La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la meritocracia en el Estado ¿una quimera?

Participan como invitados Juan José Martínez, experto en gestión publica y Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, junto con Jaime de Althaus y Daniella Delgado, asociados de IIG.

Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Vivimos en un mundo en constante movimiento y la innovación tecnológica reescribirá todas las industrias. En la mayoría de los sectores, las empresas se enfrentan actualmente a la necesidad urgente de transformarse, adaptarse y anticiparse a los cambios y disrupciones que caracterizan nuestra época actual.

Un nuevo estudio realizado por EY Perú (Ernst & Young), titulado ‘¿Qué nos traerá el futuro? Megatendencias, más allá de la disrupción’ en América Latina identifica las fuerzas primarias que lideran las megatendencias: la mejora humana (tecnología), el populismo (globalización) y el envejecimiento (demografía). Combinadas, estas dinámicas han generado lo que en EY se han identificado como las 10 nuevas ‘megatendencias’ que están dando forma a nuestro mundo y a la región.

Estas megatendencias muestran cómo la potencialización de la tecnología, mediante la Cuarta Revolución Industrial con avances como la inteligencia artificial, Big Data y la robótica “reinventarán la forma en la que trabajamos, cambiarán nuestro comportamiento como consumidores y determinarán cómo se regula nuestro mundo”.

En total, EY plantea 10 megatendecias:

1. Industria redefinida: las barreras entre industrias y segmentos están desapareciendo con la innovación digital y otras fuerzas. La clasificación no será tan rígida, se incrementará la compra de empresas para ingresar a nuevos segmentos con el fin de abordar nuevos mercados, desarrollar nuevos modelos y expandir sus capacidades; así como generar alianzas entre sí.

2. Futuro del trabajo: los robots y la inteligencia artificial han llegado a permear el ámbito laboral. El análisis contempla los aspectos tecnológicos, demográficos, contratos sociales y sector público, liderazgo, aprendizaje y educación.

3. Súper consumidor: el empoderamiento del súper consumidor es distinto, las personas se vuelven pasivas porque las computadoras toman decisiones por ellos. Se comunicarán con los mercados, las empresas y los gobiernos en un entorno distinto al de hoy mediante asistentes virtuales digitales.

4. Diseño del comportamiento: los humanos estamos predispuestos a ser reacios a las nuevas tecnologías porque generan riesgos, sin embargo, existen sesgos cognitivos que nos llevan a sobreestimar sus amenazas.

5. Regulación adaptativa: posiblemente nunca se llegará a un punto en el que la inteligencia artificial pueda redactar o modificar regulaciones de manera autónoma, pero si es posible imaginar algoritmos que analicen datos e identifiquen algunos insights. Este proceso debe darse de manera abierta, en tiempo real y ser dinámico.

6. Reasignando la urbanización: las ciudades están siendo rediseñadas por los desafíos de la sostenibilidad y los cambios en el transporte. Resulta vital tener en cuenta a futuro la sostenibilidad ambiental y el transporte con plataformas de viajes compartidos, vehículos autónomos y eléctricos.

7. Comunidades innovadoras: las ciudades tienen límites tales como las malas condiciones climáticas, escasez de recursos, contaminación y altos costos en bienes raíces. Esto provoca que los jóvenes y empresas opten por buscar lugares más baratos y así reducir la presión sobre las mega ciudades.

8. Salud reinventada: el envejecimiento de las poblaciones y los estilos de vida cada vez más sedentarios han puesto los costos en una trayectoria complicada, por lo que se deberá proporcionar atención personalizada y de bajo costo a gran escala.

9. Comida a la medida: la industria alimentaria está experimentando las corrientes de la disrupción, enfocándose en desarrollar proteínas diseñadas, utilizando la biotecnología y digitalmente manejando granjas inteligentes y verticales, que sean sostenibles y generen mayor rendimiento en menor espacio.

10. Economía molecular: nuestra capacidad para manipular lo que queremos que suceda está incrementando. La investigación integrada, a través de disciplinas que abarcan la biología, informática, electrónica, matemáticas, física y química señalan que la nanotecnología está ingresando en su fase disruptiva.

Mientars que algunas tendencias ya han sido mencionadas en informes anteriores (Futuro del trabajo, Industria redefinida y Salud reinventada), las otras siete son completamente nuevas, dejando claro que la disrupción genera continuamente nuevas tendencias y un ritmo cada vez más rápido de cambios.

Para poder aprovechar estas megatendencias, necesitamos buena gobernanza y un excelente servicio civil, una mejor educación y salud, instituciones muy superiores e infraestructuras que nos hagan competitivos y que pongan el mundo moderno al alcance de nuestros pobres. Pero nada de esto se podrá lograr sin crecimiento económico, inversión privada y sin darles la oportunidad a todos los peruanos de tener trabajos dignos y los niveles de vida de los mejores países emergentes. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La propalación de los audios judiciales abre una oportunidad única no solo para llevar a cabo por fin la gran reforma del sistema judicial sino para abordar el problema estructural básico que está en la raíz de nuestros males: el dualismo, la coexistencia entre sectores modernos de un lado, y sectores informales, ilegales y patrimonialistas, de otro lado, en la economía y el Estado.   

El sistema judicial, la Policía y segmentos del Estado funcionan todavía, en mayor o menor medida, con sistemas de gestión patrimonialista basados en redes de compadrazgo, amistad, parentesco o compañerismo universitario que se convierten en redes de intercambio de favores y eventualmente ejecución de actos ilícitos. Algunas de esas redes están intersectadas con el crimen organizado.

Lamentablemente el crecimiento económico de las últimas dos décadas y media, salvo en ciertas áreas, no ha venido acompañado de desarrollo institucional. Y entonces lo que hemos tenido es el avance creciente de un ordenamiento mafioso favorecido por una descentralización mal hecha que transfirió muchos recursos a los gobiernos sub nacionales convirtiéndolos en botines presupuestales apetecidos por mafias de proveedores y de extorsionadores de obras, y cooptados por organizaciones criminales de usurpadores de tierras necesitados de alcaldes y jueces que validen sus asaltos a la propiedad ajena.

Este proceso retroalimentó y se vio favorecido a la vez, por la fragmentación del sistema de partidos. En cada elección la proporción de alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales ha sido menor, y los que representan a movimientos regionales o locales (ver gráfico). Los aventureros políticos y los mafiosos tuvieron la facilidad adicional de no tener que responder a un colectivo nacional que ejerza algún grado de control.

Lo que tuvimos fue una estructura política crecientemente entrópica, desintegrada y capturada por redes ilícitas, con perdida también creciente de la autoridad y el control central. Policías, fiscales y jueces fueron captados por esas organizaciones criminales. Y, por supuesto, también funcionarios públicos.

La tarea de limpiar y arreglar este sistema, entonces, va más allá de la sola reforma judicial, ver en Lampadia: Aportes a la reforma del sistema judicial.

Esta supone actuar simultáneamente en los siguientes ámbitos:

1. Mantener el ritmo de megaoperativos para desarticular las organizaciones criminales, lo que supone profundizar la reforma de la inteligencia policial, que hasta ahora ha sido exitosa. Pero para que los megaoperativos realmente sean efectivos se requiere:

a. Modificar el art. 454 del Nuevo Código Procesal Penal que blinda a fiscales y jueces, de modo de poder detenerlos en los megaoperativos y acusarlos directamente, sin pasar los órganos de control interno. 

b. Instalar de una vez por todas bloqueadores de celulares en las cárceles, porque los cabecillas capturados siguen organizando golpes desde los centros penales. O permitir los celulares e instalar sistemas de escucha que permitan anticipar los delitos organizados desde los penales.

2. Profundizar la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de un acuerdo político para aprobar una ley que impida que los jueces repongan a policías corruptos o no idóneos.

3. Retomar y redoblar la reforma del servicio civil, que fuera abandonada durante la etapa de PPK. Ahora el premierato de Villanueva le ha dado nuevamente prioridad política. Ello es indispensable para pasar de una administración pública basada en elementos patrimonialistas a una basada en la meritocracia y la evaluación de resultados. No solo se le debe dar impulso al tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, sino que debería darse la directiva a las distintas entidades del Estado de que soliciten a SERVIR la designación de gerentes públicos, cuya asignación hoy depende de que la entidad se interese en pedirlos.

4. Reforma de la descentralización.

a. Por primera vez este gobierno ha pedido facultades para resolver algunos de los problemas que presenta el desorden descentralizado. Las ha pedido para delimitar mejor las funciones entre los tres niveles de gobierno para algunos procesos o servicios en salud, educación, transportes y saneamiento. A nuestro juicio, habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

b. El Ejecutivo ha pedido facultades también para facilitar y desarrollar mancomunidades macroregionales, y para organizar Agencias Regionales de Desarrollo que busquen coordinar mejor la acción del Estado y del sector privado en áreas determinadas, como el corredor minero del sur, por ejemplo. También ha pedido facultades para juntar dependencias del gobierno central en las regiones en locales de servicios compartidos, a fin de ahorrar en alquileres y personal y facilitarles la gestión a los ciudadanos.

c. Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

d. Algo que debe incorporarse a la normativa de la descentralización es asegurar que los ciudadanos y empresas tengan, en las regiones, una segunda instancia a la que recurrir antes las decisiones de los gobernadores y alcaldes.

e. Deben fortalecerse los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales, así como las capacidades del gobierno central para intervenir en su gestión, en casos de extrema necesidad.

f. Hace falta tener un Plan Nacional de Infraestructura que reduzca discrecionalidad a la corrupción en la programación de la obra pública.

5. Reforma política. Este es el lado más débil, porque el Congreso no ha asumido hasta ahora con seriedad la tarea de diseñar las reformas constitucionales y legales que permitan reconstruir un sistema de partidos, mejorar los canales de representación y propiciar la formación de gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, para facilitar la gobernabilidad. Las reformas necesarias acá son las siguientes:

a. Equilibrio de poderes y gobernabilidad

1. Bicameralidad
2. Elección del Congreso después de la segunda vuelta presidencial
3. Elevar el porcentaje de votos que requiere el Congreso para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en el Perú es muy bajo.

b. Partidos y representación

1. Eliminación de voto preferencial
2. Distritos electorales más pequeños
3. Elecciones internas por organismos electorales
4. Barreras bajas al ingreso, pero altas a la permanencia
5. Financiación de publicidad en campañas

Necesitamos emprender todo este conjunto de reformas a la vez si queremos dejar de ser un Estado mafioso y pasar a ser uno basado en la meritocracia y el cumplimiento de metas que garantice seguridad jurídica y ciudadana y reduzca sustancialmente los niveles de corrupción. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al ser el Estado una entidad monopólica, carece de los apremios de la competencia para mejorar sus servicios, reducir sus costos y simplificar sus procesos. Por el contrario, su tendencia es a incrementar el gasto y las regulaciones en detrimento del ciudadano, de las empresas y del contribuyente.

Las consecuencias son que atiende mal al público, atiende mal su propia demanda interna (a los alcaldes, por ejemplo), no resuelve o se demora en hacerlo y frena la iniciativa privada y estatal. Por supuesto, le cuesta mucho innovar.

Es posible que la tecnología –la digitalización- ayude a controlar estas tendencias naturales, en la medida en que simplifica la vida al usuario, ayuda a recabar y ordenar información y simplificar procesos, y permite una participación del ciudadano en sistemas de reclamaciones y denuncias. Eso requiere, por supuesto, de un Estado profesional y meritocrático, que funcione por resultados, incluso para premiar la reducción de normas y trámites de modo que estos no vuelvan a crecer luego de una simplificación.

Llamó la atención, en ese sentido, que el Premier César Villanueva mencionara algunas reformas novedosas en estos campos en el discurso de investidura en el Congreso. Anunció que se retomará la reforma del Servicio Civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental-, se simplificará la organización absurda del Estado, se establecerá plataformas de servicios administrativos compartidos en regiones, habrá libros de reclamaciones en las dependencias públicas y se creará un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima. 

Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial.

Veamos qué es lo que efectivamente se está haciendo en relación a algunos de los anuncios que hizo. En qué consisten esas propuestas.

Plataformas de servicios compartidos

Dijo Villanueva: “haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo tiene más de 2,000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación”.

La secretaria de Gestión Pública de la PCM, Mayen Ugarte, nos refiere que se tuvo la iniciativa de solicitar a todos los ministerios y entidades del gobierno central que reportaran información sobre todos los locales que tienen en las regiones. Y el resultado fue ese: poseen más de 2,000 locales en el interior. Pero, además, con un patrón de ocupación irracional: mientras algunas oficinas son enormes y están casi vacías porque tienen poquísimo personal, otras están hacinadas. En Piura, por ejemplo, hay 220 oficinas del gobierno central. Mientras la Cancillería tiene una casa grande de dos pisos en la que solo laboran 5 personas, Provías, cuya presencia si se justifica, tiene un local ajustado. También existen amplios espacios destinados a almacenar trastos viejos de los que no se deshacen porque las normas lo impiden. En muchos casos duplican funciones de los gobiernos regionales o locales.

En suma, un desperdicio enorme de recursos. La solución que se ha diseñado, entonces, es la siguiente: allí donde hay un MAC (Mejor Atención al Ciudadano), que son esos locales que concentran hasta 27 servicios de atención al ciudadano -desde revalidación de licencias de conducir hasta certificados de antecedentes penales y judiciales pasando por duplicados del DNI, etc.-, y la entidad tiene trámites que los ciudadanos realizan, entonces la idea es que esa entidad vaya al MAC.

Si no hay MAC, o no hay trámites al público, entonces la idea es que oficinas saturadas se trasladen a locales relativamente vacíos de otras entidades, y compartan los gastos administrativos. Por supuesto, esto supone mejorar las normas relativas al pago de servicios compartidos, que hoy por hoy prácticamente lo impiden porque pagar algún servicio de un tercero podría ser visto como malversación. Se ha formado una Comisión para estudiar este tema y formular una política de espacios públicos que incluya también la posibilidad de fusionar oficinas administrativas.

A nuestro juicio, esta comisión debería aprovechar para hacer un análisis de inutilidad de algunas oficinas y entidades, a fin sencillamente de suprimirlas.  

Más MAC

El presidente del Consejo de Ministros también anunció: “Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema”.

Se refiere a los MAC. En estos centros el ciudadano no tiene que movilizarse a distintas oficinas del Estado, sino que lo tiene todo concentrado en un solo local, pues se atienden hasta 27 trámites distintos de diversos sectores. El Estado, por su parte, ahorra en gastos administrativos. El MAC de Lima Norte (Los Olivos), por ejemplo, atiende 7 mil personas por día. Literalmente revienta. En la actualidad existen 5 MAC, en Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Piura. Este año habrá 4 más, en las ciudades indicadas por el Premier. La idea es que haya uno por departamento.

Pero hay una evolución ulterior: los 16 trámites más demandados en los MAC y que están digitalizados pasan al software MAC Express, que se coloca en las plataformas de atención de las municipalidades que lo soliciten, para que ellas en cada ventanilla pueden darle al vecino su certificado de antecedentes o la verificación de su título profesional por parte de Sunedu o lo que fuere. Para eso la PCM capacita al personal municipal que atiende en las ventanillas. Esto potencia enormemente la facilidad al usuario.

Ahora, es evidente que, si todos los trámites se pudieran hacer de manera virtual o digital, por internet, no se necesitaría los MAC. Mayen Ugarte nos responde que en realidad hay una proporción significativa de la población que no está conectada a internet o que le cuesta hacer trámites por esa vía, de modo que aún tiene que haber facilidades para trámites presenciales por unos 20 años más, calculan. 

El Premier anunció que se ampliará la plataforma digital gob.pe., que permite unificar las plataformas digitales de las entidades y hacer algunos trámites por internet. De eso nos ocuparemos en otro informe.

Libro de reclamaciones

El Primer Ministro también anunció que se implementará “el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado”.

Así como el Indecopi tiene a su cargo la rectoría del sistema de reclamaciones ante las empresas del sector privado, esa función, para las entidades del Estado, le corresponde a la PCM, pero nunca la ejecutó. Pues bien, se ha decidido implementar efectivamente un sistema en línea de quejas y reclamos, que parte de un libro de reclamaciones en toda entidad pública enlazado a un sistema de seguimiento de los reclamos, que permita no solo informarle al usuario acerca del estado y resultado de su queja, sino mejorar el servicio o revisar el procedimiento en cuestión, o llamar la atención a la persona quejada si la queja apunta al maltrato de un servidor público.

Para ello, en tres meses se llevará a cabo un piloto en tres comisarías, dos Ugel y un hospital regional. La idea es que el sistema esté implantado en todas las entidades públicas en un año y medio. Evidentemente la aplicación de un sistema así, que facilita la participación del ciudadano, puede tener un efecto determinante en el mejoramiento de los servicios públicos.

Consulta en línea a 500 mil servidores públicos

Lo interesante es que se montará, además, un sistema de información que permita canalizar la percepción y aportes de los propios servidores públicos acerca de qué trabas encuentran ellos en el propio Estado que les impiden lograr resultados. Lo anunció también César Villanueva: “recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente”.

La idea es organizar una encuesta y consulta pública en línea para preguntarles a 500,000 servidores públicos qué les impide trabajar bien, qué obstáculos tienen para cumplir sus funciones, cómo sortean esos obstáculos si lo hacen o si se resignan a la inacción, etc. Es decir, convertir a los servidores públicos en agentes de cambio. Se ha hecho ya el trabajo de campo con entrevistas en profundidad, definiendo tipos de perfiles de servidores por edad principalmente, para definir bien las preguntas. La encuesta se aplicará en julio y agosto.  

Manuel Maldonado, de la Secretaría de Gestión Pública, nos explica que las respuestas a las entrevistas y encuestas se procesan con inteligencia artificial. Ya tienen el software para eso. Es importante, porque una experiencia similar, pero dirigida al usuario, que fue “dimetutraba.pe”, al final fue poco efectiva porque no se pudo procesar la cantidad de información que produjo la ciudadanía. Todo esto se hace con apoyo de la GyZ alemana.

A partir de esta información, la idea es identificar “agrupaciones o clusters de problemas”, nos explica Melissa Donayre a cargo del proyecto, que lleven a simplificar las reglas con las que se funciona y eliminar controles burocráticos inútiles.

Sistema de trámites para gobernadores y alcaldes

Ahora bien, ocurre que el Estado maltrata no solo a los ciudadanos sino también a los propios alcaldes, que, según el Primer Ministro, pasan en promedio ¡168 días en Lima! en su primer año de gobierno, haciendo gestiones para su comunidad. Y no los reciben en los ministerios. Villanueva anunció entonces que “Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales”

La PCM encuestó a los alcaldes para ver por qué viajan tanto a Lima. Lo hacen porque no les contestan el correo, o no les aceptan el documento que envían o que traen, o para hacer seguimiento al trámite que han iniciado. Muchas veces vienen para hacer una consulta, y si tienen la suerte de ser recibidos, cuando quieren aprovechar para hacer una segunda consulta, les dicen que tienen que sacar cita nuevamente. La municipalidad, por ejemplo, puede subir por internet el perfil de un proyecto para que sea considerado en la programación presupuestal del MEF, pero para dar de baja un proyecto el alcalde o el funcionario tiene que venir a Lima. Además, tienen que ir al JNE a obtener un documento que certifique que son alcaldes.  

Lo que se va a hacer, entonces, nos explica Ugarte, es poner en marcha un sistema que permita ingresar el trámite y hacerle luego seguimiento en línea desde la localidad del alcalde, sin necesidad de venir a Lima, con plazos de respuesta.

Las reuniones Gore y Muni – Ejecutivo

Por eso –agrega Mayen Ugarte- las reuniones Gore – Ejecutivo tienen mucho éxito, porque los gobernadores regionales toman acuerdos directamente con los ministros. La consecuencia es que ahora vienen a Lima la tercera parte del tiempo que venían antes. Los Gores, como se sabe, funcionan como ruedas de negocios: los gobernadores regionales se reúnen individualmente con cada ministro. 

Ahora se ha decidido aplicar la misma lógica con los alcaldes: los Muni –Ejecutivo, que se realizan cada 15 días en una región distinta, al que asisten los ministros y todos los alcaldes de la región. Y en la Secretaría de Descentralización se les hace seguimiento a todos los acuerdos que se toma con los ministros. Según parece, los alcaldes están muy contentos con esta práctica.

Por supuesto, todas estas iniciativas son complementarias a la tarea central de la PCM, que es la simplificación de normas y procedimientos y la digitalización del Estado. Pero de eso nos ocuparemos en otro informe. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La noche y el día. Al mismo tiempo que el Poder Judicial conseguía una ley que le permite a sus trabajadores excluirse de la ley de servicio civil, huyendo  vergonzantemente de toda meritocracia, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sorprendió, a quienes no perdemos las esperanzas en un Estado profesional y eficiente, con la noticia que es la primera entidad que podrá convocar concursos públicos para contratar personal bajo el Régimen de Servicio Civil, pues la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) le aprobó hace pocos días el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que es la tercera de las cuatro etapas en el tránsito al nuevo régimen del sector público. Al parecer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) también está muy avanzado en su proceso y podría estar listo para realizar concursos públicos en un futuro próximo.

La ONP optó por la ley de servicio civil, la meritocracia y una cultura de servicio

La transformación de la ONP podría ser un caso de estudio. En realidad, pudo llegar primero a la meta porque ya había comenzado un proceso interno de cambio tres años antes de iniciar su tránsito al régimen de la ley de servicio civil. Lo que ilustra claramente el hecho de que el paso a este régimen supone un cambio cultural y organizacional profundo, que no se puede dar si no hay compromiso y voluntad política clara. 

La ONP comenzó su proceso de cambio en el 2011. La situación era caótica. Había 126 mil solicitudes de pensión pendientes de solución. Es decir, ex trabajadores estatales que habían solicitado su pensión y que debían esperar años hasta que empezaran a recibirla, a veces hasta ¡15 años! En promedio, las solicitudes se resolvían en 262 días. Como podemos ver en el siguiente gráfico, ese tiempo llegó a reducirse a 18 días, aunque el 2017 volvió a subir debido a que la institución pasó a la digitalización total de los procesos –cero papel-, con problemas de ajustes de funcionamiento.

Por supuesto, no se conocía el historial de los aportes de los pensionistas, y el 11% del presupuesto se iba en pago de pensiones devengadas e intereses legales. La cultura institucional no era una de servicio al usuario ni de resolver problemas, sino de papeleos, pasividad e inercia burocrática.

Cambio cultural

Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, y Carlos Puga, gerente general, decidieron entonces emprender un proceso de cambio cultural al mismo tiempo que se montaban una oficina de ingeniería de procesos. Ambas intervenciones jugarían en pared.  

Arrieta explica que la conversión hacia una cultura de servicio y eficiencia implicaba cambiar cinco paradigmas:

1. “No hacemos trámites, producimos servicios”: lo que importa no es el papeleo, los requisitos, los formularios, las constancias, sino servir al usuario. La ONP estaba llena de abogados que exigían gran cantidad de requisitos formales. La idea fue buscar resultados más allá de los formalismos.

2. El modelo de negocio estaba centrado en el otorgamiento de pensiones sin tener sistematizados los aportes, es decir, sin conocer el historial de aportes del pensionista. De allí las demoras. Se buscó centrar el modelo en la gestión de los aportes, para que cuando un trabajador se jubile, se le otorgue la pensión de manera inmediata. Para ello se reconstruyó la historia de los aportes de cada trabajador, para lo cual se tuvo que contratar a un ejército de verificadores. En la actualidad la mayor parte de los trabajadores tiene su cuenta individual de aportes. En teoría –señala Arrieta- la ONP podría convertirse ya en una AFP estatal, con un sistema de capitalización individual.

3. Derivado del anterior: salir de modelo de gestión del stock de pendientes para pasar a una operación en tiempo real.

4. Pasar de una visión analógica y a una digital. Se recibía papeles, formularios, pero ese material no se convertía en información porque no se procesaba. Ahora se imagina las cosas, lo que se pide, digitalmente.

5. Salir de un clima de sobrevivencia e inercia burocrática hacia uno de responsabilidad.

El cambio se logró. El personal tiene hoy otra actitud. Según Arrieta, fue más fácil de lo que inicialmente pensaron, lo que demuestra que con un liderazgo convencido todo es posible. De todos modos, demandó un gran esfuerzo de comunicación, por medio de charlas y talleres principalmente. El mismo dictó unas 50 charlas, y se apoyaron en facilitadores y en expertos en calidad de servicio. “También ayudó mucho la intranet, que la construimos como una red social”, explica.

Para manejar el cambio cultural se creó una oficina de relaciones institucionales de buen nivel. También se organizó una oficina de recursos humanos altamente especializada. 20 sicólogos capacitaban en habilidades blandas a empleados que atendían directamente a los jubilados. Antes de eso, ser enviado al front desk era percibido por el personal como una rebaja de nivel. Se estableció que quien quisiera atender en la recepción a los jubilados recibiría una capacitación. Y se presentaron ya no “20 resentidos sino 80 voluntarios”. Se hizo un gran esfuerzo motivador.

Los resultados se pueden apreciar el siguiente gráfico, suficientemente elocuente:

Reingeniería

Esos niveles de satisfacción se dieron también, por supuesto, gracias a la reingeniería de procesos que se hizo, para lo cual se montó una oficina ingeniería de procesos. Se descubrió, por ejemplo, que cada expediente circulaba por el sistema cinco veces antes de ser resuelto. Es decir, ¡daba la vuelta cinco veces! Al cortar la circulación a una sola vez, y al disminuir, además, los pasos, se ahorró una gran cantidad de dinero y de tiempo. Las pensiones de viudez ya no se deciden y entregan en tres meses sino en menos de una hora. En general, ya prácticamente no hay stock de solicitudes pendientes. Los casos se resuelven en el mes. Este año se introdujo el expediente electrónico, que significa que todo se mueve en digital, cero papeles. Y dado que eso todavía está en etapa de ajustes, se ha incrementado nuevamente el tiempo de respuesta, como vimos más arriba.

Pues bien, cuando el 2014 la ONP comenzó su proceso de tránsito a la ley del régimen de servicio civil, ya tenía algunas de las tareas avanzadas. Se había hecho un “análisis de perfomance” para saber cuáles eran los puntos débiles (tiempo en dar las pensiones, devengados), y qué había que mejorar, y se había avanzado en la mejora de procesos, tal como hemos visto. El tránsito al régimen de la ley servir exige un mapeo de puestos y también un mapeo de procesos, para luego proponer procesos más eficientes y un nuevo mapa de puestos y posiciones correspondiente, y se identifica los perfiles de esos puestos y posiciones. Finalmente se convoca a concurso para cubrirlos.  

Los concursos

Es esta última etapa, la de los concursos, a la que se apresta a ingresar la ONP. Estos concursos están abiertos a todo el sector público. De hecho, ya fue designado dentro del nuevo régimen el único cargo de confianza (no requiere concurso): el gerente general. Su sueldo era de 15 mil soles y en el nuevo régimen parará a percibir 25 mil. La idea del tránsito a este régimen es justamente subir las remuneraciones de los cargos directivos y profesionales -muy mal pagados en el sector público desde que Alan García decidió rebajar los sueldos de los altos directivos-, a fin de poder competir con el sector privado en la captación de talento. 

Luego, en marzo, se abrirá el concurso para los 12 gerentes, que también tendrán una remuneración mayor, ya aprobada por el MEF. Luego de eso se hará el concurso para los sub gerentes. El proceso durará en total tres años para llegar hasta incluir todos los cargos de la organización, tales como secretarias, asistentes o conserjes.

Definiciones y voluntad política

Arrieta, sin embargo, advierte un problema: no está claro que el tránsito a la nueva ley sea opcional para el trabajador. ¿Qué pasa con los que no concursan, o con los que, concursando, no alcanzan el puesto? Lo que no podría ocurrir es que permanezcan en la institución en un limbo, sin hacer nada, como excedentes, pero percibiendo una remuneración y restando recursos a la institución. Es algo que tiene que tener una respuesta.

Otro asunto es que el proceso, para llegar hasta la etapa de los concursos, le ha tomado a la ONP tres años, pese a que ya había hecho parte importante de la tarea antes de comenzar. Arrieta sostiene que fueron conejillo de indias de Servir y del MEF, pero que ayudaron a aclarar y mejorar los procedimientos de modo que para otras entidades el tiempo debería ser más corto. Pero para que funcione requiere el compromiso y el liderazgo del jefe de la entidad, lo que a su vez requiere de la máxima decisión política del gobierno, del presidente del Consejo de Ministros. Que es algo que no ha ocurrido, lamentablemente, en este gobierno. Y que tiene que ocurrir si queremos que esta reforma, tan importante para profesionalizar el Estado y hacerlo eficiente, se ejecute. Es la madre de la gran reforma del Estado. 

Anexo: el proceso de la ONP

El tránsito al nuevo régimen permitirá a la ONP sincerar su planilla en forma progresiva, incorporando a trabajadores CAP y CAS a una línea de carrera formal en condiciones de igualdad de derechos y equidad remunerativa.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso se ha confabulado contra la meritocracia. La semana pasada aprobó, casi por unanimidad, con la sola abstención –ni siquiera voto en contra- de la bancada de PPK, el proyecto de ley que faculta el traslado de los cerca de 12 mil empleados CAS de ESSALUD al régimen del Decreto Legislativo 728.

Fuente:  www.youtube.com

No es que defendamos la permanencia de los trabajadores en el precario régimen CAS. Por el contrario, de lo que se trata es que pasen a un régimen con más derechos pero también con más obligaciones, meritocrático, con evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.

Y ese régimen existe. Fue creado en julio del 2013 mediante la ley N° 30057. Es la ley del Servicio Civil. Esa norma se aplica a ESSALUD, que debió haber iniciado ya su tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil de modo tal que  todos los servidores de ESSALUD, entre ellos los CAS, se incorporasen a él meritocráticamente, es decir, por concurso. Hubo charlas y avances, pero es probable que algunos sindicatos se opusiesen pese a que, cuando menos para los del CAS, las ventajas del nuevo régimen eran evidentes. 

La Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso sabían perfectamente que la ley de Servicio Civil está vigente y que ese es el régimen al que debía incorporarse el personal de ESSALUD. Pero puniblemente, y por razones políticas, atendiendo al pedido de sectores laborales interesados en liquidar la reforma del Servicio Civil, optó por regalar el nombramiento en la 728, perforando una ley fundamental para la modernización y profesionalización de nuestro Estado.

Una reforma tan importante como la del Servicio Civil no es fácil de ser ejecutada, no solo por su complejidad sino por las resistencias naturales que genera, pues establece un régimen promocional pero a la vez exigente. Por lo tanto, requiere del consenso y del apoyo de todas las fuerzas políticas y no el sabotaje deliberado de parte de ellas.

La ley de Servicio Civil establece varios pasos. El primero consiste en que la entidad defina bien sus objetivos y en función de eso establezca qué puestos requiere y qué perfiles laborales para cada puesto. Ese es un trabajo difícil de hacer pero indispensable si queremos entidades públicas que sirvan para algo   y no paquidermos inútiles. Acto seguido, convoca a un concurso público para llenar las plazas así definidas. Se presentan voluntariamente los trabajadores CAS y los de otros regímenes que deseen. El atractivo para los CAS es que pasan a un régimen con beneficios sociales: 15 sueldos (12 sueldos anuales, dos gratificaciones y CTS), vacaciones de 30 días pagadas, libertad para formación de sindicatos y negociación colectiva de condiciones de trabajo. Es decir, todo.

Pero, a cambio de eso, y como es lógico, se establecen obligaciones. Los servidores deberán pasar evaluaciones de desempeño anuales relacionadas a las funciones de su cargo, con metodologías previamente divulgadas. Los que aprueben, pueden ascender. Los que desaprueben se capacitan y vuelven a ser evaluados al año siguiente. Si desaprueban por segunda vez, incurren en causal de cese.

Esto es lo que necesitamos para construir un Estado eficiente que sirva realmente a la gente y no desperdicie ni se apropie sin utilidad alguna para la sociedad de los recursos que todos le damos vía nuestros impuestos.

Hay que decir que ni siquiera el gobierno dio la batalla. Entregó el bastión sin lucha alguna, como si no hubiera sido consciente de lo que se estaba jugando. Lamentablemente el gobierno no parece haber priorizado el avance de la reforma del Servicio Civil. Una de las razones sería su costo: alrededor de 500 millones de soles anuales precisamente para financiar los beneficios sociales de quienes se pasaran al nuevo régimen. Pero ahora los 12 mil empleados de ESSALUD van a pasar a la 728 con un costo también alto para el presupuesto de esa entidad, y sin nada a cambio.

No es posible que el país no pueda mantener un esfuerzo de cambio estructural por más de dos años. Es imperdonable, por añadidura, que esta ley del Congreso se haya hecho con los CAS, que son los más proclives a postular al régimen del Servicio Civil. Debemos exigirle a nuestros partidos políticos un poco más de templanza frente a las tentaciones populistas. Esta ley debe ser observada por el Ejecutivo y el Congreso no debería insistir en ella. Por el bien del país.

Lampadia

Segunda parte

En la primera parte de este artículo explicamos que la tercera revolución industrial  tendrá efectos disruptivos en la vida de la humanidad, especialmente en el empleo, favoreciendo a los más preparados y ampliando la brecha con los países de menos ingresos. Señalamos que el paradigma de desarrollo basado en la industrialización y exportación de bienes físicos, estaría llegando a su fin. “La pérdida de industria a bajos niveles de ingresos, pone un tope a la contribución que esta puede hacer a los estándares domésticos de vida. Según Arvind Subramanian, asesor económico principal del nuevo gobierno hindú: “Este no es un problema pequeño, no hay una estrategia alternativa obvia, para convertir a los países pobres en ricos”. Ver en Lampadia (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (I).

Enfatizamos que el principal objetivo de la economía es que se generen suficientes empleos adecuados o de calidad para toda la población en edad de trabajar. La nueva realidad tecnológica lo hará difícil con los cánones tradicionales. En esta segunda parte,  trataremos de evaluar las implicancias de esta tendencia en el Perú, así como las posibles acciones que deberemos emprender para superar este reto con éxito. 

• Implicancias de la “Tercera Revolución Industrial” para el empleo en el Perú

Como muchos países del mundo, en el Perú se asume que la estrategia de desarrollo pasa por la industrialización (manufactura), dándole las espaldas a nuestros recursos naturales (RN). Esto ha llegado a tal punto que muchos académicos, economistas, políticos y periodistas, así como varias ONGs de países desarrollados, han venido sembrando un sentimiento negativos sobre la explotación de dichos recursos.

El caso más notorio es el de la minería, que se ha pretendido equipararla con la exportación de piedras, o con la explotación del guano y del caucho. Lo mismo ha sucedido con el petróleo y las hidroeléctricas. Bajo esta falaz prédica, base del programa original del actual gobierno y durante el premierato de Salomón Lerner, el gobierno oficializó el lenguaje anti-minero y, fundamentalmente, paró la mayoría de proyectos en marcha. Ver más información en Lampadia (L): Del gobierno al radicalismo subversivo – Siomi sin careta en Caretas y Perder Cajamarca es el fracaso de nuestra clase dirigente.

Hoy nuestra economía está frenada, dejando de crear empleo y de reducir la pobreza. Hace un año, el gobierno anunció un “Plan Nacional de Industrialización”. Luego, con el cambio del Ministro de la Producción, este se reenfocó con el “Plan Nacional de Diversificación Productiva” (PNDP), que enfatizó, su primer eje, el de la diversificación, manifestando que se había terminado el ciclo de exportación de bienes primarios, que teníamos que encontrar nuevos motores de crecimiento e insertarnos en las cadenas de valor agregado internacionales, como la estrategia básica para lograr un desarrollo de largo plazo.

Felizmente, el Ministro Piero Ghezzi, ha ido flexibilizando su mensaje. En CADE 2014, no  habló de cadenas internacionales de valor de productos industriales, explicó cómo se podía potenciar el sector maderero (primario inicialmente) y el proyecto de Olmos, facilitando mejoras portuarias y otras. Pero la prédica original, que llovió sobre mojado, sigue fijada en el imaginario nacional.

Por otro lado, nuestro nivel educativo es clamoroso, y por lo tanto, nuestros ciudadanos podrían quedar en el último escalón de la división del empleo.

Del análisis de la primera parte de este artículo, que muestra que la estrategia de industrialización manufacturera ya no podrá ser el camino para que un país pobre se desarrolle, tenemos que concluir que, hoy por hoy, los peruanos estamos apuntando al pasado, pensando que este es el camino del futuro. Si persistimos en buscar nuevos motores de desarrollo alejados de nuestros sectores primarios, o seguimos parando el desarrollo de los proyectos mineros, petroleros y energéticos, entre otros: ¡Nunca podremos ser un país desarrollado!

• ¿Cómo podemos generar empleo adecuado en la tercera revolución industrial?

Cualquier propuesta sobre las estrategias para crear empleo para los próximos 20 años  tiene que engarzarse en una visión amplia del futuro y una perspectiva correcta de nuestra realidad, (ver en (L): El Perú no es igual a ningún otro país).

Por ejemplo: ¿En cuántos países la élite de su juventud universitaria dice, en un 93%, que quieren ser empresarios en no más de cinco años? ¿En qué país se apagaron las luces por tres décadas (60, 70 y 80s), se impidió la inversión privada en recursos naturales y se interrumpió el desarrollo económico y social? ¿Dónde se empobreció un país al grado de que sus maestros tengan ingresos reales (2014) equivalentes a un tercio de lo que tuvieron en los años 60? ¿Dónde se destruyeron las instituciones públicas y se devaluaron sus partidos políticos? ¿En qué país hubo que luchar en paralelo contra el  terrorismo y contra una de las más largas y altas hiperinflaciones de la historia mundial?

Estos acontecimientos determinaron atrasos y brechas anormales. De no haber tenido que vivir semejantes situaciones, seguramente, seríamos hoy, un país mucho más desarrollado, rico e institucionalizado, como Chile o más.

El reto de ponernos al día y, de prepararnos para un futuro tan exigente como el que se nos viene, debe incluir un conjunto de agendas que deben ser enfrentadas simultáneamente. En CADE 2014, IPAE revisó su propuesta de visión de futuro, ejercicio en el que se identificaron tres agendas: de gobierno, social y productiva. Ver el siguiente esquema:

Sobre la base de un buen liderazgo y sentimiento de ciudadanía y pertenencia, debemos trabajar en los tres frentes indicados en los triángulos externos. Todos están interconectados y dependen mutuamente.

Es obvio que necesitamos buena gobernanza y un excelente servicio civil, una muy mejor educación y salud, instituciones muy superiores e, infraestructuras que nos hagan competitivos y que pongan el mundo moderno al alcance de nuestros pobres. Pero nada de esto se podrá lograr sin crecimiento económico, sin inversión privada, sin multiplicar los ingresos de nuestra gente y sin darles la oportunidad de tener trabajos dignos y los niveles de vida de los mejores países emergentes del globo.

En cuanto a la mejora educativa, si queremos ser parte del nuevo mundo, no podemos eludir la necesidad de hacer una verdadera revolución o “Big Bang”. Ver en (L): Tenemos que emprender una revolución educativa.

Si tenemos que descartar la opción de desarrollarnos a través de la manufactura, debería estar muy claro que el Perú, “sub-explotado”, “con inmensos potenciales productivos dormidos”, puede lograr un aumento sustancial de su producción y su riqueza, multiplicando varias veces nuestros sectores: agroindustrial, minero, acuícola, energético, forestal, turístico y los que se basen en nuestra biodiversidad.

En minería, por cada empleo directo se crean nueve indirectos e inducidos (IPE), en la explotación racional de bosques y reforestación, podríamos crear empleos bien remunerados para todos los habitantes de la selva y buena parte de los de la vertiente oriental de los andes (Antonio Brack Egg). El creciente mundo emergente necesitará cada vez más alimentos, como los que podemos exportar.

Infinitas oportunidades que, dada la nueva realidad industrial del mundo, nos tienen que llevar a revalorar nuestros sectores naturales como la mejor base posible para un crecimiento duradero, que financie la agenda social y de gobierno y, que genere buen empleo y buenos ingresos para todos los peruanos.

Cada día será más difícil remontar nuestras brechas de desarrollo. ¡Es hora de adoptar la visión correcta, despolitizada y con un enfoque estratégico dirigido al desarrollo integral, sostenible y duradero, que hemos debido lograr hace rato! Lampadia