El pasado 30 de noviembre, el MINEDU otorgó la buena pro a la empresa de telecomunicaciones Viettel en una licitación correspondiente a la renovación del “Servicio de Conectividad para Instituciones Educativas a Nivel Nacional”, la cual involucra 1,837 colegios por un monto de S/.90 millones.

Al respecto, recientes comunicados señalan que otra empresa postora en la licitación y que además venía realizando el servicio en mención hasta la fecha, Telefónica, había sido declarada, en un primer momento, como ganadora de la licitación por haber ofrecido S/.26 millones menos que la oferta competidora, pero que, por no cumplir (supuestamente) con un requisito relacionado a la experiencia de su personal, fue descalificada del proceso.

Este requisito consistía en acreditar la experiencia exigida de dos años como mínimo del Jefe de Proyecto propuesto.

Lo grave del asunto es que Telefónica sí había demostrado durante el proceso, con documentación en mano, que su Jefe de Proyecto tenía más de dos años de experiencia laboral en la gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad, además de que venía laborando en su organización desde el 2006.

Aún con ello, el Comité de Selección determinó que la constancia de Telefónica “carece de las precisiones necesarias” y por tanto, correspondía su descalificación. Con lo cual, dicho Comité, indirectamente, redujo el Presupuesto del Ministerio de Educación en S/.26 millones, a través de una decisión discrecional que, como ha indicado el portal Lucidez, estaría yendo en contra del “Principio de Eficacia y Eficiencia” de la Ley de Contrataciones del Estado

¿Cuáles son las implicancias para el Estado Peruano si se llegara a esclarecer un acto de corrupción en este proceso de licitación?

Por un lado, mellaría la imagen del Gobierno y el MINEDU perdería mucha más legitimidad de la que ya ha perdido-como se dio en su momento por el caso de las compras irregulares de computadoras durante la gestión de Saavedra- dado que se tratan de fondos de un sector, que está caracterizado por grandes brechas sobre todo en infraestructura y en calidad de la enseñanza. Estos S/.26 millones de soles podrían ser direccionados a la construcción de decenas de colegios o para hacer mantenimiento a los que actualmente existen, pero que a duras penas pueden operar, posibilitando el progreso de nuestros compatriotas más humildes y sus familias.

Por otra parte, dicho suceso pondría de relieve una vez más la fragilidad institucional de nuestro sistema de contratación pública, el cual hace varios años pide a gritos una reforma integral que lidie con la gran cantidad de sobornos que se dan actualmente en los procesos de licitación. Como es de conocimiento, nuestro sistema de contratación adolece de una falta de transparencia durante todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la fase de publicación de las bases hasta la adjudicación u otorgamiento de la buena pro. Esto genera una falta de competencia, traducida en menor número de postores por concurso y por ende, una menor eficiencia, reflejada en precios menos competitivos, como es en el presente caso.

Sin embargo, en este caso particular no podemos esperar sentados a que se haga una reforma para darle solución a un problema de presunta corruptela, por lo que instamos a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y todas las Entidades del Estado a quienes les compete investigar y detener corruptelas si así lo fuera para este caso. No podemos tolerar más escándalos de corrupción, como los que ya han acontecido en el transcurso del año, y menos en uno de los sectores que promueven la movilidad social a lo largo del territorio nacional. Lampadia

Ver líneas abajo más detalle sobre el proceso de licitación involucrado:

ESTADO PERUANO PERDERÍA 26 MILLONES DE SOLES POR ARBITRARIO MANEJO DE CONTRATACIONES EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MINEDU

• Comité de Selección del Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE026 ha tenido un trato desigual con las empresas postoras, cuya consecuencia será un innecesario gasto millonario del Ministerio de Educación.
• La mejor alternativa para revertir esta situación y que se haga un eficiente uso de los recursos del Estado es declarar la nulidad de oficio del Concurso y que se convoque a una nueva licitación en condiciones iguales para los postores.

En abril del 2018, el Ministerio de Educación (MINEDU) lanzó un Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE026 para renovar el “Servicio de Conectividad para instituciones Educativas a Nivel Nacional” (1,837 colegios) por un monto base S/. 104 MM, servicio del cual Telefónica es proveedor actual.

En la licitación Telefónica presentó una oferta por S/. 64 MM y Viettel por S/. 90 MM. El 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de Evaluación, Calificación de las Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro y, tras la evaluación de las ofertas admitidas, Telefónica obtuvo el primer puesto por haber presentado la mejor propuesta económica. Como se podrá advertir, la diferencia entre ambas propuestas es de alrededor de S/. 26 MM.

Sin embargo, en la calificación, de manera sorpresiva e incluso cuestionable, el Comité de Selección decidió descalificar la propuesta de Telefónica. El argumento de esta descalificación fue por no acreditar la experiencia exigida de dos años como mínimo del Jefe de Proyecto propuesto. En estricto, el Comité indicó que no se señalaba con claridad el período efectivo en la función de Jefe de Proyecto y que no se podía hacer una conexión de sus años de experiencia con la actividad solicitada en las bases, la de gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad.

Sin embargo, la constancia de trabajo presentada con la oferta de Telefónica precisaba que el Jefe de Proyecto propuesto, labora en el Grupo Telefónica desde el 1 de mayo de 2006 hasta la fecha, cumpliendo, entre otras funciones, las de Jefe de Proyectos y teniendo más de 12 años de experiencia en la gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad.

En ese sentido, es falso que no se lograra acreditar la experiencia requerida del personal propuesto. En este punto resulta cuestionable el trato desigual dado que el referido Comité no realizó las mismas observaciones a la constancia de Viettel, quienes presentaron un documento similar al presentado por Telefónica.

Lo que más llama la atención es que se observe la experiencia del Jefe de Proyectos cuando él ha sido el Jefe de Proyecto a cargo de la etapa de implementación, por el mismo servicio, en el Concurso Público anterior del MINEDU.

Constancia presentada por Telefónica:

Constancia presentada por Viettel:

Las decisiones y sus respectivos argumentos que ha tomado el Comité de Selección afectará de forma considerable el presupuesto del Estado yendo en contra del “Principio de Eficacia y Eficiencia” de la Ley de Contrataciones del Estado. En una clara interpretación arbitraria de la norma, el Comité ha determinado que la constancia de Telefónica carece de las precisiones necesarias, por lo que opta por descalificar su propuesta y otorgar la Buena Pro a un postor cuya oferta es de más de S/. 26 MM más elevada. ¿Justifica esta decisión dilapidar 26 millones de soles de todos los peruanos?

Se debe respetar y promover la libre competencia, sobre todo cuando se tratan de servicios que van a favor de todos los peruanos. En ese sentido, urge exhortar a la SUNEDU, la OSCE y la Contraloría de la República, y a otras instituciones del Gobierno, a velar por la transparencia en la gestión de las compras y licitaciones del estado, sobre todo en asuntos que atañen a servicios de educación.

Nos da mucho gusto que la empresa Telefónica se haya animado a decir su verdad y a compartir con los ciudadanos, los pormenores de la controversia que se ha visto forzada a mantener con la SUNAT.

Como se explica en el artículo de María Perales, Directora Fiscal de Telefónica, que compartimos líneas abajo, el reclamo de la autoridad tributaria se deriva de una interpretación de Sunat, que imputa a la empresa no haber hecho suficientes esfuerzos para cobrar a sus clientes morosos, y pretende cobrar el impuesto a la renta por los pagos no realizados por dichos clientes. A ello, se suman intereses y moras, llevando la presunta deuda a niveles astronómicos.

Esto no solo daña innecesariamente a una empresa que opera en el extremo de la formalidad, daña también la institucionalidad de la economía en conjunto y, además, les regala a los enemigos de la economía de mercado, argumentos efectistas parta atacar la inversión privada y confundir a la ciudadanía sobre las líneas matrices de las políticas públicas que deben conducirnos al bienestar general.

Lamentablemente, en Lima, donde se concentra gran parte del aparato de gobierno del Perú, se suele hablar a media voz y se prefieren las gestiones a puerta cerrada, no se comparten las opiniones, diferencias y preocupaciones con los ciudadanos, que conforman el espacio de vida en que se desenvuelven las empresas. Por ello, el ciudadano común, alimentado desde los medios de comunicación por los activistas anti-empresa, anti-inversión privada, anti-economía de mercado y anti-modernidad, ha desarrollado un sentido común distorsionado sobre el mundo moderno y el desarrollo.

Sin embargo, en los últimos meses hemos visto aparecer algunas empresas, a defenderse y compartir con la opinión pública sus aportes y las vicisitudes que se ven obligadas a padecer en el Perú. Así lo han hecho recientemente Gloria y Southern y, ahora, Telefónica. Esperamos que este sea el inicio de un continuo diálogo con los ciudadanos, a quienes estamos obligados de mantener informados sobre el marco de vida y desarrollo de nuestro país. Lampadia

Telefónica cumple con la ley

María Perales Bazalar 
Directora Fiscal de Telefónica del Perú
Diario Gestión
23 de mayo, 2018

Es imposible guardar silencio ante el trato dañino de la Procuraduría de la SUNAT que recientemente publicó un artículo sobre la existente controversia tributaria titulado “Telefónica también debe cumplir con la ley”.

Ante todo, Telefónica es un contribuyente que merece respeto, como lo merecen todos los contribuyentes, porque siempre ha cumplido con la ley y con sus obligaciones tributarias. A lo largo de estos 24 años de operación en el Perú ha pagado más de 9 mil millones de soles que le correspondían pagar por concepto de impuesto a la renta (equivalente al financiamiento de cerca de 2 mil pequeñas escuelas o la educación anual de 3.5 millones de estudiantes). Cifra que la Procuraduría omite señalar cuando desliza que se incumplió la Ley.

Es oportuno decir que Telefónica siempre ha estado entre los principales contribuyentes del Perú y que la tasa real del impuesto a la renta sobre la utilidad se encuentra por encima del 40% muy superior a la tasa nominal del 30%. Esto quiere decir que, por cada 100 soles de utilidad, 40 los destina al pago del impuesto a la renta.

Lo que se discute en los procesos, es la pretensión de la Administración Tributaria de cobrar el impuesto a la renta por recibos telefónicos que nuestros clientes tuvieron dificultades para pagar y por lo tanto la Empresa no cobró, sobre todo en el año 1998 dónde el país y los peruanos enfrentamos el terrible Fenómeno del Niño. Es decir, se pretende que paguemos impuestos por ingresos que no percibimos.

Para convalidar este actuar, la Procuraduría de la SUNAT pretende desconocer un sistema integral y efectivo de cobranza, y tras ello descartar el 100% de la llamada “Provisión de Cobranza Dudosa”. Añade que “solo” fueron objeto de reparo aquellos sistemas que no cumplían con el requisito de “intimar al pago al cliente”, el cual es necesario para que haya configurado la gestión de cobranza. Con esta afirmación, la Procuraduría pretende justificar que lo que se le pide a un contribuyente como Telefónica es lo justo y para nada arbitrario.

Telefónica es un contribuyente que presta servicios públicos de telecomunicaciones en todo el Perú, y por lo tanto para realizar una eficiente gestión de cobro a sus clientes utiliza el denominado Sistema Integral de Cobranza, el cual consiste en 9 gestiones de cobro y cuyo proceso mostramos a la SUNAT durante la fiscalización, seguros de que validaría que “sí realizamos gestiones de cobro”. Se mostró: llamada automática, llamada de una tele-operadora, notificación en el recibo telefónico, corte parcial y total, notificación de baja, gestión prejudicial, financiamiento, registro en Infocorp y carta de cobranza.

No exigir el cobro de las deudas a los clientes carece de toda lógica y razonabilidad desde el punto de vista empresarial. Es vital para toda empresa intentar cobrar para no incurrir en pérdidas. Suponer que no se implemente ningún sistema de cobranza que intime al pago, es suponer que el empresario es negligente para manejar su negocio. En este contexto debemos señalar que el sistema integral que descartan las autoridades tuvo un nivel de éxito de cobro del 92% del total de nuestros recibos.

Sin embargo, SUNAT descartó una a una cada gestión ejecutada, no descartó una de las 9 gestiones, sino que las descartó todas, y así se generó una de las crisis más serias para Telefónica.

Uno de los más emblemáticos sinsentidos de la Procuraduría de SUNAT es afirmar que la notificación de deuda que hace Telefónica en los recibos no es gestión de cobranza por la forma cordial en que termina nuestra comunicación. Como cualquier empresa e institución (incluyendo la SUNAT), junto con la advertencia de deuda también se precisa que “si se encuentra al día en sus pagos, ignore esta deuda que figura como pendiente”. Obviamente, cualquier empresa, por cordialidad y por preservar al cliente, quiere evitar el disgusto de una persona que cumplió con pagar poco antes de la fecha de emisión y envío del recibo.

Una muestra del trato diferente hacia Telefónica respecto a la evaluación de esta gestión de cobranza en el recibo, salta a la vista con Sedapal, mientras a esta institución se le reconoce como una gestión de cobro válida, a Telefónica se le desconoce por considerarla una simple “comunicación con el cliente”. Además, el órgano regulador de las telecomunicaciones, Osiptel, también reconoce como gestión de cobranza la notificación de deuda a través de los recibos telefónicos.

Un ejemplo más, mientras una sala del Tribunal Fiscal aceptó la gestión de cobro denominada “notificación de baja”, otra sala dijo que no lo era. ¿Cómo puede afirmar la Procuraduría de SUNAT que incumplimos la Ley, cuando los entes reguladores tienen dificultades para ponerse de acuerdo en interpretar lo que exige la Ley?

Es necesario alzar la voz para precisar que estas acotaciones datan desde los años 1998, 2000 y 2001. Es decir, han pasado cerca de 20 años y todavía se desconoce ¿qué es para la Administración Tributaria una gestión de cobranza que intime al pago al cliente?

Lo difícil de esta situación es que mientras avanza el proceso más requisitos exige la Procuraduría de SUNAT para calificar una gestión de cobro. ¿Cómo un contribuyente puede cumplir las exigencias de la Procuraduría de SUNAT 20 años después? Requisitos que ni están ni estaban establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y sin embargo ahora resulta que siempre estuvo todo muy claro e indiscutible. La norma solo exige realizar “gestiones de cobro”, ¿Es insuficiente 9 gestiones de cobro?

Después de esto, imagínese un contribuyente que cumple con pagar sus obligaciones tributarias pero que años después le desconocen la deducción de determinados gastos en los que realmente incurrió. Por esta razón, Telefónica como cualquier contribuyente, reclama predictibilidad tributaria antes las instancias correspondientes.

Hace mucho daño que las autoridades se demoren 20 años en definir ¿qué es una gestión de cobro? Esta demora perjudica a Telefónica, pues la indefinición por parte de las autoridades ha hecho que el importe en litigio se incremente de manera astronómica con unas tasas de interés entre 26 y 14%. Se afecta a la Empresa cuando se la señala como uno de los grandes deudores cuando la demora en resolver es imputable al Estado. Después de este prolongado caso, las moras e intereses representan el 80% del importe en cuestión.

La controversia en el ámbito del Poder Judicial está próxima a cumplir una década, y esperamos que este Poder del Estado finalmente resuelva conforme a ley y a favor de la predictibilidad tributaria, factor imprescindible para atraer inversiones y seguir creciendo. Lampadia

La empresa de telecomunicaciones Telefónica ha dado un audaz cambio hacia la era de la inteligencia artificial. Durante el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, organizado por el consorcio de operadores GSMA, Telefónica presentó el lanzamiento de un nuevo asistente digital llamado Aura, que parece ser el producto de una iniciativa de investigación de dos años en la empresa española.

Presentada en la cúspide del congreso de este año, Aura suena y trabaja de manera similar a la de Siri de Apple o Alexa de Amazon, permitiendo a los clientes comprobar detalles de su servicio con Telefónica y pedir que se resuelvan los problemas o que se ofrezcan nuevas características utilizando una interfaz de voz en un dispositivo móvil.

A juzgar por la demostración en las oficinas de Telefónica en Barcelona, ​​Aura trabaja con la misma eficacia que los asistentes digitales desarrollados por los gigantes de Apple y Amazon, pero difiere en un aspecto importante: brindará a sus clientes la posibilidad de gestionar de una forma natural su relación con la compañía gracias a la inteligencia cognitiva. En palabras del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete: “La inteligencia cognitiva nos permitirá comprender mejor a nuestros clientes, que se relacionen con nosotros de una forma más natural y fácil y generar una nueva relación de confianza con ellos en base a la transparencia y el control sobre sus datos”.

Con estas características, Telefónica busca redefinir las relaciones entre los clientes y la operadora, a partir de un modelo de confianza y transparencia sobre los datos del usuario. Además lograría mejorar la interacción directa con la operadora. Por ejemplo, el cliente podrá resolver dudas sobre los productos y servicios que usa y dar seguimiento a sus quejas, al igual que obtener información sobre planes de datos y otros servicios.

Según Telefónica, cada usuario contará con un “personal data space”, la memoria donde se almacenará el rastro digital que dejan al utilizar los productos y servicios de Telefónica y que permitirá, si el cliente así lo desea, personalizar su experiencia. AURA también podrá hacerles recomendaciones sobre la oferta de productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades, los contenidos que se adapten a sus gustos, la instalación de software de seguridad o detección de apps fraudulentas.

“Con AURA queremos transformar los datos en conocimiento y ponerlo en manos de nuestros clientes, que puedan conocer, decidir y actuar y que puedan sacar el máximo partido de su relación con Telefónica”, ha destacado Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica, durante la presentación.

Esta medida es un intento de la industria de las telecomunicaciones para competir con empresas tecnológicas como Google y Facebook. Telefónica espera que la adopción de tecnología de inteligencia artificial les brinde a los clientes el control sobre los datos que generan con un smartphone. Es un diferenciador, según la compañía, que afirma ser la primera en la industria de telecomunicaciones en ofrecerle a los clientes la posibilidad de gestionar su relación con la empresa basada en la inteligencia cognitiva.

Alvarez-Pallete afirma que: “Somos pioneros en este modelo de relación, nunca antes los usuarios de servicios de telecomunicaciones han podido hablar con las redes en tiempo real. Estamos ensanchando la relación con nuestros clientes, buscando incrementar su satisfacción y abriéndoles nuevas posibilidades para que puedan enriquecer su vida digital con nosotros”.

Telefónica se ha convertido en la primera compañía del sector en brindarle a sus clientes la posibilidad de gestionar de una forma natural su relación con la compañía gracias a la inteligencia cognitiva. Han redefinido el sector de las telecomunicaciones y son estos grandes avances e innovaciones los que van a mejorar nuestras interacciones y nuestro bienestar. Lampadia