Promesas electorales podrían perjudicar la recuperación de la economía

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional creció en diciembre apenas un 0.5%, tras haber registrado resultados negativos durante nueve meses consecutivos. Esto ocasionó que la economía peruana acumulara un retroceso del 11.1% el año pasado, una caída mayor a la esperada para la región, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería del 7.4%. De esta manera, nuestro país se posicionó como uno de los más afectados en América Latina tras contraerse más que México (-8.5%), Colombia (-6.8%), Chile (-6%) y Brasil (-4.4%).

En particular, el desempeño peruano se explicó por la severidad de las restricciones implementadas para la contención de la COVID-19, las cuales también sobresalieron en la región (ver Semanario 1052). Esto afectó a sectores importantes para el país, como el de minería e hidrocarburos, que al tercer trimestre del año pasado contribuyó con el 12.6% del PBI nacional, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero acumuló una contracción del 13.6% con respecto a 2019, explicada por la paralización de actividades, aunque también por la menor disponibilidad de fuerza laboral por contagios o restricciones de movilización, según el INEI. Por su parte, la manufactura y el comercio decrecieron un 13.4% y un 11.8%, con lo que acumulan una participación del 11.8% y el 10.1%, respectivamente, que se explica por la menor demanda interna debido a los perjuicios de la crisis económica.

AMENAZANDO LA RECUPERACIÓN

Desafortunadamente, si bien la influencia de la pandemia en los sectores económicos comenzará a disiparse conforme se restablezcan las actividades y progrese el proceso de vacunación, asegurar el crecimiento estimado en enero por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año del 10% dependerá de la calidad de las políticas por implementarse. Por ello, resultan preocupantes ciertas propuestas electorales que, contrariamente a sus promesas, únicamente perjudicarían el desarrollo. En particular, tanto el BCRP como el MEF enfatizan en el riesgo que supone una mayor inestabilidad política y la necesidad de mayor inversión privada, pues esta representó un 14.7% del PBI el año pasado, en contraste con la pública, que apenas ascendió al 4.2%, según estimaciones del BCRP.

No obstante, la propuesta de cambiar la Constitución ha sido planteada por varios candidatos a la presidencia, apelando a que ello permitirá incrementar el desarrollo, entre otros aspectos. Lamentablemente, varios de los cambios que se aspira a realizar omiten sus consecuencias, pues la carta magna determina las normas del país y la falta de consistencia de estas amenaza la confianza de los inversionistas privados. Peor aún, inclusive algunos planes de Gobierno recogen propuestas que con certeza atentarían contra ella, como la eliminación de contratos ley que en la práctica operan como garantías de que el Estado no modificará de manera arbitraria los acuerdos establecidos, lo cual también fue propuesto recientemente por el actual Congreso (ver Semanario 1058).

Otra de las propuestas que genera mucha preocupación es la de establecer restricciones al comercio internacional en busca de favorecer a determinados sectores. En particular, el proteccionismo en nuestro país ha demostrado ser inservible, como se aprecia en la industria de calzados que desde hace más de 25 años goza de impuestos a las importaciones provenientes de China, el principal país de origen de dichos productos, y, a pesar de ello, el valor de la producción nacional se mantuvo prácticamente constante entre 2007 y 2018 (ver Semanario 1045), con excepción de la contracción de los dos últimos años, según el INEI. Asimismo, también se considera extender las medidas de protección a sectores como el agrícola o el textil, cuando en realidad estas únicamente se encuentran permitidas por la Organización Mundial del Comercio en caso se determine al menos una amenaza de daño sustancial a las industrias, pero para el primero se registran intenciones de favorecerlo desde hace varios años (ver Semanario 1054) y el segundo no es ajeno a investigaciones para imponer medidas de protección comercial (ver Semanario 1059), ambas sin sustento técnico alguno. 

Inclusive, algunos partidos políticos proponen revisar y modificar todos los tratados de libre comercio de acuerdo con los intereses nacionales para el término de sus mandatos. Ello omitiría que estos se caracterizan por resultar de una negociación entre países o agrupaciones de estos, donde se busca favorecer el desarrollo del comercio de los bienes con mayor potencial de desarrollo en los nuevos socios comerciales y que, además, han permitido un desarrollo considerable de nuestras exportaciones durante la última década, las cuales pasaron de los US$ 35,849 millones a US$ 46,446 millones entre 2010 y 2019, un crecimiento del 29.6% durante dicho periodo. Además, estos beneficios contribuyeron también al progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que incrementaron sus exportaciones en un 14.8%, 14.1% y 42.5% durante el mismo periodo, un desempeño considerable que, si bien podría mejorarse mediante políticas que faciliten el acceso al comercio internacional y cuyo dinamismo resultó perjudicado el año pasado por la presente pandemia, facilitaron su crecimiento y una mayor generación de empleo.

Evidentemente, ningún plan de gobierno será perfecto, pero no por ello deben omitir un análisis técnico en las propuestas que incluyen, sobre todo en un contexto que requiere una gestión ejemplar para recuperarnos de una de las crisis más severas de los últimos años. Por ello, desde ComexPerú, reiteramos nuestra preocupación por la insistencia en políticas que ya han demostrado en el pasado perjudicar el desarrollo de la economía y, con ello, el progreso de la sociedad.