El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia

Tal como lo habían anunciado hace tiempo, los dirigentes de las cúpulas radicales iban a tratar de impedir el avance del proyecto de Tía María en Arequipa y luego el de las Bambas en Apurímac. Entre estas cúpulas está, por supuesto, Tierra y Libertad del ex cura Arana y Pedro Francke de la PUCP.

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Southern tuvo más de cien obsevaciones. Con gran compromiso por el largo plazo, la empresa empezó de nuevo. Después de meses de estudios, logró, en agosto del 2014, la aprobación de un nuevo EIA. Entre los importantes cambios al primer EIA, el nuevo incluía el compromiso de usar agua de mar desalinizada que sería bombeada hasta el yacimiento. La empresa asumía esta decisión, a pesar de los costos, para evitar que se la acuse de usar “agua que debiera ser empleada para la agricultura” y, así sortear la preocupación de los campesinos del lugar. De esta forma el principal argumento de los opositores al proyecto (el empleo del recurso hídrico) quedaba superado.

Según el ordenamiento legal, una vez aprobado el EIA, el Estado debe otorgar la autorización de construcción, cosa que por cualquier disculpa, no ha hecho hasta ahora. En el camino hubo un audiencia con 1,700 personas donde el proyecto consolidó su aprobación “social”.

Hace dos semanas, el gobierno anunció su presencia en la zona para presentar el EIA y contestar todas las dudas que pudiera tener la población. Los dirigentes ultras no asistieron a la reunión y mantuvieron su llamado a una huelga indefinida, que fue ejecutada con el resultado de varios heridos sin que el Estado haya actuado.La oposición al proyecto de parte de esta cúpula, ahora carece de argumentos y se muestra como pura extorsión o manipulación política.

Ante esta situación, imaginamos que en un acto de profunda frustración por parte de la empresa, su Gerente de Ralaciones Institucionales, Julio Morriberón, anunció la paralización del proyecto y calificó las acciones de los radicales como de “terorismo anti-minero”. Este término califica las acciones illegales de las cúpulas anti-mineras que amedrentan libremente a la población, sin que el Gobierno haga nada para impedirlas, cuando más bien debiera apoyar  firmemente a una compañía que viene haciendo los mayores y mejores esfuerzos por sacar adelante un proyecto clave para el país.

Más tarde, ante una coversación privada entre la Ministro de Energía Y Minas, Rosa María Ortíz y el Presidente de Southern, Óscar Gonzales Rocha, este último  ofrece mantener los mejores esfuerzos para sacar el proyecto adelante, pero califica las acciones ultras con las mismas palabras de Morriberón: “terrorismo anti-minero” y pasa lista a una seríe de impedimentos, trabas y falta de presencia del Estado para apoyar el proyecto.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, terrorismo es una: “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Infiltrar, amenazar, amedrentar, romper vidrios de las casa de los que piensan distinto, acallar a los periodistas de la zona es parte del “Manual Anti-minero” que ya se ha usado en Cajamarca y en varios otros lugares. Todo eso es una forma de terrorismo. Por ejemplo, ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

El Estado, siempre tarde, no explica nada, retrocede y finalmente cae de rehén de los ultras (Ver en L: Del Arequipazo a Pichanaki, un Estado que retrocede).

Fue gracioso escuchar alaministro de Energía y Minas, Rosa MaríaOrtiz decir que el Estado estuvo presente porque fueron a explicar el EIA la semana pasada. Para empezar, debieron ir en agosto del 2014, lo que es más, hace cinco años, cuando empezaron las movilizaciones contra el proyecto con el liderazgo del entonces presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Señora ministro, el Estado está conformado por el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.

¿Cuál será la suerte del proyecto? Quien sabe. Pero lo que si queda claro es que ha entrado en una etapa de alto riesgo de paralización definitiva.

Como hemos comentado antes, este proceso de parálisis de la minería empezó con Conga y puede terminar con Tía María que ya está en cuidados intensivos.

Pero lo que es peor, es que la economía peruana, de pararse Tía María, también entraría en cuidados intensivos, pero sin médicos. Basta seguir la declaraciones del Ministro de Economía, Alonso Segura, que empezó pronosticando un crecimiento de 4.5% para este año, poco después lo bajo a 4%, mas adelante enfatizó que seríamos el país que más crecería en la región y hace unos cuantos días dijo que “una recesión era poco probable”. Mamita, ¡Ayuda!

Tía María es demasiado importante para desarrollo del país y de la región Arequipa, como para que una cúpula que solo desea obstruir los avances de la nación por oscuros intereses, impida su desarrollo. El Estado y la ciudadanía deben tomar cartas en el asunto. El proyecto ha cumplido con todos los cuidados y procedimientos, técnicamente es impecable, por lo que debe otorgársele la licencia de construcción. No podemos esperar más tiempo. La tradición de Arequipa fue siempre construir e iluminar, no destruir y traer la oscuridad. Lampadia

El 26 de octubre, una de las elecciones más inciertas de la historia del Brasil se cerró con un triunfo de la candidata y presidenta, Dilma Rousseff. Por un estrecho margen (51.6% contra 48.3%) se impuso a Aécio Neves, aprovechando todo el peso de los programas sociales y después de que sus publicistas destrozaran la casual candidatura de Marina Silva. Los mercados reaccionaron inmediatamente. La Bolsa abrió con una fuerte caída en el índice Bovespa, que llegó a perder más de 6% en los primeros minutos de la sesión. Las acciones de Petrobras se desplomaron 14% en la Bolsa de Sao Paulo, mientras que sus ADR cayeron más de 15%. El Real (la moneda brasileña) se devaluó 2.71%.

Signos más que evidentes que mostraban el rechazo de los agentes económicos ante los resultados en las urnas. “Brasil decepcionó a los inversores cuando reinstaló a la actual mandataria, Dilma Rousseff, en el sillón presidencial”, dijo el gestor de fondos de inversión Schroders en una nota a clientes. “Las esperanzas de una reforma que resuelva los problemas económicos estructurales de Brasil se han desvanecido, si no destruido”, reseño CNN.

Es cierto, en estos momentos, la economía está en “recesión, la inflación se halla por encima de la meta del Banco Central, las cuentas públicas son poco claras, la deuda pública crece y es más que posible la reducción de su clasificación crediticia, además de un déficit en cuenta corriente que, situado en 3.7% del PBI, es el más amplio desde el 2002 y que está siendo financiado parcialmente por capitales de corto plazo (que es probable que se pongan más nerviosos con el triunfo de Rousseff)”, señala The Economist.

Si bien con Rousseff se agravó la situación económica, los problemas de Brasil “se inician con el ingreso de Lula y el quiebre de las políticas que dejó el  gobierno de Henrique Cardoso, que puso la casa en orden. Lula da Silva llevó al país hacia el proteccionismo y el asistencialismo. Cooptó a sus opositores y convivió con altísimos niveles de corrupción gubernamental”. Ver en Lampadia (L): La caída de un gigante crea incertidumbre en la región y Luces y sombras de la visita de Lula al Perú.

Dilma Rousseff exacerbó las políticas de Lula, manteniendo bajo el precio del petróleo y el diésel y subvencionando la electricidad. También, otorgó beneficios fiscales a varias industrias para intentar apuntalar el crecimiento. Lo que ha provocado esta política es crear incertidumbre, llevando la tasa de inversión a 18.3% del PBI, su mínimo en cuatro años, mientras que la tasa de ahorro se ubicó en 12.7%, la más baja en los últimos 15 años (en el Perú, la inversión llegó al 28% del PBI el 2013 y la tasa de ahorro a 23.8%)”. Ver en L: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Esta situación se ve reflejada en el costo de vida. Vivir en Brasil es carísimo. Los principales electrodomésticos y automóviles cuestan por lo menos 50% más que en otros países. ¡Un auto hecho en Brasil cuesta 45% menos en México! El índice Big Mac de The Economist registra que un nivel de precios 72% mayor que la base de EEUU. Una de las causas del alto costo de vida es el sobrevaluado real (la moneda brasilera); no obstante, el problema de competitividad de Brasil tiene causas mucho más profundas que su tipo de cambio, asevera The Economist. Ver en L: Brasil sin rumbo, ni brújula.

Esta situación, después de la gran ilusión del despegue de Brasil, explica el descontento mayoritario de su clase media que exige mejores servicios, mejor calidad de vida y menos corrupción. Sus protestas hicieron tambalear el gobierno de Rousseff el 2013 y amenazaron con malograr el Mundial de Fútbol, pero el mayor susto se lo dieron sin duda las urnas.

Para ganar Rousseff tuvo que apelar a malas artes. Según The Economist, la reelección se debió a “las ventajas de candidatear por la reelección, la formidable máquina logística del PT y su dinero (al parecer, algo fue robado de la petrolera estatal Petrobras), así como la estrecha cercanía de Lula con el pueblo, se sumaron para inclinar la campaña a favor de Roussef”. Además, se recurrió, siguiendo la receta del populismo izquierdista, a la división social para obtener votos. Tal y como ha denunciado el ex presidente Fernando Henrique Cardoso: “Hicieron la tentativa de partir la nación por clase social, por color o por región. Y eso no es aceptable”, señaló.

Al final de cuentas, el mapa electoral demostró que esa campaña sucia surtió efecto de alguna manera. El país se dividió. Los Estados norteños, los de mayor pobreza y que más apoyo social reciben votaron por el PT. Los del Sur, los de mejores ingresos y más modernos, se inclinaron por Neves.

Estos son ahora los retos de Rousseff: reunificar a un país polarizado y efectuar una auténtica reforma económica que saque al país del estancamiento y la recesión. Como indica The Economist, “su principal tarea será arreglar la economía y, para ello, necesita nombrar un ministro de Finanzas competente y dejarle hacer su trabajo sin interferencias del palacio presidencial, redoblar sus tímidos esfuerzos para atraer inversión privada en infraestructuras e intentar una reforma tributaria [que baje la gravosa presión tributaria]”.

También deberá realizar reformas políticas y sobre todo enfrentar la galopante corrupción. El escándalo de Petrobras seguramente afectará al PT y a ella misma. Pero el mayor peligro para la democracia brasileña será contener los ímpetus radicales de su partido que desean seguir el camino del chavismo: controlar los medios de comunicación y el Poder Judicial. En un país polarizado esa ruta puede llevar a un escenario impredesible.

Al Perú, obviamente le conviene que Brasil retome la sensatez. Que rectifique el rumbo económico y que salga del proteccionismo y evada la tentación albista. El 5.2% del stock de la Inversión Extranjera Directa (IED) del Perú proviene de nuestro vecino. Nuestras exportaciones han crecido sostenidamente desde el 2009 y se han más que triplicado de un poco más de 500 millones de dólares, hoy superan los 1,700 millones. Logrados con grandes dificultades y muy por debajo de nuestro potencial exportador, debido al anacrónico y desleal proteccionismo.

Es vital que Brasil tenga una mejor performance, pero dados los antecedentes del PT, será difícil que enderecen el rumbo económico, reduzcan su atávico proteccionismo, abandonen el asistencialismo y se alejen de la hipócrita política exterior de padrinazgo del albismo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Lampadia

Este lunes, Peru21 publicó su encuesta “Pulso Perú”, en la que incluyó una variante de la clasificación de Nolan con la intención de determinar la ideología de los peruanos. Luego, en base a los resultados, este diario y la encuestadora llegaron a conclusiones que no serían representativas del pensamiento político de los peruanos.

El Diagrama de Nolan fue desarrollado por David Nolan (1969), un político libertario (un liberal extremista que creía en la menor intervención posible del Estado en la vida pública y privada). Nolan propuso esta clasificación con la intención de profundizar el análisis de las posiciones políticas debido a que el sistema tradicional  de agrupar a la población en “derecha” e “izquierda” resultaba insuficiente para describir el matiz ideológico de los ciudadanos. La “derecha” reunía tradicionalmente a quienes creían en el libre mercado, mientras que la “izquierda” comprendía a quienes pensaban que el Estado debía intervenir determinantemente en el manejo económico. Así, quedaban sin agrupación otras posiciones políticas. 

A continuación, se presenta el detalle del Diagrama de Nolan expuesto en la foto superior. En este se puede apreciar claramente que el cuadrante inferior, de alta preferencia por la intervención estatal en la sociedad y la economía, es denominado como “Autoritario” y no “Totalitario”

Asimismo, existen otras adaptaciones donde el término “Totalitario” se encuentra conspicuamente ausente.

El problema está en que este diseño se efectuó para una realidad completamente distinta a la peruana. Por ello, el Diagrama de Nolan presentado por Peru21 presenta errores graves en ciertos aspectos fundamentales de la encuesta elaborada, así como en la manera de presentar ciertos resultados. Como puede apreciarse, Peru21 usa el término “Totalitario”, mientras que ni Nolan, ni otros análisis lo califican así.  El Diagrama de Nolan “original”, presentado por su creador, denominaba a este cuadrante como “Autoritarios”.  

De la Encuesta en sí misma, se puede hablar mucho más. La Encuesta realizada para el Diagrama de Nolan tiene un número determinado de preguntas sobre temas sociales y económicos (en este caso, diez cada uno). Se plantea una situación (pregunta), y se ensayan tres respuestas posibles (alternativas para que el encuestador escoja). El encuestado opta por la que más se asemeje a su pensamiento. Finalmente, se otorgan puntajes a las respuestas, tras sumar los “puntos” obtenidos se halla en qué “coordenadas” se ubica la persona en el Diagrama.

La metodología empleada es elemental. No se le pregunta al encuestado como se “autodefine”, sino que se busca encontrar su ideología en base a respuestas sobre temas específicos. El esfuerzo recae sobre el que diseña la encuesta, quien debe encontrar temas importantes para la población del ámbito de estudio y proponer respuestas que indiquen una preferencia por la libertad individual, la intervención del estado o ninguna de las anteriores.

Pulso no realizó este trabajo con rigurosidad. Todo lo contrario, copió una encuesta hecha en España y la aplicó en el Perú con ligeros cambios. Por ejemplo, no hace sentido que se haya preguntado a los peruanos sobre si están en contra de la “inmigración” de extranjeros, o que se les interrogue por si están a favor de “limitar la entrada de productos de países subdesarrollados”.

Así se pueden encontrar otras preguntas y otras alternativas de respuestas, que por su formulación recalcan el origen extranjero de la encuesta y el nulo intento de adaptarlas a nuestra realidad. El Perú no es España.

La importancia individual de una pregunta en una encuesta tan breve no debe subestimarse.  ¿Cuántas personas de Izquierda, Derecha o Centro han sido clasificadas como “Totalitarias” por una pregunta o dos de diferencia?

El sociólogo, Carlos Reyna, ha señalado que la empresa encuestadora se equivocó “al querer hacer Ciencia Política”. Como señala Exitosa los conceptos utilizados en la encuesta son “un disparate, en especial el de los llamados totalitarios ya que a su criterio [Carlos Reyna], estos ‘apoyan a un partido que se apropia del Estado, como el movimiento nazi y el facista. La definición de totalitario calzaría más bien con lo que es el republicanismo o algunas versiones estatistas. Reyna, además, consideró que ´no existe una ideología de centro’”. Esta declaración contradice directamente a lo sostenido por el Director de Peru21, Juan José Garrido, para quien “en el epicentro del debate socio-económico-político están las ideologías”.

El Perú, sus segmentos emergentes, la nueva clase media o los informales, tendrían una visión poco ideologizada: buscan resultados, no ideologías. El 58.1% quedó definido como de centro sin limitaciones ideológicas, y adaptable a las necesidades específicas de cada situación, compartiendo la idea, sin saberlo, del líder chino Den Xiao Ping quien llevó a la China al capitalismo: “no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”. Aún así, Perú 21, increíblemente, tituló que “el 51% de la población está en contra del modelo”.

Se debe señalar que la pregunta sobre el modelo económico es tendenciosa. Contrariamente al método empleado para tratar de obtener la ideología del encuestado, en este caso la pregunta fue textualmente: “¿Está Ud. a favor o en contra del actual modelo económico del país?”, dejando de esta manera que el encuestado asuma su propia definición de modelo económico. Una encuesta de Apoyo, durante la última campaña política, profundizaba en el tema de otra manera más representativa (ver cuadro líneas abajo).

Las encuestas son un instrumento que permiten obtener una foto de la realidad, pero así como unos lentes mal medidos empeoran la visión, una encuesta mal realizada distorsiona sus resultados. Aun cumpliendo con todas los requerimientos técnicos, una encuesta diseñada para otra realidad no reflejará la realidad peruana. Recordemos, pues, que el Perú no es España, y que no tiene tantos radicales o totalitarios como se nos ha querido vender. Lampadia