Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Las “rúbricas” estarían bien hechas y serían relativamente fáciles de aprobar

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La evaluación de desempeño en el aula es una experiencia nueva y hay, por lo tanto, muchas dudas y desconfianza entre los maestros y la opinión pública acerca de si está bien elaborada, su grado de subjetividad, la imparcialidad de los directores y evaluadores y los criterios mismos de evaluación. Vamos a tratar de responder estas preguntas considerando las explicaciones del ministerio y contrastándolas con lo que está haciendo en las cadenas de colegios privados de avanzada en los sectores C y D.

Fuente: eduglobal.cl

Giuliana Espinoza, Directora de Evaluación Docente del ministerio de Educación (Minedu), nos explica que la evaluación de desempeño en el aula mide cómo el profesor logra motivar a los alumnos (captar su interés, hacerlos participar, ayudarlos a entender), si promueve el razonamiento y la creatividad versus la memorización; si recoge información acerca de lo que están aprendiendo y los retroalimenta; como gestiona el tiempo de la clase; si propicia un ambiente de respeto (si él mismo es respetuoso con los alumnos y si fomenta el respeto entre ellos); y cómo regula el comportamiento (la disciplina) de los chicos, si es por medio de mecanismos positivos o negativos (que no maltrate, humille, insulte, por ejemplo). Los profesores son calificados del 1 al 4 en estas seis habilidades, con criterios objetivos identificados para cada nivel en las rúbricas publicadas en la página web del Minedu. Para pasar la evaluación, el profesor debería alcanzar un promedio mínimo de 2.6.

¿Los profesores conocen la pedagogía activa?

Estamos hablando acá de habilidades que deben tener profesores de inicial, que son los que van a ser evaluados este año. Podemos suponer que parte del temor y desconfianza de los maestros radica en que van a ser evaluados en la manera como ejercen un tipo de pedagogía –constructivista, donde el alumno juega un rol activo- relativamente nueva para muchos de ellos, que no conocen. Pero Giuliana Espinoza, responde que esto no es exacto porque dichas habilidades han sido tomadas del marco de buen desempeño docente y de enfoques generales que han sido incorporados en el Currículo Nacional desde los 90, y aunque es cierto que muchos profesores han sido formados en la escuela “frontal”, vertical, memorística, y tienden a enseñar de la manera en que aprendieron, sí están familiarizados con la nueva pedagogía. Por lo demás, los maestros recibirían una capacitación previa que consistirá en un taller de 1 día en el que los profesores profundizan en los criterios de evaluación descritos en las “rúbricas” o pautas acerca de qué se evalúa y cómo debe manejarse una clase.

De otro lado, el solo hecho de discutir las “rúbricas” o pautas tiene un carácter formativo. También lo tiene la propia evaluación, porque al profesor se le indica cuales son las habilidades en las que tiene que mejorar y cómo. La evaluación es, en ese sentido, un medio para incorporar la nueva pedagogía activa.

Pilotos

León Trahtemberg apunta que la desconfianza de los docentes parte de la experiencia de que en los exámenes que se han hecho la mayor parte desaprueba. Entonces –agrega-  para que la evaluación sea confiable debería hacerse un piloto censal no vinculante, para ver cuántos hubieran aprobado y despejar incógnitas. Ante eso, Espinoza refiere que el año pasado se hizo una evaluación de desempeño piloto con 300 docentes, y un 75% aprobó. De otro lado, en el examen de ingreso a la carrera se presentaron 192,397 maestros y lograron pasar la Prueba Única Nacional (que mide comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimientos de la especialidad) solo 23,285 docentes.  Estos pasaron una evaluación de desempeño y aprobó un 90%. Sobre la base de esos antecedentes, Espinoza calcula que en la evaluación que se avecina aprobarán alrededor de un 80%.

Sorprende, realmente, un porcentaje tan alto. Significaría que nuestros maestros son buenos pedagogos. Pero Espinoza nos responde que ese porcentaje es alto porque se ha puesto un puntaje para aprobar bajo, de 2.6 sobre 4. Más adelante se podrá ir elevando los estándares, conforme los maestros se desempeñen mejor en esta pedagogía activa.

Pero lo que queda claro es que definitivamente sí tiene sentido hacer evaluaciones de desempeño.  Jorge Yzusqui, director de la cadena privada Innova Schools, que aplica evaluaciones de desempeño constantes como veremos, piensa que el plan del Ministerio es correcto y está bien pensado en términos generales. Gonzalo Galdos, presidente de la cadena privada de colegios Futura Schools, afirma que la evaluación del desempeño plateada por el Ministerio es positiva pues permitirá el tránsito a la educación moderna basada en una pedagogía activa. En su cadena de colegios, sin embargo, no se aplica evaluaciones de desempeño sino de resultados en el aprendizaje a fin de año a partir de una línea de base de cada alumno construida a principio de año. Pero sí se monitorea permanentemente el desempeño de los profesores en el aula y, además, estos reciben entre 200 y 300 horas de capacitación al año en pedagogía activa, aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, alfabetización digital, etc.

Fuente: andina.com.pe

¿Las “rúbricas” están bien hechas?

¿Están bien elaboradas las “rúbricas” o pautas en las que se explica qué se va a evaluar, cómo debe desempeñarse el maestro, qué habilidades debe mostrar? Trahtemberg opina que algunas son subjetivas y difíciles de aplicar. Pero Jorge Yzusquiafirma que las “rúbricas” están bien hechas, aunque quizá falte precisar más algunos de los criterios. Gonzalo Galdos asegura que las rúbricas están bien elaboradas, tienen un protocolo claro y las conductas de cada uno de los cuatro niveles en las seis habilidades que se van a medir están bien definidas y permiten una evaluación objetiva. Sin duda “permitirán separar a los maestros que han quedado atrapados en el pasado”, anota.

El profesor Hugo Díaz, experto en pedagogía y educación, también considera que en términos generales las seis rúbricas están bien. Sin embargo, refiere que los docentes consideran que los aspectos que ayudan a medir el logro de cada desempeño podrían ser en unos casos subjetivos o poco reales. Por ejemplo, señalan que en niños de 0 a 5 años es muy difícil lograr en 6 minutos que los niños estén atentos durante el resto del tiempo para alcanzar el Nivel IV de desempeño, y 15 minutos para el Nivel III. Sostienen, además, que hacer un registro de tanto indicador en el tiempo fijado de una hora puede ser poco.

Pero Giuliana Espinoza responde que esa crítica es una distorsión que se aclara en los talleres: “no se pide que todos los niños estén atentos 54 minutos, sino que la mayoría del grupo lo esté. Eso está en los manuales. En el pilotaje la gran mayoría de profesores sale bien en esta rúbrica.
No se considera desatención estar moviéndose, sino mostrar desgano sostenido, dormirse, etc. La distracción breve es natural y no se penaliza”.

Respecto de la crítica más general de que en zonas pobres los niños no atienden por anemia o desnutrición, ella comenta lo siguiente: “Lo que se observa es qué hace el profesor con los niños que se distraen, no lo que hacen los estudiantes”. Señala que si hubiese estudiantes que han perdido el interés o que no participan espontáneamente el docente puede alcanzar el nivel IV siempre y cuando sea activo en buscar involucrarlos en la sesión. El principal valor es que las progresiones sean entendidas y los profesores vayan mejorando en sus prácticas”

Lo que podemos inferir de esto es que las rúbricas serían bastante accesibles.

¿Una sola observación de 60 minutos o incorporar evaluación constante?

Siempre subsiste la crítica de que en una hora es difícil evaluar todos los indicadores que se pide y que, como señala Díaz, “se pueden presentar situaciones importantes que en una hora no necesariamente se dan, y el mismo desempeño del profesor durante la hora puede ser atípico, como el de sus niños. Se puede poner nervioso, o se preocuparía durante toda una semana de preparar a sus niños para el momento de la evaluación”. Díaz concluye: “hay que evaluar la posibilidad de tener una evaluación continua durante el año hecha por el director y el coordinador respectivo no solo”.  

León Trahtemberg es de la misma opinión: si es el Director quien va a evaluar, él puede ir haciéndolo a lo largo del año, pues su función es ver cómo enseñan sus profesores. Jorge Yzusqui piensa que lo ideal serían varias horas de observación, pero quizá no sea factible considerando el enorme número de maestros a evaluar. Considera, entonces, que la solución dada es realista. Galdós, por su parte, considera que en 60 minutos sí es posible apreciar cómo dicta un profesor y en qué nivel se encuentra en cada una de las rúbricas.

Yzusqui explica que en Innova Schoolslas evaluaciones de desempeño son constantes.  Los profesores son clasificados en tres niveles, bajo, medio y alto desempeño. Quien está en el nivel bajo, recibe un acompañamiento y monitoreo de parte de un profesor experto o “coach” una vez por semana, quien le indica qué está haciendo mal y en qué debe mejorar en cinco capacidades: la capacidad de motivar a los alumnos, cómo maneja el aula, cómo maneja los conceptos, etc. Si su desempeño es alto, el monitoreo se da cada dos meses. A medio año hay una evaluación de desempeño que incorpora la evaluación de los “coaches” y también una que realiza el Director. A fin de año a estas se suman la evaluación que de cada profesor hacen de los padres de familia, los colegas y los alumnos mayores de 11 años. Todas estas mediante encuestas. El profesor que está en un nivel bajo tiene dos años para mejorar. Si al cabo de esos dos años no sube de nivel, es retirado.

Ahora bien, según Giuliana Espinoza, aparte de la evaluación de desempeño de la que hablamos, el Director monitorea a todo su personal permanentemente con las mismas rúbricas y le indica en qué aspectos debe mejorar. Si eso es así, lo que no se entiende es por qué esa observación permanente no se traduce en una calificación que se incorpore a la evaluación de desempeño, promediándose con el puntaje de la observación formal de los 60 minutos. La propia Espinoza nos responde que lo que pasa es que no todas las instituciones educativas tienen Director capacitado (pero –retrucamos- podría hacerse cuando menos en las 12,000 que ya lo tienen) y otra razón es que “vimos alta consistencia en los resultados de las observaciones a un mismo profesor. Lo probamos en el piloto 2016”.

Pero Giuliana Espinoza insiste en que no es que sólo se evalúe la actuación del docente en una clase modelo: hay otros tres instrumentos que miden su desempeño a lo largo del año. “La encuesta a los padres de familia recoge información obtenida a lo largo del año, lo mismo que el instrumento que valora su responsabilidad y compromiso (cumplimiento de su horario de trabajo, cómo lleva la planificación de enseñanza, y cómo se relaciona con comunidad educativa y si aporta al proyecto educativo de la escuela), así como la gestión del espacio y los materiales, que se recoge en visitas inopinadas (entre 2 y 4). Los cuatro instrumentos en conjunto dan un buen diagnóstico del desempeño del docente”, explica.

¿El Director está preparado para evaluar a sus profesores?

En todo caso, si la observación es una sola, es importante que el evaluador sea óptimo. ¿Quién evalúa? ¿Tiene las capacidades suficientes? Giuliana Espinoza, la directora de Evaluación Docente, nos explica que se forma un Comité de Evaluación conformado por el Director, el Subdirector y un profesor del mismo nivel (inicial en este caso) que no labore en la misma escuela y que sea de igual o superior escala. Pero quien evalúa, quien aplica el instrumento de observación, es el Director. Pero no cualquier Director, sino aquel que haya llevado el diplomado de Gestión Escolar de dos semestres y un taller de observación de aula de una semana, donde se realiza un trabajo en equipo para identificar indicadores de desempeño, se ve videos de clases y los propios Directores califican el desempeño de los profesores del video de 1 a 4 y contrastan su calificación con la del “master”. Y así se desarrollaron las 6 “rúbricas”. Este es el procedimiento de certificación de la Universidad de Virginia, que ha sido adoptado por el Ministerio. Fueran de eso hay videos auto-instructivos y videos con las clases completas.

En la actualidad hay más de 12 mil directores certificados, el 92% de los que siguieron el curso. Y se sigue capacitando y certificando, pues hay 3 mil directores de los 15 mil que accedieron mediante evaluación al cargo de Director que todavía no pasan la certificación mencionada. El próximo año habrá una nueva evaluación de acceso al cargo de director.

Además, el director va a pasar una evaluación de desempeño él mismo, justamente en lo relativo a si ha evaluado y retroalimentado a sus profesores. Será también el 2018. ¿Quién lo evalúa? Pues un “Comité de Evaluación de desempeño de los cargos directivos de la institución educativa” integrado por el Director de la UGEL o el Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, quien lo preside, el Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL o un Especialista en Educación de la UGEL, y un especialista en Educación de la UGEL, de la misma modalidad y nivel del evaluado.

Todo esto, sin duda, ofrece una garantía. De todos modos, siempre hay la posibilidad de que un Director abuse o desapruebe arbitrariamente a un profesor. En ese sentido, si el docente desaprueba, recibe una segunda visita de dos evaluadores certificados externos. Es decir, tiene una segunda oportunidad dentro de la primera evaluación. Con eso debería disiparse todo temor.

La otra pregunta es por qué la evaluación de desempeño no se junta con la evaluación de ascenso, que incluye exámenes de conocimientos, en una sola. Si hay la posibilidad de ascender, hay más incentivo. Según Espinoza, la evaluación de desempeño no se puede usar como puntaje para evaluación de ascenso porque los Comités de Evaluación pueden tener criterios distintos y las calificaciones que pongan quizá no sean enteramente homologables.

En conclusión, el proceso de evaluación de desempeño parece estar bien diseñado en términos generales, las rúbricas contendrían criterios objetivos, serían relativamente fáciles de aprobary hay 12,000 directores capacitados para aplicarlas. Pero una evaluación de una hora puede ser insuficiente (aunque se complementaría con otros tres instrumentos). Si estos directores monitorean permanentemente a sus profesores en su desempeño en el aula, esa observación permanente debería formar parte de la evaluación de desempeño y no limitarse ésta a una observación de 60 minutos. Y quizá deba fundirse las evaluaciones de desempeño y de ascenso en una sola. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

La educación escolar en el Perú es probablemente el mayor reto pendiente para nuestro desarrollo a largo plazo. En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres.

La revolución que proponemos tiene que salir de las aulas, de la creatividad de nuestros niños, a quienes solo tenemos que ‘capacitar e inspirar’, de los maestros que entiendan que detrás de esta gesta, está la recuperación de la dignidad del magisterio, de la innovación que adopten los directores de escuela y del compromiso responsable de los padres de familia, con el mejor aporte que pueden dar a sus hijos. Esta debe ser una revolución ‘bottom-up’, de abajo a arriba, que mueva las conciencias en toda la sociedad y que establezca una amplia y profunda colaboración entre lo público y lo privado.

El reto por mejorar la calidad de la educación es tal, que en el CADE 2014, el especialista de la Universidad de Harvard,  Lant Pritchett, recomendó hacer un ‘Big Bang’, al igual que el propio IPAE como parte de su ‘Visión al Tercio de Siglo, que propuso un ‘salto cuántico’. Ver en Lampadia: Tenemos que emprender una revolución educativa.

Nuestro empeño en el tema nos ha permitido diseñar y proponer “Un nuevo pacto social por la educación” pero, lamentablemente, este no ha recibido mayor atención de parte del Gobierno. Creemos que es fundamental hacer un extraordinario esfuerzo para nivelar la calidad con la de los países más desarrollados. Más aún ahora que se ha hecho evidente el advenimiento de una revolución tecnológica que amenaza con dejar fuera de carrera a los países que no puedan adoptar las nuevas tecnologías que van a transformar la educación, la salud, la forma de hacer negocios y la vida de las personas.

El caso de Innova Schools es un desarrollo extraordinario en el que se destaca de manera evidente la fuerza transformadora de los sistemas modernos de educación, con especial énfasis en la capacitación de los maestros. Ver en Lampadia: La Capacitación produce milagros e Ideo apunta a reinventar la educación en el Perú con Innova School.

Consideramos importante resaltar que la diferencia entre el gasto público anual por alumno en el Perú y el costo mensual de la matrícula en Innova Schools es mínima; y la diferencia en calidad de los servicios brindados a los alumnos es extraordinaria. Según el INEI, el Gasto Público mensual por alumno en educación básica regular es:

• Educación pública inicial: S/. 210
• Educación pública primaria: S/. 218
• Educación pública secundaria: S/. 254
• Rango de costos en Innova Schools: Entre S/. 250 y S/. 400.

Innova Schools ha logrado exitosamente desarrollar una cadena peruana de colegios privados para la clase emergente. Recientemente una publicación de Business Insider elogió el gran logro de Innova Schools: “El modelo está recibiendo atención internacional, más recientemente como un ganador del primer premio en los Premios Internacionales de Excelencia en Diseño. (…) Confían en un aprendizaje combinado – una forma de educación que utiliza la tecnología y el estudio independiente guiado – para que los niños piensen de manera creativa, flexible y crítica. A su vez, las familias pagan sólo US$ 130 al mes por la matrícula.”

A continuación reproducimos dicha publicación:

Un peruano multimillonario contrató a una empresa de diseño de fama mundial para reestructurar el sistema de escuelas privadas de su país y los resultados son impresionantes

Chris Weller
Business Insider
13 de Julio de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Enrique Castro-Mendivil/Reuters(Slider/FB)

En el país de origen de Carlos Rodríguez-Pastor, Perú, la educación está rezagada. El multimillonario empresario quería que los chicos de clase media tuvieran una alternativa entre las caras escuelas privadas y las empobrecidas escuelas públicas, pero no existía ninguna opción.

Así que, en 2011, con la ayuda de la firma de diseño IDEO, creó una alternativa.

Los Innova Schools son el producto de ese deseo. Confían en un aprendizaje combinado – una forma de educación que utiliza la tecnología y el estudio independiente guiado – para que los niños piensen de manera creativa, flexible y crítica. A su vez, las familias pagan sólo US$ 130 al mes por la enseñanza.                                                                                                    

El modelo está recibiendo atención internacional, recientemente como ganador del primer puesto del International Design Excellence Awards.

Echemos un vistazo a un tour de la escuela:

Alrededor de todo el Perú, Innova Schools tiene 41 escuelas que atienden a casi 31,000 estudiantes en el sistema K-11. Cada edificio es modular. Las paredes y las sillas son móviles y los espacios están diseñados para que los profesores cambien lecciones de forma rápida y sencilla.

Fuente: Innova Schools

Casi una cuarta parte de los 8 millones de niños de Perú asisten a las escuelas privadas porque el sistema de educación público está en muy mal estado. Las escuelas pueden sentirse como cárceles, así que Rodríguez-Pastor trabajó con IDEO para hacer que los Innova Schools sean lo más abiertos y expansivos como sea posible.

Fuente: Innova Schools

En febrero de 2015, Innova Schools se convirtió en la mayor red privada de escuelas del Perú. La cadena espera expandirse a 50 lugares y servir a 40,000 estudiantes para 2018. Su objetivo es inspirar a los niños con tecnología moderna y auto-descubrimiento.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil

Cada día escolar en Innova se divide en dos secciones. Los niños pasan la mitad del día en clases pequeñas de 30 alumnos, enfocados en la resolución de problemas y  trabajo en equipo, con una atención mínima del maestro. La otra mitad es para el aprendizaje independiente, usando sitios web como Khan Academy y Time to Know.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil

Desde el principio, IDEO y Rodríguez-Pastor acordaron que Innova tenía que verse bella. Los padres tenían que sentirse seguros de que sus hijos estaban aprendiendo en un ambiente de alta calidad. Como parte de su misión, Innova también premia la recreación y el sentido del humor, lo que significa que el aprendizaje no es una experiencia rutinaria y aburrida. Los niños también se divierten.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Parte de esa educación holística incluye tiempo para socializar. Innova con frecuencia lleva la enseñanza fuera de las aulas, para que los niños no se sientan abrumados por el uso frecuente de computadoras.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

El método está funcionando: En 2013, el 61% de los estudiantes de segundo grado de Innova alcanzó la buenos resultados en los exámenes federales de matemáticas. El promedio nacional: 17%.

Fuente: IDEO/Innova

Innova insiste en que los niños necesitan ser auto dirigidos para tener éxito. Como resultado, cada niño participa en el Programa de Innovación de la escuela, lo que les lleva a pensar en un desafío social. Al final del año, los estudiantes presentan sus soluciones.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Un gran obstáculo para Innova ha sido convencer a los padres que el modelo funciona. Puede que cantar canciones y jugar con computadoras no parezca la imagen tradicional del aprendizaje, pero Innova apunta a los indicadores. Tanto en matemáticas como en comunicación, los puntajes de las pruebas estandarizadas de Innova son varias veces más altos que el promedio nacional de Perú.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Innova también exige excelencia de sus profesores. Crear un sistema escolar tan rápidamente significó que muchos maestros necesitaban capacitación, así que Innova diseñó el Centro de Recursos para Maestros. Es un catálogo de 20,000 lecciones, organizadas por maestros veteranos para que estudien los profesores más jóvenes.

Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

El producto de todo este trabajo es un cuerpo estudiantil que se entusiasma con el aprendizaje y está familiarizado con la tecnología moderna. Ahora, sostiene Innova, la próxima generación puede finalmente tener una oportunidad justa de competir en la economía global.

Fuente: Innova Schools

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Por encargo de la Dirección General de Estrategia Turística del MINCETUR, se acaba de desarrollar el ‘Perfil Conceptual Integral para el Desarrollo del Destino Turístico Rímac’, con el objetivo de facilitar la puesta en valor una de las zonas más representativas de Lima, La Ciudad de los Reyes.

La propuesta encierra un doble aporte, el planteamiento para el desarrollo del ‘Destino Rímac’ y la metodología empleada para expresar la puesta en valor de un conjunto importante de atractivos turísticos. En Lampadia tenemos el honor de publicar, como primicia, tan importante documento.

Ver: PROPUESTA CONCEPTUAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL DESTINO TURÍSTICO RÍMAC

El turismo es una de las actividades con mayor potencial de desarrollo en el Perú. Actualmente recibimos menos del 2% del turismo global, y nos visitan menos viajeros que a Costa Rica y Chile. El gobierno tiene la meta de duplicar los arribos internacionales a siete millones de turistas por año.

A continuación, presentamos diferentes extractos del estudio con el afán de facilitar a nuestros lectores la cercanía a los planteamientos del proyecto y su importante metodología de desarrollo:

En este sentido, por su contenido metodológico, vemos conveniente resaltar los lineamientos de base de la propuesta:

• El Turismo es una de las pocas actividades que no ha dejado de crecer en todo el mundo en los últimos 60 años; y lo ha hecho en gran medida por que se consume como un “producto”; un producto experiencial que se ofrece a través del Mercado; y, en consecuencia, su comercialización y ventas funcionan bajo la lógica comercial de este Mercado que rige la economía global de las últimas décadas. Eso sucede inclusive en las economías más cerradas que ofrecen destinos turísticos al mundo como Varadero en Cuba.
• Por ello, todo Destino Turístico que anhela ser exitoso (en cualquier escala) debe entender esta “lógica de Mercado” y desarrollar sus estrategias bajo sus reglas. Sin embargo, ello no quiere decir que las fuerzas del Mercado “per se” deban ser las que dispongan la forma en que el Destino se desarrolle (sin mayor orientación que las fuerzas de la oferta y la demanda); pues ello implicaría que los intereses rentistas individuales (legítimos, pero no necesariamente enfocados hacia el bien mayor) sean los que rijan la estructura y funcionamiento de la actividad turística. Por ello, cobra un papel cada vez más importante la Planeación del Destino, la cual debe garantizar la sostenibilidad general, la equidad de beneficios, la sinergia con otras actividades, la pertinencia cultural con las poblaciones anfitrionas y muchas otras aristas que privilegien el “bien mayor” respecto al interés individual.
• Entonces, podemos asumir como regla general que los Destinos Turísticos se diseñan y que las fuerzas de Mercado se encaminan para lograr que esta actividad sea un medio eficaz para el bienestar general. Consecuentemente, podemos afirmar que el momento actual puede ser “clave” en los intereses del Rímac respecto al Turismo. Las decisiones de hoy pueden ser vitales en el éxito del Destino Turístico Rímac; y en lograr que éste sea innovador, inclusivo, sostenible y una herramienta vital para la conservación de su enorme potencial Patrimonial.
• El presente estudio, por sus características, no es Plan de Desarrollo Turístico (PDT) convencional; es un instrumento “de base” mucho más sencillo y estratégico. Es un documento de orientación construido como una carta de navegación, que busca “guiar” las decisiones que los gestores deberán tomar (en los próximos meses y años), para lograr que el Destino Turístico Rímac se afirme, sea competitivo hacia el mercado y sea apreciado por su comunidad local como un instrumento para el bienestar.

Enfoque Metodológico

El espacio turístico: Concepto metodológico tomado de Roberto Boullón, definido como: La consecuencia de la presencia y distribución territorial de los recursos turísticos. El patrimonio turístico, más la planta turística, infraestructura y el flujo de turistas son condiciones suficientes para definir el espacio turístico de cualquier país y/o porción de territorio interno.

Esta metodología cataloga los atractivos turísticos como: recursos focales, recursos complementarios, recursos potenciales y recursos identificados; y los analiza integrando los demás factores como planta turística, infraestructura, conectividad, información, posicionamiento, etc. Con todos estos datos el Espacio Turístico puede ser calificado como Zona o Área (según su escala).

El “Espacio Turístico” se concibe como un territorio especializado (estructurado pero discontinuo respecto al territorio integral en el que se asienta) y acotado en categorías establecidas según su función específica en la operación turística integral. Este ‘Espacio Turístico’ tiene como tendencia general la “concentración y aglomeración” de actividades de servicios y economías vinculadas entre sí, en torno a los flujos turísticos, principalmente a los peatonales de recorrido corto y medio.

Principales atractivos del Destino Rímac 

El término “Rímac” evoca diversos significados, algunos asociados a la inmanencia desde la perspectiva mítica e histórica del rio, la montaña y el valle; y otros a la trascendencia por su importancia en el origen del nuevo Perú colonial y su primera capital, la Lima de los reyes.

• “Patrimonio Mundial” (Unesco).
• “Bajopontinos” en alusión al viejo puente de piedra construido en 1610, que permanece hasta nuestros días.
• “Barrio tradicional”.
• “Rio hablador”, que deja oír hasta hoy desde sus aguas a la antigua deidad del Rímac que se sacrificó́ ante el sol por los pobladores de su valle.
• Las creencias asociadas al Cerro San Cristóbal, desde su percepción como gran señor de ese Valle (Apuprehispánico) hasta la fe católica popular actual.
• El único mirador en todo Lima.
• Arquitectura colonial.
• Urbanismo colonial, asociado al “damero” de la Lima de los Reyes y a notables ambientes urbano monumentales (Alameda de los Descalzos, Paseo de las Aguas y Plaza de Acho).
• Asociación directa a los conceptos: Lima de antaño, antigua Ciudad de los Reyes, a la “cocina típica limeña” en potajes y postres, a la “música criolla” y conceptos complementarios como la “Jarana criolla”, concentración inusual de templos e iglesias; muchas de ellas asociadas a milagros que se recuerdan y conmemoran hasta hoy.
• Tierra de santos limeños. En ese contexto pasaron sus días San Martín de Porras, San Juan Macías (fray) y San Francisco Solano.
• Procesiones a la Cruz del Cerro San Cristóbal.
• Connotaciones espirituales y esotéricas albergadas en las esculturas zodiacales de la “Alameda de los Descalzos” y en la disposición urbanística de ese hermoso espacio público ancestral, a modo de “axis mundi”.

Desarrollos propuestos

• Un Teleférico al Cerro San Cristóbal
• La “recreación” contemporánea del histórico tranvía
• Plan de interpretación integral

El Rímac es otra historia – Atributos de la marca:

Bajo el marco teórico del turismo como “experiencia” la marca puede irse afinando y perfeccionando desde tres perspectivas:

• El eje Naturaleza vs Cultura
• El eje de Sensaciones y Estímulos
• El eje Confianza

Para el desarrollo del destino, el estudio identifica a los actores que deben movilizarse en la dirección de la estrategia planteada:

Así mismo, el estudio identifica la segmentación de los públicos objetivo y los principales mensajes a comunicar:      

Este excelente estudio ha sido desarrollado por el siguiente equipo:

Lampadia

El gobierno dice que está trabajando en el diseño de una reforma integral de la protección social, cuyo objetivo sería que las personas estén amparadas  cuando se enfermen, cuando pierdan el empleo y cuando dejen de trabajar en la madurez. La manera clásica, bismarckiana, de acceder a esos beneficios ha sido por medio del empleo formal, que es el que permite acceder a un seguro social de salud, a una pensión de jubilación y a una indemnización o seguro por despido.

Pero en el Perú el empleo es mayoritariamente informal. Por lo tanto, una reforma integral debe comenzar por facilitar la formalización del empleo, es decir, por la reforma laboral, pero debe complementariamente buscar formas de aseguramiento o protección que no dependan únicamente de las relaciones laborales formales y que cubran a los trabajadores independientes, carencia que ha sido el Talón de Aquiles del Sistema Privado de Pensiones (SPP), dando pie una serie de ataques populistas.

Pues en nuestro país ni siquiera el empleo formal asegura una protección social efectiva. Por ejemplo, la atención de Essalud es muy deficiente. Muchos días para conseguir una cita y meses para obtener turno para una intervención quirúrgica. Esto se debe fundamentalmente a problemas de gestión, pues en los dos hospitales concesionados mediante APPs de ‘bata blanca’, el nivel de servicio es muy bueno y al mismo costo de las atenciones directas. Pero también se debe al reducido número de aportantes debido a la alta informalidad. Es un círculo vicioso. Pero un factor importante es el populismo legislativo, que eliminó las aportaciones correspondientes a las gratificaciones. Y, mucho más grave aún, eliminó en buena cuenta las  pensiones del SPP con la ley que permite retirar el 95.5% de los aportes realizados al momento de la jubilación.

El resultado de esta ‘iluminada’ ley promovida por los peores congresistas de la historia peruana, ha sido que coincidentemente el 95% de las personas que se jubilan en el SPP retiran de manera inmediata todo el fondo que han acumulado. Es decir, renuncian a recibir una pensión mensual por el resto de sus vidas. Algo absolutamente previsible, dada la naturaleza de los seres humanos, advertido a los legisladores e ignorado con desfachatez por todos ellos.

En efecto, esta ley se aprobó en los estertores del gobierno anterior, en abril del 2016 y, según información brindada por la Asociación de AFPs, ya desde el mes siguiente, mayo de ese año, solo el 1% de las personas que se jubilaron decidieron convertir su fondo en una pensión hasta el final de sus días. El 95% optó por retirar el 95.5% de su ahorro pensionario y alrededor de un 4% decidió alguna combinación de ambas opciones.

Lo más probable es que esta ley termine siendo un boomerang contra el fisco, porque no es que los que retiraron su fondo lo hayan invertido en algo mejor. A partir de los datos existentes, la Asociación de AFP concluye que probablemente el 60% de los fondos retirados se fueron a alguna forma de consumo. El monto de dinero retirado por las personas supera el 1% del PBI del 2016, pero “los depósitos realizados por las personas naturales a diciembre 2016 en el sistema financiero, ascienden a un total de S/107,976,790, solo mayor en S/2 mil millones a lo registrado en el 2015; este incremento representa el 40% de lo que los afiliados al SPP retiraron de sus fondos de pensiones (S/5,836 millones)”, precisa la nota.

Lo que queda claro es que en el Perú el empleo formal ya no asegura una pensión. El resultado de esta irresponsable ley es que el porcentaje de personas con pensión en el Perú, que era apenas de 30%, ¡se reducirá a 10%! ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 o 30 años? ¿Todos pasaremos a pensión 65? ¿Cómo se sostiene eso?

Es evidente, entonces, que una parte fundamental de la reforma de la protección social debe contemplar la derogatoria de la ley del 95.5%, quizá permitiendo retirar del fondo propio solo aquello que esté por encima de una pensión mensual básica a determinarse.

El sistema de pensiones como tal requiere una reforma que permita integrar el sistema público y privado dentro de un esquema de capitalización individual. El gobierno estaría pensando en centralizar la gestión  administrativa de las pensiones en una entidad (pública o privada) que maneje las cuentas y las relaciones con los clientes, de modo que las AFP se concentren solo en el manejo de las inversiones. Otro disparate, pues se crearía un monstruo administrador con capacidades monopólicas y sin lugar a dudas, con una muy mala calidad de servicio.

Algo que deberíamos tener claro a estas alturas, es que los mejores sistemas de pensiones existentes, son los basados en capitalizaciones individuales. El que el gobierno no se pronuncie hasta ahora sobre esto, es solo producto de la cobardía de los funcionarios que temen las reacciones políticas de los enemigos del sistema privado de acumulación individual y que prefieren  sorprender al país con un nuevo esquema que se aprobaría entre gallos y media noche.

El reto más importante del sistema de pensiones es que cubra adecuadamente a los trabajadores independientes e informales. Para ello se hace necesario poner en práctica mecanismos que incentiven el ahorro pensionario de los independientes, de aquellos que no tienen una relación laboral formal. En Lampadia hemos propuesto repetidas veces que las personas puedan destinar una parte del IGV que pagan cuando compran algo, a su cuenta individual en una AFP. Lo que, de paso, ayudaría a formalizar las empresas vía el pedido de facturas a los comerciantes y proveedores. Una alternativa, pobre, que se estaría estudiando es establecer aportes automáticos y obligatorios en los recibos de agua, luz y telefonía.

Por otro lado, según los trascendidos, el equipo del gobierno que está diseñando el nuevo esquema, habría adoptado la filosofía del consultor del BID, Santiago Levi, que propone dejar los impuestos directos como el de la renta, para basar los aportes en los impuestos indirectos como el IGV. Una idea positiva en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema, pero con una gran falla, pues postula que la recaudación vaya a un gran pozo para crear un sistema de reparto, con pensiones igualitarias.

La propuesta de Lampadia, de enero 2014, consiste en usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción. Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que conlleva, así como Pensión 65 (¿?)
• Se podría ir eliminando las exoneraciones e inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que junto con el ahorro generado al cerrar el déficit de la ONP, podría compensar (total o parcialmente) los puntos que se usen en los canjes individuales.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados.

También será necesario que se establezca una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

No vaya a ser que el gobierno nos sorprenda con un sistema equivocado o mediocre, que no haya podido ser debatido en la sociedad civil. El congreso anterior, bajo la presidencia del irresponsable Luis Iberico, puede haber apurado,  en su undécima hora, barbaridades, pero hoy, estos temas deben ser cuidadosamente analizados por todos los estamentos que tengan la capacidad de aportar. Lampadia  

Tras el reciente proceso de impeachment de su presidente, Corea del Sur enfrenta un futuro económico incierto; el cual ha sido analizado en un informe del Economist Intelligence Unit titulado “South Korea: Making up for lost time”. En mayo eligieron a un nuevo presidente, Moon Jae-in, con una plataforma de reforma agresiva, quien prometió a los votantes que se enfrentaría a la corrupción gubernamental y corporativa, particularmente los lazos entre el gobierno y los grandes conglomerados, conocidos como chaebol, que han jugado un rol dominante en el crecimiento económico de Corea del Sur (ejemplos de estas empresas son Samsung y Hyundai).

Fuente:  clarin.com

Los signos positivos para la economía son cada vez más aparentes. El Banco Central y el Fondo Monetario Internacional elevaron sus proyecciones para el crecimiento de este año, y el ministro de Finanzas, Yoo Il-ho, dijo que la expansión podría superar la proyección del 2.6 %. Se espera que las exportaciones aumenten por sexto mes en abril, y la confianza del consumidor se recuperó cerca de los niveles observados antes de que el escándalo político estallara a fines del año pasado.

Reformas en el mercado laboral

Una de las prioridades más inmediatas para el nuevo gobierno es la implementación de una reforma del mercado laboral, que incluye la creación de empleo y un aumento del salario mínimo. Dado que la administración anterior estuvo permanentemente envuelta en escándalos y crisis, hay mucho por hacer. Existen varios proyectos de ley de desregulación encaminados a eliminar los trámites burocráticos innecesarios, la creación de paraísos comerciales en todo el país y la liberalización de grandes sectores del sector de servicios que quedaron atrapados en la telaraña legislativa. Los proyectos de ley de reforma buscan crear un mercado de trabajo más flexible.

A pesar de la baja tasa global de desempleo de Corea del Sur de 3.7% en 2016, que se compara con un promedio de la OCDE de 6.3%, el mercado laboral local sufre de problemas estructurales cuyos efectos son cada vez más visibles. El mercado laboral del país se ha ido dividiendo cada vez más en un rígido sistema dual que consiste en un segmento privilegiado de trabajadores regulares y un conjunto menos protegido de trabajadores irregulares. Esta segmentación está perjudicando a los jóvenes, que a menudo luchan por encontrar trabajo regular. El desempleo de los jóvenes se elevó a un récord de 10.7% en 2016, aunque es probable que esta cifra subestime el problema, ya que muchos jóvenes graduados trabajan en puestos irregulares mal remuneradas.

En Corea del Sur, las PYME representan alrededor del 99% de todas las empresas y emplean el 88% de los trabajadores (siendo el resto las chaebols), según la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Por lo tanto, no es sorprendente que Moon Jae-in se haya autodenominado el “presidente de los puestos de trabajo” durante su campaña. Su lista de promesas, que anunció que sería financiada por un plan de estímulo de US$ 8,800 millones incluye la creación de 810,000 empleos en el sector público y el aumento del salario mínimo.

La reforma chaebol

Además, una de sus principales promesas tiene que ver con las reformas financieras para evitar la nociva cercanía al poder de los ‘chaebol’, aquellos conglomerados industriales controlados por clanes familiares que muchas veces han participado de esquemas de corrupción con el sistema político.

El nuevo presidente Moon quiere presionar a los cuatro grandes, Samsung, Hyundai, SK y LG. “Tomaré la iniciativa para reformar a los conglomerados”, dijo. Según él, “las familias de los chaebols están en el centro de muchos delitos de cuello blanco, como el fraude fiscal, las cajas negras y la evasión fiscal”. Los directivos culpables de delitos financieros se han beneficiado a menudo de suspensión de penas, ya que los tribunales temen los riesgos económicos a los que se expondrían con castigos más severos.

Política de Rayo de Sol

El nuevo presidente surcoreano debe gobernar un país profundamente dividido entre conservadores que ven en Corea del Norte su principal enemigo, y liberales que quieren un acuerdo de paz con su vecino del norte. No obstante, se espera que Moon introduzca cambios importantes en la política exterior que sin duda afectarán el delicado equilibrio regional.

En principio, Moon pretende volver a la “Política del Sol”, de mayor cooperación con Corea del Norte, implementada desde 1998 por el entonces presidente Kim Dae-jung, y que le valiera el Premio Nobel de la Paz. El nombre proviene de “El Viento y el Sol,” una fábula de Esopo cuya moraleja indica que la persuasión es más poderosa que la violencia. La idea se basa en antiguos modos tradicionales coreanos de lidiar con los enemigos dándoles regalos para evitar que hagan daño.

Innovación y la Cuarta Revolución Industrial

Una tarea aún más formidable para el nuevo presidente será encontrar nuevos impulsores de crecimiento para la economía. Desde los años sesenta, el país ha estado construyendo agresivamente un sector intensivo en capital, orientado a la exportación, que se convirtió en su principal motor de crecimiento. Pero, según el Economist Intelligence Unit, Moon Jae-in asumirá el reto de diseñar un cambio de paradigma para la economía, que pasaría a ser  impulsada por la innovación en lugar de la fabricación orientada a la exportación.

Problemas nucleares

Según el Economist Intelligence Unit, las posibilidades de un conflicto militar en la península coreana siguen siendo bajas. La guerra nuclear es un resultado que todos los países involucrados quieren evitar. Las consecuencias serían inimaginables: una pérdida significativa de vidas, vastas extensiones de tierra deshabitadas, caos económico, cambio de régimen y desplazamiento de millones de personas.

El presidente ha pedido una combinación de negociaciones y cooperación económica junto con medidas militares y de seguridad. “Confío en liderar los esfuerzos diplomáticos que involucran a múltiples partidos, lo que conducirá al abandono total del programa nuclear de Corea del Norte, y traerá la paz en la relación entre el Sur y el Norte, la cooperación económica y la prosperidad mutua”, dijo Moon el pasado 25 de abril.

Sus reformas son muy audaces, Pero, después de nueve años de gobierno conservador, será difícil que Moon ponga en práctica su agenda, especialmente porque su partido demócrata ocupa sólo el 40% de los 299 escaños en la Asamblea Nacional. Para tener éxito, Moon tendrá que reexaminar cuidadosamente la eficacia y factibilidad de sus promesas de campaña e identificar las medidas más prometedoras.

Fuente:  cccspain.com

Por último, hay dudas reales acerca de hasta qué punto Moon podrá seguir hacia adelante con la reforma chaebol. Las administraciones anteriores no han podido reformar las estructuras de propiedad del chaebol ni limitar su poder de mercado. Después del escándalo político que llevó al impeachment del predecesor de Moon, hay un creciente impulso público para implementar reformas en Corea del Sur. Esperamos que Moon lo aproveche al máximo. Lampadia

Efectivamente, desde el advenimiento de Narendra Modi como líder de la India, se ha venido produciendo un proceso muy importante en el otro gigante asiático con repercusiones muy positivas para la humanidad. Modi es hoy el gran reformador hacia políticas públicas con sentido práctico,  racionalidad y sin sesgos ideológicos.

Pero Modi no es solo un buen ejemplo como reformador, al hacer crecer la economía de India ha generado un nuevo motor de  crecimiento de la economía global, en momentos que el resto flaqueaba.

Ahora vemos, como explica Kishore Mabubani, el singapurense que seguimos con mucho interés desde Lampadia, que la India tiene la posibilidad de posicionarse geopolíticamente como el fiel de la balanza entre EEUU y China.

Esto es especialmente importante para países como el Perú, ahora que EEUU está optando por el proteccionismo de Trump y retirándose del liderazgo global, y que China sufre aún, en alguna medida, de las ‘resacas ideológicas’ del comunismo.

El rol del fiel de la balanza, es uno muy difícil. Pero nadie como Narendra Modi para poder asumirlo. Ver el análisis de Mabubani:

La nueva CIA… China, India y América

Kishore Mahbubani
Prime India Today
8 de enero de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Shakespeare sabiamente dijo: “Existe una marea en los asuntos de los hombres que tomada en pleamar conduce a la fortuna. Pero si la evitas… todo el viaje de la vida estará lleno de obstáculos y desgracias”. Esta oportunidad se ha abierto para que la India se una a la liga de poderes ‘A’. La elección de Donald Trump ha abierto esta oportunidad.

Un camino rocoso, probablemente incluso turbulento, está por delante para las relaciones entre Estados Unidos y China. Incluso antes de asumir el cargo, Trump ha desafiado a China en muchos frentes, desde el comercio hasta sobre Taiwán. En cara de todo esto, la India tiene dos opciones. Se puede sentar y ver con satisfacción las tribulaciones de Beijing al intentar interactuar con Trump. O puede aprovechar astutamente esta nueva turbulencia en las relaciones entre Estados Unidos y China para catapultarse a una nueva liga de las grandes potencias, enmarcada en las siglas CIA: CIA representa ahora a China, India y América.

La gran pregunta aquí es si la India puede ser astuta. Se supone que los cálculos geopolíticos son el sello distintivo del pensamiento estratégico. Por lo tanto, es intrigante que a veces parece triunfar la petulancia ante la astucia en el pensamiento estratégico de la India. Cada vez que aparece algo “ligero”, India responde con gran agitación emocional en lugar de con un esfuerzo para ver si la adversidad puede convertirse en una oportunidad.

Pakistán es el mayor obstáculo para la política exterior de la India. Dada la historia, un romance entre India y Pakistán no está en las cartas. Sin embargo, muchos antiguos adversarios, como Francia y Alemania, China y Japón, Singapur y Malasia, han alcanzado relaciones normales. Por ejemplo, realizan un comercio “normal” entre sí. India y Pakistán no lo hacen. Esta es la razón por la cual la India debería reconsiderar su negativa a unirse a la iniciativa One Belt, One Road (OBOR) de China. Contrario a unas pocas voces paranoicas en Nueva Delhi, OBOR no es un esquema maligno diseñado por China para excluir a la India. En cambio, es la política de seguros de China para desarrollar los enlaces terrestres en Asia Central para superar cualquier posible cerco marítimo de Estados Unidos contra China. OBOR era un movimiento defensivo, no ofensivo. Si la India quiere ser verdaderamente astuta, debería unirse con entusiasmo a OBOR y utilizarla para crear una nueva red de vínculos comerciales y energéticos con Irán, Afganistán y Asia Central. En el centro de la red estará Pakistán. Ésta también ayudará a normalizar las relaciones comerciales India-Pakistán y liberará a la India de una carga geopolítica.

Para lograr todo esto, la India tendrá que mirar a China con nuevos ojos. India y China han tenido una historia tumultuosa debido a las (ahora inactivas) disputas fronterizas, así como la cuestión del Tíbet. Los medios indios atacan sin cesar y dicen que China es una amenaza para la India. Esta histeria mediática es un ejemplo perfecto de cómo a menudo las emociones triunfan ante la astucia en el pensamiento estratégico de la India. ¿Cómo es China una amenaza? ¿Va a invadir la India? ¿Cambiar unilateralmente la Línea de Control? ¿Enviar barcos de guerra a la India? En pocas palabras, China no es una amenaza militar para la India porque no obtendrá ninguna ventaja geopolítica por cambiar el statu quo en el terreno.

Por el contrario, mientras China no es una amenaza real para la India, Estados Unidos es una amenaza real para China. Los pensadores estratégicos chinos tienen todas las razones para estar paranoicos acerca de EEUU. América sigue siendo, en general, mucho más poderoso que China. Militarmente, Estados Unidos es mucho más poderoso. Económicamente, puede dañar a China al restringir las importaciones chinas (como Trump ha amenazado con hacer). Políticamente, puede movilizar movimientos separatistas en China (ya sea en Taiwán, Tibet o Xinjiang). La pesadilla china es una revolución de ‘color’ desencadenada por EEUU. Si los pensadores estratégicos chinos abandonaran su paranoia acerca de EEUU, deberían ser examinados.

Todo esto proporciona a la India una oportunidad de oro. Si las relaciones entre China y Estados Unidos empeoran con Trump, ambas partes prestarán más atención a la India. La elección que hace la India en este entorno geopolítico será absolutamente crítico. Dada la actual situación política en la India, donde se desarrolla una relación amorosa entre India y EEUU, habrá un fuerte deseo emocional de unirse a Estados Unidos contra China. Habrá beneficios a corto plazo. India conseguirá más armas de EEUU. El comercio podría crecer. Pero en tal arreglo geopolítico, la India siempre será el socio menor, el ‘Tonto’ para el ranger solitario estadounidense. Jugará el papel que Japón o Reino Unido hicieron en la Guerra Fría: un aliado valioso pero no un socio igualitario.

Lo astuto para la India, por lo tanto, es posicionarse geopolíticamente como un igual de EEUU y China. Esto no será fácil. El PNB de Estados Unidos es de US$ 18 trillones, el de China es de US$ 11 trillones y el de la India es de US$ 2.1 trillones. ¿Cómo es que el país mucho más pequeño se convierte en un socio igualitario a los dos gigantes más grandes?

Aquí es donde Trump ha proporcionado una oportunidad. Al desarrollar su oposición contra China, el presidente ha puesto efectivamente a China y a EEUU en los extremos opuestos de la balanza. La India debe aprovechar la oportunidad para saltar al medio como el fiel de la balanza. Esto creará el incentivo para que tanto Estados Unidos como China desarrollen relaciones estrechas con la India, ya que quién está en el fiel de la balanza, podrá determinar  para qué lado se puede inclinar. En términos de posicionamiento estratégico, la India debe estar en el medio, no acercarse a EEUU o China. En consecuencia, el peso geopolítico de la India también crecerá en el mundo, ya que se verá que las direcciones geopolíticas globales estarían siendo impulsadas por tres potencias: China, India y América (EEUU), la nueva ‘CIA’.

El gobierno de Obama y el de Bush dieron mucha más prioridad a China que a India. Esto mantuvo a la India bloqueada de cualquier posible triángulo de la ‘CIA’. En contraste, como  adversario de China, Trump ha abierto una ventana de oportunidad para India. ¿Es la India lo suficientemente astuta como para aprovechar esta breve oportunidad para desarrollar vínculos igualmente buenos con China y EEUU?

Probablemente esta oportunidad se dará por un breve tiempo, porque después de un año o dos en el cargo, puede que Trump rehaga sus cálculos y decida que tener una buena relación con China tiene más sentido geopolítico.

Las obras más importantes de Shakespeare fueron sus tragedias. En cada una, demostró cómo los seres humanos fallan al no elevarse por encima de sus fragilidades, incluyendo sus impulsos emocionales. Sería una verdadera tragedia que la India pierda su actual oportunidad geopolítica, por no elevarse sobre sus impulsos emocionales en relación con China. Lampadia 

Tiempos de escándalo, tiempos de irritación e indignación, los mejores momentos para identificar y corregir a las instituciones con coladeras, por las que se filtra la corrupción.

Lamentablemente, en el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones publicas, no responden a los siguientes principios:

Las democracias modernas se basan en el balance de poderes.
La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia.
La distribución del poder debe reflejar la representación popular.
La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control.
En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto. 

Estamos hablando de los municipios y gubernaturas regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales.

“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.

Veamos sino al extremo de corrupción que se llegó en una institución asentada en Suiza, que no rendía cuentas a nadie y tenía poderes discrecionales absolutos. 

En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una  segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.

En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción. No hace falta dar ejemplos de abuso de autoridades, decisiones caprichosas, o de actos de corrupción; todos los ciudadanos conocemos mil ejemplos.

Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?

Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?

Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.

La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas? Lampadia

Uno de los grandes déficits del desarrollo del Perú es la debilidad y hasta la inexistencia de instituciones sólidas. Esto se ha hecho más notorio durante los últimos años, en que hemos tenido muy importantes avances en el desarrollo económico y social, llegándose a tal punto, que algunos opinólogos y escritores confunden la debilidad institucional con la ausencia de diagnósticos y propuestas de reformas institucionales y plantean sus ideas desde una perspectiva puramente crítica y refundacional que desaprovecha los desvelos de ciudadanos preclaros y sólidas instituciones de la sociedad civil.

En sus últimos libros, Jaime de Althaus viene recorriendo los distintos aspectos que conforman la consolidación de una república moderna, como son los avances de la economía (La revolución capitalista en el Perú), el desarrollo de nuestra democracia (La promesa de la democracia) y, ahora, en el libro que estamos comentando, los temas institucionales de seguridad y justicia.

En Lampadia defendemos la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad; y promovemos un Estado de derecho y meritocrático. Publicamos análisis y opiniones que sustentan nuestra línea de pensamiento y, también hemos desarrollado bibliotecas virtuales sobre  temas estructurales para la prosperidad del Perú. Una de estas bibliotecas, ‘Estado del Siglo XXI’, ha sido desarrollada con la colaboración de Althaus, que ha venido aportando material en base al cual ha configurado su libro sobre el desarrollo institucional.

Líneas abajo presentamos  la introducción del importante  libro de Althaus:

La gran reforma (de la seguridad y la justicia)

Jaime de Althaus
Setiembre, 2016
Editorial Planeta​

Introducción

Según las encuestas del Barómetro de las Américas, el Perú es el país con mayor victimización por delincuencia en toda América (alrededor de 30% de las personas declaran haber sido víctimas de un delito el último año) y, aunque la tasa de homicidios por 100 mil habitantes (6.7 para el 2014 según el INEI) está bastante por debajo del promedio sudamericano (21.2 por 100 mil según la OEA)[1], ella viene subiendo en los últimos años a causa del crecimiento del crimen organizado y de las mafias de todo tipo en algunas ciudades importantes del país y de las guerras que se desatan entre dichas mafias por el control territorial de las extorsiones o de la cadena del narcotráfico. Si en los próximos años no se lleva a cabo una reforma profunda en la Policía Nacional y en el sistema judicial penal, la inseguridad ciudadana y el avance de las mafias puede terminar ahogando la gobernabilidad y el crecimiento económico.

La altísima victimización por delincuencia se debe a la impunidad reinante, originada a su vez en un sistema policial-judicial-penal deficiente, corrupto y poco integrado en la comunidad que no atrapa a los delincuentes o que cuando lo hace no los castiga, y a la carencia de políticas preventivas que ataquen la raíz social de la delincuencia. Y, por su lado, el avance de las mafias y el crimen organizado obedece, entre otras cosas, a un precipitado proceso de descentralización política y de recursos que, en medio de la fragmentación del sistema de partidos más extrema, ha creado cuantiosos botines presupuestales sin control abriendo espacios libres para el robo, la extorsión a las obras, las usurpaciones de terrenos, el avance de la minería ilegal y el narcotráfico, al mismo tiempo que el número de policías dedicados a la investigación policial disminuía en lugar de aumentar.

En esa misma medida, por supuesto, detener el crecimiento de la ola criminal que inunda segmentos crecientes del territorio, de la institucionalidad y de la actividad económica, supone un conjunto de reformas que van desde la reconstrucción de un sistema de partidos y de la autoridad rectora del Estado central a fin de recuperar la capacidad de gestión y control propia de un gobierno unitario, hasta la transformación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de instituciones relativamente patrimonialistas en organizaciones modernas.

Nosotros nos vamos a ocupar en este libro no de la reforma política, de la que tratamos en nuestro libro anterior, “La Promesa de la Democracia”, sino de la reforma del sistema policial, judicial y penal. Haremos una radiografía del funcionamiento interno de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de los mecanismos de corrupción existentes en esas instituciones, sus deficiencias estructurales y de gestión; pero también destacaremos los esfuerzos de cambio interno y las tendencias positivas que existen en ellas, impulsadas por las fuerzas sanas que hay en su interior y por políticas mayores que vienen informadas desde los ministerios de Justicia y de Economía y Finanzas.

En esencia, lo que tenemos es el difícil y complejo tránsito de organizaciones basadas en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

Max Weber diría que es el paso del (neo) patrimonialismo a la burocracia racional. En eso estamos.

Es increíble, por ejemplo, que no haya unidades de investigación policial en las ciudades del país más asoladas por el crimen organizado, o que la llamada Policía Comunitaria apenas empiece a aparecer en uno o distritos de Lima, o que muchos jueces penales no puedan tipificar bien un delito, o que no haya un sistema de justicia penal que pueda castigar a penas cortas en carceletas locales o municipales a delincuentes menores, dejándoles siempre libres para que sigan asaltando o agrediendo, que es la razón por la que tenemos la más alta victimización de las Américas. Son instituciones desconectadas de la demanda real, orientadas hacia adentro, no hacia afuera, pero que, como veremos, están empezando a cambiar.

Lo que tenemos es una tensión y eventualmente una lucha entre, de un lado,  modos tradicionales de operación y prácticas corruptas institucionalizadas que tienen como correlato un claro déficit de gestión, equipamiento y meritocracia, y, de otro, un proceso de cambios todavía relativamente débil orientado a introducir modernidad, tecnologías digitales, indicadores de rendimiento, metas y políticas de mayor integración con las municipalidades y la comunidad. Lo interesante es que ese proceso de cambios, inducido inicial y principalmente desde fuera de esas instituciones, ya ha conseguido en algunos casos encender motores propios que los promueven desde dentro, aunque es difícil decir si ya alcanzaron la masa crítica interna suficiente para impulsarlos con la fuerza necesaria.  

Un caso concreto es el de la implantación del Nuevo Código Procesal Penal de inspiración sajona basado en la oralidad y en la posición del juez como el magistrado que escucha a las dos partes –a la acusación y a la defensa- y luego se pronuncia. Este nuevo modelo procesal, mucho más expeditivo y transparente que el anterior, menos vulnerable a la corrupción y a la leguleyada, se empezó a difundir en varios países de latinoamérica desde los 80. Llegó al Perú tempranamente en los 90 y se plasmó en el código procesal penal de 1991, pero éste nunca llegó a ser aplicado precisamente por resistencias de un status quo que, de otro lado, podía ser funcional a los intereses manipulatorios del gobierno de entonces.

Recién el 2004, luego de que la mayor parte de los países de Latinoamérica ya lo habían adoptado, se promulgó el decreto legislativo 957 que aprobó el nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que fue puesto en marcha paulatinamente a partir del 2006 y aun no termina de ser implementado. El punto acá es que la aplicación del NCPP ha sido monitoreada desde el principio por una secretaría en el Ministerio de Justicia en estrecha relación con el ministerio de Economía, lo que ha permitido ir avanzando en un proceso de aprendizaje y mejora que, como veremos más adelante, empieza a producir un cambio cultural en la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial, de la máxima importancia.

Otro caso es el de los ‘presupuestos por resultados’ dirigidos por el MEF en el ministerio del Interior, que están empezando a introducir una gestión racional de la seguridad ciudadana basada en metas, análisis de costo y evaluaciones. Es decir, que otorga presupuestos a cambio del cumplimiento de ciertos compromisos. Como consecuencia, ya hay, por ejemplo, policías que aprovechan las nuevas orientaciones para desarrollar iniciativas de integración con los alcaldes y la comunidad dentro de lo que podemos llamar ‘policía comunitaria’; una tendencia por lo general resistida  por comisarios y oficiales tributarios todavía de un orden patrimonialista centrado en los intereses propios y no en los de la comunidad, pero indispensable para disminuir los elevados niveles de victimización por delincuencia.

En otras palabras, se han puesto en marcha algunos procesos de cambio en el sistema policial-judicial que requieren convertirse claramente en políticas de Estado a fin de que el Poder Ejecutivo sea plenamente consciente del liderazgo que tiene ejercer a fin de consolidar y acelerar esas transformaciones. El próximo gobierno tiene dos instrumentos para profundizar esas reformas: la secretaría de la comisión del NCPP en el Ministerio de Justicia, antes mencionada, a la que debería ampliársele el mandato para incluir otras áreas del Poder Judicial y el Ministerio Público; y los presupuestos por resultados. Y tendrá, además, la mayoría en el Congreso, para aprobar las leyes necesarias. El asunto es tener las ideas claras respecto de qué es lo que hay que hacer. Para contribuir a eso escribimos este libro.      

Debo agradecer a Lampadia que me permitió publicar informes a partir de los cuales configuré luego esta contribución.