Donald Trump está destruyendo el Estado de Derecho
El Estado de Derecho distingue a las democracias de las dictaduras y lamentablemente, Donald Trump está destruyendo los fundamentos en los que se basa.
El Imperio de la Ley, o Estado de Derecho, tiene como regla básica que ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera un presidente. Lo que significa que un presidente no puede detener una investigación sobre sus presuntos actos ilegales. Sin embargo, en las últimas semanas, Trump despidió al fiscal general Jeff Sessions, y lo reemplazó por una persona sin experiencia, Matthew G. Whitaker, y a quien podría manipular, como afirma The Economist más abajo (en un artículo traducido y glosado por Lampadia).
El Estado de Derecho también tiene como regla tácita que un presidente no puede procesar a opositores políticos o críticos. Las decisiones sobre a quién procesar por supuestas infracciones penales deben ser tomadas por fiscales independientes de la política. Sin embargo, Trump ha presionado repetidamente al Departamento de Justicia para que presente cargos contra Hillary Clinton, su rival de 2016, por usar un servidor de correo electrónico privado cuando era Secretaria de Estado, en presunta violación de la Ley de Registros Presidenciales.
Hace casi medio siglo, otro presidente intentó destruir el Estado de Derecho, aunque no tan descaradamente como Trump. The Economist nos recuerda que esta persona fue Richard Nixon, quien trató de obstruir la investigación de Watergate, presionó al Departamento de Justicia para que procesara a sus enemigos políticos y asumió el poder judicial.
Pero Estados Unidos no lo permitió. La nación se levantó en indignación. Nixon renunció antes de que el Congreso lo destituyera. La pregunta es si esta generación de estadounidenses tendrá la fuerza y la sabiduría para hacer lo mismo.
Compartimos líneas abajo el artículo de The Economist con mayor detalle:
Donald Trump está atacando el Estado de Derecho y puede que se salga con la suya
Nixon la tuvo más difícil
The Economist
24 de noviembre de 2018
Traducido y glosado por Lampadia
Según la evidencia disponible, la mayoría de los estadounidenses no creen que el presidente Donald Trump haya cometido un delito o crimen grave. Solo un tercio de los votantes dice que debería ser acusado por su supuesta complicidad en el pirateo electoral de Rusia y el supuesto esfuerzo por impedir que el Departamento de Justicia lo investigue. El asunto apenas se discutió a medio plazo, y los demócratas más prominentes que lo transmitieron, como Beto O’Rourke que buscaba postular para el Senado de Texas, perdieron.
Sin embargo, es probable que los supuestos delitos de Trump ya hayan alcanzado el estándar del ‘impeachment’ (de destitución) establecido por Richard Nixon. Esa fue la implicación de un artículo notable publicado en el blog de Lawfare esta semana por el ex asesor general del FBI, Jim Baker.
Baker y su coautor, Sarah Grant, expresaron su punto de vista, sin referirse específicamente a Trump, basándose en nuevas pruebas de la investigación de Watergate. Se centraron en el esfuerzo de Nixon para apoyarse en un funcionario del Departamento de Justicia, Henry Petersen, que lo supervisaba en ese momento. Nixon le preguntó repetidamente si estaba bajo investigación. Después de que Petersen le informara que dos de sus ayudantes principales deberían ser despedidos, el presidente los defendió como “tipos buenos y sobresalientes”. Como un esfuerzo por descarrilar la investigación para salvarse a sí mismo, la acción de Nixon representó, según uno de los tres artículos de juicio político que luego enfrentó, una “indiferencia al estado de derecho”.
Los paralelismos entre entonces y ahora son inconfundibles. Trump acosó a James Comey para decir si estaba bajo investigación en la investigación de Rusia que el entonces director del FBI dirigía. Después de que la fiscal general interina, Sally Yates, informara a la administración que el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn, había tenido comunicaciones secretas con funcionarios rusos y había mentido sobre ellos, Trump trató de protegerlo. Según Comey, el presidente lo instó a despedir a Flynn porque era un “buen tipo”. Después de que Comey se negó, Trump despidió a su director del FBI. Significativamente, Baker fue uno de la media docena de funcionarios del FBI que Comey informó sobre estos acontecimientos en ese momento.
Si la supuesta transgresión de Trump fue tan mala como la de Nixon puede depender, en otro paralelo de Watergate, de lo que sabía sobre el complot ruso y cuándo lo supo. Robert Mueller, a quien los abogados del presidente enviaron una lista tan esperada de respuestas escritas a preguntas esta semana, está tratando de determinar eso. Se informa que el abogado especial está investigando qué sabía Trump sobre el esfuerzo de los rusos para piratear los correos electrónicos de su oponente demócrata, poco después de haberlos instado a hacerlo, y lo que sabía sobre una reunión de sus asesores principales con un grupo de expertos rusos que estaban prometiendo información sobre Hillary Clinton. Tal vez, en ausencia de pruebas, el abogado especial encuentre que Trump no tiene un caso para responder. Pero, de cualquier manera, parece poco probable que sufra el destino de Nixon.
Esto se debe en parte a que las lealtades tribales que podrían haber salvado a Nixon ahora son más feroces. El día en que renunció, luego de que se le informara que los congresistas republicanos no lo defenderían, la mitad de los votantes de su partido todavía lo respaldaban. Con el beneficio de un partidismo más fuerte, políticos más débiles y una máquina de propaganda 24/7 en Fox News, Trump podría contar con una protección republicana más dura.
Otra razón por la que parece más probable que disminuya los estándares de su cargo que ser responsabilizado por ellos se relaciona con las peculiaridades de su persona política. Nixon fue un rompe-reglas comprometido que fingió no serlo. Cuando surgió la evidencia en su contra, fue condenatoria. Por el contrario, Trump siempre ha prometido que rompería más reglas de las que ha incumplido, casi sin importar lo que Mueller pueda encontrar.
Juró encarcelar a Hillary Clinton. Sin embargo, después de que su abogado de la Casa Blanca le aconsejara que abandonara esa idea, se informó que esta semana lo hizo. Él ha amenazado con cerrar la investigación de Mueller desde su inicio. En ese contexto, sus comentarios supuestamente impropios a Comey pueden parecer modestos; o en el peor de los casos consistentes con lo que ha estado diciendo abiertamente. Trump ha enredado de esta manera las expectativas de comportamiento presidencial.
El mantra favorito de los apologistas de Trump: “Toma nota de lo que hace el presidente, no de lo que dice”, es ilustrativo de eso. Sólo tiene sentido cuando se mide contra las amenazas más dramáticas y, de hecho, inimaginables. Eso es en parte porque las palabras del presidente también tienen impacto. En el transcurso de sus ataques casi diarios a la investigación de Mueller y al Departamento de Justicia, la confianza republicana en esas instituciones se ha derrumbado.
También es una tontería porque, aunque no cumple con sus mayores amenazas, Trump está cumpliendo con las menores, lo que en tiempos normales se consideraría más allá de lo normal. “Mido la sensibilidad de un presidente al estado de derecho por sus acciones, no por sus comentarios, tweets o declaraciones”, dijo uno de sus defensores más descarados, Leonard Leo, de la Sociedad Federalista, esta semana. Esto eludió el hecho de que Trump acababa de despedir a su fiscal general, Jeff Sessions, y nombró en su lugar a un sucesor en funciones inexperto y posiblemente ilegítimo, Matthew Whitaker. Y que lo hizo, sugiere un entendimiento razonable de sus palabras, en un intento por descarrilar la investigación de Mueller sobre él y sus familiares más cercanos.
Lo que temían los framers
Si el asesor especial sobrevive a esa maniobra, no recalibrará su visión del estado de derecho como lo ha hecho Leo. Por eso el presidente le teme. Sin embargo, cualquier veredicto condenatorio sobre Trump por parte de Mueller solo sería efectivo si hay voluntad política para hacerlo cumplir. Es por eso que el asalto del presidente a la dignidad de su oficina y la falta de voluntad relacionada con el Congreso de limitarlo es tan grave. Existe una opinión razonable de que, para instigar una crisis constitucional, tendría que desafiar una orden judicial o una citación. Una visión alternativa es que el efecto corrosivo de su guerra menor pero implacable en el sistema político asegurará que la necesidad de un desafío de alto riesgo nunca surja. Lampadia