Milagros Maraví
Para Lampadia

Existen muchas tareas pendientes para mejorar la gestión pública en Perú. Sus carencias impiden contar con un aparato gubernamental eficiente que la población reclama, tanto a nivel nacional, como regional o local.

Un tema que incide profundamente en la mala gestión pública es el actual sistema de control gubernamental, que paraliza a los funcionarios ante acciones de control que cuestionan su actuación más allá de lo legal y razonable.

Sólo a manera ilustrativa de lo que viene ocurriendo, como han difundido recientemente VIDENZA[1], el 89% de las opiniones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre proyectos de APP son sobre aspectos técnicos o costos de los proyectos.

Aunque la Constitución Política de 1993 ha limitado el control gubernamental a uno de legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control lo amplía a un control de gestión.

La Ley del Sistema Nacional de Control prohíbe cuestionar el ejercicio de facultades discrecionales “por el solo hecho de tener una opinión distinta” y precisa que “Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia”[2]. Sin embargo, la injerencia en temas discrecionales es frecuente y sin parámetros predecibles.

Además, a pesar de que la Constitución de 1993 no le otorga competencia sancionadora a la CGR sino básicamente supervisora, en la actualidad cuenta con dicha facultad habilitada por una Ley[3] que, ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional el año 2018 en una sentencia que declaró infundada en parte la demanda contra diversos artículos de la norma que otorga competencia sancionadora a la CGR[4]. A partir de entonces, la CGR reclama la tipificación legal de las infracciones que le tocaría sancionar con una urgencia extrema, como si fuera parte vital de la lucha anticorrupción.

A este respecto, es conveniente reflexionar sobre esta competencia de la CGR que, como hemos explicado, no proviene del texto Constitucional y, de hecho, como expone el Magistrado Blume Fortini “(…) es evidente que una interpretación como la mencionada, que atribuye potestades sancionatorias a la CGR, no puede ser considerada válida en tanto no contribuye a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí, sino todo lo contrario, genera tensiones entre órganos del Estado, pues afecta sus competencias y su autonomía”.

En ese sentido, sería coherente, en lugar de proceder a esa tipificación, retirar la facultad sancionadora de la CGR que opera solo respecto de responsabilidad administrativa y su eliminación deja perfectamente subsistente la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los funcionarios públicos. 

El Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú[5] constata que “El régimen disciplinario administrativo aplicable a la mayoría de los servidores civiles y empleados públicos peruanos consiste en dos sistemas que coexisten: el régimen administrativo disciplinario regulado por la Ley de SERVIR y el régimen administrativo funcional instituido por la CGR. Esto plantea varios riesgos para la eficacia y la equidad procesal del mecanismo de aplicación general para irregularidades y corrupción, ya que una sola falta cometida pro un servidor público, puede ser atendida por ambos regímenes”.

La OCDE recomienda “avanzar hacia un régimen disciplinario con un único inventario de infracciones y sanciones”, lo cual nos debe llevar a reforzar el régimen disciplinario a cargo de SERVIR.

Por otro lado, en materia sancionadora es recomendable no tipificar como infracción administrativa lo que es un ilícito penal y eso no se cumple en Perú. De hecho, la exposición de motivos del proyecto de la CGR para tipificar sus infracciones se refiere a la urgencia de su aprobación para evitar impunidad. Sin embargo, los casos a los que alude tienen todos carácter penal y ya están en investigación.

La lucha contra la corrupción e impunidad no depende de la facultad sancionadora de la CGR, sino del sistema de justicia. No es admisible que las investigaciones penales del Ministerio Público duren tantos años. Eso no solo genera impunidad, sino que mancha la gestión pública al mantener investigados y alejar de la gestión pública a funcionarios públicos inocentes y no deslindando responsabilidad y sancionando a quien corresponde. No solo afecta a estos, sino a los actuales que se ven en ese espejo. Del mismo modo, al no definir la situación jurídica de las personas naturales o jurídicas privadas involucradas en las investigaciones, mantienen una desconfianza general sobre el sector privado, en lugar de sancionar a los corruptos y reivindicar a las empresas que pueden seguir contratando con el Estado. La explicación de esta situación puede estar en lo recientemente afirmado en “The Economist” con respecto a la suerte de la investigación de Lava jato en Perú cuando expresa que “En Perú, los fiscales avanzaron más, pero todavía no han culminado ninguna investigación. Al dirigir su investigación a ciertas personas, parecen tener motivaciones políticas”[6].

En conclusión, corresponde que el Congreso de la República precise claramente los límites del control de legalidad a cargo de la CGR y el Sistema Nacional de Control. El control de gestión es responsabilidad de los entes rectores de cada sistema administrativo y funcional y no de la CGR. Asimismo, debería retirar la competencia sancionadora de esta entidad. Finalmente, se debe exigir objetividad y resultados de las investigaciones penales anti corrupción. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre continuidad y meritocracia en la carrera pública.

Participan Juan Carlos Cortez, ex presidente de SERVIR, como invitado, Jaime de Althaus y Fernando Cilloniz.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Construir un sistema de salud eficiente y resolver el problema de la informalidad se han convertido en los dos grandes objetivos nacionales a partir de la pandemia. Alcanzarlos requiere de un diagnóstico certero acerca de lo que impide avanzar en ambos temas. En un pequeño ensayo recientemente publicado[1], Alberto Vergara señala que “en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”, muy bueno para acumular ahorros, malo para gestionar servicios y soluciones.

Eso es cierto, y la descripción es muy buena, pero en lo que falla, a mi juicio, el ensayo, es en la explicación, en la asignación de responsabilidades. Algo clave, porque una equivocación en eso puede agravar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos.

Su argumento es, de un lado, una versión sofisticada de la conocida imputación ideológica de la izquierda en el sentido de que la respuesta del Estado ante el COVID ha fracasado porque el neoliberalismo precarizó los servicios de salud para beneficiar a los negocios privados. Vergara no llega a ese extremo, pero escribe: “somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur”. Explica que tenemos un gasto público en Salud muy bajo y que ha crecido solo en términos brutos, con el crecimiento del PBI, pero no como proporción del PBI. Y agrega: tenemos “un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo”.

Es verdad que la calidad de la salud pública es muy mala, pero ello no se debe a falta de recursos. No es cierto que el Estado peruano no haya invertido Salud ni que haya abandonado presupuestalmente ese sector.

Como mostré en artículo anterior sobre la base de cálculos del IPE,[2] no es solo que el sector salud ha tenido más dinero porque la economía creció, sino que lo ha tenido en una proporción mucho mayor al crecimiento nacional. El gasto público en salud se ha multiplicado nada menos que por 7 en términos reales (soles constantes) en los últimos 20 años. ¡Por 7! Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI y por 2 como porcentaje del presupuesto nacional. Según el INEI la cobertura de los seguros de salud subió del 42% de la población en el 2007 al 85% el 2019. Y el número de médicos por habitante subió en 50% entre el 2010 y el 2018.[3] En el sector ha habido una evolución incremental que debe reconocerse.[4]

Cierto es que la ampliación de la cobertura no significa incremento de la calidad, pero el hecho es que el gasto en Salud no creció inercialmente, sino por voluntad política.[5] El sector fue priorizado.

Entonces no es cierto que “quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”, como argumenta. No son ellos quienes forman parte de ese “pacto” de pobres servicios. Los “defensores de las políticas económicas” no solo autorizaron más presupuesto, sino que crearon instrumentos para mejorar la calidad de los servicios, tales como presupuestos por resultados y la ley del Servicio Civil (SERVIR) para implantar la meritocracia y la gestión de desempeño. Si, pese a todo ello, las mejoras fueron limitadas, lo que debemos hacer es identificar bien el mecanismo que traba las reformas e impide el cambio.  

Un par de ejemplos sirven para ello. A instancias del MEF, se aprobó la mencionada ley que crea el régimen de la Ley del Servicio Civil. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?

En los 90 se crearon los comités locales de administración de salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero luego de un paro el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.

El mecanismo que traba las mejoras es una alianza natural entre el clientelismo político en el Congreso y las demandas de privilegios patrimonialistas por parte de los sindicatos del sector. Una cosa son las demandas remunerativas justas -que también han ayudado a incrementar el presupuesto- y otra rechazar la introducción de regímenes de gestión modernos, exigentes y meritocráticos.

Lo que esa alianza produce es una pésima gestión patrimonialista sin metas ni evaluaciones y organizada en torno a la corrupción, que ha impedido que los mayores recursos se transformen en calidad del servicio.

El propio Vergara parece por momentos darse cuenta de ello: “…la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción”, reconociendo, en esta parte del ensayo, que sí hubo más recursos. “Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental”.

Se convertiría entonces en un eficaz aliado de la reforma si profundizara en esa línea para identificar con precisión los factores que la han impedido una y otra vez. En cambio, si insistimos en poner en la mira a los “defensores de las políticas económicas”, vamos a sacar del tablero a los únicos que intentan introducir principios y modelos de gestión modernos y eficientes y vamos a empeorar aún más la situación.

Esto es clave porque neutralizar el mecanismo que impide mejorar los servicios requerirá de un fuerte consenso nacional, que solo puede basarse en una conciencia clara de la existencia de dicho mecanismo. 

Y es mas o menos el mismo que está detrás de nuestros niveles tan altos de informalidad. Pues esta formalidad tan costosa y farragosa que excluye a los informales, expulsa a los formales, impide el crecimiento de los pequeños y mantiene bajos los salarios, se ha formado también en parte a punta de presiones de grupos de interés recogidas en leyes y normas. 

El asunto no es fácil porque se trata del interés difuso de la sociedad, que no puede defenderse, versus el interés rentista de grupos organizados, que tiene a su favor la precaria institucionalidad política que tenemos, tremendamente proclive a favorecer las presiones patrimonialistas. Un sistema de muchos partidos, híper fragmentado hasta el delirio con el voto preferencial, solo sirve para que cada partido busque apuntalarse ofreciéndole alguna ventaja a algún bolsón electoral. Fomenta la irresponsabilidad, la entrega de beneficios presentes a costa del futuro. En el otro extremo, un sistema bipartidista fomenta la responsabilidad, porque el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede ser gobierno, y entonces no socava el futuro.

Tenemos que entender el sistema que bloquea cada vez más la transformación de los servicios públicos en el Perú. De lo contrario, nunca podremos mejorarlos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de mayo de 2020
Para Lampadia

Tuvo que ocurrir una pandemia – como la que estamos viviendo – para tomar conciencia del nivel de corrupción enquistada en el sistema nacional de salud pública. La inoperancia del Estado en cuanto a compras de insumos y equipos para el diagnóstico de pacientes sintomáticos, las idas y venidas en las compras de respiradores mecánicos, y las compras de mascarillas sobrevaloradas – y de pésima calidad – fueron la gota que derramó el vaso. La gente – con razón – dice… “el sistema de salud es una porquería”. Y agrega… “hay que reformarlo todo”.

De acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta? Existe el Instituto Nacional de Salud. Pero no… el INS es un organismo del Ministerio de Salud. ¡He ahí el problema! El Ministerio de Salud es una institución inoperante, inestable, recontra burocrática… y muy corrupta.

Por ello, no solo el INS, sino la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), y – por supuesto – los hospitales y otros organismos del MINSA, no funcionan. En buena cuenta… la politiquería ha malogrado la salud pública en el país.

Los Gobiernos Regionales no debieran seguir al mando de los hospitales del MINSA. El tiempo lo ha demostrado… ¡no son capaces! Aunque lo mismo sucede en Lima. El MINSA tampoco ha sido capaz de administrar bien los hospitales de la capital.

Hay que crear una institución autónoma – de cero – que se encargue de la salud pública a nivel nacional. ¡No queda otra! Para ello habría que replicar el modelo del Banco Central de Reserva (BCR). Me refiero a su autonomía técnica y administrativa, y a su profesionalismo, meritocracia, independencia… y todo lo demás.

La idea sería blindar a la nueva institución de la politiquería. Hay que evitar que cuando cambien los Ministros de Salud – que dicho sea de paso, cambian a cada rato – los ministros entrantes pongan y saquen a su antojo a directores y funcionarios del ministerio… y de todos los organismos adscritos al MINSA. A eso se debe – en gran medida – el fracaso del sistema de salud en el país.

La institución a la que me refiero también debería de blindarse de la influencia de organismos como el Colegio Médico y la Federación Médica… entre otras.

A los hechos me remito. En Ica, el Colegio Médico y la Federación Médica eran parte de la mafia de la salud. Los médicos que abandonaban los hospitales en horarios de trabajo, y que derivaban a los pacientes a sus clínicas privadas, y que sustraían subrepticiamente medicamentos de las farmacias de los hospitales, eran – aunque usted no lo crea – directivos del Colegio Médico y de la Federación Médica.

Afortunadamente – como en todas las instituciones públicas – hay muy buena gente en el Estado. Hay excelentes profesionales de la salud… médicos, enfermeras, y técnicos. El problema es que están opacados por la corrupción enquistada en los cargos directivos de los hospitales públicos… y del MINSA.

Con ellos – con los excelentes médicos, enfermeras y técnicos – hay que rehacer el sistema nacional de salud. Pero – previamente – hay que salir de la podredumbre moral antes mencionada.

En Ica procedimos así y nos fue muy bien. Un excelente equipo de dirección en cada hospital hizo la diferencia entre el fracaso heredado y el éxito logrado. En nuestro caso, los equipos de dirección provinieron de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)… una excelente fuente de gerentes públicos – íntegros e idóneos – ampliamente capacitados para mejorar los servicios hospitalarios de todo el país.

Está clarísimo. La política peruana – incapaz de diferenciarse de la politiquería clientelista y corrupta – es la causa principal de los males en nuestro sistema de salud pública.

Ergo, una institución nacional de salud autónoma, altamente profesional y meritocrática – tipo BCR – podría ser la solución. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Todo el mundo dice luchar contra la corrupción. Incluso, los propios corruptos. Así son de hipócritas. No hay persona más cínica que un corrupto. Pero ese no es el tema. El tema es que el gobierno NO está luchando – de verdad – contra la corrupción. Ese es el tema.

Veamos el caso del presidente Vizcarra. Aparte del estribillo “no me van a doblegar” – que tanto propalan Los Chistosos cuando remedan al presidente por la radio – preguntémonos ¿qué ha hecho el presidente – o el gobierno – para luchar contra la corrupción? Por ejemplo, en cuanto a los procesos de compras y contrataciones – donde las coimas van y vienen como Pedro en su casa – ¿acaso ha habido algún cambio de procedimiento o tecnología para contrarrestar la corrupción?

En cuanto a la meritocracia en el Estado ¿alguien sabe de alguna disposición que exija la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR, para evitar el clientelismo político, la inoperancia del Estado, la venta de puestos, y el maltrato a la ciudadanía?

Una más. En cuanto a la burocratización del aparato estatal ¿acaso ha habido alguna disposición para frenar el incremento desmedido – e indebido – de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en el Estado?

¡No nos vengan con cuentos! El gobierno NO está luchando contra la corrupción. El presidente, lo único que hace es repetir – y repetir – su famoso estribillo… y punto.

A los hechos me remito. Muchos médicos siguen abandonando los hospitales en horarios de trabajo. Las ventas de puestos en los gobiernos regionales y locales siguen como de costumbre. Las mafias de los brevetes siguen sueltas en plaza. Las coimas en las compras y contrataciones del Estado siguen tal cual. La planilla estatal sigue creciendo vertiginosamente.

Es innegable. En materia de corrupción vamos mal. Peor aún, vamos de mal en peor. Y la ciudadanía – como siempre – es la que paga los platos rotos.

La lucha contra la corrupción de los peces gordos no está mal. Aunque en muchos casos se trata de justicia mediática. Enjuiciar – y sancionar – a presidentes, ministros, gobernadores, congresistas, alcaldes, jueces y empresarios corruptos está bien. Pero falta la lucha contra la corrupción de los peces chicos. La de los policías coimeros. La de los soldados que protegen a los narcos. La de los jueces y fiscales que cobran por lo bajo para liberar a delincuentes. La de los médicos que cobran indebidamente a pacientes pobres. Esa corrupción – la brava – sigue intacta.

Una verdadera lucha contra la corrupción tendría que verse reflejada en acciones concretas. Como – por ejemplo – imponer la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR en todas las instituciones del Estado. Sobre todo, en los gobiernos regionales y locales. Convertir a Perú Compras en la Central Única de Compras y Contrataciones del Estado… 100% digital, cero coimas. Implementar una radical simplificación y digitalización del Estado… cero papeles, cero colas. Fusionar instituciones públicas redundantes como Provías Nacional y Provías Descentralizado… y muchas más. Y – lo más importante de todo – destituir a funcionarios y servidores probadamente corruptos, tal como hicimos en el Gobierno Regional de Ica en el período 2015 – 2018… con muy buenos resultados.

No hay nada que discutir. Para luchar – de verdad – contra la corrupción, hay que tomar al toro por las astas. Todo lo demás es… puro floro. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ha ocurrido en el Estado en la última década ha sido un crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público. El gasto en personal se multiplicado varias veces, pero el desempeño de ese personal no ha mejorado. Los servicios públicos siguen siendo tan ineficientes y corruptos como antes.

Juan José Martínez, jefe de SERVIR, nos explica que hay contrataciones de personal disfrazadas, pagos no registrados. Esto comenzó a descubrirse desde que el 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió información de remuneraciones a las entidades públicas. Recién informaron al tercer año, bajo amenaza. Cruzaron la data enviada con RENIEC y se encontró una cantidad significativa de personal ya fallecido que milagrosamente cobraba su sueldo.

Pagos ocultos

El 2018 se creó en la ley de presupuesto el concepto partidas restringidas, por el cual el (MEF) congela una partida cuando ésta carece de justificación o sustento. De esa manera fueron congelados 10 mil millones de soles. Para liberarlos, cada entidad debía justificar su uso. Allí fue que aparecieron negociaciones colectivas y laudos arbitrales que otorgaban beneficios unilaterales a trabajadores. Fue el caso de RENIEC, por ejemplo, cuyo personal realizó una huelga debido a que el MEF congeló algunos de esos pagos que no estaban previstos presupuestalmente.

En muchos casos se descubrió pagos a trabajadores en partidas que no correspondían, que no eran gasto de personal. Por esa vía se ocultaba aumentos irregulares a trabajadores. Muchas entidades pagan por fuera del sueldo conceptos tales como movilidad, alimentación, vestuario e inventan otros conceptos, como una manera de incrementar la remuneración. Se paga, por ejemplo, 20 soles diarios por movilidad, pero en realidad ese dinero es de libre disposición. Y 20 soles diarios más por alimentación, y así…

Parece que este año se va a empezar a ordenar este caos, y las causas que lo generan. Es decir, a controlar la expansión inorgánica del gasto en personal que, por lo demás, tampoco redunda en una mejora de los rendimientos institucionales.

Martínez nos informa que este año se formarán comisiones en las que estarán representantes de MEF y de SERVIR con representantes de cada pliego presupuestal a fin de revisar todos esos pagos que hasta ahora permanecían ocultos y determinar cuáles tienen marco legal y cuáles no. Pues el MEF no ha validado todavía esos abonos ni las justificaciones que las entidades han remitido.

Lo segundo es controlar las causas de ese desorden. Se ha establecido, por ejemplo, que cada vez que una entidad quiera contratar a una persona por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), deberá enviar una consulta fundamentada a SERVIR, como paso previo al filtro del MEF. Esto ha entrado en vigencia a partir del 1° de enero del 2020.

Hemorragia de reincorporaciones judiciales inconstitucionales

Un problema muy serio es la hemorragia de reincorporaciones judiciales de los CAS y locadores de servicios, pese a que se trata de contratos temporales. Los gobiernos regionales y locales tienen mandatos de reincorporación por cientos. Un reciente informe de SERVIR, que analiza esas sentencias judiciales, revela que los jueces aplican indebidamente el principio de ‘primacía de la realidad’: si el demandante demuestra que hay subordinación y remuneración y que realiza labores de naturaleza permanente, entonces no puede ser cesado ni destituido. Es decir, adquiere estabilidad laboral absoluta.

Es un razonamiento que puede ser válido para el sector privado, pero no para el público, donde para tener estabilidad se requiere haber ingresado por concurso público y tener una plaza presupuestada. Lo estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia Huatuco (Expediente N° 05057-2013-PA/TC.), según la cual solo se puede reincorporar a un servidor si éste ingresó por concurso público, a una plaza presupuestada vacante y a plazo indeterminado. Y esas condiciones no se cumplen ni en los CAS ni en los locadores de servicios que, sin embargo, son repuestos con estabilidad absoluta aun cuando su contrato haya vencido. Esta práctica judicial se ha convertido en un vicio que le representa al Estado peruano una gran cantidad de dinero sin contrapartida en un servicio efectivo.

Y que, además, viola los principios de meritocracia e igualdad de oportunidades consagrados, por lo demás, en el artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. Los jueces no entienden aun que el Estado maneja recursos de todos los peruanos y que por lo tanto debe aplicar a su personal los más exigentes estándares de desempeño meritocrático y no puede ser botín de políticos clientelistas ni de jueces que también son pagados con nuestros impuestos.

El gobierno debería tomar la decisión de emitir un Decreto de Urgencia que fije estos criterios de reposición y capacitar sobre ello al Poder Judicial.

Dicho sea de paso, una observación interesante: cuando esos locadores de servicios o CAS pasan a la 276 con estabilidad, trabajan mucho menos que en el régimen temporal. Lo que habla de la necesidad de reformar incluso la propia ley del régimen del servicio civil para con condicionar la estabilidad del rendimiento. Finalmente estamos usando recursos de todos los peruanos que no se pueden malgastar en personal que no sirve adecuadamente al ciudadano.

Arbitrajes laborales

Otra fuente de drenaje incontrolable de recursos son los arbitrajes laborales. Ocurre que los sindicatos optan por saltarse la negociación colectiva y pasar directamente a dichos arbitrajes, como resultado de los cuales se otorga todo tipo de beneficios, sobre todo en las entidades que tienen ingresos propios. Pero los empleados que están en el régimen de la ley 276 no reciben nada. Se requiere entonces regular niveles, ámbitos y materias, mediante una ley de negociación colectiva para el sector público. Para ello sería conveniente que el gobierno promulgue por DU el proyecto de ley de negociación colectiva en el sector público que ya había sido aprobado en comisión de Descentralización del Congreso disuelto y que el propio Tribunal Constitucional había demandado.

En resumen, es indispensable que se ponga orden en el sistema de recursos humanos del Estado, a fin de controlar el libertinaje de su expansión, cortar o acotar las fuentes de contrataciones disfrazadas, pagos ocultos y reposiciones indebidas, y establecer un sistema meritocrático que asegure que los recursos de todos los peruanos se usan de la mejor manera posible para asegurar servicios públicos eficientes. En general, está pendiente la gran reforma de un servicio civil meritocrático, basado en la gestión de desempeño. La función redistributiva del Estado es vital para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestro país y no puede ser sacrificada en aras del clientelismo político o el populismo judicial. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Parece un chiste, pero es realmente trágico. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales, alrededor de 190 provinciales y cerca de 1890 distritales, todos con autoridades elegidas, autonomía de gestión y ausencia de capacidades técnicas en la mayoría de estas más de 2100 administraciones.

Por otro lado, vemos con ‘ternura’ el afán del Presidente de la República y su gabinete de empoderar a estos gobiernos descentralizados para la ejecución de sus mandatos y seguir transfiriendo más y más dinero cada vez que necesita aumentar su popularidad…

Lo anterior sería plausible si contáramos con un plan y mandatos claros de gobierno, debidamente alineados, técnicamente planteados y orgánicamente ejecutados por agentes debidamente capacitados.  Pero no, el Perú que, según el diario Gestión, ha hecho un esfuerzo inicial de formar a unos 400 profesionales para ponerlos a disposición de estas dependencias, ha logrado colocar en solo 77 de estas más de 2100 entidades, a 100 con cargos gerenciales y otros 100 con rangos menores.

Acorde con su “origen descentralizado”, tanto el Presidente como muchos de sus ministros y grupo cercano, privilegian la descentralización, que de por sí no tendría nada de malo, salvo que se ha puesto la carreta delante de los caballos.

Cuando hablamos de corrupción, tema especialmente cercano al pensamiento guía de este gobierno, nadie piensa en la fuente de esta (mayoritariamente municipalidades lejanas), ni el hecho que estos alcaldes no quieren tener gerentes profesionales que los controlen y les limiten la posibilidad de hacer sus cuchipandas y consecuentemente, si se los imponen, los hostigan hasta que renuncian al cargo.

En nuestro país, los alcaldes distritales debieran ser gerentes profesionales, proporcionados por Servir y que estén alineados a los planes y programas de los alcaldes provinciales. Caso contrario, jamás lograremos algún progreso en la administración pública descentralizada. El Presidente del Consejo de Ministros insiste en que “van a fortalecer la descentralización y empoderar a los gobiernos locales y regionales”.

Nadie se opone al concepto de descentralización y regionalización, pero;  ¿por qué desde los gobiernos locales y regionales se oponen tanto a la profesionalización de las gerencias desde el programa Servir?  ¿Por qué se hostiliza hasta el hartazgo a los gerentes que Servir destaca para esos roles?

Lo natural sería asegurar un proceso de profesionalización de la administración pública descentralizada con participación activa de Servir, para gradualmente ir “entregando la posta” de la gestión y gerencia a las autoridades locales, luego de haber establecido estándares de gestión. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Alan García fue el culpable de que yo derivara en el periodismo a la edad de 37 años. Su mensaje electoral en la campaña del 85 había puesto énfasis en la necesidad de reivindicar la producción andina abatida desde Velasco por las importaciones doblemente subsidiadas de alimentos y por el dólar barato. Pero la política económica que puso en marcha el flamante presidente fue traicionando crecientemente ese mensaje, primero congelando los precios de varios alimentos con el pretexto de controlar la inflación, y luego, otorgando el tristemente célebre dólar MUC mucho más rebajado para importar precisamente alimentos baratos ilusamente en favor de la alimentación popular. Lejos de devolverle el mercado nacional a los campesinos andinos, como había prometido, les clavaba el puntillazo final de importaciones masivas y artificialmente baratas de trigo y productos lácteos que dejaban cada vez menos espacio a la papa, la leche y otros productos andinos que no podían competir. Fue entonces que decidí escribir un artículo –algo que nunca había hecho-, y enviárselo a Manuel Ulloa, dueño del diario Expreso y con quien yo había trabajado en la PCM en el gobierno de Belaunde. Fue publicado un domingo de febrero o marzo de 1987 y Manuel D’Ornellas me pidió que siguiera escribiendo todos los domingos. Al cabo de unos meses, Ulloa me ofreció la jefatura de editorial del periódico, y acepté.

O sea que le debo a Alan García mi entrega al periodismo. Y también haber podido participar en los mejores años de debate ideológico que se hayan dado en el periodismo nacional, que fueron los que se desarrollaron entre 1987 y 1990 entre las posiciones liberales esgrimidas desde el diario Expreso y las socialistas defendidas desde el diario La República. Fue esa crítica liberal desde las editoriales y los artículos publicados por varios autores en el diario la que generó la base de opinión que permitió y acompañó la emergencia de Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa como los adalides de la conciencia liberal en el país, luego del intento de estatización de la banca.

Como era previsible, el intervencionismo económico denunciado en esos artículos produjo finalmente la tremenda hiperinflación que ocasionó el colapso total del Estado.

Fujimori, que había ganado la elección con un mensaje anti shock económico, pudo sin embargo aplicarlo y llevar adelante las reformas liberales y privatizadoras, porque cualquier cosa era mejor que la desesperada angustia económica sin futuro que vivíamos los peruanos. Paradójicamente, el abismo al que nos llevó el primer gobierno de García creó las condiciones que permitieron un cambio de modelo económico que ha generado estabilidad y crecimiento sostenido en las siguientes casi tres décadas, aunque un intervencionismo de baja intensidad restaurado a partir del 2011 nos haya frenado el crecimiento económico.

Reelegido el 2006 pese a su desastroso primero gobierno solo porque la alternativa de Ollanta Humala amenazaba con políticas aún peores, García había aprendido la lección económica y aplicó políticas exactamente contrarias a las de su primer gobierno. Mantuvo la libertad de los mercados heredada desde los 90 y se propuso atraer gran inversión para desarrollar el país. Logró tasas de crecimiento muy altas, ayudado en parte por los buenos precios de los minerales. Pero, interesado solo en los grandes proyectos, desdeñó, pese a habérselos explicado, los programas –como Sierra Productiva- que hubieran podido aumentar la productividad de los campesinos andinos convirtiéndolos en empresarios para dar un salto histórico en el paisaje rural andino. Más bien cometió el grave error político –incomprensible en un hombre de su inteligencia- de desarrollar en varios artículos la tesis del “perro del hortelano”, que en buena cuenta adjudicaba tal condición precisamente a las comunidades que eventualmente se oponían a la inversión minera o petrolera.  

No obstante, Alan García siempre tuvo un alto sentido de su misión histórica y de llevar al Perú a un destino superior. Por eso también el énfasis en los grandes proyectos. Canalizó acertadamente la animadversión a los chilenos transformándola en una competencia económica, retando a crecer más para alcanzarlos. Tenía una visión geopolítica del país y por eso fue él quien ideó y planteó la Alianza del Pacífico, que hoy es el área de integración regional que más avances ha logrado.

No impulsó reformas institucionales salvo una: la creación de SERVIR como herramienta para avanzar hacia un Estado profesional y meritocrático, acaso para remediar en alguna medida la demagógica reducción de sueldos de los altos funcionarios que adoptara al inicio de su segundo gobierno y que debilitó al Estado.

También llevó a cabo una reforma clave que ni Fujimori, en su gobierno autocrático, se había atrevido a ejecutar: la evaluación de los maestros. Dio la ley de carrera magisterial con un contenido claramente meritocrático, algo que parecía muy difícil en un gobierno democrático. Pero su liderazgo y los exámenes que mostraban los bajísimos rendimientos de los escolares y de los propios maestros, convencieron a la opinión pública, y la ley pudo aprobarse e implantarse pese a la oposición organizada del Sutep. No tuvo la misma suerte el globo de ensayo que lanzó para aprobar una reforma laboral que permitiera la inclusión de las mayorías informales. A la primera manifestación de oposición, abandonó la causa.

En el balance, su segundo gobierno fue bueno, el mejor de los últimos 20 años. Sin duda se reivindicó ante la historia. Pero en los últimos tiempos las acusaciones lo cercaron y él prefirió matarse antes que sufrir el vejamen de la prisión. Decisión dramática fundada en la defensa de dignidad del más alto cargo que representa y personifica a la Nación. Que, pese a todo, lo redime y enaltece. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso está produciendo verdaderos desastres. Acaso como una forma de represalia, el Congreso, tal como hizo con la anulación de la cuestión previa que era un contrapeso del Ejecutivo frente al Congreso, ahora ha aprobado una ley de negociación colectiva en el sector estatal que es una verdadera bomba de tiempo fiscal. Decimos represalia porque la versión que se estaba trabajando meses atrás incluía el necesario visto bueno del Ministerio de Economía a los convenios colectivos alcanzados, para no comprometer la estabilidad fiscal, pero hace poco el proyecto fue modificado eliminado esa salvaguarda de modo que la ley salió como salió. Todas las bancadas menos la de PPK y el congresista Pedro Olaechea aprobaron la ley.

El problema es que la represalia termina siendo contra el país. ¡Que mueran Sansón y los filisteos!, parece querer decir el Congreso. El artículo 3 señala que uno de los principios que rigen la negociación colectiva es el “principio de previsión y provisión presupuestal”, en virtud del cual “todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria”. Pero esa frase, que suena muy bien, es solo una declaración, porque el procedimiento de la negociación colectiva establecido en la ley no contiene límites efectivos a una posible expansión presupuestal sin control. El artículo 13 prescribe que “de no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley…”. Uno de esos mecanismos puede ser el arbitraje. Por lo tanto, un tribunal arbitral, integrado por terceros, ajenos al Estado, puede terminar comprometiendo al Estado a gastar un monto presupuestal inmanejable. Pues dicho artículo también señala lo siguiente:

“Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la presidencia del consejo de ministros, dentro de los cinco días de su suscripción, para su inclusión en la Ley de Presupuesto Público”. Punto.

Considerando que los árbitros suelen ponerse alrededor del término medio entre las dos partes, lo que ocurrirá es que la central de trabajadores propondrá un monto sideralmente alto. Y en la medida en que el laudo arbitral resultante es inapelable, deberá incluirse en el presupuesto público del siguiente año.

Y si en lugar de un arbitraje la confederación de trabajadores optase, ante un desacuerdo, por ir a una huelga general, el resultado puede ser aun peor. Porque la negociación colectiva será para todo el Estado. En efecto, la ley establece dos niveles de negociaciones colectivas, el centralizado y el descentralizado. El centralizado incluye a todos los trabajadores del sector público. Es decir, una sola negociación para todo el Estado. Esta negociación tranquilamente puede desembocar en una huelga que lleve también a incrementos que rompan el equilibrio fiscal.

Interesante hubiera sido atar incrementos salariales al crecimiento del PBI, de la productividad o de los ingresos fiscales. Así todos estaríamos interesados en que haya más inversión privada de todo tipo, incluyendo por supuesto la minera. Todos, incluyendo los empleados públicos, remaríamos en la misma dirección, para que haya más recursos que permitan incrementar los sueldos de los estatales. Pero no. Es, al contrario. Una ley como esta abre una incertidumbre fiscal que antes no existía y que puede más bien disuadir la inversión privada en el largo plazo.

Porque, además, resulta que al mismo tiempo que se lleva a cabo esa negociación colectiva centralizada, se puede llevar a cabo negociaciones colectivas descentralizadas en cada entidad pública. No son excluyentes. El desorden potencial es enorme. Vamos a tener a todo el Estado en conjunto y a cada entidad por separado negociando meses de meses.

No solo eso. Resulta que a último minuto se agregó a mano la derogación de los decretos legislativos 1442 y 1450 promulgados hace poco.

Uno se pregunta cómo es posible que el Congreso haya derogado en 1442, que buscaba ordenar la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Crea la Planilla Única de Pago del Sector Público, un aplicativo Informático de esa Planilla Única, el catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, etc. No es posible que se haya derogado un instrumento para ordenar la planilla del Estado y para generar información que sirva precisamente para diseñar mejores políticas públicas relacionadas al personal del Estado y a las remuneraciones, y que permite asegurar la disciplina fiscal necesaria en este campo. ¿En qué mente cabe derogar un instrumento como este?

Costó una dolorosa y destructiva hiperinflación alcanzar el consenso nacional en torno a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, que se convirtió en una verdadera conquista social que no podemos empezar torpedear.

El otro decreto legislativo derogado es el que introducía algunas mejoras en la ley del régimen del Servicio Civil (SERVIR). Los cambios han sido derogados, pero no han sido restituidos los artículos originales de esa ley, de modo que SERVIR puede tener problemas operativos serios.

¿La meritocracia?

Esto último puede ser sintomático de otro peligro potencial: que la negociación colectiva en estos dos niveles lleve a neutralizar o demorar la implantación del régimen de la ley del servicio civil, afectando la meritocracia y la gestión de rendimiento, es decir, el sistema de evaluaciones para el ascenso y premios por productividad o buen rendimiento. Como sabemos, los sindicatos suelen ser refractarios a la disciplina meritocrática. Si bien el tránsito a esos esquemas de gestión está establecido en la ley SERVIR, su aplicación es compleja y requiere de mucho empuje político. En ese sentido, negociaciones colectivas pueden afectar el proceso. 

Claro, una visión optimista diría que la negociación colectiva centralizada podría permitir hacer política remunerativa a través de ella, mejorando por ejemplo a las entidades que tienen sueldos más bajos. Pero parece difícil imaginar un compromiso de las cúpulas sindicales son la implantación de un régimen meritocrático relativamente exigente. Pues no se trata de dar incrementos indiscriminados e iguales para todos, sino que estos se otorguen en función de rendimientos y ascensos en una escala de méritos.  

No hay que olvidar que estamos hablando de servidores públicos. Lo que interesa acá es el mejor servicio público al ciudadano. Es el ciudadano el que debe estar en el centro de la preocupación congresal. Pero no ha sido así. Ha primado, como siempre, la propensión clientelista a beneficiar a un bolsón social delimitado en la esperanza de obtener sus votos. ¿Y el país?

El Ejecutivo debe observar esta ley. Y, de paso, debería servir para que el Presidente Vizcarra revise su decisión de votar por el NO a la bicameralidad. Si hubiésemos tenido un Senado, con seguridad esta ley no hubiese sido aprobado en los términos en que lo ha sido. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inyección de gerentes públicos preparados por SERVIR en algunas entidades del Estado ha tenido un impacto decisivo en la modernización de esas entidades que no ha sido suficientemente resaltado. En esta nota vamos a ver la manera como gerentes públicos en las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGELES) de Lima vienen aplicando medidas o sistemas para disminuir o eliminar distintas modalidades de corrupción que se dan en los colegios y en la propia UGEL y para simplificar cargas para el usuario.

Gerentes públicos 

Andrés Corrales, Gerente de Desarrollo de Gerencia Pública  de SERVIR, nos explica que los gerentes públicos son seleccionados meritocráticamente y asignados por convenio a la entidad que los solicita por tres años renovables y no pueden ser removidos por retiro de confianza (aunque sí por mal desempeño) aun si el puesto que desempeñan es un puesto de confianza. Tienen metas e indicadores de desempeño construidos junto con SERVIR, entidad que los supervisa y evalúa. Además, gozan de una política remunerativa especial (sobre todo en provincias) y pueden ser recolocados en otra entidad.

Al decir de los cuatro gerentes públicos con los que conversamos, pertenecer al cuerpo de gerentes públicos es un valor, otorga un status, un sello de calidad. Hay una identificación de cuerpo y comparten incluso una mística de innovación. Y han preparado un  proyecto de código de ética. 

En la actualidad hay 155 gerentes públicos en funciones en diversas entidades (ver cuadro). En realidad, SERVIR ha capacitado alrededor de 500 funcionarios como gerentes públicos, pero la mayor parte de ellos, si bien laboran en el Estado, no lo hacen bajo el régimen laboral de gerentes públicos (Decreto Legislativo 1024), sino, por lo general, como funcionarios de confianza aunque asignados también por SERVIR.

Algo interesante es que en el Poder Judicial 29 de las 35 Cortes Superiores tienen gerentes públicos, y esos gerentes se han mantenido pese a los cambios de presidentes de Corte, lo que constituye un logro en sí mismo. Sin duda han ayudado a racionalizar la administración judicial.

Pero el segundo sector que más ha demandado gerentes públicos –su designación depende de la demanda, del interés de la entidad en tenerlos, no de una política nacional para incorporar gerentes públicos- ha sido el ministerio de Educación, no para la sede central ni para la dirección  regional de Lima, sino para las UGELES de Lima.

Andrés Corrales nos explica que todas las UGELES del país tienen indicadores de desempeño fijados por el Ministerio de Educación y están dentro de un programa de incentivos del MEF, de modo que reciben un presupuesto adicional si cumplen las metas. Fuera de eso, los propios  Gerentes Públicos de las UGELES de Lima tienen que cumplir metas o  indicadores de gestión propios fijados por SERVIR luego de un proceso de consulta y talleres de trabajo con participación de los directores de las UGELES, la Dirección Regional de Educación, representantes de MINEDU y los propios gerentes públicos. Esos indicadores de gestión se agrupan en cuatro tipos: indicadores de resultados, de procesos, de innovación y de desarrollo de sus equipos.

A continuación el testimonio de cuatro gerentes públicos de UGELES de Lima: Aníbal William Castillo Valverde, Jefe de Planificación y Presupuesto de la UGEL 01; Martín Perinango Beltrán, Jefe de Planificación y Presupuesto de la UGEL 04; Froilán Osorio Ruiz, Jefe de Administración de la UGEL 07, y Julio Cesar Fernández Medrano, Asesor jurídico de la UGEL 01.

Continuidad versus cambios constantes

“Tenemos contratos renovables por tres años, lo que nos permite hacer reformas. Los Jefes de UGELES no son gerentes públicos, pero han sido contratados meritocráticamente vía concurso por el ministerio, y también se quedan tres años. Entonces hay una correspondencia muy productiva entre el jefe de  la UGEL y nosotros. Por contraste, en el ministerio no hay continuidad en los cargos directivos. Por ejemplo, últimamente cambiaron a los sectoristas tres veces en un año y medio. Primero cesaron a los que estaban y pusieron a unos muchachitos jóvenes sin experiencia. Luego se fueron al otro extremo y designaron a funcionarios antiguos de la 276, muy rígidos y resentidos.  El funcionario de confianza que viene por un año y que no conoce, destruye todo. Además, con cada cambio cambian a su vez de políticas. Temas que hemos avanzado y soluciones que hemos propuesto, quedan en nada”, me explican.

Tramitología y sistemas que no conversan

En efecto, los gerentes públicos innovan. Diseñan programas y soluciones para atender mejor a los profesores y padres de familia, reducir tiempos y colas, pero no tienen eco en el ministerio y no les dan el presupuesto necesario, y menos los replican a otras UGELES. En la UGEL 01, por ejemplo, donde hay 1,381 instituciones educativas públicas, 10 mil docentes activos y 6 mil cesantes, se atiende 420,000 consultas al año sobre trámites, expedientes, incluyendo a padres de familia pidiendo certificados de estudios.

“Había un embalse muy grande y largas demoras porque los sistemas administrativos no conversan entre sí, pues cada quien tiene su feudo. Entonces hemos integrado todos los sistemas y aplicativos en una sola plataforma pero no nos dan presupuesto. Se podría replicar en todas las UGELES”, nos dice uno de ellos. 

Los sistemas que no conversan entre sí son:

-El “Nexus”, que es un programa de administración de personal, “que ha sido capturado por un grupo de personas”.

-El sistema de planillas

-El sistema de emisión de constancias de pago

-El Legis, que es el sistema de legajos

“Hay que digitalizar todo para poder sacar en el día lo que ahora demora meses. Tenemos propuestas para financiar la digitalización. Pero se quedan en el MINEDU y no toman decisión porque cambian permanentemente la gente en la Dirección de Planificación Estratégica”. 

Corrupción de los trámites en las UGELES

Evidentemente, las demoras en los trámites en la UGEL fomentan la corrupción. Los docentes acuden a la UGEL por su CTS, pensiones, licencias, permisos, constancias de pago, de cese, informes escalafonarios, actas y certificados. Lo común era pagar para acelerar el trámite e incluso para obtener certificados de estudios fraguados.

Nos cuentan lo siguiente: “La UGEL era como un mercado; todo el mundo entraba y salía. Los profesores iban directamente a la oficina del funcionario, y todo se resolvía bajo la mesa.  Entonces se puso una plataforma de atención con 27 ventanillas. Los usuarios, docentes o padres de familia, ya no entran a las oficinas sino que son atendidos en ventanilla. Pero no fue suficiente. ¿Qué ocurrió? Que la jefa de la plataforma era una secretaria que no tenía el perfil profesional para ese cargo, y resultó que lideraba una organización mafiosa de trámites. Cobraba 1,000 soles en cuatro partes por contratar gente para hacerle el trámite al usuario. Su hijo y otros familiares trabajaban atendiendo módulos sin contrato ni nada. Bueno, ella fue denunciada y ya salió. Ha sido reemplazada por un muchacho 28 años, sociólogo capacitado que viene de la dirección regional, quien ha cambiado a los ventanilleros”.

Varias personas despachaban en el café de enfrente resolviendo. Fuera de eso –nos relatan-, justamente la pareja de la directora del colegio que le tramitó el certificado falso a la congresista Yesenia Ponce, tenía una oficina  anticorrupción al frente de la UGEL.

“Hemos recibido amenazas, anónimos por correo, pero felizmente recibimos el apoyo del jefe de UGEL. Sin ese apoyo no hubiéramos podido hacer nada. Es la importancia de que el jefe de la UGEL también haya sido contratado meritocráticamente”, agregan.

“Y si es indispensable que algún profesor o padre de familia ingrese a las oficinas, la idea es que no haya oficinas cerradas. Todo con vidrio y transparente. El ciudadano debe ver lo que se está haciendo”, refieren. 

Las Ugeles de provincias hacen pasantías en Lima para ver cómo funciona el sistema, y lo están replicando.

La Dirección Regional de Educación (DREM) ideó un motor de
motor de búsqueda en el sistema de tramite documentario (Sinad), para agilizar los trámites. 

La corruptela de los recursos propios

Desde 2007 los colegios pueden realizar actividades lucrativas y empresariales tales como alquilar sus locales o parte de ellos para actividades de diversa índole, incluso comerciales (alquiler de playas estacionamiento, comedores, canchas, tiendas, etc.) Esto para financiar necesidades de mantenimiento o capacitaciones. Pero –nos informan los gerentes públicos- con frecuencia las labores de mantenimiento o las capacitaciones no se materializaban. ¿Qué pasaba? Que el monto que se cobraba en el contrato era muy bajo, pero el pago real era mucho más alto. La  diferencia iba a los bolsillos del Director y de los miembros de comité de recursos propios, integrado por el Director del colegio, el subdirector, un docente y un representante de la  Asociación de Padres de Familia (APAFA). Parte de los pagos se iban en comilonas, por el día del maestro por ejemplo. En el propio contrato se establecía que la empresa contratante debía dar un banquete el día del docente.

Como será de apetitoso este rubro que –nos cuentan- mafias de APAFAS se meten a estos colegios para extorsionar y manipular esos recursos. Como hemos indicado, en el Comité de Recursos Propios hay un representante de la APAFA, pero con frecuencia se observa que familiares de esta persona alquilan quioscos u otras facilidades. No solo eso, hay representantes de APAFAS en los Comités que no tienen hijos en el colegio. Les hacen firmar al padre la patria potestad y aparecen como apoderados de algún alumno. Y cambian de hijos cada año. Por supuesto, han formado una Comisión Nacional y Federación Nacional de APAFAS. En una ocasión extorsionaron a la propia directora de una UGEL para que se reconociera una APAFA: pidieron sus expedientes hasta que le encontraron una queja por defectos en alguna tramitación, y con eso la extorsionaron.

Las UGELES de Lima han empezado a poner coto a estas prácticas. Ahora un equipo de contabilidad de la UGEL va a los colegios para verificar el uso de los recursos y orientar su correcto destino. Pero ocurre con frecuencia que el Director desaparece con toda la información o simplemente arguye autonomía para el manejo de esos recursos. “Cuál será el nivel de ingresos indebidos por esta vía que hay un director que tiene su propio equipo legal para justificar y defender los contratos que tiene. Ya tenemos a dos colegios en la mira por malos manejos. Hay denuncias de docentes y padres pero no quieren firmar por temor a represalias, maltratos y demoras”, precisa uno de los gerentes.

Algo interesante es que han diseñado un aplicativo en la computadora, visualizable por los padres de familia, denominado “fiscaliza tu cole”, en el que cada director de institución educativa debe registrar la información acerca de los contratos que tienen y el uso de los recursos. Algo extraordinario.

En el ministerio de Educación decidieron en cierto momento replicar este sistema en todo el país, pero cambiaron a los directores y el propósito se perdió.

Una idea que estaría cobrando fuerza es que la UGEL, en la medida que está dirigida por jefes contratados meritocráticamente y por gerentes públicos de SERVIR, sea la que administre esos recursos y lleve a cabo la licitación de las canchas y los locales. De paso, si sobran ingresos en un colegio, estos pueden ser re-direccionados a otros más necesitados.

Hay otras corruptelas. Por ejemplo, el proceso para aprobar la creación de una escuela privada dura 60 días, pero con silencio administrativo positivo. Se presenta el expediente a la UGEL y resuelve la Dirección Regional de Educación (DREM). Lo que ocurre es que el funcionario, que ha recibido un pago, esconde el expediente o lo deriva a un área que no corresponde, y así se pasan los 60 días y la solicitud se aprueba automáticamente. Lo que proponen es pasar a un sistema de silencio administrativo negativo.

Corrupción en contratación de docentes

Los docentes contratados, no nombrados, representan alrededor del 20% del total de maestros en Lima. Había muchas denuncias de injusticias en su contratación. Cuando postulan hay orden de mérito. Pero ese orden de mérito puede ser alterado si se paga o se es allegado. Los encargados esconden las mejores plazas para los favorecidos. “Había grupo enquistado en tres áreas articuladas (Informática, Recursos Humanos y Área Pedagógica), dos de los cuales eran familiares, que cobraba tarifas para vender puestos. Había docentes que se quejaban, seguimos todo el circuito de la queja y nos apoyamos en un circuito cerrado de cámaras. Los sacamos, hubo amenazas”, narra uno de los gerentes públicos.

Este grupo enquistado se quedaba a trabajar hasta tarde en la elaboración de cuadro de méritos: alteraban el orden según las coimas que recibían.  “Entonces diseñamos aplicativo para poner sólo el puntaje, y el software hace el cuadro de méritos. El expediente es procesado en el día y se notifica inmediatamente apenas se otorga la plaza. Que no duerma porque puede para cualquier cosa”, explica uno de los gerentes. 

También se ha diseñado una aplicación para que los interesados en postular pueden ver la ubicación de los colegios y la distancia y tiempo desde sus casas al centro educativo. Esto para que puedan decidir mejor a qué colegios y a qué plazas postular, pues se indica también qué plazas están vacantes. Dicho sea de paso, faltan docentes en matemáticas, inglés y soldadura principalmente. 

Contratación de bienes y servicios.

En las compras siempre hay ocasión para la corrupción, pero las UGELES adquieren principalmente papel cuadernos y otros bienes y servicios como limpieza y seguridad a través de Perú Compras, dentro del llamado “convenio marco”. Se quejan de que los jefes de logística no saben de logística, no son gerentes públicos. 

Y se quejan de la Contraloría: “El control perjudica. Persigue a los íntegros por tonterías, y el Estado se queda con los corruptos y los tibios. Presumen la mala fe. Si no encuentran responsabilidad es traición. No conocen de gestión. Si tuviéramos experiencia de gestión, nos contaminaríamos, dicen”. 

En resumen, los gerentes públicos cumplen una función creativa muy importante que ayuda a facilitar el trabajo de los profesores y padres de familia y reduce espacios de corrupción en las UGELES de Lima. Su fructífera continuidad en sus cargos contrasta con los cambios constantes en las direcciones del Ministerio, donde debería haber también gerentes públicos y no los hay, o donde debería acelerarse el tránsito hacia el régimen de la ley de Servicio Civil en toda la institución. En ese sentido, una  conclusión es que el Estado está desperdiciando el aporte de los gerentes públicos al depender su designación del interés de las entidades en contratarlos en lugar de obedecer –su designación- a una política general. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 2 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

A más trámites… más corrupción. A más requisitos… también. A más tiempos de espera… peor. Y a menores remuneraciones… ¿cuánto es? He ahí la cuadriga enfermiza enquistada en muchas instituciones públicas iqueñas. Una cuadriga que conduce – inexorablemente – al inmundo mundo de la corrupción.

Y si – encima – existe discrecionalidad para aplicar multas… ¡tate! La multa se convierte en coima. El funcionario se enriquece… pero el ciudadano se empobrece. Así es la nuez.

Nuestra región está plagada de corrupción… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco). Tanto que trabajar en el Estado es una carísima aspiración de muchos iqueños. ¿Porqué? ¿Acaso las remuneraciones son tan altas? ¡Nada que ver! Hay gente que trabaja en el Estado – única y exclusivamente – por la cutra.

¿Qué hacer para solucionar el problema? Simplificación administrativa. Menos trámites. Menos requisitos. Menos tiempos de espera. Y mejores remuneraciones… a los servidores eficientes. No a los vagos e incompetentes. En otras palabras… Gobierno Digital. Nada de colas. Nada de papeleos, ni sellos, ni vistos buenos. Todo digital… desde un Smartphone o una Laptop. Todo simple, rápido y correcto… como en nuestros hospitales.

Por otro lado, el Estado – salvo honrosas excepciones – está infestado de parásitos… gente que no hace nada. Gente que entró a trabajar al Estado… comprando su puesto, falsificando documentos, o – simplemente – a punta de tarjetazos. Gente perversa que todo lo traban… ya sea para cobrar una coima, o – simplemente – para boicotear a la autoridad. También puede ser por pura incapacidad, o por temor a ser sancionado. El hecho es que todo lo traban. Ciertamente, hay gente eficiente y honesta en el Estado. Pero que tenemos parásitos… tenemos. Gente improductiva que gana poco… pero coimea como loco. Lamentablemente.

Gestión por resultados. Cada vez más, nuestros servidores tienen metas – cuantificables y verificables – de su trabajo. Sobre todo, cuando se trata de servicios a la ciudadanía. Número de pacientes atendidos, en el caso de los médicos. Índice de comprensión lectora, en el caso de los maestros. Número de licencias o expedientes por día. Y así por el estilo. El servidor público debe estar sujeto a evaluaciones permanentes.

Obviamente, hay que capacitar y motivar a los servidores públicos. Pero también hay que advertirles. Sí a pesar de las capacitaciones y motivaciones no atienden bien a los ciudadanos… ¡a su casa, calabaza! 

Todo Gobierno debe propiciar la participación ciudadana. No tanto para la gestión propiamente dicha… porque muchas manos en un mismo plato causan arrebato. Pero sí para la evaluación del servicio público.

En nuestro caso, muchas atenciones ciudadanas terminan en una evaluación sencilla y objetiva: ¿Me maltrataron? Sí o no. ¿Me pidieron requisitos innecesarios? ¿Me hicieron esperar más de la cuenta?, o ¿Me pidieron plata por lo bajo? Si las respuestas son Sí, Sí, Sí, Sí… malo. Si son No, No, No, No… vamos bien.

La gestión pública debe ser honesta y transparente. Repito… honesta y transparente. Vuelvo a repetir… honesta y transparente. Pero de verdad. No de la boca para afuera… como pregonan – cínicamente – muchos políticos y periodistas corruptos. Y ¡qué me dicen de los médicos deshonestos! Esos son los peores.

Por otro lado, la lucha contra la corrupción tiene que reflejarse en sanciones disciplinarias… ratificadas por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR). Si no hay sanciones – como es el caso de TODAS las gestiones anteriores del Gobierno Regional – ampay. ¡Esos son los Gobiernos corruptos! El que permite la corrupción… es corrupto. Y el que la defiende… más aún.

Pues bien… en eso estamos en Ica. Simplificando procesos, mejorando servicios, evaluando y motivando al personal, y transparentando nuestros actos. Pero, sobre todo, sacándole la contumelia a la corrupción. El flagelo de los pobres. “Ese virus social que lo infecta todo”.

Gracias Papa Francisco por venir… y poner el dedo en la llaga. Lampadia