Uno de cada tres trabajadores en el país es independiente. Su ingreso promedio es la mitad de lo que ganan sus pares asalariados.

Ocho de cada diez trabajadores independientes laboran en condiciones de informalidad.

Informe de El Comercio – IPE
9 de marzo de 2020

Las condiciones y la calidad del empleo que se genera en un país son consideraciones importantes para quienes toman decisiones de políticas públicas. Las particularidades de cada tipo de trabajo demandan estrategias distintas para problemas diversos.

El empleo independiente, por ejemplo, es atractivo para algunos por las posibilidades de manejar horarios propios y trabajar en distintos lugares y sectores. Para la mayoría, sin embargo, puede resultar una alternativa forzada por la falta de trabajo dependiente y con flujo de ingresos claro. Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares, el IPE puso bajo la lupa a los trabajadores independientes en el ámbito urbano del país.

Lo primero a resaltar es que tienen una participación importante en la fuerza laboral urbana, pues uno de cada tres trabajadores es independiente. De los 13 millones de personas que forman la población económicamente activa en el área urbana, 3,9 millones serían independientes y 5,9 millones, dependientes. El resto de trabajadores cae en las categorías desempleado, trabajador del hogar o trabajador familiar no remunerado.

Identificando a los independientes

Cuando se aplica la Enaho, la persona se auto identifica en alguna de las categorías de empleo. Se considera como trabajadores independientes a aquellos que reportan esta categoría como su ocupación principal y secundaria, en caso la tuvieran.

Su contraparte, los trabajadores dependientes, son quienes se reportan como empleado u obrero en su ocupación principal y en ocupación secundaria, en caso cuenten con ella.

Situación actual

El dato más saltante respecto a los trabajadores independientes es que, en promedio, su ingreso representa la mitad de lo que percibe uno de sus pares asalariados. Al cierre del 2018, un independiente ganaba unos S/986 al mes; mientras un dependiente recibía S/1.826. En los últimos 15 años, esta brecha se ha mantenido invariante, aunque sí resalta que los ingresos nominales promedio de ambos grupos se han duplicado desde el 2004.

Ingresos del trabajador independiente son la mitad frente a sus pares dependientes.

¿A qué responde que ganen menos? En parte, porque laboran en condiciones de informalidad. Mientras 49% de los dependientes son informales, ocho de cada 10 independientes laboran en la informalidad. Como se recuerda, la literatura económica subraya que el empleo informal tiene una relación muy estrecha con la baja productividad, lo que redunda en menores salarios.

En este punto, es importante considerar que los independientes tendrían hoy pocas probabilidades de insertarse en un empleo asalariado formal. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima esa cifra en 7,5%. En tanto, de cada 100 personas que dejan un trabajo independiente, 20 ingresan a empleos dependientes informales y 33 a otro empleo independiente. Así, sus posibilidades de pasar a empleos de mejor calidad son reducidas, de acuerdo a la entidad internacional.

Según la actividad económica, el grueso de los independientes se desempeña en comercio y transportes (54% del total) y servicios (23%), cuyos salarios promedio son S/1.051 y S/1.008, respectivamente. Los trabajadores dependientes también se agrupan mayoritariamente en estos sectores (60% en conjunto), aunque perciben mayores salarios: S/1.557 en comercio y S/1.859 en servicios. Un detalle a notar es que la rama de electricidad, agua y gas es la más atractiva para los independientes, pues ganan S/3.302 al mes, en promedio. Sin embargo, apenas 0,01% trabaja en esos sectores.

Situación de independientes en el Perú.

Capital humano

En línea con los menores salarios, hay temas de capital humano que están relacionados con los menores ingresos de los trabajadores independientes, que además explicarían por qué la brecha respecto a los dependientes persiste y las dificultades de incorporarse a una planilla. Un primer punto es que los independientes tienden a conseguir menos logros en términos de educación. Por ejemplo, el 42% de los independientes no cuenta con educación básica completa, el 33% sí la completó y solo 25% alcanzó estudios superiores.

Esto contrasta con las cifras de los trabajadores asalariados. El 51% sí tiene estudios superiores, el 31% completó secundaria y el 18% no logró terminar la educación básica.

Un factor adicional que apunta a la vulnerabilidad es que los trabajadores independientes, en su mayoría, carecen de acceso a servicios de salud eficientes. De cada 10 independientes, cuatro están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y cuatro no tienen ningún tipo de seguro. En contraste, alrededor de cinco de cada 10 trabajadores dependientes tienen acceso a Essalud y otros tres tienen seguros privados o SIS.

Situación en regiones

En el ámbito regional existe mucha heterogeneidad respecto de la preponderancia de los independientes. Por un lado, en Tumbes representan el 41% de los trabajadores y se ocupan, principalmente, en comercio y transporte.

En contraste, en Huancavelica y Pasco, se registra la menor participación de trabajadores independientes (24%); ellos laboran en actividades como comercio y agro. La explicación es que estas últimas regiones se caracterizan por contar con una presencia importante de trabajadores familiares no remunerados. Finalmente, Lima Metropolitana es la tercera región con menor presencia de independientes, con 28% de la fuerza laboral. Lampadia

Ocho de cada diez trabajadores no aportan a ningún sistema previsional, con lo cual estarán desamparados al llegar a la edad de jubilación. El reciente debate mediático sobre nuestro sistema de pensiones no se ha centrado en el principal problema a resolver: la baja cobertura. Si bien el sistema es perfectible para mejorar el cálculo de las pensiones, incrementar la oferta de instrumentos previsionales y mejorar la competencia, no debemos olvidar que el objetivo finales garantizar una pensión digna al trabajador en su vejez, proporcional a su ahorro individual. 

En las últimas semanas se ha venido calentando el debate previsional en los medios a raíz de dos hechos: i) la publicación de una polémica tabla de mortalidad de la SBS (usada por las AFP) que se extiende hasta los 110 años de vida del afiliado para el cálculo de las pensiones; y, ii) el anuncio de que en el Congreso se presentará una iniciativa para derogar de forma definitiva el aporte de los trabajadores independientes menores de 40 años al sistema de pensiones, ya sea público (ONP) o privado (AFP), el cual fue suspendido hace un año por el parlamento, después de una reforma hecha a espaldas de los afiliados.

Sin embargo, el debate no se ha centrado adecuadamente en el principal problema: la baja cobertura. En efecto, el Ministro Castilla explicó que (más allá del programa asistencialista de Pensión 65) la brecha de la cobertura previsional es enorme: ocho de cada diez peruanos no aportan a sistema alguno, y por ende no recibirán una pensión al jubilarse. ¿Por qué es tan baja la cobertura? Porque el sistema no alcanza ni a los trabajadores independientes (35% de la PEA ocupada), ni a los informales (57% del empleo).

Pero el problema previsional tiene otras aristas. Así por ejemplo, junto al sistema privado de pensiones se ha mantenido vivo en el Perú un deficitario sistema nacional de pensiones (SNP), -el cual fue eliminado en Chile al crear el sistema de AFP-, el cual cubre a 3.6 millones de afiliados y otorga pensiones a 467 mil pensionistas a la fecha. Según un estudio del 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) no pagará las pensiones del 65% de sus afiliados para el año 2015, al no acumular 20 años de aportes. Esto significa que más de 800,000 trabajadores estarían en riesgo de quedarse desamparados, y llegarían a un millón hacia el 2050. Estas personas, además, ni siquierarecibirían la devolución de sus aportes. De acuerdo al IPE, esto ya viene ocurriendo y “explica buena parte de los más de 300,000 juicios abiertos contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el SNP”.

En este sentido, creemos que se requiere una reforma previsional, enfocada de manera integral, enplantear soluciones para extender la baja cobertura, la falta de pago a muchos afiliados, y el creciente déficit de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que cubre dos tercios de las pensiones de sus afiliados con recursos públicos.

De acuerdo a Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, “la evidencia empírica disponible señala que es muy difícil lograr que los independientes voluntariamente coticen de forma sistemática y permanente durante un largo plazo”.

Aun así, se debe mantener la obligación de que todo tipo de trabajadores independientes formen parte del sistema privado de pensiones (y no del público). De esta forma se evitarían las futuras: “Ley del Artista”, “Ley del Emolientero”, “Ley del Lustrabotas” yotros pedidos de pensiones de gracia al Estado. O pretender que con el programa asistencialista de “Pensión 65”, se puede resolver el problema.

En esta línea, el Gobierno acompañado por el presidente de las AFP, emprendió en el 2012 una reforma desenfocada y llena de graves  errores. Se estableció la obligación de retener aportes de los trabajadores independientes que cobren por recibo de honorarios (para aportar a las AFP o a la ONP), pero sin efectuar una verdadera campaña de información para explicar a los usuarios la importancia de ahorrar para la vejez ni las ventajas del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, se introdujo la comisión sobre el stock de los fondos administrados de forma obligatoria para los nuevos afiliados (y optativa para los actuales), buscando comisiones más competitivas, pero tampoco hubo información clara de las ventajas de cada modalidad de cobro. La reforma también buscó mayor competencia; sin embargo, se creó un monopolio temporal de tres años para una sola AFP.  Para colmo de males, esta reforma se elaboró en reuniones a puerta cerrada entre el MEF y la Asociación de AFP, sin hacer públicos los detalles ni involucrar a los afiliados y a los demás trabajadores para quienes se buscaba una mejor solución. El resultado fue la incertidumbre y la sospecha. Ante la resistencia de los trabajadores, en septiembre pasado se tuvo que postergar por un año la entrada de los independientes al sistema y ahora se amenaza con derogar de manera definitiva esta medida.

El Perú, con una población mayoritariamente joven, tiene una ventaja en cuanto a su estructura demográfica, por lo cual éste es un buen momento para realizar reformas orientadas a extender la cobertura previsional. En Lampadia, planteamos anteriormente la posibilidad de canjear parte del IGV gastado por cada trabajador por aportes a su fondo individual de pensiones (Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo). Este mecanismo combatiría la informalidad al poseer fuertes incentivos para la formalización, al mismo tiempo que estimularía una mayor recaudación; así, el Estado solo “devolvería” una porción del IGV en cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en el SPP. Posteriormente el BID, ha planteado la creación de un impuesto nuevo para el financiamiento previsional (como incrementar en un punto el IGV), para que sea abonado a cuentas individuales (no se ha dado mayores detalles sobre su aplicación).

Estas son el tipo de alternativas que deberían ser estudiadas por el Gobierno, pues el objetivo es llegar a una cobertura universal. Lamentablemente, la asociación de AFP no ha reaccionado, solo ha defendido ingenuamente el cálculo de los 110 años. Tal vez los afiliados a las AFP necesiten su propia asociación. Lampadia