Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Estado peruano, al igual que todos los Estados del mundo que se respeten, tiene derecho a exigirle a sus ciudadanos la información que considere conveniente y a gestionar por todos los medios a su alcance, aquella información que requiera para asegurar la recaudación tributaria, tener bajo control los movimientos de dinero que podrían implicar; lavado de dinero, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo, entre otras actividades delictivas.

El asunto sería sencillo si contáramos con instituciones sólidas, que respeten las normas y parámetros de legalidad, con las se maneje la información antes mencionada. El problema se complica, cuando alguno de los poderes del Estado es infiltrado por la delincuencia y está claro que en nuestro país, desde el poder ejecutivo (empezando por una seguidilla de ex-presidentes y ministros), el congreso, al que en los últimos años se le fue incorporando la delincuencia, al punto que algunas fuerzas del lumpen lo tienen controlado. El sistema judicial, con muchos jueces y fiscales descalificados (para muestra “los cuellos blancos del puerto”, por no recorrer todo el país y confirmar lo dicho con múltiples ejemplos).

En estas circunstancias, estamos observando que la Comisión de Defensa del Consumidor del congreso, después que le atribuyeron facultades de comisión investigadora, ha tenido el atrevimiento de solicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que le entregue una copia espejo de un sinnúmero de datos e información recibida por esta entidad, incluyendo información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante esto, la jefe de la SBS, Sra. Socorro Heysen, ha explicado que este pedido “pone en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos”.

Debemos tener claro, que las normas legales que le permiten a la SBS y a la SUNAT a exigir a los ciudadanos, así como la atribución de recibir información proveniente de múltiples países, en base a acuerdos internacionales, también obligan al Estado peruano a la reserva de tal información. Esta obligación de reserva está protegida por la Constitución y la ley, incluyendo la ley de protección de datos y su no cumplimiento, es sancionable. Las comisiones investigadoras del congreso tienen derecho a solicitar información puntual, referida a casos específicos bajo investigación. La otra forma de obtener igualmente información puntual, es mediante mandato judicial. Lo dicho significa, que ninguna comisión del congreso puede solicitar se le proporcione un “archivo espejo”, sin límites de la información manejada de manera reservada por estas instituciones.

Resulta importante remarcar, que esta prerrogativa y derecho de los Estados, se ha instituido de manera universal, partiendo del supuesto de un Estado conducido por gente honesta, que respeta las instituciones y guiado por intereses superiores orientados al bien común. En el mundo, nadie se ha puesto ante el escenario en que la delincuencia pueda capturar al Estado y valerse del poder que este control le confiere, para a partir de eso, ampliar su accionar delictivo. Eso no se puede permitir, lo contrario implica ratificar un elemento adicional para considerarlo un Estado fallido.

Creo que la ciudadanía debe cerrarle el paso a esta pretensión, caso contrario, los propios ciudadanos tenemos el derecho de entrar en rebeldía, en contra del uso de estos poderes por parte de la delincuencia y al efecto, suspender sus declaraciones juradas, no proporcionar más información que pueda caer en manos del lumpen, con fines delictivos e insospechados.

Si los poderes del Estado, los mismos que han sido diseñados considerando los contrapesos necesarios para evitar estos excesos, no ponen coto a esta situación, somos los ciudadanos quienes debemos poner freno, por todos los medios a este riesgo y curarnos en salud. Debemos denunciar estas pretensiones ante organismos internacionales y hacer que el Perú quede excluido, cuando menos, de los convenios internacionales de cooperación y cruce de información financiera, en protección de la integridad de los ciudadanos frente a la delincuencia que haya tomado el poder. Independientemente, debemos asegurarnos que esta información sea de uso exclusivo de la entidad que la recibe en primera instancia, permitiendo su uso exclusivamente al poder judicial, ante mandato expreso del juez a cargo de la causa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

• Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

• Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

• Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia

Normalmente en una sociedad, la identificación de un problema o de una carencia conduce a la búsqueda de su solución. Bien se dice: ‘Necessity is the mother of invention’ (la necesidad es la madre de la invención). La humanidad tiene una larga historia de buscar-encontrar-instalar con la que hemos ido creando instituciones y organizando mejor la convivencia social.

Lamentablemente en el Perú, estamos cayendo en respuestas apuradas a los problemas delicados que aquejan a nuestras instituciones, precipitándonos en un pernicioso facilismo. Este es el caso del diseño de las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y la protección de los ciudadanos, en las que se estarían instalando una suerte de monarquías laterales al gobierno que podrían llegar a ejercer poderes  absolutos en determinados aspectos de nuestra vida social.

Estos son los casos del Contralor, del Procurador y del Defensor del Pueblo:

• En el caso de Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres de Estado,  amenazando con paralizarlo y malograr la efectiva toma de decisiones de los funcionarios del Estado. Ver en Lampadia: El primer escándalo mediático del nuevo Contralor y Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor.
• Sobre la Procuraduría se vienen proponiendo nuevas normas que no se están analizando adecuadamente y que encierran importantes peligros para la libertad y protección constitucional de los ciudadanos. Se pretende darle autonomía funcional, técnica y administrativa. Pues en Lampadia hemos compartido una muy importante reflexión al respecto, que nos alerta de las posibles consecuencias que esto puede tener en términos de la libertad de los ciudadanos y el foco de corrupción que puede darse potencialmente alrededor de un poder omnímodo. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.
• El nuevo Defensor del Pueblo, ya elegido pero aún antes de juramentar el cargo, ya estaba explicando en RPP (cosa que confirmó días después en una entrevista en El Comercio) como planeaba sacarle la vuelta a la Constitución para adquirir poderes absolutos que no le corresponden, generándose la capacidad de emitir resoluciones vinculantes. Más detalle líneas abajo.

Editorial de Lampadia

El tema de las pensiones privadas tiene múltiples derivaciones e impactos en la vida de los ciudadanos y del país en su conjunto. Esto no es suficiente para que los miembros de la Comisión de Economía del Congreso, antes de votar una ‘reforma’ mayor, traten el asunto de manera seria, para que abran un debate técnico de alcance nacional, ni para que inviten a especialistas que puedan evaluar los pros y contras del proyecto, así como las posibles alternativas a la iniciativa de marras.

En una apurada sesión de la comisión, prácticamente entre gallos y media noche, se aprobó un proyecto por el cual los afiliados, al momento de su jubilación, a los 65 años, podrían retirar el 95.5% de su fondo sin condicionamiento alguno.

Este implica la muerte del sistema privado de pensiones por tres razones fundamentales:

• Primero, porque la esencia del sistema es lograr pensiones decentes y seguras para los peruanos y, si ya no habrán pensiones, al retirarse los fondos, no hace ningún sentido mantener el ahorro forzoso.

• Segundo, porque al no haber fondos de largo plazo, basados en las pensiones que tienen ese mismo horizonte, los fondos privados ya no podrán utilizarse en algunas inversiones de largo plazo, como las referidas a las inversiones en infraestructuras, tan importante para todos los peruanos.

• Tercero, porque con este eventual dispositivo, terminaremos recreando un sistema de reparto en el cual los trabajadores peruanos tendrán las mismas pensiones miserables e injustas del sistema público de la ONP.

Además, en este absurdo futuro, labrado por la más supina irresponsabilidad de algunos congresistas, los trabajadores peruanos que entienden la necesidad de contar con una pensión, especialmente los de una mayor capacidad de ahorro, empezarán a comprar algún sistema de protección a operadores internacionales, perdiéndose en el Perú la importantísima disponibilidad de fondos de inversión de largo plazo.

Es cierto que detrás de este acontecimiento hay una cadena de errores, como que el sistema haya hecho más publicidad de la fortaleza individual de los operadores, que del sistema mismo. O que en las sucesivas reformas por las que pasó el sistema, no se haya involucrado a los afiliados y, que la población haya percibido cómo un grupo pequeño de empresas se trenzaba con las distintas instancias del gobierno.

De igual manera, es muy criticable la forma como el regulador, la SBS, ha teñido su gestión de poca transparencia y respeto por los afiliados, como en el reciente caso de la publicación de la tabla de mortalidad.

Por otro lado la gente involucrada con el sistema, empezando por la Asociación de las AFP, no ha tenido ninguna disposición para evaluar propuestas externas a la asociación sobre la posición estratégica del sistema, en especial sus debilidades, como la falta de afiliaciones de los trabajadores independientes que requería una urgente solución alternativa. En esa línea está, por ejemplo, la propuesta de Lampadia de utilizar parte de los pagos del IGV para los aportes a los fondos individuales. Ver en Lampadia: Una pensión para todos, como se debe y El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Invocamos a los miembros del Pleno del Congreso de la República a convocar un debate nacional serio sobre los impactos del sistema, sus debilidades y las alternativas de mejoras.

No podemos salir del actual esquema por la puerta falsa. Si se continua con lo aprobado por la Comisión de Economía, solo nos quedará recitar: “¡Volverán los oscuros gallinazos…!” Lampadia

Existe un curioso negacionismo con respecto a la evolución de la Clase Media en el Perú. Constantemente se habla de que ésta se ha reducido o que está aumentando la pobreza crónica. Parece que solo quisiéramos ver malas noticias. ¡Ya basta! A pesar del descalabro creado por este gobierno, algunas cosas siguen avanzando.

En la última década, la clase media en América Latina creció un 50%, según el Banco Mundial. Mientras más personas reciben mayores ingresos, también gastan más en bienes personales, requieren un mayor acceso al crédito y comienzan a exigir mejores infraestructuras y esperan gobiernos más confiables.

Tras una década de crecimiento récord, la clase media de Perú se ha incrementado significativamente (a pesar del bajo crecimiento del último año). Según Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente). Asimismo, en sus conclusiones, el BID afirma: “El crecimiento económico ha sido pro pobre y pro clase media. (…) Resulta razonable afirmar que la consolidación del proceso del Perú hacia el desarrollo económico, es en gran parte la consolidación de los niveles de vida de sus estratos medios”. (Ver mayor análisis en Lampadia: Entre la ficción y la realidad)

Según estadísticas publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, el crédito bancario al sector privado aumentó un 16.6% del 2013 al 2014. Gran parte de este aumento se vio impulsado por el crecimiento de los créditos de consumo y vivienda.

Además, el reciente estudio de Arellano Marketing, basado en su Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 (ENCP), afirma que el poder adquisitivo de la clase media ha crecido y que, principalmente, los niveles socioeconómicos B y C presentaron un significativo incremento en Lima y provincias.

La gerente de la consultora a cargo del estudio, Jhoan Vega, señaló recientemente que se han reducido las brechas entre las principales provincias del país y la capital desde el último estudio en el 2013.  Esto se debe a que la clase media creció en Lima y en provincias.

Un tema muy resaltante del estudio de Arellano Marketing es el aumento de ingresos en los NSE B y C tanto en Lima (8%) como en provincias (6%). Esto es importante porque una clase media fuerte promueve el desarrollo de capital humano y una población bien educada. Además, crea una demanda estable de bienes y servicios e incuba la próxima generación de emprendedores. Serán estas personas quienes fomentarán las instituciones políticas y económicas inclusivas que sustentan el crecimiento económico.

Además, se puede observar un aumento en el ingreso familiar declarado. A nivel nacional, se sitúa en 1,900 soles mensuales; en Lima 2,000 soles y en las principales provincias del país 1,700 soles. Lo más importante es el fuerte aumento en los ingresos de provincias, más de 20% entre el 2013 y 2015.

Este desarrollo en provincias normalmente trae impactos múltiples, como una disminución del analfabetismo y mejoras en la calidad de vida. Además, a menudo ha significado una ampliación de las instalaciones de agua potable, expansión de la electricidad, mayores ofertas laborales, mejoras en infraestructuras, educación y servicios de salud.

Uno de los aspectos más resaltantes del estudio es la participación de los gastos del hogar que es utilizada para la alimentación. Al 2014, el gasto en alimentación corresponde al 22% de los gastos del hogar a nivel nacional (23% en Lima y 21% en provincias). Una disminución de 8.6% con respecto al 2004, ya que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEI, entonces la cifra era de 30.6% (el 21.9% del gasto de consumo se destina a la adquisición de alimentos y bebidas preparados y consumidos dentro del hogar.  Si se adiciona el consumo en restaurantes, la proporción es de 30.6%). En 1988, la proporción del gasto en alimentos era de aproximadamente 40% a nivel nacional.

Este comportamiento tiene sustento en la Ley de Engel, la cual establece que conforme mejora el ingreso del hogar, el peso relativo del grupo alimentos disminuye. Su importancia relativa es menor ya que otras necesidades como transporte, recreación educación, etc, incrementan su participación porcentual en la distribución del ingreso.

Existen varios factores que han contribuido al sostenido crecimiento de la clase media. Entre ellos, el Jefe Regional del Banco Mundial en América Latina, Augusto de la Torre, dijo que el aumento está “relacionado con la caída de las tasas de desempleo y el empleo informal. Por lo tanto, el crecimiento de la clase media en los últimos diez años está relacionado a la dinámica de crecimiento y creación de empleo”.

Muchos dicen que nada de esto hubiera sido posible sin un auge mundial de precios de los productos impulsados ​​por los mercados emergentes, especialmente China, sin embargo se olvidan que si el Perú no hubiera optado por el retorno de la inversión privada y, dentro de ella, la inversión minera, hubiéramos visto pasar el boom de precios como una película de ciencia ficción.

El Perú ha logrado un progreso indiscutible en los últimos años, el reto ahora es retomar un clima de negocios interno más favorable, que el crecimiento continúe y, sobre todo, que con este evitemos que los grupos sociales más vulnerables, más cercanos a la línea de la pobreza, no se deslicen nuevamente debajo de ella. Lampadia