David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El intervencionismo estatal va con viento en popa ideológicamente en Latinoamérica y en el Perú. Y ya no son sólo los izquierdistas tradicionales que claman por “más Estado”. Incluso comentaristas en diarios como Gestión pretenden recordarnos con tono paternalista lo “bajos” que son nuestros tributos en comparación con la OCDE o algunos países latinoamericanos – como si el pagar más impuestos fuera un fin en sí.

Ante el peligro de una fiscalidad más punitiva, de un mayor endeudamiento, y del derroche y mayor corrupción que genera un mayor gasto público, los ciudadanos pueden sin duda reclamar que cada centavo gastado se justifique plenamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto sea el caso?

El expresidente americano Jimmy Carter creía tener la respuesta. En 1973, introdujo en el Estado de Georgia la metodología de presupuesto base cero (zero-based budgeting o ZBB). Esta metodología, desarrollada por Texas Instruments a finales de los 60, consiste en presupuestar “desde cero” es decir calculando el gasto estrictamente necesario en vez de extrapolar del pasado mecánicamente. En 1977, estando ya en el cargo por el que más se le conoce, intentó introducirlo en la administración federal.

Sin sorpresa, la iniciativa de Carter fue torpedeada por burócratas y lobbies de proveedores y fracasó. Sin embargo, existe hoy un rebrote de interés en el sector público americano, así como en Estados de países emergentes y en el sector privado a nivel mundial. Mal no nos vendría, aunque sea intentarlo.

¿Cómo se presupuesta la acción estatal desde cero? La idea fundamental es que el gasto público debe ser eficaz y eficiente. La “eficacia” se refiere a la capacidad de alcanzar los resultados deseados. La “eficiencia”, por su parte, consiste en emplear el mínimo de recursos necesario para alcanzar dichos resultados. Los principios de eficacia y de eficiencia se aplican en dos etapas fundamentales: la determinación de objetivos y la determinación de medios.

Determinación de objetivos

El primer paso consiste en sustentar la acción de cada área de intervención estatal en un número limitado de objetivos que deben ser:

• Concretos, medibles y realizables: La “Justicia social” por ejemplo no lo es. El acceso de x familias adicionales a servicios de agua y desagüe, por ejemplo, sí.
• Coherentes y priorizados: Se debe comenzar por objetivos primarios. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Sunafil, “aumentar las fiscalizaciones” no debería ser un objetivo en sí. La meta debería estar pensada en términos del beneficio social teórico esperado: por ejemplo, un mayor número de empleados recibiendo todos los beneficios de ley.  Ello implicaría considerar también los efectos adversos: por ejemplo, ¿en cuánto podría aumentar el desempleo como resultado de una mayor imposición de beneficios de ley que encarecen la mano de obra y provocan la quiebra de negocios de bajo margen? Esto a su vez permitiría explicitar los arbitrajes necesarios: por ejemplo, ¿cuántos desempleados adicionales el gobierno considera que se puede tolerar a cambio de que un empleado adicional goce de todos los beneficios de ley?

Determinación de medios

Habiendo determinado el qué – los objetivos concretos que perseguimos como sociedad – la pregunta del cómo se divide en dos: ¿qué canales de intervención son los indicados? y ¿cuántos recursos son necesarios?

La pregunta más básica sobre canales de intervención es: ¿Para alcanzar los objetivos fijados, es necesaria la acción gubernamental, o el mercado la puede alcanzar espontáneamente? De ser necesario que el Estado intervenga, ¿cómo lo debe hacer? ¿Orientando al sector privado? ¿Regulando? ¿Concesionando? ¿O, actuando directamente? Aquí podrían salir respuestas innovadoras – ejemplos: privatización de parte del trabajo policial (operaciones de back office), concesionar servicios de trámites, etc.

A su vez, la determinación de los recursos necesarios es donde se enfocan generalmente los procesos de ZBB en el sector privado. En ZBB ya no se considera, por ejemplo, el gasto en computadoras del año anterior en bloque, sino se recalcula sistemáticamente la necesidad analizando el detalle de precios y cantidades. En algunos casos esto es bastante intuitivo: si un área con mucho personal “de campo” pide una computadora por persona, inmediatamente suena excesivo. En otros casos se requiere análisis más finos: por ejemplo, correlacionar consumo de electricidad en kwh versus metros cuadrados o número de empleados.

Lo cual nos lleva a dos otros puntos fundamentales: para que un sistema que pretende construir “desde cero” la acción gubernamental funcione, es necesario cuantificar y transparentar sistemáticamente.

Cuantificar: KPIs y Benchmarks

El corolario de objetivos concretos y cuantificables debe ser una serie de métricas (o KPIs – key performance indicators) que permitan establecer si se está llegando al objetivo y si se está siendo eficiente. Retomando el ejemplo anterior de fiscalización laboral, en términos de eficacia, se puede hablar del porcentaje de trabajadores que gozan de beneficios de trabajo, incremento en dicho porcentaje, y (la contraparte) incremento en desempleo y porcentaje de empresas intervenidas que cierran. En términos de eficiencia, es relevante hablar de fiscalizaciones por fiscalizador, o recursos dedicados al control de cada tipo de infracción. Se debe también usar benchmarks: ¿Cuánto más o menos eficientes son en otros países?

Transparentar al máximo

Finalmente, esos KPIs deben ser públicos, con amplia difusión, y accesibles en un solo lugar: por ejemplo, el portal de transparencia del gobierno central. Hoy se miden KPIs en el Estado, pero no son lo suficientemente difundidos o seguidos sistemáticamente como para que el público pueda juzgar con hechos concretos.

Las ventajas de un sistema que reconstruye cada año el gasto “desde cero” son significativas:

• Permite que los gastos innecesarios no se perpetúen en el tiempo;
• Permite, cuando la situación lo exige, hacer recortes inteligentes (renegociando precios, disminuyendo cantidades, etc.) en vez de eliminar de manera arbitraria.
• Puede satisfacer tanto a liberales (se elimina gastos innecesarios) como a intervencionistas (se legitiman aquellas intervenciones de alto impacto).
• La mayor visibilidad del gasto genera confianza en la población.
• Transparentar mediciones de KPIs permite que se genere un verdadero debate sobre eficacia y eficiencia, ya no en base a sentimientos y generalidades, como es el caso hoy, sino en base a información objetiva y análisis.

Las desventajas, a nuestro parecer, son ampliamente superables en la actualidad:

• El proceso a veces genera rechazo por ser laborioso y complejo. Sin embargo, los avances en soluciones informativas y disponibilidad de datos han reducido significativamente este inconveniente.
• Burócratas pueden oponerse a que se toque sus “feudos”. Sin embargo, la facilidad con la que se puede conseguir y difundir data y así generar comparaciones (que, por ejemplo, demuestran una amplia dispersión en precios pagados por servicios, etc.) permite hoy exponer rápidamente la ineficacia e ineficiencia. Malos “números” y un rechazo de colaborar con el nuevo esquema de presupuesto podrían ser motivos para que la Contraloría investigue posibles instancias de corrupción. Eso generaría un incentivo para que quien no incurre en ningún hecho delictivo coopere con el sistema – mientras que los otros se verían expuestos.

En el Perú el Estado aún tiene poca credibilidad ante el público y va a tener que demostrar eficacia y eficiencia antes de extender su alcance. La presupuestación base cero, con formulación de objetivos claros y medibles, el uso de KPIs y benchmarks precisos, y una amplia difusión pública de los mismos, podrían constituir las bases de una nueva legitimidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habiendo terminado el largo proceso paralizante de las vacancias con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es el momento de discutir qué es lo que no funciona y debería cambiarse en nuestro sistema constitucional a fin de que, más allá de los errores de los actores, esta clase de situaciones de entrampamiento estéril entre Poderes no se repitan.

Nosotros hemos argumentado en estas mismas páginas que una institución como la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser eliminada o acotada, porque al tratarse de una causal tan indefinida y subjetiva, se presta a la arbitrariedad de la mayoría. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, terminó convirtiéndose –antes de que renunciara- en una salida conveniente e inevitable al problema de falta de credibilidad y de autoridad moral que se fue agravando a partir de la primera vacancia. Pero hay que decir que fue el propio proceso de vacancia el que sumió en un agujero negro al ex Presidente. Es decir, la vacancia fue una salida útil a un problema generado por la propia vacancia y por la incapacidad de respuesta satisfactoria del ex Presidente.

En otras palabras, descubierta una mentira del Presidente, y existiendo la ventana abierta de la vacancia, era imposible que los grupos opositores no ingresaran por ella. Y una vez que entraron, el descubrimiento continuo de más hechos incriminatorios no haría sino empeorar la situación del ex Presidente. Si no hubiese existido la institución de la vacancia por incapacidad moral, simplemente no se hubiese abierto el caso porque habría funcionado la disposición según la cual el Presidente no puede ser acusado por infracción constitucional o delito sino hasta después de su mandato.

Una manera de darle consistencia jurídica a la vacancia sería convertirla en el impeachment norteamericano, que es un juicio que realiza el Congreso por supuestos delitos cometidos por el Presidente. Pero tienen que ser probados, lo que reduce el grado de arbitrariedad.  Eso equivale a lo que en nuestro ordenamiento es la acusación constitucional, regida por el artículo 99° de la carta Magna que dice lo siguiente:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.  

Pero, como sabemos, el Presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato ni por delito ni infracción constitucional alguna, sino solo, según Artículo 117°, “….por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El Presidente, pues, está blindado. Una reforma podría consistir precisamente en acotar la vacancia por incapacidad moral permanente a “incapacidad mental permanente” y a problemas de conducta, como señala Domingo García Belaunde, y permitir la acusación constitucional contra el Presidente por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su mandato, siempre y cuando este impeachment sea realmente serio. Lo que no tiene sentido es blindarlo como lo hace el art. 117º y al mismo tiempo abrir la puerta falsa de la vacancia por incapacidad moral, que carece totalmente de debido proceso porque ni siquiera tiene tipificación.

Disolver el Congreso sin expresión de causa

Salvo que se la use como una salida ante una situación de entrampamiento entre poderes, como en alguna medida ocurrió ahora. En ese caso, si la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente es, en la práctica, entonces, un mecanismo político para resolver un conflicto de poderes, vacando precisamente a una de las partes (aunque el vicepresidente asuma), esa facultad del Congreso, si la mantenemos, debería estar compensada con la facultad presidencial de disolver el Congreso sin expresión de causa en el momento en que lo considere conveniente el presidente de la República, llamando inmediatamente a elecciones con la finalidad de buscar una nueva mayoría que lo respalde o, en su defecto, si no lo consigue, con la obligación de designar como presidente del Consejo de Ministros al jefe de la mayoría opositora, estableciéndose de esa manera la cohabitación en el gobierno. Para que esto funcione, sin embargo, debería modificarse también la ley para que todo candidato a la presidencia pueda ser candidato al Congreso a la vez, a fin, de paso, que en el Congreso estén los líderes de los partidos pueda ser un verdadero foro político en el que sea más fácil la concertación.    

El Congreso, sin embargo, ha modificado su Reglamento en el sentido contrario, restringiendo la cuestión de confianza y la facultad presidencial de disolver el Congreso.  Medida absurda que, como un boomerang, se volverá contra sus autores cuando, en el futuro, sean gobierno y que, de hecho, podría dificultar al Presidente Vizcarra alguna oxigenación de su gobierno en el futuro vía la renuncia de su Premier, porque en ese caso tendría que cambiar al gabinete entero. Esta resolución legislativa debe ser derogada.

Elección del Congreso luego de la segunda vuelta

De lo que se trata es de diseñar un sistema de reglas que prevenga que se den estas situaciones extremas -la vacancia presidencial o la disolución del Congreso- y que facilite la gobernabilidad. Un sistema de reglas que propenda a que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso. Para eso, el sistema más limpio es el Parlamentarista, donde el Ejecutivo tiene mayoría por definición, pues nace de la mayoría del Congreso. El Primer Ministro es el líder de la mayoría parlamentaria.

Dada nuestra tradición presidencialista –aunque nuestro presidencialismo tenga claros elementos parlamentaristas como la censura de ministros y la disolución del Congreso a la segunda censura del gabinete-, sería difícil alcanzar consenso para pasar a un régimen enteramente parlamentarista. Pero si podemos adoptar la reforma francesa de la elección del Congreso con o después de la segunda vuelta. Eso da muchas más probabilidades de que el Ejecutivo cuente con mayoría, salvo que la ciudadanía deliberadamente juzgue que no debe darle mayoría al Presidente electo.

La insistencia

Mientras tanto, un cambio necesario para el que basta una ley consiste en elevar el número legal de votos necesario para la insistencia en un proyecto observado por el Ejecutivo, de la mitad como es ahora, a los 2/3 del Congreso, como ocurre en la mayor parte de países presidencialistas. Sobre todo, si se mantiene el Congreso Unicameral, que es capaz de aprobar medidas populistas sin contrapeso efectivo.

Canjear voto preferencial por distritos electorales pequeños

Ahora bien, elegir al Congreso luego de la segunda vuelta permite, de paso, apuntar a la reducción del número de partidos, que es importante porque la fragmentación y la volatilidad partidarias son un problema precisamente para la formación de mayorías y para la consolidación de una clase política profesional y relativamente estable.

Y una reforma necesaria para ayudar a la reducción del número partidos es la eliminación del voto preferencial y su sustitución por un sistema de distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. Este sistema no solo tiene la ventaja de restablecer la conexión entre los electores y sus representantes, dándole contenido real a la democracia, sino que lleva, por ingeniería política, efectivamente a la reducción del número de partidos, dado que las agrupaciones pequeñas tenderán a no ser elegidas en ninguna circunscripción salvo que se junten con otras para que en el reparto le toque la candidatura a un número determinado de distritos electorales.

Como escribí en una columna reciente en El Comercio, en la política no funciona la ley del mercado de Adam Smith, que persiguiendo cada uno su propio beneficio consigue el beneficio colectivo. En la economía, si uno triunfa, triunfan todos, pues el éxito de uno no se da a costa de la derrota de los demás. No es un juego de suma cero. En la política, en cambio, uno triunfa a costa del otro. Las elecciones son un juego de suma cero. De lo que se trata es evitar que el triunfo sea absoluto: hay que ponerle límites al triunfador. De allí la división de poderes. Pero esos límites tampoco deben llevar a paralizarlo. Se trata de lograr un diseño adecuado del sistema electoral y de la relación de poderes que tienda a fomentar la gobernabilidad y la colaboración y prevenga situaciones de confrontación.

Comisión de Constitución

Ahora bien, ¿está el Congreso en este momento encaminado a discutir a aprobar esta clase de reformas constitucionales y legales? En principio, podría estarlo, porque ya terminó de legislar las medidas urgentes de reforma electoral necesarias para regular el proceso electoral regional / municipal que se realizará en octubre de este año.

Además, la comisión de Constitución tiene en agenda un conjunto de temas que apuntarían a la mayor parte de las reformas antes señaladas. El problema es aparecen como temas desarticulados entre sí y con muy distinto nivel de desarrollo.

Por ejemplo, existen iniciativas para el retorno a la bicameralidad, lo que estaría muy bien por razones que ya hemos explicado en otras contribuciones, pero es una reforma que no puede verse de manera aislada sino de manera orgánica junto con la eliminación del voto preferencial para la elección de la cámara de diputados y la creación de un sistema de distritos electorales más pequeños, tal como hemos señalado. En el anexo vemos como la eliminación del voto preferencial aparece recién en el penúltimo lugar de una lista tentativa de temas. 

ANEXO

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

PERIODO 2016-2021

REFORMA ELECTORAL: ESTADO SITUACIONAL

PRIMERA ETAPA: LAS REFORMAS URGENTES CON MIRAS A LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

• ¿Cuántas leyes se han emitido hasta la fecha?

Hasta la fecha, se aprobaron 6 leyes de reforma electoral que resultarán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018:

1. Inmodificabilidad de normas electorales: Ley 30682.
2. Cronograma electoral: Ley 30673.
3. Fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes (eliminación de organizaciones políticas locales): Ley 30688.
4. Fllexibilización de requisitos para ser candidatos (nacidos pueden postular en elecciones regionales y municipales): Ley 30692.
5. Financiamiento de organizaciones políticas: Ley 30689.
6. Impedimentos para ser candidato: Ley 30717.

• ¿Qué temas lograron dictaminarse en la Comisión de Constitución y Reglamento pero no llegaron a ser aprobadas, aún, en el Pleno del Congreso, por lo que no resultarán de aplicación al proceso de ERM 2018?

Se quedaron en el camino dos (2) dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento:

1. Incremento del porcentaje mínimo de votos para ganar una elección de gobernador y vicegobernador regional (valla regional): Dictamen de allanamiento aprobado en la Comisión de Constitución en cuarto intermedio en el Pleno del Congreso.
2. Democracia interna: Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento pendiente de ser incorporado en la agenda del Pleno del Congreso de la República.

• ¿Qué temas estaban consignados en la agenda priorizada de la primera etapa de la reforma electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento, no lograron a ser dictaminados y, en consecuencia, no serán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018?

Quedaron pendientes dos (2) grandes e importantes temas en carpeta, los cuales deberán ser debatidos necesariamente en la tercera etapa de la reforma electoral, en la cual se debatirá el proyecto de Código o Ley Electoral.

1. Cuota de género (alternancia y paridad): Se remitió con una citación a sesión de la Comisión de Constitución un proyecto de dictamen (solo con alternancia), pero no se llegó a someter a debate.
2. Representación nativa (aplicación de cifra repartidora diferenciada para garantizar presencia de nativos en los consejos regionales): No se llegó a elaborar ningún proyecto de dictamen.

SEGUNDA ETAPA: LAS REFORMAS NECESARIAS (FUNDAMENTALMENTE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL).

• ¿Qué temas ya se han debatido y dictaminado en la Comisión de Constitución?

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución y Reglamento ha emitido tres (3) dictámenes sobre temas relacionados con la segunda etapa de la reforma electoral:

1. Vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso, previa coordinación con la Comisión de Descentralización, que también ha dictaminado, de manera separada, los mismos proyectos de ley. // Dicho tema es importante que se vea en la segunda etapa porque es necesario que los candidatos sepan bien “a qué se meten” y por qué supuestos pueden ser vacados o suspendidos del cargo. // Con dicho dictamen se pretende uniformizar las causales de vacancia y suspensión tanto a nivel regional como municipal, fundamentalmente.
2. Ampliación del mandato del jefe de la ONPE: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución (con reforma legal) pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso. // La iniciativa dictaminada era de reforma constitucional, pero la Comisión, atendiendo a las opiniones técnicas, propone que si el mandato del jefe de la ONPE vence en un proceso en trámite, el mismo se prorrogue hasta que termine el proceso.
3. Elección del Defensor del Pueblo por voto popular: Dictamen (negativo) aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser ingresado en la agenda del Pleno.

• ¿Qué temas correspondientes a la segunda etapa de la reforma electoral se encuentran pendientes de ser debatidos en lo que resta del periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018)?

Las iniciativas de reforma constitucional pendientes de ser debatidas en la Comisión de Constitución y Reglamento, versan sobre los temas siguientes:

1. Requisito de residencia efectiva para ser candidato a Presidente de la República: El proyecto de dictamen (negativo) está listo, pero como no se programó a sesión para el martes 9 de enero de 2018, ya no se llegó a ver.
2. Bicameralidad.
3. Ampliación del número de congresistas (en un Congreso unicameral): Hay propuestas que proponen incrementar de 1 a 5 miembros.
4. Renunciabilidad del cargo de congresista: Cabe recordar que el cargo de Presidente de la República sí es renunciable.
5. Límites a la reelección indefinida de congresistas: Las iniciativas proponen que solo puedan ser elegidos dos veces consecutivas.
6. Candidato a Presidente al mismo tiempo candidato a congresista.
7. Renovación por mitades del Congreso.
8. Designación de representantes ante el Parlamento Andino por el Congreso: Iniciativa de reforma legal que está pendiente de las opiniones de Relaciones Exteriores y del representante peruano del Parlamento Andino (Mariano Gonzáles), porque ya se efectuaron los reiterativos de los pedidos de opinión.
9. Ampliación del mandato de autoridades regionales y municipales (5 años).
10. Restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
11. Voto facultativo a menores de 16 y 17 años.
12. Suspensión de ciudadanía a condenados en segunda instancia.

Nota: Al ser casi todas reformas constitucionales, la primera votación en el Pleno debería llevarse a cabo en el periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018).

TERCERA ETAPA: LAS REFORMAS IMPORTANTES Y LA CODIFICACIÓN ELECTORAL

• ¿Qué temas se debatirán en la tercera etapa de la reforma electoral?

En esta etapa se debatirán las iniciativas legislativas del JNE y de la congresista Patricia Donayre, que proponen la aprobación de un Código o Ley Electoral, en virtud del cual se debatirán, otras iniciativas legislativas y propuestas, sobre:

1. Elección de congresistas en fecha distinta a las presidenciales: Con la segunda vuelta presidencial.
2. Elección de congresistas por distritos uninominales: Aunque la iniciativa es de reforma constitucional, en estricto, el  tipo de votación corresponde que esté a nivel legal.
3. Creación del distrito electoral peruanos residentes en el exterior: En el periodo 2017-2018 (setiembre 2017) se puso a consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de dictamen, pero este quedó en cuarto intermedio por falta de consenso.
4. Exigencia de presentación de listas en elecciones regionales y municipales para no perder la inscripción de la organización política: La congresista Alcorta y otros congresistas de FP proponían que se presenten listas en todas las circunscripciones y APP en la tercera parte del total de circunscripciones; pero ello no obtuvo consenso en el comité político de FP, por ello no logró incorporarse en la Ley de cronograma electoral ni en la Ley de eliminación de organizaciones locales.
5. Requisitos para inscribir organizaciones políticas: Las iniciativas legislativas apuntan a reemplazar el requisito de adherentes por los afiliados; exigencia de mayor número de comités, entre otros.
6. Declaraciones juradas de vida.
7. Eliminación del voto preferencial.
8. Creación de Jurados Electorales Especiales permanentes: para que vean en primera instancia jurisdiccionales temas relacionados con la inscripción de organizaciones políticas y asientos registrales, vacancia y suspensión de autoridades.
9. Reformulación de la franja electoral.

Nota: Hay temas que no están atados a las reformas constitucionales, por lo que podrían comenzar a ser debatidos desde el inicio del periodo 2018-2019; pero los temas trascendentes deberían comenzar a verse, recién, luego de que se aprueben en segunda votación (o se rechacen) las iniciativas de reforma constitucional. // En principio, la tercera etapa de la reforma electoral debería terminar en junio 2019 (en Comisión).

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Roberto Abusada escribió un artículo muy bueno titulado “La República Burocrática del Perú”. Allí dijo “la economía peruana está trabada en grado extremo por un sistema administrativo que ha hecho metástasis y que es capaz de frenar cualquier plan de inversión”.

Ciertamente se refería a la necesidad que tenemos – como país – de crecer de la mano de la inversión privada. 100% de acuerdo. Pero el problema es aún mayor. El sistema administrativo al que hace alusión, no solo traba inversiones. Traba TODO. Incluso los trámites más sencillos que todo ciudadano requiere para su vida cotidiana. Atenciones médicas, entregas de placas de rodaje, certificados de estudios, y mil etcéteras más.

Sí… nuestro sistema administrativo ha hecho metástasis. Todo es lento y engorroso. El maltrato al ciudadano es grosero. La plata por lo bajo se ha hecho ley en nuestro país.

SOLUCIÓN: “Eliminar trámites” proponen algunos. De acuerdo. Pero yo voy más allá. Además de trámites, yo propongo eliminar burócratas. Aunque el término adecuado es depurar. O sea, quitar lo que no sirve.

“Los problemas se resuelven… o se disuelven” decía mi profesor de estadística. En vez de “resolver” la metástasis burocrática, yo prefiero “disolverla” … depurándola. Quitando lo malo. Lo que no sirve.

Claro que hay que eliminar – y simplificar – trámites. La digitalización de procesos – está probado – produce resultados extraordinarios en beneficio de la ciudadanía. Nosotros – en Ica – lo hemos hecho en varias direcciones regionales. Y muy bien.

Pero más que la tramitología que de por sí es atroz, la causa principalísima de la metástasis burocrática es la cantidad – excesiva, innecesaria, perniciosa, onerosísima – de funcionarios que no merecen estar donde están. Funcionarios – todos – que entraron al Estado por la puerta falsa. Generalmente impuestos por algunos congresistas o consejeros regionales… sus padrinos políticos.

La última década fue la debacle. El ministro Carlos Bruce lo describió así. “Cuando dejé el Ministerio – de Vivienda – en el 2005 había 300 funcionarios. Cuando volví en el 2017 encontré 3,000”. ¡1,000 % de incremento burocrático! Y lo mismo ha ocurrido en todas las instituciones públicas. ¡Cómo no iba a revivir el cuco del déficit fiscal!

Vamos con una breve descripción de las 7 plagas que configuran la metástasis burocrática:

(1) Los CORRUPTOS son los clásicos coimeros. Los que sobrevaloran las compras y contrataciones a cambio de sobornos. Los que falsifican documentos para obtener beneficios ilícitos. Los que abandonan su trabajo y cobran como si hubieran trabajado. Y todo lo demás.

(2) Los BOICOTEADORES – como su nombre lo indica – son los que boicotean la gestión pública. Por ejemplo, los que taponean los desagües de nuestros hospitales para inundar las Unidades de Cuidados Intensivos. Los que “construyen” chats falsos para incriminar a nuestros funcionarios honestos. Son unos miserables.

(3) Los MALTRATADORES son eso… los que maltratan a los ciudadanos. Los que gritan e insultan a la gente. Ustedes saben a quienes me refiero. Son detestables.

(4) Los INDOLENTES son los que no se inmutan ante el dolor de la gente necesitada. Los que hacen esperar a la gente por las puras. Son crueles.

(5) Los INEPTOS son los que no saben hacer su labor. Están donde están por sus padrinos políticos. Pero no hacen nada porque no tienen idea cómo hacerlo. Y los paganos son los ciudadanos.

(6) Los COBARDES son los que no hacen nada – no firman nada – por temor a ser sancionados o criticados. Son perniciosos.

(7) Los OCIOSOS son los que – simplemente – no les gusta trabajar. Son adictos a la Internet y a los periódicos faranduleros. Se la pasan chismeando. Son unos parásitos.

Pues bien. En Ica estamos “disolviendo” la metástasis burocrática… depurándola. Con todas las de la ley. Sacando lo malo. Lo que no sirve. Sobre todo, a los corruptos. Y quedándonos con lo bueno. Y ¡vaya que tenemos excelentes funcionarios! Gracias a ellos, estamos progresando. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) busca dos resultados: incorporar a la cadena económica a sectores que hoy están desconectados porque no entregan factura ni pagan IGV, es decir, reducir el dualismo económico; y permitir el crecimiento de las micro y pequeñas empresas no solo vía su incorporación a la cadena, es decir, haciéndoles posible vender a medianos y grandes gracias a que ahora emiten factura, sino sustituyendo el salto brusco del impuesto a la renta (IR) de cero a 30% cuando se pasaba del régimen especial (RUS[1], RER[2]) al régimen general -lo que desalentaba el crecimiento y la formalización porque se perdía plata al pasar al régimen general-, por un incremento gradual hasta llegar a 29.5% a partir de ventas anuales superiores a las 1,700 UIT (6’885,000 soles).

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia  

En una reciente publicación de Expreso, la embajadora de la Unión Europea en Lima, Irene Horejs, afirmó que “Hay mucha gente [peruana] de negocios y otros que son pobres, pero son muy trabajadores y disciplinados, pese a lo que se pueda pensar en Lima.”

Es una lástima que en el Perú menospreciemos a nuestra propia gente y tengamos una visión de ellos como de gente floja o de mala educación. Un ejemplo de esta actitud se pudo apreciar  en una entrevista de Raúl Vargas y Patricia del Río (en RPP, hace pocos meses), al sicoanalista Jorge Bruce que comentó que cuando los peruanos iban a EEUU “…los civilizaban…”.

Lo anecdótico de la entrevista fue que Vargas y del Río llevaron la conversación a otros escenarios, ‘cuando un taxista tacneño cruza la frontera hacia Chile, se detiene en un semáforo en rojo en medio del desierto, así no venga ningún carro a muchos kilómetros, ¿también lo civilizan?’. ‘Y en Lima los taxistas que pasan al Callao, ¿también los civilizan?’

En Lampadia queremos enfatizar que no hay manera que ‘te civilicen’ instantáneamente en EEUU, ni en Chile, ni en El Callao. Como hemos dicho antes (ver en Lampadia: La fuerza del migrante: emprendimiento y libre mercado), lo que está mal no somos los peruanos, lo que no funciona es el sistema.

Hemos creado una selva enmarañada de reglas absurdas que se sobreponen, que nadie conoce y además una suerte de ‘reino de la impunidad’. Veamos el ejemplo de lo sucedido en el proceso electoral, en el que nuestros congresistas nos regalaron un excelente ejemplo de cómo las malas reglas pueden malograr cualquier proceso. (Llegó un momento en que todo el país discutía si alguien había entregado una botella de agua, o no). Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Esto ha llevado a muchos a ignorar y hasta resentir las leyes que deberían poner orden en el país. Es hora de que los líderes políticos y las instituciones que rigen nuestra normativa, vean que tengan buenos fundamentos y que nos inspiren a cumplirlas, y así lograr que nos ordenemos con capacidad y autoridad moral para evitar la impunidad generalziada.

Volviendo a la calidad de nuestra gente, hoy tenemos cerca de tres millones de nuestros compatriotas viviendo afuera. Ellos (una muestra de 10% de la población) son hoy día un ejemplo de la verdadera naturaleza de los peruanos: no se pasan las luces rojas, respetan las leyes, educan a sus hijos, participan honradamente en la política de los países que los acogen y son solidarios pues envían regularmente dinero a sus familiares en el Perú (US$ 3,000 millones anuales). Nunca nos olvidemos de que lo malo en el Perú no somos los peruanos, sino el SISTEMA. Ver en Lampadia: Un mensaje para nuestros queridos jóvenes.

Los peruanos somos excelentes personas, así lo prueba el comportamiento de la gran mayoría de los tres millones de compatriotas que viven en el exterior,  que Irene Horejs corrobora con su afirmación, “Sobre todo en España e Italia donde los peruanos van a  trabajar. No es una comunidad problemática y más bien traslada nuestros valores culturales y contribuyen con sus economías”.

¡Lo que está mal no es el hombre, es el sistema! No dejemos que un sistema mal planteado desmejore el desarrollo de nuestro potencial como líderes, profesionales y jefes de familia. Debemos exigir las mejores condiciones regulatorias para ser las mejores personas, también en nuestro país.

Una de las grandes tareas del nuevo gobierno debe ser rediseñar prácticamente desde cero las normas que regulan a los ciudadanos, empresas y procesos sociales y políticos. 

Lampadia

Hace solo diez años el 86% de nuestros jóvenes pensaba emigrar al extranjero en búsqueda de un mejor destino del que veían en su patria. Probablemente no existe un peor indicador de la salud de una nación que ese terrible drama.

Pero no solo eran los jóvenes los que pensaban dejar el Perú. Como podemos ver en el siguiente gráfico, según mediciones de Apoyo Opinión y Mercado, en el 2004, el 77% de los peruanos consideraba la posibilidad de emigrar (cuando todavía estábamos saliendo de la recesión del 98). Solo unos pocos puntos porcentuales más que en el nefasto año del shock de Fujimori, en el que tuvimos que pagar de un porrazo buena parte de las consecuencias de los malos gobiernos de las tres décadas anteriores.

Es muy importante preguntarse a dónde pensaban entonces nuestros jóvenes que podían tener una vida mejor. La gran mayoría de ellos imaginaba su futuro en los EEUU, España e Italia (antes de la crisis europea). No pensaban en Cuba, ni en la Venezuela chavista, se proyectaban a economías de mercado donde estarían básicamente solos. Tendrían que trabajar duro, sin amigos ni familiares que los ampararan o acompañaran. Un tremendo reto y una muestra de gran valor individual.

Tres millones de nuestros compatriotas llegaron a irse del país. Ellos son hoy día un ejemplo de la verdadera naturaleza de los peruanos: no se pasan las luces rojas, respetan las leyes, educan a sus hijos, participan honradamente en la política de los países que los acogen y envían regularmente dinero a sus familiares en el Perú (US$ 3,000 millones anuales). Nunca nos olvidemos de que lo malo en el Perú no somos los peruanos, sino el SISTEMA.

Hoy día nuestro país flaquea nuevamente: la economía casi no crece, la inversión pública y privada están de retroceso, hemos perdido confianza en el futuro, nuestros políticos están enfrascados en peleas de callejón y nadie marca un norte que ofrezca una pronta recuperación. Además se acercan unas elecciones generales en las que nadie parece representar lo que nuestros inteligentes y esforzados jóvenes necesitan para ser ciudadanos del mundo, para que puedan desarrollarse siendo iguales o mejores que los jóvenes de cualquier otro lugar. Como ha indicado hace pocos días el estudioso Rolando Arellano, ningún político le habla a los jóvenes.

Evidentemente, si esta situación no cambia pronto, volveremos a sufrir la posibilidad de perder a nuestros jóvenes allende las fronteras.

Entonces, pensemos nosotros qué necesitan nuestras juventudes para no tener que emigrar: en Lampadia nos parece que lo adecuado es que se les ofrezca lo que pensaban encontrar en EEUU, España o Italia: la posibilidad de transformar su esfuerzo personal en prosperidad, predictibilidad y una mejor vida para sus hijos. Si este desarrollo se da al costado de sus familiares y amigos, con su comida y su música, podríamos ofrecerles algo aún mejor que lo que obtendrían en el exterior.

Alguien podría afirmar que nuestra juventud está enrolándose en manifestaciones y protestas, por ejemplo por una ley que nadie les explicó ni les dejó mejorar (como la ley pulpín). Pero, seguramente, a la hora que cada joven comprometa su vida y proyecte su futuro, harán el mismo reclamo de Viviana Nina Calizaza, que en marzo del 2010, en una audiencia organizada por El Comercio en Moquegua, protestó diciendo en voz alta: “Tenemos hambre de progreso”. Ver el recorte del evento más abajo:

Es pues evidente que un joven ambicioso, en el buen sentido de la palabra, va a optar siempre por el progreso. Eso es precisamente lo que estábamos construyendo en el Perú hasta el punto de inflexión del 2011, con el inicio del gobierno del Presidente  Ollanta Humala, momento en que se inicia la ralentización de nuestro crecimiento. (Ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad y En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

No podemos ofrecer a nuestros jóvenes un futuro fácil sin su compromiso personal. Pero si podemos ofrecerles un país del que puedan estar orgullosos por sus realizaciones económicas y sociales, un país en el que puedan desarrollarse como los mejores jóvenes del planeta, donde puedan progresar y dar a sus futuros hijos oportunidades aún mejores que las de ellos.

Pero, para que ello sea posible, tendrán que esforzarse y sudar como lo hubieran hecho afuera. Pero no solo eso, también tendrán que entender  que la novelería política no es suficiente para construir un futuro de prosperidad. Para los grandes logros, se necesita realismo, mente abierta, aprender de las  experiencias de otros países y una estrategia que permita dar la lucha por el futuro en mejores condiciones. (Ver en Lampadia: Visión estratégica de la coyuntura peruana)

Un último ‘pero’: ningún joven debería inhibirse de participar en  las tareas que faltan en el Perú (que no son pocas) pues “El Perú es un país en construcción”, y ya es hora que terminemos la obra. Lampadia

Nuestros ingenieros peruanos, ganadores de la Competencia de Impacto Global (GIC, por sus siglas en inglés) Perú 2015, blogean desde Singularity University (SU), con sede en el Centro de Investigaciones de la NASA en Silicon Valley, Estados Unidos, contándonos sus experiencias.

Ambos comparten semanalmente, en sus blogs personales, sus experiencias con profesionales de todo el mundo, patrocinados por corporaciones y multinacionales como Google, Cisco, Genentech, Autodesk y 3DSystems entre otros. Ver también Semana 1 y Semana 2.

A continuación, en Lampadia glosamos anotaciones de sus blogs.

Singularity University: 3era Semana

Adolfo Valdivieso

Link: https://medium.com/@adolfovaldi/singularity-university-3era-semana-902351d961c6

La primera experiencia startup, interacciones humano-robot, el reto de hacer un cohete fueron los momentos más notables de la semana.

La semana empezó con una introducción a Machine Learning desde un sentido práctico, por parte de Jeremy Howard, CEO en Enlitic, que nos mostró como tomar una base de datos, reconocer las datos más relevantes y construir un algoritmo para hacer predicciones. Todo usando árboles de decisiones, un algoritmo sencillo y muy flexible.

Luego, con Rob Nail y muchos robots en el escenario, tuvimos una exploración del avance de la robótica en los últimos años, por ejemplo comparamos el desempeño en el DARPA Challenge del año pasado y este año, donde se puede ver la notoria evolución de la tecnología. Y también de cómo empezamos a entablar relaciones con los robots y cómo estas relaciones podrían evolucionar.

Finalmente, lo más importante de la semana fue el primer Startup Experience, 2 días para diseñar una idea y un negocio alrededor de él.

Mi equipo estuvo compuesto por dos diseñadoras (una de Polonia y otra de Brasil), una doctora de República Dominicana y una fisióloga de Taiwan. Y nos decidimos enfocar en personas de la tercera edad que sufren de demencia y que viven solas. Estas personas pueden entrar en estados de confusión que los hacen creer que deben salir de casa ya sea porque creen que están en cautiverio o porque creen que están en el trabajo y es hora de volver a casa.

Buscábamos alarmar a familiares cuando los pacientes están intentando salir de casa, de manera que puedan tomar acciones y prevenir que esto pueda llegar a mayores. Nuestra propuesta es muy simple de usar y barata. Un sticker que se coloca en la cerradura de la puerta transformándola en un sensor de tacto, de manera que cuando el paciente la manipula para tratar de salir de su hogar, este envía una alarma a una central, para que el contacto de emergencia reciba una llama con la alerta.

Nuestra tecnología transformaba la cerradura en un sensor de capacitancia. Gracias a su bajo consumo de energía, no requería de baterías, sino que utilizaba una rectena o antena rectificante, que recoge la energía de la señales de wifi y las rectifica para que se puedan utilizar como alimentación del sistema.

Con esta experiencia terminó la semana. Una semana que nos dio una probada de lo intenso que serán las semanas de proyecto (últimas 4).

Tercera Semana en Singularity University: Start Up Weekend

Monica Abarca

Link: https://medium.com/@monicaabarca92/tercera-semana-en-singularity-university-start-up-weekend-5df08e5e7b39

El lunes empezamos la semana con una visita muy interesante de Jeremy Howard y Riccardo Sabatini, quienes nos hablaron de Machine Learning. Nos explicaron sobre los árboles de decisiones, los algoritmos y cuál es la lógica de esta ciencia.

En la noche tuvimos un workshop de programación con Arduino y PICAXE, ambas plataformas abiertas (open source). Tuve la oportunidad de conocer sobre PICAXE, el cual es un microcontrolador (el cerebro del proyecto) que tiene un precio mucho menor al de Arduino y es muy fácil de implementar y programar.

Regresamos de almuerzo para un workshop muy divertido del track de Energía: ¡armar un cohete! Toda la clase se dividió en equipos, y con materiales básicos (botella, plásticos, cinta adhesiva, cuerdas, globos…) debíamos construir un cohete en el que el “combustible” era agua, y que transportase como carga un huevo. El objetivo era llegar lo más alto posible y que el huevo aterrice de manera segura en tierra, sin romperse.

Para nuestro diseño, usamos materiales ligeros para que el cohete pese lo menos posible, le colocamos aletas al fuselaje para darle estabilidad e hicimos la nariz del cohete en forma de punta para tener menos resistencia al momento de elevarse. Para lograr que el huevo aterrice de manera segura, lo cubrimos con pequeños globos y usamos un paracaídas con una bolsa de plástico y cuerdas.

¡El resultado fue que fuimos el equipo ganador! Alcanzamos una altura de 100 pies y logramos que el huevo aterrice sano y salvo.

Terminamos la semana de una manera diferente: Startup Weekend.

Fueron 2 días de trabajo muy intenso. Centramos nuestro problema en un barrio de Kenia llamado Kibera. En este barrio, el acceso al agua se da mediante vendedores de agua, los cuales no garantizan que el agua que venden esté limpia, ya que las tuberías que transportan esta desde el lago están muchas veces rotas y se contaminan. Las mujeres caminan y esperan entre 1 a 4 horas diarias para conseguir agua para su familia, y lo que es peor, cargan mínimo 2 bidones de agua de 20kg cada uno, lo cual es un daño muy severo a su salud.

Ideamos una solución, Magic Maji, en la cual tenemos un techo desplegable (para que siempre esté limpio cuando se use), que manualmente se abre en los días de lluvia, recolecta el agua, que es relativamente limpia comparada con otras fuentes terrestres, y usa un nanofiltro para filtrar las impurezas y microorganismos. Esta agua limpia, lista para beber y para hacer las demás tareas de la casa, se deposita en un tanque para posterior uso.

          ¡Así terminó la tercera semana exponencial!