNCS para que modifiquen y modernicen sus cadenas de suministro para mantenerse al día con las innovaciones avanzadas y las preferencias cambiantes de los consumidores.

Carrera de armamentos

La mayor fuerza para el cambio es la tecnología. La inteligencia artificial (AI), el análisis predictivo de datos y la robótica ya están cambiando la forma en que funcionan las fábricas, almacenes, centros de distribución y sistemas de entrega. La impresión 3D, las tecnologías blockchain y los vehículos autónomos podrían tener un gran impacto en el futuro. Algunos incluso sueñan con cadenas de suministro autónomas que no requieran intervención humana.

Sin embargo, los avances tecnológicos también aumentan el espectro de una carrera armamentista en la seguridad de la cadena de suministro. Los hackers privados agresivos y los ciberguerreros patrocinados por el estado parecen tener la ventaja sobre las corporaciones y gobiernos asediados. Los titulares recientes se han centrado en la represión de EEUU contra Huawei, un gigante chino de las telecomunicaciones. Pero los problemas involucrados van mucho más allá de una sola empresa, dado que gran parte de la innovación mundial en fabricación de productos electrónicos y hardware tiene lugar en China.

Si estalla una guerra fría tecnológica, destruiría las cadenas de suministro de tecnología altamente integradas de hoy y forzaría una reestructuración costosa. Incluso puede conducir a una bifurcación en el lanzamiento del 5G, una nueva tecnología de red de telecomunicaciones que es el facilitador esencial de las maravillas futuras como el Internet de las cosas (IoT). Con la proliferación de sensores baratos, el IoT permitirá que los hogares, las fábricas y las ciudades sean monitoreados y administrados digitalmente. Una “red astillada de cosas” (en la que EEUU seguía un estándar y China otro) no solo sería costosa e ineficiente, sino que también no abordaría las preocupaciones legítimas de seguridad sobre futuras amenazas cibernéticas en la era del 5G.

Incluso si Huawei finalmente se salva, y la tregua en la guerra comercial de EEUU con China se convierte en una paz helada, la era de las líneas de suministro sin fricción que fluyen desde Shenzhen a San Francisco y Stuttgart ha terminado. A medida que la globalización se transforma en algo más desordenado, las consecuencias para las MNCS y la economía mundial podrían ser trascendentales.

Este informe muestra que las cadenas de suministro ya se estaban volviendo más cortas, más inteligentes y más rápidas antes de que los políticos comenzaran a golpear el sistema comercial. Dado el mundo más riesgoso de hoy, las cadenas de suministro también deberán ser más seguras. Esta transformación amenaza a las empresas que tienen redes de suministro arraigadas, pero también presenta oportunidades para aquellas que se adaptan ágilmente. Lampadia




El primer escándalo mediático del nuevo Contralor

El primer escándalo mediático del nuevo Contralor

Hace pocos días, publicamos en Lampadia: Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor. Nuestro análisis era muy crítico del enfoque de control con que nos amenazaba el nuevo Contralor y sugeríamos que el Congreso revoque su apurado nombramiento, o que el propio señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Pues bien, el Contralor ya armó un primer escándalo haciendo acusaciones injustas a 29 funcionarios de Pro-Inversión y aparentemente a algunos ministros, paralizando el proyecto de la Línea 2 del Metro y buena parte del sector público que de ahora en adelante estará sujeto a la ‘justicia’ del Contralor y, llevando al Primer Ministro a tener que declarar (con mucha razón): “veremos cómo hacer para que el proyecto siga adelante”.

Fuente: agenciaperu.net

Los peruanos tenemos suficiente evidencia para cuestionar la presencia del señor Alarcón en la Contraloría. Pero para abundar en más elementos de juicio, presentamos a continuación tres contenidos adicionales a nuestro análisis previo: la entrevista de Redes y Poder a Sergio Bravo; sumas y restas del proyecto y; el artículo sobre la Línea 2 de Flavio Ausejo.

Es lógico que un funcionario de la categoría de un Contralor de la República infunda temor y silencios, pero la situación de la República, con el inicio de un auspicioso nuevo gobierno que debe relanzar el movimiento de la economía nacional, merece el apoyo de la opinión pública para evitar trabas innecesarias que malogren su gestión. Esperamos pues, más consecuencia.

Veamos los importantes elementos que ponemos a disposición de nuestros lectores:    

I. Entrevista en Redes y Poder a Sergio Bravo, experto en gestión pública

El experto en gestión pública expresó una serie de inquietudes sobre la acusación de la Contraloría.

  • Se ha dejado constar en los medios una acusación de corrupción sin que se haya formulado como tal, pues las observaciones son de orden administrativo.
  • Critica que en la evaluación del proyecto no se haya usado el sistema de puntos por distintos factores de evaluación, versus un sistema de calificación técnica (pasa o no pasa) para que el concurso se centre en el aspecto económico, que es un proceso más transparente y evita la subjetividad.
  • Observa el método constructivo con desconocimiento técnico.
  • Cuestiona el monto de las sanciones a pesar de no estipular un acto de corrupción.
  • Denuncia importantes pérdidas para después terminar diciendo que podrían haber mayores costos.

Bravo rescata además, la buena performance de los procesos de Pro-Inversión y sus antecesores, a diferencia de las obras públicas directas del Estado que sí adolecen de innumerables fallas y afirma que en la escandalosa acusación hay mucha imprecisión y poco sustento técnico. Veamos la entrevista:

II. Algunos datos relevantes para el análisis

  • Hasta la fecha se han excavado 3.6 km de túnel. Faltan 30.9 km, incluido el ramal al aeropuerto (total 34.5 km).
  • Las tuneladoras avanzan 12 metros por día, y habrá dos en operación simultánea en dos frentes. El avance potencial es de 24 metros por día (si no hay atrasos), si salen los permisos, las expropiaciones, y se aprueban los EDI de las estaciones (hasta hoy solo se ha aprobado una de 35).
  • Si no falla nada, se necesitarían en teoría 1,288 días o sea 3 años y 7 meses.  Un enorme reto para el concesionario, dada la tramitología y la lentitud de los funcionarios públicos, sobre todo los de la MML.
  • Pero el Contralor calcula 10 años sin ningún sustento.

Además:

  • El contrato de la Línea 2 es a suma alzada, por 35 años.
  • La inversion total es de US$ 5,346 millones (incluyendo el IGV).
  • El aporte del Estado es de US$ 3,695 millones (el 70%).
  • La inversión del concesionario es de US$ 1,651 millones (30%) para 34.5 km, que incluyen hasta 5.8 km que pueden excavarse con el método austriaco tradicional (según las bases del concurso).
  • El costo de excavar con el método austriaco tradicional es de US$ 44,000 por metro lineal y con la tuneladora de US$ 17,000 por metro, un diferencial de US$ 27,000 por metro lineal.
  • Costos: Los 5.8 km previstos en bases a US$ 27,000 por metro podrían tener un costo diferencial (por el método constructivo) de US$ 156.6 millones.
  • ¿Qué denuncia el Contralor?

“Una pérdida de US$ 156 millones”, ¿en un contrato a suma alzada? – Una temeridad. Pero no solo eso, ante las incertidumbres del desarrollo del túnel en el terreno y los procesos de licencias, no se puede asumir el uso excluyente de la tuneladora, que en principio no debiera estar parada nunca, generando sí, sobre costos innecesarios.

III. La Línea 2: ¿Control de la gestión o de la decisión?

Publicado en: Pensando y repensando sobre el Estado y la Sociedad

Flavio Ausejo 

8 de agosto de 2016

Glosado por Lampadia

 

El Contralor informó hace unos días que la Contraloría General de la República (CGR) ha acusado a 23 servidores públicos de Proinversión ante el Poder Judicial por el proceso de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, por los siguientes puntos:

  1. Solo verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados y no asignarles un valor que permita darles una puntuación a las propuestas técnicas para así elegir la propuesta ganadora.  En este proceso las empresas postoras –solas o en consorcio- deben cumplir con ciertos requisitos, que son evaluados por Proinversion, para lograr precalificar y estar aptos para presentar una oferta económica.  El concurso es bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), en donde el ganador es elegido a partir de la oferta económica que presenta.  La acusación es que en el análisis de las propuestas técnicas al momento de otorgar la buena pro solo fue verificado que cumplieran con los requisitos y no se les otorgo una valoración (puntaje) que permita ver cuál era la mejor.
  2. Por el otorgamiento de la buena pro del proyecto al Consorcio Nuevo Metro de Lima pese a que no ofreció cumplir con los criterios exigidos por el Estado.  El proyecto requiere –de acuerdo a las bases- la construcción de un túnel de 26,9 km.  Para dicha construcción es necesario, señalan los requisitos del Estado, utilizar una tuneladora en 25,9 km. y 1 km. debe ser construido bajo el método tradicional (más costoso).  El consorcio ofreció fue utilizar la tuneladora para todo el trabajo, excediéndose de hecho en 3 km. generando, de acuerdo a la acusación, un “sobrecosto”.
  3. Por darle prioridad -terminación anticipada- a la construcción de 5 estaciones para terminar un tramo del proyecto en junio del año 2016, pues la demanda proyectada indicaba que eran necesario ese adelanto, pero este argumento es considerado “inconsistente” y que también podría generar un “sobrecosto”.
  4. Por el incumplimiento de la entrega de predios para ejecutar la etapa 1, pues es necesario el uso de terrenos que no son propiedad del Estado por lo que es necesario realizar expropiaciones, y
  5. Por la inaplicación de una penalidad (por US$359,400) por la falta de registros de los especialistas del Consorcio en el colegio profesional respectivo.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR señala[1] (parafraseando) que el control gubernamental consiste en supervisar, vigilar y verificar que los actos y resultados de la gestión pública fueron realizados considerando la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, y cumpliendo las normas legales y los lineamientos de las políticas y planes.  Para lograr lo anterior son evaluados los sistemas administrativos, de gerencia y control con el propósito de mejorarlos a partir de adoptar acciones preventivas y correctivas pertinentes.

La supervisión, vigilancia y verificación de los actos de la gestión pública representan unos de los desafíos más importantes en la acción del Estado, pues implica analizar las decisiones que toman los servidores públicos, y las decisiones son subjetivas.  Por lo tanto, el análisis de la subjetivad que aplica un servidor público para tomar una decisión puede convertirse en un espiral sin fin pues no hay elementos objetivos que puedan aplicarse de forma universal, dado que las decisiones[2] están en función a los valores del tomador de decisión, de los objetivos del Estado y del contexto especifico, por mencionar algunos factores.

En el Estado los servidores públicos toman decisiones a partir del mandato legal, eso significa que, primero, la Ley debe darles la autoridad (función) para tomar una decisión en el tema en particular, y segundo, la decisión debe permitir lograr los objetivos del Estado, es decir, producir bienestar.

En el caso del Metro de Lima, el objetivo es aliviar los problemas de transporte de la ciudad en términos del tiempo dedicado a transportarse dentro de la ciudad y la seguridad de las personas, principalmente.  Según información del MTC, la demanda actual por la Línea 1 a superado largamente la demanda proyectada debido a que reduce los tiempos de traslados de forma drástica y la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por 100,000 habitantes aún es elevada (9.5) frente al estándar internacional (5.1 en Europa), siendo las principales causas de accidentes el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores.

Las acciones del Estado deben estar relacionadas con contar lo antes posible con los medios -la Línea 2 y demás- para lograr los objetivos de menor tiempo para traslados y menos fallecidos por accidente de tránsito, y las decisiones de los servidores públicos deben buscar que los procesos sean lo más acelerados posibles para lograr estos objetivos.

En este marco, ¿qué puede decirse con respecto a los cuestionamientos de la CGR?

  1. En el proceso de adjudicación de una concesión, cuando los postores han pasado por una precalificación, todos los postores cumplen con los requisitos por lo que el elemento que permite señalar al ganador es la mejor oferta económica presentada. Este método es usado desde hace muchas décadas y fue aplicado por ejemplo en el proceso de concesión de las telecomunicaciones. En ese sentido, no tiene sentido una valoración de la propuesta, pues solo es necesario verificar que cumplan con las formalidades para estar aptos para la presentación de la propuesta económica. Más aún el marco legal no obliga a Proinversión a aplicar una metodología de evaluación en particular.
  2. El Consorcio ofreció una tuneladora para todo el túnel, que va a costar más pero va a permitir terminar la obra más rápido y con una calidad apropiada, que es el propósito final.  En otras palabras, el Consorcio ofrece una posibilidad superior a la establecida por el Estado. No obstante, se sabe que hay zonas en donde por las características geológicas es mejor usar la excavación tradicional, pero en todo caso los costos son asumidos por el concesionario, como ocurre en cualquier concurso a suma alzada.
  3. La evidencia demuestra que la demanda está por encima de lo esperado, en consecuencia adelantar la construcción de las estaciones va permitir que los trenes empiecen a operar y con ello aliviar el día a día de la población. El uso de la demanda proyecta es un método que es utilizado desde el primer metro, en la ciudad de Londres, en el año 1863. En todo caso es imposible comprobar de forma anticipada que no hay demanda suficiente, más aun analizando lo que ha pasado con El Metropolitano y la Línea 1 que han superado ampliamente las proyecciones establecidas.
  4. La entrega de predios es uno de los aspectos críticos del proyecto, y ha sido un elemento que extiende los cronogramas en el caso de la construcción de carreteras. Pretender que este tema sea solucionado primero o al inicio es amarrar el inicio de todo el proyecto a un aspecto que debe ser solucionado durante su desarrollo. En todo caso, el tema escapa a las funciones de Proinversión.
  5. La no inscripción de los especialistas del Consorcio en el colegio profesional respecto, ¿qué valor aporta al proyecto?

Más allá de los aspectos específicos de los temas cuestionados, lo que parece mostrar la acción de la CGR es que la prioridad es el cumplimiento estricto de las normas establecidas, no importa si estas normas no están concebidas de forma poco estructurada o son incoherentes; y el cuestionamiento a la decisión, sobre la base de argumentos elaborados por los propios servidores públicos de la CGR que no han sido difundidos o que parece no recogen las prácticas aplicadas en los sectores que son controlados –como los procesos de promoción de la inversión privada del Estado- y más bien parecen una mirada unidireccional –el proceso es analizado como obra pública y no como un proceso de promoción de una APP que sigue reglas diferentes.

Las consecuencias del anuncio de la CGR son severas para el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos, en particular en un contexto de promoción de inversión privada en mega proyectos.

  1. Temor a la toma de decisiones, pues dado que no están claros los criterios para evaluar una decisión, el servidor público va a tomarse su tiempo para decidir y va a hacer muchas consultas –legales- antes de tomar una decisión, si no quiere meses o años después terminar con una denuncia ante el Poder Judicial.
  2. No decisión, pues es mejor que decidir –ejercer el criterio profesional bajo el marco legal vigente- y que luego la acción de control señale que no está de acuerdo con el criterio aplicado.  La acción de control posterior que no tiene hallazgos –no se decidió nada por lo que no hay que analizar- seria en consecuencia una “impecable gestión”.
  3. “Tramitología”, pues a fin de orientar el criterio empiezan a aparecer más normas que regulan el comportamiento de los servidores públicos, y que en la práctica hacen aún más difícil tomar decisiones.
  4. Orientación al proceso por parte de los servidores públicos, pues resulta más importante el proceso, no importa si mejora la calidad de vida de las personas.  Con el adicional que el servidor público está más dedicado a evidenciar que no cometió ninguna “falta” y menos a mejorar la calidad del servicio.
  5. Desperdicio de recursos, pues el control implica destinar recursos económicos para financiar al personal, y más importante, tiempo, para hacer el control, para elaborar la evidencia que permita mostrar los criterios aplicados para tomar la decisión, y para sustentar ante los responsables del control las razones de la decisión.  Hay que considerar que el recurso más escaso del servidor público es el tiempo.

Las organizaciones de control más avanzadas están más orientadas al control del resultado e impactos de la acción del Estado en la población, y menos a vigilar cómo son tomadas las decisiones o si fueron aplicadas todas las normas establecidas. Lo importante es lograr que el dinero de los impuestos produzca bienestar en la sociedad, y eso es lo que debe ser materia de control. En ese sentido, los desafíos que enfrentamos para ir en esa dirección implican realizar cambios estructurales, como repensar las bases estructurales del control gubernamental, que implican cambios en la Ley; tener la capacidad para identificar los espacios para la corrupción, que implica realizar una análisis para identificar dichos espacio y aplicar planificación inteligente de las acciones de control; y lograr una sanción efectiva, que es una responsabilidad del Poder Judicial, para que no exista impunidad. Sería bueno empezar cuanto antes esta reforma (FAC).

Lampadia

 

[1] La cita textual está en el Artículo 6 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de julio del 2002.

[2] No existe decisión “técnica”, lo que existe es una decisión, que pueden tener evidencia –referentes previos- o no. Y no significa que una sea una “buena” decisión y la otra una “mala decisión”, sino que es solo es una decisión. En el caso del Estado, sin embargo, lo mejor es tomar decisiones con evidencia pues una alta posibilidad de que lo propuesto funcione, y en ese sentido como son utilizados el dinero de los impuestos no está poniéndose en riesgo ese capital, a diferencia de una decisión evidencia donde al probabilidad de equivocarse es mayor.




Un eclipse de la energía solar que desnuda un doble estándar

¿Qué tienen en común Facebook, Apple, Google, Amazon y Netflix con la energía solar? Además de ser gigantes de la tecnología, están en la mira de los gobiernos europeos y enfrentan grandes multas y rígidas regulaciones para controlar la forma en que operan en el viejo continente.

No son los únicos. Microsoft ya ha sido multado con un total de US$ 3,400 millones por la Comisión Europea durante más de 10 años por distintos motivos. Intel ha sido multado con US$ 1,440 millones por la Unión Europea por ‘un comportamiento contrario a la competencia’. Uber se enfrenta a obstáculos regulatorios en todo el continente y, recientemente, Holanda ha iniciado una investigación criminal en contra de la empresa. En abril, Google se enfrentó a la Comisión Europea por un caso antimonopolio por abuso de posición de dominio en el servicio de buscadores y la Comisión Europea también ha puesto en marcha una investigación antimonopolio contra Android.

Fuente: Bloomberg

El objetivo anti competencia más reciente en Europa es, sorprendentemente, el sol, la energía solar.  El Gobierno de España ha aprobado recientemente una nueva ley nacional para regular la auto-generación-y-consumo de energía solar. Esta norma grava las instalaciones de energía renovable de manera desproporcionada, además de los auto-consumidores por la electricidad que generan y consumen en locales mediante sus propios sistemas fotovoltaicos. Una acción típica de los fracasados sistemas de promoción industrial que dañan a los ciudadanos consumidores.

Lo más contraproducente de esta norma es que España es el país europeo que recibe la mayor cantidad de radiación solar susceptible de ser convertida en electricidad. Así lo afirma el Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica (PVGIS), dependiente de la Comisión Europea. Pero las políticas energéticas, los recortes y el impuesto al sol han dinamitado los cimientos de un sector que lo tenía todo a favor, un contrasentido más de la vida europea que ha ido destruyendo la innovación de sus propias empresas.

Fuente: DW.com – Elaboración: Lampadia

Hasta hace 6 años, España tenía un marco de política de autoconsumo de electricidad muy general y sin mayores restricciones. Sin embargo, desde el 2010, el ministro de Industria del PSOE, Miguel Sebastián, empezó a crear restricciones y trabas a la producción y consumo de energía solar. Estas medidas solo empeoraron con el ingreso del Partido Popular (PP), que están anulando el gran potencial de la energía solar.

En abril del presente, el Consejo de Ministros de España puso en marcha una nueva ley de autoconsumo (aprobada en octubre del año pasado) que ha enfurecido a los defensores de las energías renovables. El principal problema de la nueva ley es que grava las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, incluso por la electricidad que producen para su propio uso y no se alimentan de la red nacional de energía. El sector fotovoltaico de España llama a la nueva ley un “impuesto sol”.

Fuente: Nicolás Veracierta – Mundo Ecológico

A pesar de que asociaciones como la Unión Española Fotovoltaica (UEF) han solicitado formalmente una prórroga, el Ejecutivo en ‘funciones’ ha hecho oídos sordos. A finales de abril, son muy pocos los que han llevado a cabo dicho registro: apenas una veintena, según datos que ofrece el propio Gobierno. El resto se enfrentan a multas de entre 6 a 60 millones de Euros. Para empeorar las cosas, la ley es retroactiva; lo que significa que todas las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo pre-existentes deben cumplir con las nuevas regulaciones.

Las consecuencias de esta norma contra-propósito son claras: Los tejados plateados, forrados de paneles solares, ya son habituales en muchas ciudades de Alemania, Estados Unidos y China. En España, sin embargo, el impuesto al sol ha aplastado cualquier iniciativa de autoconsumo.

La UNEF afirma haber firmado una petición al parlamento para eliminar este impuesto al sol y desregular las normas que bloquean la energía solar. “Necesitamos un nuevo marco legal que verdaderamente promueva el autoconsumo, en lugar de ponerle trabas”, sostiene Sarah Pizzinato, del UNEF. “Es lo que se está haciendo en la gran mayoría de países de Europa, y a lo que se comprometieron las naciones, incluida España, en la pasada (COP21) Cumbre del Clima de París. Debemos aprovechar los recursos que de verdad tenemos a nuestro alcance: el sol, el viento y las olas”.

Para el año 2030, se supone que cerca de un tercio de la energía de Europa debería provenir de fuentes renovables. Además, los precios de energía solar en el mundo han caído en 80% desde el 2010, por la reducción del costo y la mayor eficiencia de los paneles, afirma la Agencia Internacional de Energía Renovable. La aceleración del desarrollo tecnológico ha abierto la puerta al crecimiento económico en todo el mundo y permitirá que todos aprovechemos la sostenibilidad energética a la que se llegará, utilizando distintas fuentes de energía. Se estima que en un plazo relativamente corto (20 años para algunos) sustituiremos el uso de hidrocarburos por energía solar (ver en Lampadia: La ansiada energía renovable del futuro está en la puerta). Apreciar la velocidad de la reducción del costo de la energía solar en el siguiente gráfico:

Tenemos que empezar a prestar más atención a sus regulaciones y a la transición energética (de lo tradicional a fuentes renovables). Para esto, necesitamos marcos normativos claros que den certidumbre a los innovadores e inversionistas y aseguren una transición que impulse el mayor uso de las energías renovables en los países europeos y del mundo entero.

Lamentablemente, la situación en China parece aún peor. En el ‘reino medio’ (a cargo de todo lo que está entre el cielo y la tierra), no hay Facebook, YouTube, Google, Bloomberg y recientemente se está retirando Uber. En el caso de China, el Partido Comunista parece haber olvidado que el Imperio Chino perdió su capacidad de innovación y hegemonía tecnológica, hace dos mil años, durante la dinastía Quin (221 – 206 a.C.), que centralizó todo el poder en sus burócratas, los Mandarines.

Esta guerra contra la tecnología de la ‘civilizada’ Europa es equivocada y auto destructiva. Y bien puede dejar el continente en un mayor atraso tecnológico del que ya tiene con respecto a EEUU. El exceso de regulación y las grandes multas sólo reforzarán las actitudes proteccionistas que han llevado a Europa a mantenerse alejada de la revolución tecnológica y ahora, la energética. No olvidemos que la burocracia europea de Bruselas, al mejor estilo de los Mandarines, propició con sus ridículas regulaciones la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ver en Lampadia: Entendamos los factores que impulsan al Brexit.

No deja de llamar la atención, que en otros foros, especialmente en los que incluyen a los países emergentes, Europa sea el abanderado de la sustitución energética y pretendan que, por ejemplo, los africanos dejen de usar su fuente de electricidad más barata, el carbón. Condenando así a una buena parte de los pobres que quedan en el mundo a no tener acceso a la electricidad, dejándolos en una suerte de Edad Media. Así no vale

Lampadia




El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería

El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería

El discurso mediático del Frente Amplio, las expresiones de su candidata y la minimizada  presencia de su candidato a la primera vice presidencia, son solo el ropaje que oculta el pensamiento y las intenciones políticas de su verdadero ideario.

Para confundir al electorado, Verónika Mendoza oculta sus verdaderas intenciones hacia la minería. Pero en su Plan de Gobierno, está lo que ella y sus colegas opinan realmente.

Mediáticamente, Verónika Mendoza y los voceros del Frente Amplio han mostrado una postura ambigua y confusa con respecto a la minería.[1] A pesar de tener en la plancha presidencial a Marco Arana, (activista anti-minero radical y hostil a todos los proyectos mineros), y llevar en la lista congresal a Oscar Mollohuanca (opositor a la minería en Espinar); ella y sus candidatos han dicho en repetidas oportunidades que no se oponen al desarrollo de la minería en el Perú. Afirman que Conga y Tía María son los únicos casos a los que están en contra, afirmando que no pueden apoyar proyectos en que han ocurrido pérdida de vidas. Sin embargo, apoyan el régimen chavista (ver su posición en este comunicado) y el castrista, en los cuales fueron asesinados decenas de opositores solo en el último año. 

Pero más allá de lo que manifiestan estos voceros a través de los medios de comunicación para la gran audiencia, con fines electorales, consideramos que vale la pena saber qué dice el Plan de Gobierno del Frente Amplio acerca de la minería. Hemos hecho una revisión del documento y encontramos algunos elementos relevantes para explicar cómo es la minería que Verónika Mendoza imagina para el Perú.

Minería y desarrollo para el Frente Amplio

El partido que representa Verónika Mendoza, minimiza expresamente el efecto que tiene el sector minero para generar puestos de trabajo o como dinamizador de la economía, a pesar de la evidencia mostrada por el IPE y que fue analizada en este mismo portal.  Muestran una clara hostilidad al modelo económico actual caracterizándolo como un “modelo económico extractivista primario exportador centrado en la actividad minera” llamando a su “superación”, desconociendo la realidad, que muestra que todos los sectores primarios, incluyendo la minería, llegan solo al 15% del PBI y que la economía peruana está realmente centrada en el sector servicios (con un 60% del PBI). Además, la minería es el sector que ha generado los mayores encadenamientos con los demás sectores.

Ideología Pos-Extractivista

El plan de gobierno hace constantes referencias al “Buen Vivir”. ¿Quién puede oponerse a una idea genérica como el Buen Vivir?  Pero hay que tomar en cuenta que este es un concepto pos-extractivista ampliamente usado por los seguidores de esa corriente, el cual consiste en un ideal post materialista en el que el bienestar material es desplazado por consideraciones de orden ideológico tales como lo que ellos consideran como estar en “armonía con la naturaleza”.  Es decir que el crecimiento económico, la mejora del nivel de vida de los peruanos, alcanzar finalmente la eliminación de la extrema pobreza es secundario para este tipo de ideología. El concepto del “Buen Vivir” es muy usado en la literatura Post Extractivista para justificar la paralización de las industrias extractivas. 

Además, insisten en que desarrollo no es lo que necesitamos, sino alternativas al desarrollo.  Existen videos en los que se ve a Marisa Glave destacando que ellos más que desarrollo buscan “alternativas al desarrollo”.  Asumir, siendo el Perú un país con amplios bolsones de miseria, que la sociedad debe dedicarse a combatir el consumismo es cuando menos una clara manifestación de radicalismo ideológico.

Pero la amenaza para el sector minero trasciende el efecto sobre los tomadores de decisiones. El Frente Amplio planea introducir esta ideología en la educación pública, e inocular una posición política muy hostil al sector en la mente de los niños. Obviamente para poder incorporar este enfoque será necesario contratar “instructores” en la ideología del Buen Vivir, plataforma laboral que servirá para emplear a diversos individuos políticamente alineados con el Frente Amplio en todo el Perú. Es una medida políticamente muy útil, especialmente porque genera un medio de subsistencia para empleados alineados ideológicamente en zonas rurales y menos accesibles.

Mitos Anti-mineros

El Frente Amplio suscribe uno de los mitos más extendidos y dañinos para el sector minero: el de las “Cabeceras de Cuenca” (es decir, cualquier cima de montaña), opuesto a la realidad científica del ciclo del agua. Para su candidato a la vicepresidencia Marco Arana, estas son “Fábricas de Agua”, contribuyendo a formar la idea que el origen del agua de las cuencas se da por generación espontánea en las montañas, y no a través de la lluvia. Para ello, en el subsuelo ocurre algún tipo de electrólisis que produce agua, independiente de las lluvias. Tanto él como sus operadores políticos no se cansaron de afirmar esto en Cajamarca, a pesar de la evidencia que muestra que el 94.7% del agua subterránea tiene como fuente la lluvia.

Los voceros del Frente Amplio saben, que decretar la intangibilidad de las “cabeceras de cuenca” en la práctica, implica la casi extinción de la minería en el Perú. Para el Frente Amplio “protección” es sinónimo de prohibición de actividades extractivas. 

Trabas para dificultar la implantación de proyectos

Adicionalmente a mostrar su hostilidad al sector minero desde el punto de vista ideológico, el Frente Amplio plantea en su Plan de Gobierno diversas medidas que serían en la práctica obstáculos al desarrollo de proyectos. Por ejemplo, proponen que sean las autoridades locales, con las evidentes falencias en capacidades técnicas que muchas han mostrado, que sean las que otorguen los permisos de explotación y exploración. Una medida similar sería la implantación de los Planes de Ordenamiento Territorial, iniciativa en la cual se encuentran actualmente avanzando a nivel de algunas regiones, que incluyen la facultad de declarar áreas bloqueadas a la minería.  

De aplicarse estas propuestas, los Gobernadores Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales tendrán capacidad legal de bloquear proyectos extractivos de miles de millones de dólares. Se les estaría dando entonces a autoridades con poderes sobre una jurisdicción limitada, la capacidad de decidir sobre grandes proyectos mineros que afectan a toda la nación. Esta capacidad de chantaje a las empresas mineras es un incentivo tentador para un puesto gubernamental desprestigiado que ha mostrado ya repetidos escándalos de corrupción. 

Este tipo de medidas pondrían en jaque a las empresas mineras, dejando una decisión técnica a la merced de los caprichos políticos o deseos corruptos de autoridades locales. Abriría un enorme espacio para la búsqueda de “lentejas”  (conocidas de cerca por los integrantes de Tierra y Libertad, partícipes en la alianza del Frente Amplio) por parte de autoridades sub-nacionales y permitiría a cualquier autoridad radical paralizar proyecto extractivos de importancia nacional. Bastaría que la izquierda radical controle algunos municipios clave para bloquear decisivamente la minería en el Perú.

Fuentes[2].

Para tener una imagen más clara, si se ejecutara esta propuesta, los permisos para futuros proyectos en Cajamarca estarían en manos de personajes como Gregorio Santos o Eddy Benavides. ¿Están preparados ellos o sus equipos de gobierno para evaluar técnicamente las condiciones para un proyecto exista? ¿Sería posible la minería en esa región teniendo personajes radicales como ellos semejante poder?

En la propuesta se menciona también un “nuevo modelo de distribución de la renta minera”, en la que se propone otorgar fondos de estabilización y de compensación para territorios sin canon”. Si la propuesta del Frente Amplio fuera tomar el canon minero a nivel nacional y distribuirlo de tal manera que aumente el porcentaje asignado al Gobierno Nacional (que luego se distribuya a los territorios sin canon) y disminuya el asignado a los gobiernos locales de las zonas de influencia de los proyectos; se generaría un descontento en las inmediaciones de las operaciones mineras que sentirían que la minería contribuye aún menos de los que piensan para su desarrollo. Este tipo de medidas son las que podrían desencadenar levantamientos y manifestaciones que terminen por paralizar proyectos mineros, como los que hemos visto en Conga o Tía María.

Conclusiones

Los integrantes del Frente Amplio encabezados por Marco Arana no solamente presentaron una propuesta sumamente hostil al sector (ver el ensayo presentado en Lampadia: “¿Una Nueva Minería o No Más Minería?”), también muestran elementos ideológicamente incompatibles con el desarrollo minero y proponen propuestas que sólo obstaculizarían la implantación de nuevos proyectos. Si la propuesta política de Verónika Mendoza es oponerse a cualquier proyecto futuro, está en todo su derecho. Para lo que no tienen derecho es para engañar al electorado afirmando que ellos no se oponen a la minería, y que su oposición está limitada a ciertos proyectos mineros. El oportunismo político de la candidata y de su partido los ha llevado a realizar esas deshonestas afirmaciones. Si se evidencia que, para el Frente Amplio, su ideologías está por encima de la superación de la pobreza y de la mejora del nivel de vida de la población, sería poco probable obtener el apoyo del electorado más necesitado del país. Lampadia

 

 





Destrabemos la construcción de nuestro futuro

Destrabemos la construcción de nuestro futuro

Durante la última década, el Perú ha sido reconocido como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio anual superior al 6%. Sin embargo, nuestra economía se ha desacelerado en el último año. Hace pocas semanas, Alonso Segura, Ministro de Economía y Finanzas, calificó al 2014 de “mediocre”, y afirmó que creceremos alrededor de 3.5%, un estimado que se ha tenido que ir reduciendo a lo largo del año.

En un reciente reporte de Bank of America, se recomienda comprar bonos soberanos colombianos por encima de los peruanos, garantizando que Colombia sería la nueva estrella de la región, y tendría mayores fortalezas. Esto se debe principalmente a las medidas de este país para promover la inversión privada (lo mismo que el Perú hizo desde la década del 90 y especialmente en el nuevo siglo), crear un ambiente de confianza, y eliminar trabas burocráticas para avanzar en infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Mientras Colombia crece, el Perú decrece y le echa la culpa al cobre, a China y a los malos vientos…)

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada. En los últimos años Colombia ha comenzado a promoverla inversión minera, en el 2013 representó el 17.4% de la inversión extranjera directa (IED). Los colombianos buscan aprovechar sus recursos naturales para captar dinero y mejorar su competitividad.

En cambio en el Perú ha sucedido todo lo contrario. En los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado yactuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo, nuestro Perú.

En las últimas elecciones regionales se eligió a un buen número de candidatos anti-mineros. Buenaventura recibirá un impacto negativoen el valor de sus acciones como producto de la elección de un candidato que se opone al proyecto Conga (como lo indica hoy Moody’s). Otros candidatos en distintos departamentos del país, como en Ancash, Puno, Apurímac, Junín y Madre de Dios, también son anti-inversión y podrían presentar grandes obstáculos en el futuro.

El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación,con solo el 15% del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas de inmediato.

El principal obstáculo es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión.

Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: Enexploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Hemos pasado de 1 (una) norma en los 90’s a 180. (Ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general.) Parece un complot. Tenemos que facilitar la inversión y reactivar la minería, como un acto de consecuencia mental y compromiso con la obligación de reducir la pobreza. En las palabras del gran reformador Neranda Modi, Primer Ministro de la India, lo que se necesita es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en L: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

El Perú tiene alrededor de US$ 60 mil millones en proyectos de inversión minera, incluyendo los US$ 1.7 MM en la mina de cobre Constancia, que deberá comenzar su producción a finales de este año. También tenemos el proyecto de cobre de Las Bambas y la expansión de Cerro Verde. Chinalco ya está poniendo en marcha la producción de Toromocho.Tía María debería empezar su mayor inversión en los próximos meses. Todos estos proyectos tienen un riesgo alto de retraso o cancelación si no se toman medidas oportunas y efectivas.

El gobierno dice tener previsto tomar medidas adicionales para garantizar que la economía se expanda en un 6% al año en promedio. Esperemos que estas medidas incluyan la viabilización de por lo menos siete proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

No hay más tiempo que perder. Necesitamos acción, ¡AHORA!  Lampadia