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El borrador del Plan Nacional de Competitividad casi no propone reformas laborales

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. Es, claramente, un triunfo póstumo del ex ministro Christian Sánchez.

Si bien propone algunos avances en relación a la situación actual, no se aborda para nada el grave problema de la reposición judicial en el trabajo o estabilidad laboral absoluta -que inhibe la contratación formal indefinida de trabajadores- y otras formas de rigidez laboral que nos han colocado entre los países con legislación laboral más rígida en el mundo, desanimando muchísima inversión que podría venir a generar empleo.

Tampoco se enfrenta el problema de los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. El Plan no recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX) que en arduo trabajo consensuaron durante meses una propuesta integral unificada para presentarla al Consejo Nacional de Trabajo, y no los recoge pese a que los gremios laborales se abstuvieron de participar. Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajador por gusto. Se premia a los que boicotean el diálogo y se castiga a los que realizan un esfuerzo serio y laborioso de estudiar, consensuar y formular propuestas.

Todavía estamos a tiempo, sin embargo. El Plan debe ser aprobado esta semana en el Consejo Nacional de Competitividad. Esperemos que allí representantes del sector privado y los ministros vinculados a la producción demanden la incorporación de un conjunto potente de reformas laborales. El país no puede seguir auto engañándose y condenándose al atraso.

¿Qué plantea el borrador del Plan?

La Medida de Política 5.1 pretende abordar la actualización del marco normativo laboral al nuevo contexto tecnológico y productivo, para lo que propone “otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo”, en relación a aspectos tales como:

  • La determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador. El Plan no entra en mayores detalles, pero al respecto tanto el taller de Lampadia como el Consejo Privado de Competitividad propusieron eliminar el piso de 2 IUT para la Remuneración Integral Anual (RIA) de modo que ésta se pueda aplicar a todos. De referirse a eso, sería un avance.
  • “La definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Es de esperar que esto se refiera a precisar los requisitos para cesar colectivamente a fin de que no existan interpretaciones antojadizas de la autoridad de Trabajo que siempre concluyen en la negativa a autorizar el cese. De ser así, sería positivo. Pero no se toca el arbitrario mínimo del 10% de trabajadores para un cese colectivo.
  • La implementación de un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente,
  • La digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.

La Medida de política 5.2, relativa a la jornada a tiempo parcial, “apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de derechos laborales”, pero no entra en detalles. Lo que se propuso en el taller de Lampadia[1] al respecto fue aumentar el número máximo de horas trabajadas a la semana de 24 a 30 horas y modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será Tiempo Parcial el trabajo realizado en menos de 24 (30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.

La Medida de Política 5.3 se refiere a regular el teletrabajo, dado que “las tecnologías de la información permiten a los trabajadores desempeñar muchas de sus funciones desde el hogar e incluso de manera móvil sin que esto implique pérdidas en productividad”. Esto sin duda sería bueno.

La Medida de Política 5.4 propone modernizar el Régimen MYPE pues, “a pesar de que las empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 72,4% de los trabajadores asalariados privados al 2018, sólo el 8,0% de los trabajadores formales del sector privado son contratados bajo el régimen especial de la microempresa”. Frente a esta situación, se plantea:

  • Revisar la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sería extraordinario que esto incluya la propuesta de Lampadia y recogida por el congresista Torres de que los ciudadanos puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran al su cuenta individual de pensiones. Pero lo único que el Plan menciona es establecer “la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización”, sin que se sepa de qué se está hablando.
  • Crear programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida.

La medida de Política 5.5 propone mejorar el marco legal de modalidades formativas de los jóvenes con el objetivo de generar una mayor inserción laboral de éstos.

Luego, la Medida de Política 5.6 se refiere a la “Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad” fortaleciendo las capacitaciones en competencias básicas y transversales y reestructurado los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. La Medida de Política 5.7 propone modernizar el Servicio Nacional de Empleo a través de la implementación de Centros de Empleo fortalecidos en las 25 regiones del país y el rediseño de las bolsas de trabajo. Más burocracia.

Y, por supuesto, no podía faltar, la Medida de Política 5.8 plantea la “Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo” …, con la finalidad de cubrir de mejor forma el amplio número de micro y pequeñas empresas del país.

Las propuestas dejadas de lado

Como decíamos al principio, los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron:

  1. Modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral
  2. Eliminar el arbitraje potestativo,
  3. Precisar las causales de falta grave laboral
  4. Repensar las normas de ceses colectivos,
  5. Repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos tampoco con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre. Pero que es indispensable para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la inversión y el empleo formal.

Ni los empresarios ni el plan adoptan, por ejemplo, la propuesta del taller de Lampadia para que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de 6 sueldos.

Tampoco recoge el Plan la interesante propuesta de Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima, que tiene como concepto central sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Y, como dijimos, aparentemente tampoco adopta la propuesta de Lampadia de que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado. Sabemos que el MEF la está estudiando. Ojalá se incorpore.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante. Lampadia

[1] En ese taller participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama, Pablo Bustamante y Jaime de Althaus.




La CGTP no quiere ampliar su propia base sindical

En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.

En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección. 

Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.

Ver artículo:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.

Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.

En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”. 

Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).

Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.

Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.

Fuente: Álvaro Monge, Macroconsult

Por eso es que los trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del paísson hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[2] Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa.

Para la empresa privada tampoco es bueno tener a la mayoría de sus trabajadores a plazo fijo cuando se trata de tareas permanentes, no solo porque se reducen las posibilidades de capacitación, sino porque le resulta más caro desprenderse de trabajadores cuando tiene que hacerlo. Si vemos el cuadro, la mayor parte de las salidas de trabajadores de la relación laboral se producen mediante compra de renuncias, por las que la empresa paga montos superiores a los que pagaría si pudiera indemnizar por despido. Es decir, a la empresa le resulta más oneroso un régimen en el que no puede tener a sus trabajadores en contratos de plazo indeterminado en labores permanentes debido a la inutilidad de recurrir a la indemnización para el término de la relación laboral.

Lo increíble es que la CGTP se ha retirado del Consejo Nacional del Trabajo (CNT)  ni siquiera porque el ministro Grados haya planteado este tema, sino porque sencillamente no quiere participar en la discusión de reforma alguna. No quiere sentarse a discutir un nuevo pacto laboral. Es decir, apenas se percató de que el diálogo podía llevar a una reforma seria, se retiró. Lo que pasa es que el Ministro le dio importancia, protagonismo y capacidad resolutiva al Consejo Nacional del Trabajo, y eso le preocupó. Es el temor al diálogo racional.

En efecto, Alfonso Grados presentó a ese foro en diciembre 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. El CNT trabajó intensamente durante 3 meses y medio. Allí sí participaron las Centrales, en diálogos técnicos. Al término del proceso tanto las Centrales como los  empleadores pusieron por escrito sus propuestas finales en torno a las 19 propuestas.  De ellas, el Ministro retiró 2, que habían sido objetadas por los trabajadores. 5 quedaron casi concertadas. En otras 5 “me incliné a favor de trabajadores y en 7 a favor de empleadores. No es pantalla. Las 19 fueron todas modificadas”, refiere Grados.

Pero “cuando se dan cuenta que quiero abrir dialogo abierto en el CNT, ya no quieren participar. Dejaron sin quórum dos sesiones y no acudieron a la última invitación del jueves 4. Me acusan de que estoy perpetrando la reforma laboral de la CONFIEP, quitando derechos a los trabajadores”, narra el Ministro.

La idea era iniciar un diálogo ya no en torno a aspectos específicos, sino entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad.

Una reforma práctica que facilite las cosas y. al mismo tiempo, encuentre fórmulas para reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Todo esto en el marco de una reforma completa e integral de la “protección social” que incluye un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral.

Pero las Centrales no quieren entrar a discutir un nuevo pacto laboral que mejore la situación de todos y que incluso aumente significativamente su propia base sindical y extienda la negociación colectiva. Es incomprensible. Están contentas con sus pequeñas ventajas, sin percatarse de cuán cortas quedarían en el contexto de un aparato productivo competitivo, formalizador y en expansión. Pues se trata de una reforma laboral para conseguir muchos más empleos formales sindicalizables, más productivos y con mejores salarios. Las metas de la reforma laboral que está diseñando el Ministerio de Trabajo son duplicar los empleos formales de un 26% de la PEA a un 52% el 2021, elevar en 15% la productividad laboral y elevar el ingreso de los trabajadores en 30% también al 2021. ¿Quién se puede oponer a eso?

Una mayor sindicalización y una negociación colectiva mejorada podrían incluso ayudar a conseguir esas metas. Pero ni siquiera la Comisión de Trabajo del Congreso acoge esta discusión. Presidida por  un representante del Frente Amplio, Hernando Cevallos, parece estar en alianza con la CGTP para rechazar cualquier pretensión de reforma. Recibió, por ejemplo, el proyecto de ley de trabajo juvenil el 21 de marzo y hasta ahora no lo pone en la agenda de discusión pese a que generaría 50 mil empleos juveniles por año. 

De lo que se desprende que la única salida acá es un acuerdo entre el gobierno y Fuerza Popular para sacar adelante las reformas laborales necesarias junto con todo el paquete de protección social, que aún no está plenamente definido. No hay otra manera. Para eso, el gobierno tendría que solicitarle a Keiko Fujimori que autorice a un grupo de congresistas de su bancada a trabajar con el Ejecutivo en esas reformas. O ella hacerlo motu proprio. No hay razón para no dar este paso fundamental. El Perú no puede perder una gran oportunidad. Lampadia

[1] Plades, Trabajo  y Desarrollo, Alertas laborales Nº 1, Abril-Mayo 2017
[2] Ver Ministerio de Trabajo, Anuario Estadístico Sectorial 2015, Cuadro Nº 55
[3] Según el ministro Grados, el Ministerio de Trabajo prácticamente nunca a autorizar ceses colectivos, pero la norma es usada por los empleadores pues les permite que el primer día que ingresa el expediente puedan pedir “suspensión perfecta de labores”, por la cual los trabajadores dejan de percibir ingresos hasta que cese colectivo se resuelva. Si es denegado los trabajadores deben debe ser repuestos y reconocérseles los días no trabajados. Pero el Ministerio casi nunca llega a resolver porque mientras tanto los empleadores negocian uno por uno sus renuncias. En la reforma propuesta ya no hay suspensión perfecta de labores, sino solo  por grave situación económica. En esos casos resuelve en 10 días.  Ya no es unilateral. Y el trabajador recibe una  indemnización aunque pequeña. Por supuesto, la respuesta de la CGTO es: “Ud. Quiere masificar los ceses colectivos”.
[4] Para que el arbitraje potestativo no sea invocado abruptamente, cortando negociación colectiva. Tiene que haber alguna causal: mala fe, primera negociación o si no hay acuerdo en torno a instancia. Y, sobre todo, elimina la capacidad de árbitros de atenuar propuestas de las partes. Deben elegir entra una o otra, a fin de obligar a las partes a aproximar sus posiciones.




Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo

Francia está en búsqueda de una serie de reformas laborales. La ley apodada ‘Loi El- Khomri’, tras el nombre de la ministra del Trabajo, es un intento de hacer frente a un problema estructural con el desempleo y el ridículamente anticuado e inflexible mercado laboral que domina el país, y está contribuyendo a su incapacidad para promover el crecimiento económico mantener a raya la inflación. Desafortunadamente, el gobierno no ha logrado gran avance y en las últimas semanas ha habido muchas huelgas. Cerca de medio millón de personas acudieron a las manifestaciones en toda Francia, según cifras estimadas por varios sindicatos. La CGT afirmó que sólo en París se concentraron 100,000 personas.

Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las de Francia, quienes ahora consideran indispensable emprender una profunda reforma flexibilizadora.

Así como seguimos a Francia cuando levantamos los muros que desincentivaron la creación de empleo, nos toca ahora, acompañarlos en una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). No sigamos promoviendo los malos ejemplos de los opositores a la reforma francesa, liderada por los jóvenes que no tienen empleo, tal como sucedió el año pasado en el Perú con la llamada Ley Pulpín, lo que determinó que los jóvenes se quedaran sin ninguna protección laboral en el mundo de la informalidad.

Los estudiantes marchan cerca de la Place de la Nation, en París, para protestar contra las reformas laborales planteadas por el gobierno. Fuente: RFI France

Existen muchas razones por las que se considera necesaria la reforma. En los últimos años, Francia, con la excepción de España, ha quedado sistemáticamente detrás de sus pares de la zona euro en términos de creación de empleo y tasa de desempleo en Francia, que actualmente es de 10.2%. El mercado laboral está afectando la competitividad y el bienestar de la población.

Revisando un poco de historia, Francia ya ha venido sufriendo este problema desde hace mucho. En 1992 Francois Mitterrand pronunció la célebre frase: “en la lucha contra el desempleo, lo hemos intentado todo”, que resumía el desconcierto de los poderes públicos ante el desarrollo aparentemente ineludible del desempleo masivo a lo largo de los últimos cuarenta años.

Desde entonces, la clase política francesa, ya sea de derecha o izquierda, ha intentado hacer frente al problema número uno del país. Empleos subvencionados, la reducción de tiempo de trabajo, la reducción de impuestos para los empleadores, despidos más fáciles: ninguna de estas medidas ha tenido un impacto sustancial. Más preocupante aún, el desempleo a largo plazo en los jóvenes es particularmente alto, y el problema del mercado laboral es real: el 87 % de las contrataciones son los contratos temporales (al 2015) y, desde el año 2000, su número se ha disparado, mientras que las de los contratos indefinidos se han estancado.

Como afirma un informe de la HSBC: “En nuestra opinión, la falta de reformas en el mercado laboral explican el bajo rendimiento de la economía. El problema más obvio es el alto nivel de los costes laborales, que pueden subdividirse a los siguientes factores.” Esos factores son los altos niveles de impuestos, una falta de incentivo para trabajar y el débil crecimiento salarial.

Como muestra el gráfico inferior, una de las grandes razones por las que el mercado laboral de Francia está fracasando es que, en pocas palabras, muchas personas sin empleo no tienen un incentivo real para trabajar en un trabajo mal pagado. Las cargas fiscales sobre los trabajadores franceses son las más altas de cualquier país de la OCDE.

Además, los salarios en Francia no responden a los cambios en el desempleo y se crea un mercado de trabajo donde los costos son simplemente demasiado altos. Sobre esto, la HSBC afirma que: “El alto costo de la mano de obra está obstaculizando considerablemente la competitividad de la economía francesa. De hecho, a diferencia de varios otros países, Francia no ha frenado significativamente el crecimiento de sus costes laborales unitarios desde el año 2008, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad en comparación con muchos de sus principales competidores comerciales.”​

El principal objetivo de la reforma planteada por el gobierno socialista francés para salir de la trampa del desempleo, es dar más espacio para la negociación a nivel de empresa con respecto al tiempo de trabajo e indemnización con el fin de facilitar la adaptación a los nuevos entornos de mercado. La legislación del trabajo y los estándares establecidos a nivel sectorial serían menos importantes. En otras palabras, el proyecto de ley sería un gran avance en la flexibilidad interna de la empresa, en lugar de modificar los parámetros principales de la legislación laboral francesa.

Específicamente, las empresas tendrían la posibilidad de implementar una menor tasa de pago en las horas extras. Hoy en día, las horas extraordinarias tienen un sueldo 25 % mayor por las primeras 8 horas (a la semana) y 50 % más si es por más tiempo

Fuente: WordPress France

El otro aspecto importante de la reforma es facilitar el despido. Hoy en día, los empleados con contrato permanente sólo pueden ser despedidos por razones económicas en caso de quiebra (riesgo) o cambio tecnológico. La ley de El-Khomri ampliaría el alcance de los “despidos económicos frente a cualquier caso de dificultades económicas” probadas (como una disminución sostenida de órdenes de compra o un deterioro del balance general). Por otra parte, una compensación económica por despidos injustos ” sería más estrictamente regulada”.

En un esfuerzo para equilibrar las cosas, se ha añadido una extensión de la “Garantía Juvenil” de 50,000 a 200,000 jóvenes en 2017. La garantía ofrece una red de seguridad financiera y asesoramiento especializado a cualquier persona joven (menor de 26 años) que no esté empleada en formación.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente que Francia, y el pueblo francés, tomen decisiones drásticas al respecto y realicen las reformas que el país tanto necesita. Lampadia

Ver más artículos de Lampadia al respecto:

Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses

Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad




Debilidades para enfrentar otra crisis

Debilidades para enfrentar otra crisis

Un reciente artículo de The Economist titulado “Cuidado – La Economía Mundial” trae a la luz una evaluación de riesgos muy realista, enfocándose en la lenta velocidad de recuperación de la economía mundial  en comparación con la capacidad suficiente para soportar una próxima crisis. Afirma que la deuda griega parece ser un rezago de la crisis financiera del 2008. 

A pesar de la gran recuperación de la economía desde la crisis, todavía permanecen muchas fragilidades. Europa está lleno de deudas (más aún con la grave situación de Grecia y la zona euro), Japón no puede permitir que siga aumentando el problema de la inflación y las perspectivas para los países de América Latina no son optimistas. Según el FMI, el PBI de la región aumentó sólo 1.3 % en 2014, muy por debajo del promedio de 4.2% que experimentó entre 2004 y 2013. Este año, los analistas esperan que el crecimiento sea de tan sólo 0.9 %.

Dada la débil situación en la que se encuentran tantas grandes economías (La relación promedio entre deuda y PBI de los países ricos ha aumentado en 50% desde 2007), The Economist afirma que están mal preparadas para manejar una recesión.

Para entender la precaria situación de estos países, más abajo compartimos otro artículo de The Economist que muestra una herramienta sencilla y práctica (creada por ellos) para estimar el espacio fiscal para varios países desarrollados.

Se asigna una nota para cada componente de las herramientas macro: Cada nota tiene un máximo de 100. 100 significa espacio fiscal total, y 0 que no hay espacio fiscal en lo absoluto. A la tasa de interés se le asigna un valor de 100 cuando ésta es > 10%, y 0 cuando es 0.

En la actualidad las tasas de interés están más cerca de 0% que a 10%.Es interesante recordar que la tasa de la FED era de 6% antes de 2001, y ahora es el 0.13%. Hoy en día casi todos los países tienen una tasa de interés de entre 0 y 1%. No se puede esperar casi nada de “margen de maniobra” por la parte monetaria. Es poco probable que las tasas de interés de los bancos centrales aumenten mucho en el futuro.

Que la expansión fiscal proporcione un estímulo en caso de crisis económica está limitada por tres factores: el volumen de la deuda (la suma de los déficits pasados), los déficit fiscales reales y esperados y la relación del gasto público con el PBI (no considerada por The Economist).

Existe un límite al gasto público: mayor es la proporción, menor será el margen de intervención para una política fiscal activa. En general, un alto gasto se acompaña de una alta presión fiscal, y las personas empiezan a rechazar cualquier aumento de impuestos por encima de un cierto límite.

Se deben tomar medidas al respecto, mediante el fomento (por parte de los gobiernos) de la inversión privada y reformas laborales. Solo así se podrá preparar a las economías para que estén en mejores condiciones de hacer frente al próximo shock.

 

Cuidado: La economía mundial

Publicado por The Economist el 13 de junio del 2015

Traducido y glosado por Lampadia

 

Es solo cuestión de tiempo antes de los próximos golpes de recesión. El mundo rico no está listo.

La lucha ha sido larga y ardua. Pero mirando a través de las maltrechas economías de los países ricos es el momento de declarar que se ha ganado la lucha contra el caos financiero y la deflación. En 2015, el FMI dice que por primera vez desde 2007 cada economía avanzada se expandirá. El crecimiento del mundo rico debería exceder el 2% por primera vez desde 2010 y el banco central de EE.UU. probablemente elevará sus bajísimas tasas de interés.

Sin embargo, la economía mundial todavía se enfrenta a peligros, que van desde la saga de la deuda griega hasta los mercados inestables de China. Tarde o temprano, las autoridades se enfrentarán otra recesión. El peligro es que, después de haber agotado su arsenal, los gobiernos y los bancos centrales no tendrán munición para luchar contra una eventual situación similar. 

El humo se despeja

Las buenas noticias provienen de EE.UU., que lidera el denominado grupo del mundo rico. Los datos más recientes, incluyendo las crecientes ventas de vehículos y otra serie de cifras de robusto empleo, muestran que el ritmo de crecimiento se recupera. Las empresas sumaron 280 mil nuevos trabajadores el mes pasado [mayo]. Los jefes están finalmente pagando más para encontrar los trabajadores que necesitan.

En otras partes del mundo rico, las cosas también están repuntando. En la Zona Euro, el desempleo cae y los precios están subiendo de nuevo. La recuperación de Gran Bretaña ha perdido un poco de impulso, pero el fuerte crecimiento del empleo sugiere que la expansión continuará. Japón rugió en el primer trimestre, creciendo 3,9% respecto de igual periodo del año anterior. Una recuperación de base amplia y persistente no es casualidad.

Las fragilidades inevitablemente permanecen. Europa está lleno de deudas y de la dependencia en las exportaciones. Los países emergentes, que representaron la mayor parte del crecimiento en los años posteriores a la crisis, han visto mejores días. En tanto, pobres datos comerciales sugieren que el crecimiento de China podría estar desacelerándose más rápido de lo que el gobierno desea.

Si alguna de estas preocupaciones provoca una recesión, el mundo estará en una posición complicada para hacer algo al respecto. Rara vez tantas economías grandes han estado tan mal preparadas para manejar una recesión, cualquiera que sea su procedencia. La relación promedio entre deuda y PBI de los países ricos ha aumentado en 50% desde 2007.

El campo de la política monetaria es aún más estrecho. Cuando los bancos centrales se enfrenten a su próxima recesión, se arriesgaran a no tener prácticamente ningún espacio para impulsar sus economías mediante la reducción de las tasas de interés.

La respuesta lógica es volver a la normalidad rápidamente. Cuanto más pronto las tasas suban, más pronto los bancos centrales recuperarán el espacio para recortarlas de nuevo cuando el problema se presente. 

Sin embargo, aumentar las tasas mientras que los salarios están planos y la inflación muy por debajo de los objetivos de los banqueros centrales genera el riesgo de que las economías vuelvan a estar de nuevo al borde de la deflación, precipitando la recesión.

Debido a que la recuperación de EE.UU. es más fuerte, es ahí donde se concentra el debate más feroz sobre qué tan rápido se debe volver a la normalidad en cuanto a política monetaria.

La mejor defensa

Los gobiernos también pueden hacer su parte. Todavía ha sido vergonzosamente pequeño el crecimiento de la inversión en infraestructura. La OCDE tenía razón al castigar al ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, por la escala y el ritmo de sus propuestas de gasto público. El crecimiento es mejor que la austeridad como política para mantener las deudas bajo control. Los gobiernos deberían, en cambio, dirigir sus energías hacia las reformas pendientes en los mercados de productos y de trabajo. Los mercados abiertos de productos fomentan la empresa. La libertad de contratar trabajadores bajo contratos flexibles es la mejor manera de mantener a la gente fuera del desempleo. Ambas reformas preparan a una economía para estar en mejores condiciones para hacer frente al próximo shock.

Después de haber luchado contra los efectos de la crisis financiera, los gobiernos y los bancos centrales están comprensiblemente ansiosos por volver a la normalidad. La manera de lograr su objetivo es permitir que la recuperación cobre fuerza.