Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El viernes 11 de enero el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comunicó a los representantes de Southern Cooper Corporation (SPCC), que no les dará la licencia de construcción para el proyecto Tía María. No mientras el porcentaje de aceptación del proyecto en el valle del Tambo no sea considerablemente mayor al actual.

El ministro basó su decisión en una encuesta aplicada en el mes de setiembre que la propia Southern encargó a IPSOS y que revela que, si bien la aceptación ha mejorado en la provincia de Islay entre abril y setiembre, en el valle del Tambo mismo solo 2 de cada 5 encuestados manifiesta estar a favor del proyecto.

El temor del ministerio es que se produzca una resistencia similar a la que ya ocasionó muertos en el pasado. Pero, según la empresa, ese temor es infundado. Raúl Jacob, alto funcionario de Southern, señala que ese dato de septiembre se explica más como una anomalía estadística que como una tendencia, porque las anteriores encuestas (6 en total) han mostrado más bien una situación de empate. “En los últimos meses hemos iniciado varios programas comunitarios que han conectado bien con la población. Pensamos que el resultado de septiembre no es representativo de lo que ocurre en el valle. En general la aprobación a los proyectos mineros antes de iniciarse es baja. Las Bambas, por ejemplo, tenía sólo 22% de apoyo antes de su construcción, mucho menos que Tía María”.

En buena cuenta, si bien hay una la proporción apreciable de personas que responde estar en contra del proyecto, en la práctica esas personas ya no se movilizarían voluntariamente contra él, por varias razones. Primero porque la SPCC ha desarrollados varios programas de apoyo social y mejoramiento productivo que han tenido impacto y  han sido bien recibidos por la población, que ya no rechaza la presencia de representantes del proyecto ni hostiliza sus actividades y oficinas, y segundo porque esto se ha manifestado en la reciente elección municipal en la que ya no fueron elegidos alcaldes anti-mineros de modo que, adicionalmente, los dirigentes opositores al proyecto –desmoralizados, divididos y procesados la mayor parte- ya no contarían ahora con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades que fue decisivo en el pasado para pagar y transportar a los manifestantes y activistas. Por lo demás, crecientemente sindicatos y asociaciones están enviando cartas al Presidente de la República solicitando la autorización al proyecto.

Programas sociales y productivos

Jacob nos informa que SPCC puso en marcha desde mediados del 2016 una política de “buen vecino”, que consistió en la ejecución diversos programas orientados a la mejora en la calidad de vida (salud, saneamiento, educación, etc.) y al apoyo a las actividades productivas (agricultura, ganadería, etc.).

En salud firmó un convenio con el gobierno regional para financiar la ampliación del horario de atención de las postas, que era solo de 8.00 am a 4.00 pm, a las 24 horas del día. También realizó diversas campañas médicas. En educación, se aplicó el programa “Matemáticas para Todos” que este año escalará a todas las instituciones educativas del valle. También se desarrollaron pasantías Pre-profesionales.

En lo productivo, se ejecutó un programa de acompañamiento al 90% de los ganaderos para que sus animales cuenten con un estricto control sanitario ganadero. También se difundió una técnica que permitió reducir en un 90% la mortalidad del ganado porcino y se capacitó en la producción de arroz con el método SICA, entre otras capacitaciones técnicas.

Agrega que, fuera de eso, ha financiado con 22 millones de soles los estudios de agua potable y saneamiento para toda la provincia de Islay (ver imagen)

También está financiando los estudios de pre inversión e inversión para el Hospital de Mollendo (Alto Inclán) y el Centro de Salud de Cocachacra. Incluso ha formulado propuestas de inversión que no han merecido respuesta: en el 2017 propuso al MINAGRI financiar la construcción de 4 pozos tubulares de 120 litros por segundo a un costo unitario estimado en US$ 250,000, sin resultados.

Nuevos alcaldes ya no son anti-mineros

Ese conjunto de acciones de apoyo social y productivo, junto a una política de información en oficinas abiertas en las distintas ciudades del valle, probablemente influyeron en el resultado de las elecciones municipales, donde las candidaturas anti-mineras fracasaron todas y solamente en una de las seis alcaldías triunfó un candidato del Frente Amplio, que ni siquiera es en realidad un hombre militantemente opuesto a Tía María. De los anteriores 6 alcaldes, 4 eran abiertamente contrarios al proyecto minero.

Sindicatos piden el proyecto 

No solo ha cambiado el escenario político, también el sindical y gremial. Diversos sindicatos, como el de Construcción Civil de la provincia de Islay y los sindicatos de Toquepala, Cuajone e Ilo, y otras organizaciones, han enviado cartas al Presidente de la República o al ministro de Energía y Minas solicitando la autorización al proyecto Tía María (ver anexo). Esto no ocurría antes.

Capacidad de movilización se ha reducido

Como consecuencia de todo lo anterior, la ascendencia, influencia y capacidad de movilización de los dirigentes anti mineros ya no es ni remotamente la misma que pocos años atrás. Según la empresa están desmoralizados, divididos y muchos de ellos procesados. De hecho, ante una eventual movilización, ya no contarían con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades, ahora en manos de alcaldes favorables a la inversión. Las eventuales convocatorias que realizan registran muy poca asistencia.

De la hostilización a la acogida

Lo que sí registró considerable asistencia y acogida, en cambio, fueron 7 talleres informativos sobre Tía María organizados por el ministerio de Energía y Minas en los meses de noviembre y diciembre en los distintos pueblos del valle, incluso en Deán Valdivia, el distrito “más problemático”. Normalmente hubieran sido hostilizados o impedidos. Ahora no hubo resistencia alguna sino más bien amplia participación, como puede verse en las fotos que se nos ha alcanzado:

Por eso, en la misma encuesta que reseñamos al comienzo, realizada en setiembre del año pasado, antes aun de los talleres mencionados, son más los que piensan que Tía María mejorará la situación del empleo en la zona:

De hecho, Tía María es una inversión de $1,400 millones de dólares cuya construcción durará dos años generando 9,000 empleos (3,600 directos + 5,400 indirectos), y durante sus 20 años de operación generará 600 empleos directos y 4,200 indirectos.

Por eso, la mayoría piensa que los jóvenes deberían aprovechar la oportunidad si Tía María les ofrece empleo:

Y cuando se les pregunta en qué se debería invertir el canon que produzca la mina, solo un 16% opina que en nada porque la mina no debe operar:

De hecho, la empresa nos informa que los ingresos de Arequipa por impuestos a la renta y regalías subirían por año en S/ 273.4 millones a los actuales precios del cobre.

Habrá protestas, pero…

Ya sabemos, sin embargo, que en esta clase de contextos, algunos participan voluntariamente en las movilizaciones pero muchas personas pueden ser obligadas a participar bajo distintas formas de coacción. Un pequeño grupo sin duda intentará activar alguna clase de resistencia. Pero dicho grupo carecería de los recursos económicos y logísticos que antes le brindaban las municipalidades del valle, y las relaciones de la empresa con grupos de productores que antes también apoyaban las movilizaciones, sin duda han mejorado. Y cualquier plan que entrañe niveles de violencia o coacción indebida debería poder ser anticipado por una buena estrategia de inteligencia policial preventiva, interviniendo si es necesario, de modo que las protestas, si las hay, transcurran dentro de los límites del Estado de Derecho.

El gobierno, por lo demás, debe salir a explicar las bondades y beneficios del proyecto, así como una propuesta de desarrollo integral de la provincia que se hará factible con los ingresos fiscales generados por Tía María. Los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo del país y de las propias regiones mineras (aunque haya que reformar el manejo del canon, para que produzca desarrollo integral). Por lo tanto, es deber del Estado diseñar y aplicar estrategias que hagan posible estas inversiones defendiéndolas de las fuerzas destructivas que quieren impedirlas. 

Conclusión

En conclusión, dado el cambio producido en el valle tanto en lo político como en las relaciones de la empresa con la población, el gobierno no debería tener temor de dar la licencia de construcción a Tía María, si es que coordina una estrategia de comunicación efectiva basada, por ejemplo, en las oportunidades que brindará la mina, como empleo e infraestructura, y diseña una estrategia de seguridad que prevenga cualquier intento, improbable a estas alturas, de generar violencia ante la autorización del proyecto. 

ANEXO:

Lampadia