Los dirigentes anti mineros y las poblaciones de las zonas de mayores conflictos, habrían hecho un voto estratégico por PPK en la segunda vuelta electoral. En verdad, eso era previsible por la menor capacidad política y representación popular del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK). Pero, pretender proyectar esa convergencia como la base de acción de gobierno para enfrentar los conflictos, es una apuesta sin soporte en el enfoque político de los actores involucrados, a no ser que los de PPK consideren la posibilidad de parar los proyectos.

A continuación analizamos estas inferencias sobre la base de la evolución de los votos de la primera y segunda vuelta y las transferencias de votos de las izquierdas radicales al partido PPK. 

¿Tiene PPK apoyo en las zonas mineras?

“Yo creo que PPK es el enemigo más débil” (Anti-minero de Cajamarca).

Si bien los resultados de la segunda vuelta dieron a PPK como ganador a nivel nacional por un margen muy reducido, en algunas zonas de proyectos mineros y con conflictos sociales, la diferencia fue mayor. PPK ha obtenido una amplia mayoría, 2/3 o más en varias de ellas. Estos resultados podrían llevar a creer, a algunos, que PPK tiene un respaldo político excepcional justo en las zonas más conflictivas del país. 

En la siguiente tabla vemos los resultados aritméticos de la votación para 3 zonas con estas características: Tintaya, Tía María y Las Bambas.

Según la tabla superior, salvo en el distrito de Islay, en las demás jurisdicciones analizadas el margen de la victoria fue significativo. Pero, ¿Tiene el nuevo presidente las condiciones necesarias para de llevar adelante los proyectos mineros? ¿Cual es la realidad?

Motivación por llevar adelante proyectos mineros

PPK ha manifestado en repetidas oportunidades su interés de resolver los conflictos sociales.  Durante la campaña, lo consideró el “problema número uno del país” y que pondría a sus dos vicepresidentes a dedicarse de lleno a ello.  Para dejarlo claro, la solución que PPK visualiza para estos problemas incluye la ejecución de los proyectos, tal como lo declara en su última entrevista en Semana Económica, él va a  “ir a cada lugar a destrabar inversiones”.  En otra entrevista, a Gestión, deja claro que para él, para lograr la ejecución de los proyectos, primero se debe pasar por un proceso de diálogo (aunque no aclara con quien, si con la población local, o con los grupos a favor o en contra de la minería.): “primero se debe conversar (y llegar acuerdos) de lo contrario no se podrán realizar los proyectos (extractivos)”.  

El apoyo local a PPK

PPK considera que el diálogo es el camino para la solución y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población en las zonas en conflicto.  Él cree que las condiciones estarían dadas, y en la entrevista con Semana Económica muestra su confianza al mencionar que sacó 70% tanto en Cocachacra (Tía María) como Bambamarca (Conga), por lo que iría a conversar personalmente con las comunidades. Como las “comunidades” son un ente genérico, no está claro con quiénes realmente piensa dialogar PPK. ¿Serán los líderes de DD y FA quienes lo apoyarán en ese proceso de diálogo?

Sin embargo este apoyo social queda en duda al comparar los resultados obtenidos en la primera y en la segunda vuelta.  El voto de PPK en la 1ª vuelta en dichas jurisdicciones fue muy bajo y en la 2ª vuelta tuvo un importante crecimiento.  Para el caso de Cajamarca, PPK explica el cambio afirmando que “la gente recapacita.”  Es una explicación muy optimista creer que un movimiento social con décadas de confrontación hacia la minería se transforma radicalmente en pocas semanas porque la gente ha “recapacitado” y que esto produjo que su votación aumentara casi 6 veces en la región Cajamarca, pasando de 8.5% a 50%, o que se multiplicara en más de 23 veces para el caso de Bambamarca pasando de 2.5% a 70.6%. 

Las siguientes gráficas se muestra como evolucionó el voto entre la 1ª y la 2ª vuelta: 

El voto de PPK en la zona de Tía María, con la excepción de Islay, es prácticamente la suma de sus pocos votos en la 1ª vuelta con los votos mayoritarios de Democracia Directa y Frente Amplio.

La transferencia de votos de DD y FA también fue masiva en el caso de las provincias próximas al proyecto Las Bambas.

En la 1ª vuelta, en la Provincia de Espinar, PPK obtuvo solo un voto de cada 15 pobladores. 

La correlación entre los votos de DD+FA en la 1ª vuelta y de PPK en la 2ª vuelta es notable, dejando claro de donde proviene el respaldo electoral obtenido.

Una explicación alternativa y mucho más probable es que la voluntad de la gente para “recapacitar”, sea la fuerza de la campaña contra Keiko Fujimori hecha por los voceros del FA y de DD en esas zonas.  Esa campaña elevó el voto de PPK, pero la campaña no fue basada en atributos del candidato, sino principalmente en ataques contra su contrincante, FP.  Los cuadros muestran que en las zonas escogidas, el grueso del voto de PPK en segunda vuelta proviene de los electores de DD y el FA. Sería bueno que el gobierno de PPK tenga claro cual es la postura real de DD y FA sobre la actividad minera antes de poner en riesgo su capital político en diálogos bajo condiciones poco entendidas.

Para amplios sectores de la población, esta segunda vuelta tuvo la naturaleza de un plebiscito respecto a Keiko Fujimori, antes que apoyo a PPK. La posición política real de la población, en las zonas con proyectos mineros, se manifestó en la primera vuelta, mostrando una opinión muy crítica hacia el desarrollo de estos.   Por otro lado, el sector de la población que apoyaba el desarrollo de proyectos mineros votó por Keiko y por PPK en primera vuelta antes que por DD y el FA.  Esa es la fuerza real para reactivar la minería, y no la votación de PPK en la 2ª vuelta. Dada la hostilidad con que se llevó la campaña en 2ª vuelta, PPK va tener dificultades para obtener el apoyo de los votantes de Fuerza Popular, y dada la posición política contraria a los proyectos mineros de los votantes de izquierda, el apoyo del Frente Amplio y Democracia Directa para desarrollar los proyectos va ser aún más difícil. Es decir, PPK está más solo que nunca para llevar a cabo los proyectos en las zonas conflictivas.

“PPK es el enemigo más débil”

Los sectores de izquierda no han intentado ocultar su falta de apoyo real a PPK, una vez que éste esté en el gobierno.  Dos declaraciones de miembros de la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (muy activa durante los conflictos por Conga y cercana a la organización de Marco Arana (GRUFIDES), miembro de FA) son sintomáticas.  En ellas reconocen la debilidad del gobierno de PPK, la distancia política con el próximo presidente y su naturaleza de “enemigo” de sus causas:

Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la pregunta de porque apoyar a un candidato que no es de izquierda como PPK: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos.” (Programa “Prensa Veraz”, 2 de junio del 2016).

Milton Sánchez, dirigente de la PIC, en declaraciones en el programa “El Centinela del Aire”, de Radio Líder, emisora cajamarquina con una clara posición anti-minera y muy cercana a GRUFIDES, dijo el 7 de junio del 2016:

“Nos gustaría que gane PPK no tanto porque creemos en su propuesta o su plan de gobierno, sino porque el fujimorismo significa, en este caso para el movimiento social una gran amenaza.” “Movimiento social” es un eufemismo usado para referirse a las organizaciones anti-mineras promovidas por DD y el FA.

“Yo creo que PPK, es el enemigo más débil”.

“Cualquiera de los dos es un peligro para nosotros, pero creemos que aun más es el fujimorismo”.

Sin dudas, los grupos contrarios a la minería han realizado una votación estratégica, apoyando al “enemigo más débil” y evitando que el fujimorismo llegara al gobierno. Desde su perspectiva, la maniobra fue correcta, aunque sus objetivos sean contrarios al desarrollo del país.

Conclusión

Consideramos que PPK no debería contar con el apoyo de los grupos de izquierda ni con sus seguidores políticos para el desarrollo de los proyectos mineros. Pensar que tiene el apoyo del 70% de la población en lugares como Bambamarca y que eso es suficiente capital político para destrabar inversiones es iluso. 

El gobierno de PPK debe reconocer que en las zonas mineras ha llegado a la presidencia con un voto prestado de quienes lo consideran el enemigo más débil. Sobrestimar su propia capacidad en este campo, le puede traer pérdidas muy importantes en su capital político, tal como las sufrió Ollanta Humala con el proyecto Conga. El camino para solucionar los conflictos mineros es mucho más largo y complejo de lo que PPK ha declarado. 

Lampadia

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.

Traducido, comentado y glosado por Lampadia

“Equilibrando las preocupaciones económicas y sociales en el sector minero de Perú”

Publicado por Stratfor Global Intelligence el 25 de mayo 2015

Enfrentamiento entre los manifestantes que se oponen al proyecto minero y la policía peruana 

de Arequipa el 14 de mayo (Fuente: STR / AFP / Getty Images)

Resumen

El generalizado sentimiento anti-minero y la creciente oposición a los próximos proyectos han estresado el tan importante sector minero del Perú. [Es entendible que nuestra coyuntura sea vista así en el exterior. Allá se hace muy difícil persivir el balance entre los manifestantes y las mayorías silenciosas]. Las manifestaciones, algunas de las cuales se han vuelto violentas, no muestran signos de disipación, y se planean más protestas en varias zonas mineras el 27 y 28 mayo. Aunque las manifestaciones aún no afectan el relativamente fuerte crecimiento económico del país, podrían socavar el atractivo del país para los inversores a largo plazo.

Análisis

Las altas tierras andinas y los trópicos amazónicos, consideradas las dos regiones periféricas de Perú en comparación con el núcleo demográfico y político del país en Lima, contienen una gran riqueza de minerales y recursos naturales. La economía de Perú se basa principalmente en inversiones y el desarrollo de las actividades mineras y de hidrocarburos en estas regiones, que producen alrededor de dos tercios de las exportaciones del país. 

Actualmente, el Perú está disfrutando de un período de estabilidad económica y relativa prosperidad. Al inicio de esta década, la tasa de crecimiento promedio de Perú era de 7.25 %, en gran parte impulsado por las industrias mineras extractivas, como el cobre. Entre 2000 y 2012, la inversión en la minería peruana aumentó de alrededor de US$ 300 millones a US$ 8,600 millones, lo que representa casi el 50 % de todos los proyectos de inversión privada [externa] en el país. [La inversión total llega al 28% del PBI, unos US$ 55 mil millones]. La minería contribuye casi el 15 % del PBI de Perú, genera entre 10 % y 16 % de los ingresos fiscales del país [29.2% del impuesta a la renta de tercera categoría y el 40.2% del impuesto a la renta corporativo] y ofrece más de 200,000 puestos de trabajo [directos] por año.

Las políticas de libre mercado y de facilidad a los negocios del gobierno peruano de los últimos 25 años también han ayudado a expandir la economía. El Perú ha firmado más de una docena de acuerdos bilaterales de libre comercio con las principales economías como Estados Unidos, la Unión Europea y China. (…) todavía se espera que Perú crezca más que otros países de la región.

Potente Oposición

Sin embargo, entre la caída de precios de metales y la desaceleración de la demanda china, ha habido una disminución en las inversiones mineras y de hidrocarburos del Perú el año pasado. La inversión total en el Perú se ha reducido en un 6 % desde el 2013, llegando a un total de solamente US$ 5,560 millones en el año 2014. Posteriormente, las exportaciones de minerales han reducido su valor en más de US$ 4 mil millones en los últimos dos años.

Pero el sentimiento anti-minero es de gran alcance en el Perú, y la oposición local en contra de los proyectos extractivos y el malestar social de los grupos que se oponen a la actividad minera en el país están amenazando la inversión. Además, amplias coaliciones de izquierda han protestado sobre el daño ambiental y la participación extranjera en la minería durante mucho tiempo. [Estas ‘protestas’ se han concentrado en las empresas grandes y no lo hacen contra la minería ilegal de oro que está devastando inmensas áreas en la región selvática de Madre de Dios y otras. Recientemente se ha hecho público que estas organizaciones proponer implantar el pos-extractivismo, que significa dosifica la producción nacional al mínimo para la supervivencia, en minería, petróleo, gas, madera, pesca, agricultura de exportación y hasta industrias exportadoras. Como dijo Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”].

A pesar que las protestas contra la minería no son algo nuevo en el Perú, en los últimos meses los enfrentamientos se han vuelto más violentos entre los manifestantes y la policía.

[Los] grupos de protesta más organizados y la intensificación de las demostraciones han dificultado el uso de la diplomacia. El 23 de mayo, el gobierno declaró estado de emergencia en las zonas mineras del sur.

Mirando hacia el futuro

El malestar social dirigido al sector de la minería en el Perú se intensificará durante el resto del año. Cada vez líderes locales radicales más poderosos y partidos de izquierda más organizados se enfrentarán al fuerte impulso dirigido por el gobierno para seguir adelante con los proyectos extractivos, especialmente porque las elecciones presidenciales de abril 2016 se acercan. Debido a los objetivos políticos y económicos contradictorios del gobierno, las negociaciones de los proyectos mineros se alargaran indefinidamente, mientras que Lima es presionada a hacer más concesiones a los gobiernos locales. Dichas concesiones se contradicen con los esfuerzos del gobierno central de reforzar el control sobre la distribución y el gasto de los fondos federales de los gobiernos locales.

Una de las prioridades del gobierno será encontrar una solución inmediata al conflicto proyecto minero Tía María de Southern Copper. El 16 de mayo, la empresa minera declaró una pausa de 60 días para permitir que todas las partes compartan quejas y preocupaciones, proyectos de soluciones, y asignar la responsabilidad de la ejecución del acuerdo. 

En general, las protestas aún no han herido de manera significativa al sector de la minería y, en realidad, la producción de minerales ha mejorado un 5.3 % interanualmente en el primer trimestre de 2015. Sin embargo, las manifestaciones podrían obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo, teniendo en cuenta la alta dependencia del Perú sobre la inversión extranjera, lo que podría caer si la confianza del inversor disminuye. Será fundamental calmar esta inquietud y demostrar una capacidad de controlar a los gobiernos locales para poder retener la confianza de los inversores y mantener las tasas relativamente altas de crecimiento que ha venido logrando el Perú.