En los últimos días se han difundido, profusamente, en los medios nacionales, los resultados de la prueba PISA del 2012 en los que el Perú obtuvo pésimas calificaciones. Estos datos que fueron publicados y comentados con mucha anterioridad (ver en Lampadia: ¡Se agrava la tragedia educativa!), se han difundido como si fueran recientes y producto de una nueva evaluación. 

Como el Lampadia nos gusta agregar valor a las noticias, nos sorprendió que la OECD (promotora de las pruebas PISA), vuelva a difundir los mismos datos sin propósito aparente, tal como se vio en nuestros medios.

Resulta ser que el aporte de la OECD se debe una publicación de un estudio hecho como consecuencia de los resultados de la prueba PISA el 2012; en el que se hace un diagnóstico de la situación, se comparan distintas experiencias (incluyendo las de los países que ya forman parte de la OECD) y plantea importantes recomendaciones para afrontar las debilidades de los alumnos de bajos rendimientos.

El estudio es un magnífico aporte al análisis contingente de las políticas educativas y merece difundirse y analizarse. Con ese propósito hemos traducido el resumen ejecutivo de la publicación de la OECD, presentamos el índice de contenidos y unas tablas donde se aprecia la performance de los peruanos. Además incluimos el enlace a la publicación original: Low-Performing Students – Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed.

Tabla de Contenidos

• Prefacio
• Resumen Ejecutivo
• Guía del lector
• ¿Quiénes son y dónde están los estudiantes de bajo rendimiento?
• Antecedentes del estudiante y el bajo rendimiento
• Compromiso, motivación y confianza en si mismos entre los estudiantes de bajo rendimiento
• De qué manera se relacionan las características de los colegios con los bajos rendimientos
• Políticas de los sistemas escolares y el bajo rendimiento de los estudiantes
• Un marco normativo para hacer frente a los bajos rendimientos de los estudiantes

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA OECD

Traducido por Lampadia

 

Son demasiados los estudiantes de todo el mundo que están atrapados en un círculo vicioso de bajo rendimiento y motivación que lleva a que hayan más alumnos con malas notas y además, mayores deserciones de las escuelas. Peor aún, los malos resultados escolares tienen consecuencias de largo plazo, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Los estudiantes con bajo rendimiento escolar a la edad de 15 años, enfrentan un alto riesgo de abandonar la escuela por completo. Cuando una gran parte de la población carece de las habilidades básicas, el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve gravemente comprometido.

Los resultados de PISA 2012 muestran que más de uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en los países de la OCDE, no alcanzaron un nivel básico de competencia en al menos una de las tres materias principales que evalúa PISA: lectura, matemáticas y ciencias. En números absolutos, 13 millones de estudiantes de 15 años de los 64 países y economías que participaron en PISA 2012, tuvieron un rendimiento bajo, en por lo menos una asignatura.

La reducción del número de alumnos de bajo rendimiento no sólo es un objetivo por sí mismo, sino también una forma eficaz de mejorar el rendimiento general de un sistema educativo y la equidad, ya que los alumnos de menor rendimiento son,  desproporcionadamente, de familias de escasos recursos económicos. Brasil, Alemania, Italia, México, Polonia, Portugal, Rusia, Túnez y Turquía, por ejemplo, mejoraron su desempeño en matemáticas entre 2003 y 2012 mediante la reducción de la proporción de bajos rendimientos en este tema. ¿Qué tienen estos países en común? No mucho; como grupo, son casi tan diversos socio-económica y culturalmente,como es posible. Pero ahí está la lección: todos los países pueden mejorar el rendimiento de sus alumnos, teniendo políticas correctas y la voluntad para ponerlas en práctica.

Múltiples factores de riesgo que actúan en concierto

Los análisis muestran que los malos resultados a los 15 años no son producto de un solo factor de riesgo, sino más bien de una combinación y acumulación de diversos obstáculos y desventajas que afectan a los estudiantes durante toda su vida. ¿Quién es más probable que sea un estudiante de baja performance en matemáticas? En promedio, entre los países de la OCDE, una joven desfavorecida socio-económicamente, que vive en una familia monoparental, en una zona rural, es de origen inmigrante, habla en su casa un idioma diferente al de la instrucción escolar, no habría ido a la escuela pre-primaria y habría repetido un grado, tiene una probabilidad de 83% de ser una estudiante de baja performance.

Si bien estos factores de fondo pueden afectar a todos los estudiantes, entre los alumnos de bajo rendimiento, la combinación de factores de riesgo es más perjudicial para los estudiantes desfavorecidos que para los más favorecidos. De hecho, todas las características demográficas consideradas en el informe, así como la falta de educación pre-primaria, aumentan la probabilidad de bajos rendimientos por un margen más amplio entre los desfavorecidos que entre los estudiantes favorecidos, en promedio en los países de la OCDE. Sólo repetir un grado tiene mayores penalidades para los estudiantes favorecidos. En otras palabras, los estudiantes en desventaja no sólo tienden a ser afectados con más factores de riesgo, además, esos factores de riesgo tienen un mayor impacto en el rendimiento de estos estudiantes.

Actitudes poco positivas hacia la escuela y el aprendizaje

Los alumnos de bajo rendimiento tienden a tener menos perseverancia, motivación y autoconfianza en matemáticas que los estudiantes de mejor rendimiento y a faltar a clases. Los estudiantes que han faltado a la escuela al menos una vez en las dos semanas previas a la prueba PISA, son casi tres veces más propensos a tener bajo rendimiento en matemáticas que los estudiantes que no faltan.

Sin embargo, tal vez resulte sorprendente que los que obtienenbajo rendimiento en  matemáticas pasan un tiempo similar que los estudiantes de mejor rendimiento en algunas actividades de matemáticas, tales como la programación de computadoras o participando en concursos de matemáticas. Ellos son más propensos a participar en un club de matemáticas y jugar al ajedrez después de la escuela, tal vez debido a que estas actividades se presentan como recreativas y se basan en interacciones sociales.

Maestros y escuelas que brindan menos soporte

Los estudiantes que asisten a escuelas donde los maestros son más colaboradores y tienen mejor estado de ánimo, son menos propensos a tener bajo rendimiento, mientras que los estudiantes cuyos maestros tienen bajas expectativas para ellos y están ausentes más a menudo, son más propensos atener bajos rendimientos en matemáticas, incluso considerando el contexto socio-económico de los estudiantes y las escuelas.

Además, en las escuelas con mayor concentración de alumnos de bajo rendimiento, la calidad de los recursos educativos es menor, y la incidencia de la escasez de maestros es mayor, en promedio entre los países de la OECD, incluso considerando las condiciones socio-económicasde los estudiantes y las escuelas. En los países y las economías donde los recursos educativos se distribuyen más equitativamente en todas las escuelas, hay menos incidencia de bajo rendimiento en matemáticas, y una mayor proporción de mejor desempeño, incluso cuando se comparan los sistemas escolares cuyos recursos educativos son de calidad similar.

El análisis también muestra que un mayor nivel de asistencia a la misma escuela (inclusión social),de estudiantes favorecidos y desfavorecidos,está fuertemente relacionado con menores proporciones de bajos rendimientos. Estos hallazgos sugieren que los sistemas que distribuyen de forma más equitativa los recursos educativos y los estudiantes entre las escuelas, podrían beneficiarse disminuyendo los bajosrendimientos, sin socavar a los estudiantes de mejor performance.

Políticas que pueden ayudar a romper el ciclo de bajo rendimientos y abandonos

El primer paso para los hacedores de políticas es hacer que la lucha contra los rendimientos bajos sea una prioridad en su agenda depolítica educativa – y que esa prioridad se traduzca en recursos adicionales. Tomando en cuenta el nivel en que el perfil de bajos rendimientos varía según los países, la lucha contra los bajos rendimientos requiere un enfoque múltiple, adaptado a las circunstancias nacionales y locales. 

Una agenda para reducir la incidencia de bajos rendimientos puede incluir varias acciones:

• Desmantelar las múltiples barreras para el aprendizaje.
• Crear ambientes de aprendizaje exigentes y colaborativos en la escuela.
• Proporcionar apoyo en remediación tan pronto como sea posible.
• Fomentar la participación de los padres de familia y las comunidades locales.
• Inspirar a los estudiantes a aprovechar al máximo las oportunidades de educación disponibles.
• Identificar los alumnos de bajo rendimiento y diseñar una estrategia a la medida.
• Proporcionar apoyo focalizado a las escuelas y/o familias desfavorecidas.
• Ofrecer programas especiales para inmigrantes, minorías lingüísticas y estudiantes de origen rural.
• Hacer frente a los estereotipos de género y asistir a las familias de un solo padre.
• Reducir las desigualdades en el acceso a la educación temprana y limitar el empleo de la segmentación de estudiantes.

Fuente:

OECD (2016), Low-PerformingStudents: WhyTheyFallBehind and HowtoHelpThemSucceed, PISA,

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/97892642502-46-en.

Lampadia

Con este artículo abrimos una nueva sección en nuestro ‘Repositorium’: “El Estado del Siglo XXI”. Ad portas del proceso electoral para elegir a un nuevo presidente del Perú, Lampadia decide abrir esta sección destinada a debatir y proponer las reformas que se requieren para construir el Estado para el Siglo XXI que necesitamos, una tarea impostergable si queremos recuperar la gobernabilidad que nos permita seguir creciendo y reduciendo la pobreza. Ver planteamiento y temática de esta sección en: El Estado del Siglo XXI: La Gran Reforma Institucional.

Para el desarrollo de la temática planteada contaremos con el aporte de Jaime de Althaus, quien desarrollará cada uno de los temas en base a investigaciones, análisis y entrevistas con los personajes vinculados a este tema tan trascendental.

Además, recogeremos de la media los análisis y propuestas que permitan enriquecer nuestro aporte.

¿Se inicia la modernización en el Ministerio Público?

Corrupción

Cuando José Luis Echevarría, nuevo gerente general designado por el Fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, entró a hacerse cargo de sus funciones en febrero de este año, lo que encontró fue de pavor: 200 millones de soles en deudas; una oficina de logística que presionaba a la Tesorería con cartas fianza de Coopex (la cooperativa de Rodolfo Orellana), llegando al extremo fraudulento de adulterar un comunicado de la OSCE agregándole un párrafo final extraído de una cautelar de un juez del Santa que amparaba a dicha cooperativa; servicios sin contratos –como el de seguridad, por ejemplo, que llevaba ya 80 millones de soles acumulados en pagos pendientes-, para no hablar del contrato de limpieza con las empresas de Oropeza y su madre. Había empleados que cobraban por dar la conformidad a los servicios brindados, y otros que sustraían bienes del almacén.

La administración de la institución encargada de acusar a los delincuentes, era un nido de ladrones.  

El problema en ese momento era salvar el día a día, pero poco a poco la nueva administración se empezó a organizar. Identificó a los elementos perniciosos y no les renovó el contrato. Salieron más de 100 empleados de la gerencia de logística. Resolvió el contrato con Sergerosac, la empresa de Gerald Oropeza, proveedora única del servicio de limpieza, y la reemplazó por 11 proveedores.

Cuando le tocó adecuar la infraestructura para la implementación del nuevo código procesal penal en Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, descubrió que la costumbre había sido entregar a dedo las obras sin contrato ni papel alguno de modo que una vez terminadas el contratista informaba cuanto había gastado y se le pagaba. El objeto era robar, simplemente. En esta ocasión las cosas se hicieron bien, con contratos sustentados en expedientillos y con varios contratistas.

Plan de racionalización y modernización

Luego de capear varios temporales, la nueva administración se abocó a diseñar un plan de ordenamiento, racionalización y modernización. Una reforma. La primera tarea es reducir y simplificar la estructura orgánica, saturada de gerencias, oficinas y organismos como consecuencia del hecho de que cada nuevo Fiscal de la Nación sentía que trascendería en la medida en que creaba uno o varios nuevos órganos para distintos fines. Hay, por ejemplo, una cuna jardín que tiene 40 empleados para atender 150 niños en una institución que tiene 17 mil empleados.  Pablo Sánchez –afirmó Echevarría- pasará a la historia no como el que creó más entidades, gerencias y subgerencias, sino como el que redujo su número.

Echevarría calcula que alrededor de un 30% de la estructura actual tiene que desaparecer para volver al MP una institución más productiva y eficiente. El  plazo para presentar la propuesta de una nueva estructura orgánica vence la última semana de octubre del 2015.

Lo segundo es conectar la administración con las fiscalías. Es decir, diseñar procesos que permitan que la administración atienda los requerimientos de las fiscalías, porque lo que se tiene ahora es que ambas áreas funcionan con lógicas y tiempos distintos y las gerencias no pueden atender las emergencias que las fiscalías deben cubrir sino luego de largos procedimientos y papeleos, cuando ya es demasiado tarde. Es decir, no hay correspondencia entre los procesos logístico-administrativos y los de las fiscalías. Y no solo en el plazo inmediato, sino a mediano y largo plazo tampoco. El sistema fiscal  ha crecido sin recursos, infraestructura ni tecnología. Nunca ha planificado su desarrollo en forma estratégica.

Meritocracia

Un instrumento para dicha planificación es el sistema de medición de la productividad de los fiscales, implantado hace un año y medio, que debería servir no solo para evaluar el desempeño de los fiscales sino también para identificar distritos fiscales en los que hay sobre carga y necesitan ser reforzados, y otros en los que sobran fiscales, para optimizar la distribución de fiscales en el territorio. 

El problema es que, por el momento, el sistema de medición de la productividad de los fiscales que es relativamente rudimentario, porque no distingue entre tipos de casos y circunstancias. Mide cuántos casos recibe el fiscal y cuántas acusaciones hace, y extrae una relación entre ambas cifras. Este índice sirve para que los fiscales se emulen entre ellos, esforzándose más, pero no sirve, por el momento, para tomar buenas decisiones respecto a aumentos o reducciones de personal, por ejemplo, ni para una efectiva evaluación del desempeño del juez. Un caso complejo, por ejemplo, no puede ser medido con la misma vara que uno simple. Habría que distinguir por tipos de delitos también. Esta es una tarea pendiente.

En cuanto al personal administrativo, lo lógico sería incorporarlo –así como el del Poder Judicial- a la ley de Servicio Civil, algo que no ha sido contemplado todavía. Es decir, establecer una carrera administrativa meritocrática en estas instituciones.

Planificación de los recursos humanos

Para planificar adecuadamente el crecimiento del número de fiscales y su  distribución Echevarría ha decido trasladar la oficina de medición de la productividad de los fiscales a la gerencia general, no solo para buscar un instrumento más fino, que mida mejor la complejidad, sino a fin de poder analizar qué otros factores concomitantes pudieran estar influyendo en el rendimiento de los fiscales y tomar las decisiones correspondientes. Y para que cualquier decisión venga acompañada de asignación de los recursos correspondientes. Hasta ahora la Fiscalía decidía incrementar el número de fiscales sin los recursos correspondientes, porque los procesos de la fiscalía y de la gerencia no conversaban entre sí.

“La idea es que podamos tener indicadores de productividad tales que allí donde se certifique la necesidad de más fiscales, por ejemplo, esto active respuestas logísticas tales como personal, máquinas o espacio físico”, explica Echevarría.

“Tenemos que mapear las fiscalías a nivel nacional y estandarizar procesos; para lo cual, a su vez,  tenemos que tener todo en base de datos, con los nuevos sistemas informáticos que vamos a desarrollar”, apunta Echevarría. 

Digitalización: interconexión, expediente digital y data center

Por eso, lo tercero es la digitalización. Hasta hace poco la gerencia general asignaba expedientes administrativos a mano, con una libretita. El sistema informático del nuevo código procesal penal no es el mismo en los distintos distritos fiscales. Incluso dentro de los propios distritos fiscales. Aquellos que ingresaron primero al nuevo Código se quedaron con las versiones anteriores, que no han sido renovadas. La información de la policía o de los expedientes viene con inconsistencias. Se requiere uniformizar los sistemas, construir una sola plataforma.

En general, las Fiscalías no están interconectadas, y tampoco con el nivel central. Para centralizar la información una Fiscalía alejada debe enviar un USB por correo.

En ese sentido, la gerencia está elaborando tres grandes proyectos informáticos: uno para la interconexión por medio de fibra óptica entre todas fiscalías, que costará 50 millones de soles.

Uno segundo para crear una plataforma única de gestión fiscal, de modo que se pueda ver la carpeta o expediente fiscal completo de cada caso, incluyendo los peritajes del Instituto de Medicina Legal. Ese expediente digital debe incluir las audiencias grabadas, incluso con imágenes. Es algo que comenzará a hacerse gradualmente a partir del próximo año, en las audiencias de las fiscalías supremas y superiores. La ventaja de grabar las sesiones en audio e imagen y tener una carpeta digital es la transparencia, que proscribe la corrupción. Cualquier diligencia, toma de declaración o audiencia queda
expuesta, imposibilitando “acuerdos” y cambios que puedan querer fraguarse. También quedaría más expuesta la práctica actual de los médicos del instituto de Medicina Legal (muy mal pagados, es cierto) de hacer pericias de parte.

Además, las grabaciones permitirían detectar deficiencias e incompetencias en el trabajo fiscal, lo que ayudaría a las evaluaciones y a definir mejor los programas de capacitación. Las carpetas digitales permitirían incluso usar todos sus datos para hacer investigación social del delito o desarrollar aplicaciones móviles sobre zonas delictivas, entre otras ventajas.

Echevarría explica que las carpetas digitales podrán incluir todas las actividades en las que participe el fiscal, incluso las escenas del crimen, el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones, etc., porque cada fiscal tendría una tablet, con la que grabaría, y que funcionaría con un servidor
interno de modo que no necesitaría estar en red para grabar: graba y luego cuando se conecta carga los datos automáticamente al sistema.
Ahora bien, el problema para implementar el sistema de grabaciones es el costo de las tablets. El software, en cambio, es barato. Se trata del programa Cicero, que incluso transcribe la voz en texto. El Poder Judicial ya ha empezado a hacerlo. Se calcula que el costo de este segundo proyecto sería de 3 millones de soles

Y el tercer proyecto informático es el centro de computo (data center). El actual es vetusto y está instalado en pésimas condiciones (le cae el agua de los aires acondicionados, por ejemplo). Este costará 27 millones de soles.

Recursos

El problema son los recursos, que no han sido considerados en el presupuesto del 2016 pese al potencial transformador de todo este programa de digitalización e informatización. Pero Echevarría espera poder financiar los tres proyectos informáticos reseñados con algún apoyo del programa ACCEDE del BID, que maneja unos 36 millones de dólares para diversos proyectos de fortalecimiento del sistema judicial, y con los ahorros que devenga la distritalización de las fiscalías. No parece claro que lo logre.

Tampoco tiene el Ministerio Público recursos para resolver el problema del Instituto de Medicina Legal, integrado por médicos muy mal pagados y sin equipos adecuados. Ni para resolver su problema de locales, por lo general muy mal acondicionados. Tiene 389 locales alquilados por los que paga 1 millón 800 mil soles mensuales. Y tienen 96 terrenos, donados por municipalidades o gobiernos regionales en muchos casos, en los que no puede construir, pese a tener código SNIP, por falta de presupuesto. Para el próximo año van a recibir 27 millones para terminar locales que ya tienen un 80 o 90% de avance. Sugerimos que armaran un paquete para que fuera construido mediante Obras X Impuestos. No cabe duda que acá hace falta un poco más de dirección por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Distritalización

¿En qué consiste la mencionada distritalización de la que Echevarría espera obtener ahorros? Pues en trasladar fiscales a locales construidos y habilitados por las municipalidades distritales de Lima. El Ministerio Público firmó un convenio en ese sentido con la Municipalidad de Miraflores, que ya ubicó un terreno en el que edificará un local al que se mudarán dos despachos fiscales, y está en conversaciones con las municipalidades de La Victoria y San Borja para el mismo fin.

De esa manera el Ministerio Público descongestiona su sede central, donde hay 58 fiscalías penales, ahorra recursos y, de paso, logra algo muy importante: acerca el servicio a la población y a la policía. Que el fiscal esté más cerca a la policía es fundamental para que pueda asumir mejor su rol de director de la investigación, mejorar la calidad del parte policial que en ocasiones es incomprensible, sustentar mejor sus acusaciones y reducir la corrupción a ese nivel.

De esa manera, de paso, se podrá mejorar las condiciones en las que trabajan las fiscalías especializadas, que están en la sede central. Están hacinadas y ni siquiera tienen cajas fuertes, por ejemplo.

Lo ideal, por supuesto, sería que la infraestructura que construyan dichas municipalidades pueda albergar también a un juez y una pequeña carceleta, a fin de poder juzgar de manera inmediata a penas cortas a los delincuentes detenidos por delitos menores y evitar así la sensación de impunidad que alimenta la práctica de los linchamientos. Pero esto depende de una coordinación con el Poder Judicial y el INPE que está lejos de estar institucionalizada.

“Puedes entregar la vida, y avanzas centímetros”, concluyó Echevarría, resumiendo el esfuerzo titánico que significa intentar modernizar la administración en el sector público. 

 

Recomendaciones

1. Culminar la simplificación de la estructura orgánica, reduciendo las gerencias y oficinas en un 30%

2. Conectar los procesos de la gerencia con los de las fiscalías (tarea en marcha)

3. Perfeccionar el sistema de medición de la productividad de los fiscales, incorporando la complejidad y las diferencias entre tipos de casos.

4. Incorporar al personal administrativo a la ley de Servicio Civil

5. Interconectar todas fiscalías por medio de fibra óptica (en diseño)

6. Crear el expediente fiscal digital, que incluya los peritajes del Instituto de Medicina Legal y las audiencias grabadas, incluso con imágenes (en diseño)

7. Concretar el expediente único desde la Policía hasta el Poder Judicial, integrando las respectivas plataformas electrónicas (se ha formado una comisión interinstitucional)

8. Implementar el centro de cómputo o data center (en diseño)

9. Firmar convenios con todas las municipalidades distritales de Lima a fin de trasladar fiscales a locales construidos por las municipalidades que alberguen, además, a un juez y una carceleta, para aplicar justicia inmediata (en marcha parcialmente)

10. Construir locales, en terrenos donados, mediante obras por impuestos.

 

“La población del valle del Tambo sí está informada sobre el proyecto Tía María”

CARLOS ARANDA, Biólogo y Gerente de Servicios Técnicos de Southern Perú

Entrevista del Semanario Minas y Petróleo (síntesis), 1 de junio 2015

Comentario de Lampadia:

Con las aguas más tranquilas, después de las trifulcas que se sucedieron en el Valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa alrededor del proyecto indicado, consideramos oportuno difundir la entrevista al técnico peruano que estuvo más cerca de todo el proceso, Carlos Aranda, según lo recogido por Minas y Petróleo.

Es importante que la población tenga una apreciación correcta de los hechos y que podamos ir separando la paja del trigo.

 

 

“La población del valle del Tambo sí está informada sobre el proyecto Tía María”

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Tía María fue presentado en julio del 2009, habiendo cumplido con los tres talleres de información que establece el procedimiento minero.

Luego de ello, se convocó a la audiencia pública para la presentación del EIA.

En esa audiencia, cuando los representantes de la empresa comenzaron a efectuar las explicaciones del proyecto, “comenzaron a volar sillas”.  La audiencia se volvió violenta y la policía tuvo que  restablecer el orden, sin embargo, la audiencia fue declarada como no realizada. 

Durante los siguientes meses, Southern Perú envió al MEM sendas comunicaciones pidiendo se fije una nueva fecha para hacer la audiencia pública.

Mientras tanto, la empresa optó por salir a la televisión de la región para explicar el proyecto. Finalmente el MEM, después de un tiempo prolongado, señaló fecha.

Se le comunicó al alcalde de Cocachacra, quien primero estuvo de acuerdo con la realización de la audiencia pública, pero luego observó el local, indicando que se requería la aprobación de Defensa Civil. Sin embargo, el Comité de Defensa Civil del distrito, cuya cabeza era el propio alcalde, denegó la aprobación.

La Audiencia Pública es para informar, era evidente que las personas opuestas al proyecto no querían que informáramos, acota Carlos Aranda.

Como la norma dice que si no se puede realizar la Audiencia Pública el MEM puede buscar otros mecanismos de difusión, se acordó que Southern cumpliera con tres condiciones:

• Se realizaran tres presentaciones en auditorios distintos. Las que efectivamente se realizaron, una de ellas en Cocachacra.
• Generar en la televisión una presentación del EIA en vivo ante expertos. Se efectuaron varias de ellas, con la presencia de funcionarios del MEM, ante representantes de colegios profesionales y universidades. Quienes preguntaban como si fuera una Audiencia Pública. 
• Se repartiera folletería sobre el proyecto, lo que también se hizo.

Adicionalmente, varios funcionarios de la empresa fueron entrevistados en la radio por las emisoras locales.

Fue en esa época cuando el informe de UNOPS fue filtrado a los opositores al proyecto, quienes trataron de tomar la Carretera Panamericana y se produjeron tres muertes. Situación ante la cual el MEM resolvió en abril del 2011 declarar inadmisible el EIA.

Con el nuevo Gobierno se volvió a dialogar con el MEM que pidió cumplir con tres requisitos:

1. Una nueva línea de base socioeconómica de la zona
2. Que el EIA sea elaborado con participación de la población y así se ha hecho. Se les llevó para que participaran en las mediciones, asegura Aranda  
3. Que se utilice agua de mar.

Y, además, que se conteste a las 138 recomendaciones del UNOPS y todas las que adicionalmente presentaran los interesados.

Los jóvenes fueron los más interesados, que ven al proyecto como una fuente de trabajo. Por lo que no sólo apoyaron durante la elaboración del EIA, las presentaciones, los talleres y la Audiencia Pública, sino que ellos solicitaron la información para llevarla casa por casa.

LAS 138 RECOMENDACIONES DE UNOPS

Una de las mayores críticas que se hace al EIA del 2009 de Tía María es que mereció 138 observaciones de la UNOPS,  lo que probaría que éste habría sido muy deficiente.

La UNOPS (United Nations Office for Project Services), según informan las propias Naciones Unidas, “es una entidad de las Naciones Unidas que provee servicios de administración de proyectos, en cada área en la que la ONU tiene un mandato que cumplir – desde la prevención y toma de conciencia sobre el uso de minas explosivas hasta la reforma del sector público; desde soluciones informáticas hasta la erradicación de la pobreza.

Ante cada requerimiento, la UNOPS elabora proyectos de desarrollo o provee servicios especializados, según sea necesario. Estos servicios incluyen la selección y la contratación de personal para el proyecto del que se trate; la adquisición de bienes; la organización de la capacitación y el entrenamiento; la administración de recursos financieros y la administración de créditos.”

Es evidente, en consecuencia, por la propia información de la ONU sobre la UNOPS, que ésta  no es una entidad especializada en analizar EIAs, sino que se encarga de la contratación de expertos para llevar a cabo cualquier estudio que le encarguen los países.

Carlos Aranda puntualiza que las que se han dado en llamar 138 observaciones no fueron observaciones, sino recomendaciones y que el informe de UNOPS en ningún momento señala que el EIA del 2009  era deficiente y no debía aceptarse. A lo señalado cabe agregar que todos los EIAs tienen numerosas observaciones o cuestionamientos, casi siempre más de 100. Sin embargo, varias de ellas son de poca trascendencia.

Cabe recordar que como en el 2009 el MEM tenía un número elevado de EIAs y otros documentos por evaluar, fue que le pidió al UNOPS una opinión, del mismo modo que le pidió opinión a INRENA y al SERNARP. Es decir que no fue la única entidad que reviso el EIA, ya que el propio ministerio lo estaba revisando, señala Aranda.

Las 138 recomendaciones eran para mejorar el EIA, lo que no significaba que si no se tomaban en cuenta el proyecto no podía llevarse a cabo. Tampoco significaba que todas las recomendaciones debían aceptarse. Al respecto, Carlos Aranda sostiene que los expertos del UNOPS, que analizaron el proyecto sabían mucho de lo que es un EIA, pero sabían poco de minería, ya que por ejemplo una de sus recomendaciones era que se dijera qué se iba a hacer con el oro, ignorando que el ácido sulfúrico no sirve para recuperarlo y adicionalmente que, La Tapada y Tía María, las minas del proyecto solo tienen trazas de oro, cuyo costo de recuperación, por algún método adecuado a partir de los ripios, sería mayor que su valor de venta.

Otro ejemplo: el informe de UNOPS señalaba que en el EIA no se había tomado en cuenta una falla geológica que existe en el área, ignorando que las dos minas están sentadas sobre una formación geológica que se llama la Cordillera de la Costa, que tiene una antigüedad de 1,900 millones de años, tiempo durante el cual ha sufrido una compresión tan extrema que prácticamente ya no existe porosidad. En consecuencia esta compresión tan extrema ha sellado la falla de tal forma, que si bien están las dos placas de la falla no hay movimiento entre ellas.

Para el reciente EIA se ha utilizado marcadores radioisotópicos para analizar si hay algún tipo de vínculo entre acuíferos de la zona del proyecto y el valle, concluyéndose que no existe. Este tipo de pruebas es un sistema mucho más confiable que el de los piezómetros que recomendó UNOPS.

EL USO DEL AGUA DEL TAMBO

También se cuestiona que Southern Perú haya pretendido inicialmente utilizar las aguas del río Tambo, privando de parte de las mismas al valle del mismo nombre, que las requiere para la agricultura, en lugar de haber optado desde el inicio por la solución de utilizar agua de mar.     

Carlos Aranda nos explica que debajo del río Tambo existe una napa freática que contiene 171 millones de metros cúbicos de agua permanente, a la cual todos los años ingresa un promedio de 47 millones de metros cúbicos adicionales y de la cual se filtra al mar el mismo volumen de agua. La propuesta de Southern era tomar 7 millones de esos 47 millones y participar en la construcción de la represa Paltiture que  iba a retener alrededor de 20 millones de metros cúbicos anuales.

Agrega que lo que nadie señala es que el problema del valle del Tambo no es el volumen de agua, que la tiene en exceso, sino su mala calidad, por cuanto ésta contiene elevadas proporciones de sales, entre ellas boro y arsénico natural, lo que se explica porque los ríos tienen sus nacientes en una zona volcánica, con gran presencia de boro y arsénico natural.

 En consecuencia, en su opinión, era absurda la oposición a la utilización de las aguas de la napa freática, ya que carecía de todo sustento que Southern se iba a llevar toda el agua y el valle se iba a quedar sin agua y por lo tanto perder los cultivos.

Agrega que cuando hace algunos años Moquegua decidió construir el embalse de Pasto Grande, le restó a la cuenca del Tambo las aguas de mejor calidad, que son las que provienen de los deshielos y que por lo tanto ayudaban a diluir la proporción de boro y arsénico.

Aranda señala que un estudio encargado por el Ministerio de  Energía y Minas a la firma consultora SGS, para confirmar o no efectos sobre la agricultura de las emisiones de la fundición en el área del rio Tambo, determinó que el mayor problema en el valle era la mala calidad del agua la que afectaba a los cultivos del valle y no los humos de la fundición de Ilo.

¿Qué se ha hecho para mejorar la situación hídrica del valle? Se pregunta Carlos Aranda.

La respuesta es: ¡Poco o nada! No obstante que uno de los mayores opositores al proyecto de Tía María era el hoy presidente de la junta de usuarios. No se ha mejorado la forma como se hace agricultura, no se ha mejorado el mantenimiento de los canales de irrigación, peor aún con la protesta han destruido al menos uno de ellos, señala Aranda.

El valle del Tambo tiene más de 13 mil hectáreas cultivadas, recibe al año alrededor de mil millones de metros cúbicos de agua, de la cual más del 70% se va al mar sin ser aprovechada.

En consecuencia 1) No están haciendo un uso eficiente del agua y 2) Ellos tienen un problema por la calidad del agua, por cuya solución no se preocupan, remarca el funcionario de Southern.

LA CONTAMINACIÓN DE LA BAHÍA DE ITE

Una de las acusaciones que con mayor frecuencia hacen a Southern, los opositores a la inversión minera es la de haber contaminado la Bahía de Ite.

Al respecto Carlos Aranda nos informa que ITE es un acrónimo que significa “Irrigación de Tierras Eriazas” y nos relata la historia de esta bahía:

El valle de Locumba, llegando casi al mar, tiene una zona donde está encajonado, con la población de Locumba hacia la sierra, al Este y la carretera Panamericana hacia el Oeste. En consecuencia las laderas de esta zona son de grandes pendientes y no hay mucho espacio para hacer agricultura. La agricultura está hacia el Oeste de la Panamericana y en la parte más alta al Este donde se ubica la población de Locumba.

En los años 40 los agricultores resuelven a irrigar las terrazas que se ubicaban en las laderas en la boca del río, en mayor proporción hacia el norte que hacia el sur, para lo cual desvían el río Locumba. Sin embargo, como estas terrazas no eran suelos agrícolas sino desérticos, su característica física no le permitía retener el agua, más aún con un sistema de riego por inundación. En consecuencia, el agua percolaba y se generaba un régimen de aguas subterráneas, las cuales bajaban por el subsuelo y salían al mar.

En los años 60 Southern recibe autorización del Gobierno para disponer los relaves en el mar, más exactamente en la playa, lo cual en la época era práctica común, en todo el mundo. En consecuencia,  para depositar los relaves de la mina Toquepala (la única en operación de Southern en esa época), Southern utilizó los lechos secos de las quebradas para conducir los relaves hacia el mar , hasta llegar a una quebrada principal que llegaba al lecho seco del río.

A fin de poder usar el cauce seco del río en su última parte, Southern mejora la captación y desvío del río para los agricultores, construyendo una exclusa y entubando el agua, reemplazando las canaletas que la llevaban a las zonas irrigadas y que habían construido los agricultores de forma precaria y hace pasar el agua por encima del lecho vacío del río, el cual aprovecha para llevar los relaves al mar cerca de 20 kilómetros. En consecuencia, la única agua que recibía el cauce seco del río en sus últimos kilómetros eran los excedentes en el caso de que hubiera fuertes lluvias en la sierra.

De este modo en la playa de la bahía de Ite se estuvo acumulando arena de los relaves de Toquepala desde los años 60 y de Cuajone desde que esta otra mina entró en operación en 1976. Una consecuencia de esta disposición de los relaves en la playa fue que el mar estuvo siendo empujando hacia afuera y llenando una bahía abierta de cerca de 1,600 hectáreas que se conocía como Bahía Inglesa.

En este proceso los relaves fueron cubriendo la zona del mar por donde estaban los ojos de salida del agua dulce, que percolaba de la irrigación de las terrazas y comenzaron a formarse lagunitas creándose una especie de humedal donde comenzaron a crecer totorales, carrizos, verdolagas etc.  

Al comienzo las olas o las mareas altas cubrían estas lagunitas y como el mar tiene un pH alto de alrededor de 8, no se producía la oxidación. Con el tiempo las lagunas llegaron a ser bien grandes y a medida que el relave fue empujando el mar, hacia afuera, gran parte de los relaves no era cubierto por el agua de mar y eso originaba que este material comenzara a exponerse y en consecuencia a oxidarse, creándose una suerte de paraje exótico de múltiples colores y con olores desagradables de ácido sulfúrico.

En 1991, se firma un acuerdo de bases con el Gobierno y se inicia la remediación que se termina con el PAMA. El procedimiento consistió en construir unas exclusas para retener el agua dulce que salía al mar a fin de inundar completamente la zona. De este modo, aprovechando el principio de que para tener estable un relave hay que mantenerlo alejado del oxígeno, para que no haya oxidación, se logró teniendo al menos un metro de  agua encima del relave, convertir lo que era una suerte de “paraje lunar” en un hermoso humedal, lugar de descanso y alimentación para las aves migratorias, además de presencia de peces y camarones.