Jaime de Althaus
Para Lampadia

El referéndum ha servido para consolidar la aprobación presidencial y para canalizar el rechazo de la población al Congreso y a la clase política. Pero, como sabemos, las soluciones respaldadas por el pueblo no son las mejores para consolidar una democracia funcional y eficiente. La unicameralidad sin reelección es un albur completo, y no sirve para consolidar una clase política capacitada ni para reconstruir un sistema de partidos. En ese marco, ¿qué podemos hacer?

La solución que había conversado en privado el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, era que luego del referéndum, el Congreso aprobaría el establecimiento de la bicameralidad vía dos legislaturas ordinarias, lo que sería respaldado por el Presidente para darle respaldo político. Pero el resultado del referéndum ha sido abrumador en este punto: sólo un 9% del voto válido respaldó el SI a la bicameralidad. Más de un 90% lo ha hecho por el NO. ¿Es viable políticamente que el Congreso proceda a aprobar una reforma constitucional que el pueblo ha rechazado de manera tan contundente?

Muy difícil. Si, como parece, no queda más remedio que resignarse a mantener la unicameralidad, solo quedan tres medidas para controlar en alguna medida tanto la tentación del poder como la eventual mala calidad o el populismo de las normas que pueda dictar una cámara única:

• La primera sería que la insistencia del Congreso ante una ley observada por el Ejecutivo, sólo pueda ser aprobada por los 2/3 del número legal de congresistas (como es en casi todas las democracias) y no solo por la mitad más uno, como es ahora, que limita severamente el poder de veto presidencial. La observación de leyes excesivas por parte del Ejecutivo cumpliría en alguna medida el papel del Senado.
• La segunda es que las exoneraciones de segunda votación o del pase a comisiones, o sean prohibidas, o requieran también una votación bastante más alta que en la actualidad.
• La tercera es aún más importante: crear en el Congreso una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico de los proyectos de ley, cuyos informes no tengan necesariamente poder vinculante pero sí sirvan como una referencia tanto para el legislador como para la opinión pública, que podrá juzgar si una ley tiene efectos contraproducentes o un costo mucho mayor que el beneficio que traería. El congresista Alberto de Belaunde planeó a inicios de este Congreso un proyecto de ley para crear dicha Oficina, pero no ha sido considerado hasta ahora. 

Por su parte, la no reelección de congresistas, que dificulta la formación de una clase política y atenta contra la consolidación de los partidos políticos, obliga a aprobar una reforma política que ayude a consolidar unos pocos partidos serios y a que los congresistas que no pueden reelegirse de manera inmediata puedan reciclarse en un think tank partidario un su período sabático.  Las reformas serían las siguientes:

Para reducir el número de partidos:

• Distritos electorales más pequeños, uni o binominales
• Subir la valla a las alianzas, para que no sean una manera de saltar la valla del 5%
• Obligación de participar en todas las elecciones generales y en todas las subnacionales con candidatos por lo menos en el 50% de las circunscripciones

Para fortalecer los partidos:

• Eliminar el voto preferencial (reemplazándolo precisamente por distritos electorales más pequeños)
• Elecciones internas, de preferencia primarias y abiertas, organizadas por la ONPE

Para que los congresistas que acaban su periodo puedan tener la opción de seguir en actividad política en el partido y contribuir así a firmar una clase política preparada:

• Que las empresas puedan financiar con el pago de sus impuestos think tanks en los partidos. Es decir, Partidos por Impuestos (PxI), una muy buena propuesta de Carlos Meléndez.

Esta reforma como esta ayudaría de paso a fortalecer los partidos políticos, pues tendría el efecto importantísimo de permitir que las organizaciones partidarias se conviertan en centros de estudios y discusión de la realidad nacional e internacional de modo que puedan formular planes de gobierno serios que les sirvan para gobernar cuando llegan al poder. Esto redundaría, entonces, en la gobernabilidad del país, haciendo la democracia más eficiente y capaz de responder a los problemas del pueblo.  

El Congreso debería aprobar estas propuestas, a fin de sacar el mejor provecho posible del referéndum del 9 de diciembre del 2018. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un dato interesante en las cifras de candidatos en estas elecciones regionales y municipales que podría ser el punto de inflexión de una tendencia si es que se consolida con reformas políticas que habría que introducir. Nos referimos al hecho de que por primera vez luego de varios procesos electorales, el número de candidatos a gobernador regional presentados por movimientos regionales se reduce, mientras aumenta significativamente el número de candidatos presentado por los partidos nacionales.

Por supuesto, todavía hay que esperar los resultados electorales, para ver si esa inflexión se expresa también claramente en el número de candidatos de partidos políticos nacionales electos. La tendencia hasta ahora ha sido la siguiente:

El incremento de un gobernador regional puesto por los partidos el 2014 no expresa todavía una tendencia clara. Vamos a ver qué ocurre en esta elección. No tenemos la evolución del número de candidatos a las alcaldías provinciales presentados por partidos y movimientos regionales, pero los resultados electorales han registrado una tendencia clara:

Frente a esto, la novedad que trae el presente proceso electoral es un punto de inflexión en el número de listas al gobierno regional que presentan partidos nacionales y movimientos regionales. (no tenemos el dato para las municipalidades provinciales y distritales). Veamos:

Esto obedece al hecho de que se introdujo legislación que prohibió los movimientos locales (provinciales o distritales) y estableció requisitos de inscripción para los movimientos regionales algo más fuertes, similares a los exigidos a los partidos nacionales, agregando la obligación de presentar candidatos en toda la región. Requisitos, la verdad, mínimos, que deberían ser endurecidos crecientemente a fin de convertir esta inflexión que vemos en una tendencia clara en el futuro. Porque la idea es que los partidos nacionales recuperen presencia nacional. Y eso es lo que, al parecer, empieza también a ocurrir, por lo menos en cuanto al número de candidaturas, si vemos el siguiente cuadro, donde el salto importante se da en las presentes elecciones:

Recuperar la presencia de los partidos en el territorio es fundamental para la gobernabilidad, para recuperar la autoridad central en el país y restablecer los canales de representación que han sido cortados desde que los alcaldes y gobernadores no pertenecen a partidos que están en el Congreso. En ausencia de esos canales no hay manera de adelantarse a los problemas ni resolver los conflictos latentes.

La ausencia de partidos nacionales en las regiones es más grave en la medida en que el único cambio estructural que se ha producido en el Perú ha sido una descentralización muy fuerte de las funciones y de la obra pública, pero sin que el gobierno central conserve capacidades de monitoreo, control e intervención. Mucho dinero sin control produce corrupción y alimenta a las mafias, que se multiplican. Miremos en el siguiente cuadro la manera explosiva como se ha redistribuido la obra pública en las últimas décadas:

Reducir el número de partidos y fortalecerlos

Suponiendo que en las elecciones venideras veamos una cierta recuperación del terreno regional y provincial por parte de los partidos políticos, quedan pendientes las reformas necesarias no solo acelerar esa recuperación sino para fortalecer los partidos y reducir su número. Es decir, para reconstruir un sistema de pocos partidos estables y verdaderamente nacionales. 

Porque no podemos seguir con 23 partidos políticos. Esa cifra tiene que reducirse drásticamente. En estas presentes elecciones regionales y municipales participan de la siguiente manera:

Hemos eliminado algunos, a favor de la claridad. Notemos que Alianza para el Progreso (APP) de Acuña, y Acción Popular, tienen muchos más candidatos que Fuerza Popular y que el APRA, cuya participación de ha reducido casi al mínimo. No sorprende el número de candidatos que presenta APP, pues Acuña ha logrado montar, con la presencia y recursos de sus universidades, una estructura clientelista que le permite apoyar candidatos en muchas partes del país. ¿Tiene potencial APP para convertirse en un partido serio? No lo sabemos.

Sorprende, sí, la vitalidad de Acción Popular (AP), un partido que luego de la desaparición de Fernando Belaunde nadie pensaba que sobreviviría mucho tiempo. Probablemente atrae candidatos no por el apoyo financiero que pueda ofrecerles, del que probablemente carece, sino porque la imagen del partido conserva todavía un halo de honestidad y desarrollo que puede ser la base para un desarrollo partidario posterior consistente. En todo caso, hasta ahora ha pasado la prueba del tiempo.

En cambio, sorprende la pequeña cantidad de candidatos del APRA –casi la cuarta parte de los de AP-, el partido histórico más importante del país. Es una lástima. Quizá el estigma de los narco-indultos y la crisis de identidad ideológica generada por el contraste entre los dos gobiernos de Alan García, haya afectado la capacidad de atraer o conservar candidatos apristas. Pero es un partido que debería tener potencial para reconvertirse. El anuncio de Alan García de regresar a la vida activa partidaria no sabemos si es una buena noticia para ese fin.  

Fuerza Popular atraviesa una situación complicada, que puede comprometer su futuro. Si aprovechara los ingresos que recibe del financiamiento público para desarrollar debate interno y capacidad propositiva, y para revisar su experiencia histórica para extraer de ella lecciones y propuestas positivas que le permitan entroncar su futuro en su pasado, podría empezar a darle forma a una militancia que sin duda existe. Es claro que Keiko Fujimori ha desperdiciado el poder convocante que pudo tener.  

En las izquierdas, sorprende también la escasa participación de Juntos por el Cambio, iniciativa de Yehude Simon en la que se agolpan Patria Roja, el Partido Comunista, Fuerza Social, Ciudadanos por el cambio y otros, y al que se plegó la agrupación sin inscripción de Verónika Mendoza (Nuevo Perú) para colocar candidatos en las elecciones internas para este proceso, sin mayor éxito.

Quien sí tiene más presencia es el Frente Amplio de Marco Arana, con candidatos fuertes en el corredor minero y en el valle del Tambo, cuya misión será, de llegar al poder local, seguramente entorpecer la inversión minera. Pero este partido sí tendría posibilidades de fortalecerse, en la medida en que posee una ideología definida.

EL PPC, por su lado, otro partido con cierta ideología e institucionalidad interna, lamentablemente ha sido afectado por sus pasadas luchas intestinas, y presenta ahora pocos candidatos, la mayor parte en Lima. Sin duda tiene potencial de recuperación.

Reformas

• La propuesta de distritos binominales para elegir a diputados, dentro de la reforma que se está planteando, puede ayudar a reducir el número de partidos.
• Debe eliminarse también la facilidad que se dio de conservar la inscripción si no se presenta candidato presidencial.
• La valla para las alianzas debe subirse dos puntos por cada nuevo integrante de la alianza, para evitar que las alianzas sean medios para burlas la valla electoral.
• Se debe mejorar la política de financiamiento público de los partidos, permitir que las empresas formales puedan donar, e incluir la propuesta de Carlos Meléndez de “impuestos por partidos” dirigida específicamente a que las empresas puedan financiar con sus impuestos think tanks en los partidos políticos, entre otras medidas tales como las que obliguen a que las elección es internas sean organizadas por la ONPE a fin de darle garantías a los ciudadanos que deseen ingresar a un partido para participar en la vida política.

En resumen, para consolidar y acelerar la aparente inflexión de la tendencia a la fragmentación política que observamos en estas elecciones regionales y municipales y aprovecharla para reconstruir un sistema de partidos con presencia nacional, es necesario endurecer crecientemente los requisitos para la inscripción y funcionamiento de movimientos regionales y aprobar reformas que lleven a fortalecer y reducir sustancialmente el número de partidos políticos. Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia  

 

El resultado electoral tan ajustado a favor del PPK (hasta el momento) y el hecho de que Fuerza Popular posea una mayoría parlamentaria holgada, son casi un mandato para el cogobierno. Pero es muy poco probable que Fuerza Popular acepte cogobernar, si es que PPK se lo propusiera en el caso de que éste resultara elegido. Lo que sí podría y debería haber es un acuerdo político para que el Congreso apoye un conjunto de reformas indispensables para implantar el imperio de la ley; reducir la inseguridad; buscar un Estado profesional, meritocrático, eficiente y facilitador; formalizar; y levantar el potencial de crecimiento del Perú.

Ese acuerdo podría darse muy fácilmente en torno a las reformas y propuestas en las que ambos planes de gobierno coinciden, que son muchas. Aquí las enumeramos y también sugerimos los puntos que no están en ambas propuestas pero podrían agregarse a un eventual acuerdo de gobierno:

1. Reforma judicial, policial y anticorrupción

a. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura

b. Limitar el acceso de casos a la Corte Suprema para favorecer la predictibilidad

c. Expediente digital único desde la PNP hasta el INPE

d. Depuración de la policía

e. Reorganizar las escuelas policiales

f. Policía comunitaria

g. Reforzar la investigación policial

h. Interconexión digital y plataforma de interoperabilidad al interior de la PNP y con todas las instituciones judiciales-penales

i. Reforma de la Contraloría

j. Gobierno Abierto (Autoridad Nacional acceso a la información)

Además, en este punto, el Congreso podría aprobar dos medidas propuestas por Fuerza Popular que serían de mucha utilidad en la lucha contra la corrupción:

k. Crear  una Procuraduría General autónoma y lejana del poder político

l. Darle a la Defensoría del Pueblo la condición de “litis consorte” para que se sume a la causa del denunciante de un acto de corrupción

2. Estado moderno, digital, facilitador, profesional

a. Reforma del Servicio Civil en todos los niveles y gestión por resultados

b. Eliminación de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores. PPK propone una ley de eliminación de 150 trámites y creación de la Oficina de Impacto Regulatorio. FP tiene una propuesta más agresiva.

c. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integrar bases de datos

Además, Fuerza Popular propone:

d. TUPAs municipales y sectoriales únicos

3. Gestión de la infraestructura

a. PPK propone nuevo rol para Proinversión: planificará y priorizará toda la obra pública y público-privada en un plan quinquenal. Y se descentralizará.

Esta solución tendría que ser concertada con FP, que propone un “sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas” y “Unidades de Gestión de Servicios y Procesos”

b. Reforma de las Empresas Municipales de saneamiento (EPS)

4. Educación

a. Afianzar la carrera magisterial meritocrática

b. Aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva

c. Impulsar investigación, ciencia y tecnología

PPK propone ley para viabilizar el canon universitario para investigación

5. Salud

a. PPK plantea integrar sistemas vía una “Tarjeta Única de Salud”. Buena idea.

b. Fuerza Popular propone:

a) Meritocracia y gerencia por resultados

b) Extender horario en los hospitales

c) Restaurar CLAS

d) “Bonos de Impacto Social” para crear postas o centros de Salud

c. Ninguno de los dos plantea una reforma fundamental: avanzar en separar la financiación de la prestación de servicios: fondos que contraten, contra resultados. Habría que acordarla.

6. Descentralización

Ambos proponen fortalecer la capacidad del gobierno central para capacitar, monitorear y negociar mejoras en los servicios y la ejecución de la obra pública de las regiones y municipios, pero con mecanismos institucionales distintos:

a. PPK: Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y descentralización de una nueva Proinversión

b. Fuerza Popular:

a) Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas,   reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.

b) Las transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas  a la reducción de brechas

Una posibilidad es que en este punto PPK, si es Presidente, pida facultades legislativas para desarrollar su propuesta.

Pero lo que ninguno ha planteado son las medidas para ordenar el proceso y recuperar capacidad de supervisión y sanción por parte del gobierno central, que necesitarían ser parte de un acuerdo político:

a. Redistribución racional de competencias entre los tres niveles de gobierno (matrices)

b. Proceso de recertificación y acreditación de capacidades para desempeñar funciones transferidas

c. Instrumentos de supervisión, control, sanción e intervención temporal ante incumplimiento de políticas o falencia de servicios públicos.

d. Todos los auditores pasan a la Contraloría (lo plantea FP)

e. Reforma del canon (lo plantea PPK)

f. Incentivos a la integración regional (PPK plantea mancomunidades y FP “contratos plan” interregionales. Pero se necesita más).

7. Formalización

a. Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)

b. Fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos (para flexibilizar)

c. Reforma integral de sistema de pensiones (desafío luego de la ley 95.5%)

d. Titular comunidades campesinas y nativas (ninguno lo propone, pero habría que avanzar hacia la titulación individual voluntaria al interior de las comunidades)

e. Formalización de la minería informal, pero proponen mecanismos distintos:

a) PPK: Crear Banco de Fomento Minero que adquirirá producción

b) FP: Legislación diferenciada por regiones, valla más baja

f. PPK propone reducciones tributarias: bajar IGV, 10% del Impuesto a la Renta por   10 años, o Impuesto  2.5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT. Está por verse si el Congreso aprueba estas medidas.

g. PPK propone sustituir la CTS por seguro de desempleo para los nuevos. Una  buena  medida que parece difícil que FP la apruebe.

h. FP propone dos años sin impuesto a la renta y apoyo en la gestión.

i. FP propone evaluar la posibilidad de usar parte del IGV para aportes pensionarios lo que tendría un efecto positivo en la formalización

Ninguno propone la necesaria flexibilización laboral para facilitar la contratación y des-contratación. Esto es indispensable y debería ser motivo de un acuerdo político.

8. Reactivación

a. Eliminar drásticamente tramitología para impulsar inversiones productivas y en infraestructuras

b. Impulsar APPs

c. “Adelanto social” en minería

d. Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú

e. Extender Sierra Productiva o Haku Wiñay a toda la sierra rural

f. Profundizar diversificación productiva: turismo, plantaciones forestales, acuicultura

A estos puntos, que podrían formar parte de un acuerdo político, habría que agregar los relativos a una reforma electoral y política que no ha sido  planteada en ninguno de los dos planes de gobierno, pero que es fundamental para reconstruir un sistema de partidos y mejorar la calidad de la democracia y de las elecciones. Al respecto, durante la campaña voceros de ambos partidos expresaron que tomarían como base las propuestas de la asociación Transparencia presidida por Felipe Ortiz de Zevallos. Es indispensable un acuerdo sobre una reforma política que sea aprobado a comienzos del nuevo Congreso. 

Lampadia