El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia

Continuando con el enriquecimiento de nuestra sección ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el análisis de Carlos Zoe, especialista y oficial a cargo de tan importante tema para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Secretario Técnico de la Comisión Espacial de Implementación del Código Procesal Penal

El crecimiento económico de los últimos veinte años ha determinado dos cosas importantes para la sociedad peruana: la primera, que el desempleo, uno de los principales problemas del Estado en las últimas dos décadas, dejó de serlo desde el año 2011; el segundo, que el sitial dejado por el desempleo ha sido cubierto por la delincuencia, principal problema que determina hoy en día la agenda social, económica y política del país.

La delincuencia siempre ha estado presente en el Estado Peruano, incluso con tasas mayores a las que hoy vivimos. Sin embargo, para el ciudadano peruano de los años ochenta, por ejemplo, antes de preocuparse por ser la próxima víctima de un delito, andaba en busca de algún empleo que lo interceptara. Hoy, más allá de la desigualdad que aun existe, no cabe duda que la población económicamente activa tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral y, con ello, generar recursos. La conclusión es obvia: ahora sí tengo temor de ser la próxima víctima.

¿Pero conoce realmente el peruano qué tipo de delincuencia existe? La respuesta no es simple, pero tratare de explicarla: el único indicador mundial que mide los crecimientos o variaciones de la delincuencia en un país son las tasas de victimización. Estas se obtienen de unas encuestas que se hace al ciudadano y que se componen de dos elementos: el primero de ellos de carácter objetivo, por la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito en los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de la encuesta; el segundo, de carácter subjetivo, por la cual se le pregunta si tiene temor de ser la próxima víctima o si se siente inseguro en la ciudad en que vive.

En el Perú, quien realiza la encuesta de victimización es el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, que se realiza sobre un poco más de cincuenta mil hogares en todo el Perú. Según esta encuesta, para el año 2011 la tasa de victimización llegó a 40%; esto es, que 4 de cada 10 peruanos había sido víctima de un delito. Tres años más tarde, para el 2014, esta misma encuesta nos dice que la tasa se ha reducido en diez puntos porcentuales y que hoy estamos en un 30% de victimización.

Quien escucha al INEI, a través del ENAPRES, decir que la criminalidad en el Perú ha bajado descartará de plano los resultados de dicha encuesta por considerar que no se ajusta a la realidad. Esto se explica con las tasas de percepción o temor, que lejos de bajar se han mantenido alrededor de los 80%, es decir, que 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en este país, así que no le venga a decir que se ha reducido la delincuencia.

Pero, con todo lo que ello significa para el ciudadano, le tengo que decir que INEI tiene razón, la criminalidad ha reducido 10 puntos porcentuales, lo que no significa que deje de ser un problema y un gran problema. Si traducimos en números grandes qué significa esto de las tasas de victimización, el ciudadano se dará con ésta respuesta: alrededor de cinco millones de peruanos son víctimas de un delito, y he ahí porqué el peruano aún se siente inseguro y no cree para nada que se haya reducido la criminalidad.

Pero si realmente se ha reducido la criminalidad, por qué todos nos sentimos inseguros. La respuesta es que, si bien la criminalidad se ha reducido, cada día los delitos que sí se cometen son más violentos. Según cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC, donde confluyen las áreas estadísticas del INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el  Instituto Nacional Penitenciario, la tasa de homicidios en el Perú se ha incrementado: hemos pasado de 1,617 homicidios en el año 2011 a 2,076 en el 2014.  De estos últimos, más del 50% se ha producido con armas de fuego, en espacios públicos o privados.

Hoy, no cabe duda que la criminalidad es el principal problema que el próximo gobierno va a tener que priorizar en su agenda frente a la comunidad. Hoy sabemos que los delitos, que son muchos – más allá de la reducción de tasas de los últimos cuatro años -, son cada día más violentos. L