Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno aprobó y publicó, el 31 de diciembre del 2018, la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Eso es importante, porque si junto a las reformas institucionales –en el supuesto de que se diseñen y ejecuten bien- se llevan a cabo reformas y acciones para mejorar la productividad del país, sin duda recuperaremos tasas de crecimiento mayores, necesarias para retomar la reducción de la pobreza y el camino al desarrollo.

Es importante la voluntad política de formular y llevar a cabo un plan de competitividad que contenga reformas y medidas que realmente resuelvan los problemas que nos atrasan. La Política aprobada no contiene aun propuestas sino lineamientos, pero en los diagnósticos se puede advertir el nivel de compromiso con reformas serias.

En ese sentido, resulta interesante pero lamentable constatar cómo, en lo relativo al estratégico tema laboral, la política aprobada diluye en alguna medida el diagnóstico contenido en el “documento de política” pre publicado hace unos meses. Comenzando por el título del capítulo correspondiente. En documento de política dicho título versaba así:

“OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal” (p. 81)

La política aprobada dice:

“OP Nº 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno” (p. 51)

Sin comentarios. El hilo conductor del mencionado capítulo en el documento original de trabajo está dado por las razones que explican un mercado poco dinámico e informal: rigidez laboral, costo del despido, costos no salariales elevados. Y comienza así:

“Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…” (p. 83)

En cambio, el hilo conductor del capítulo laboral en la “Política…” aprobada es la multiplicidad de regímenes laborales y cómo estos no serían una solución. Es cierto que se mencionan los problemas básicos (costos del despido, costos no salariales, etc.), pero de pasada y dentro de una argumentación que apunta a otro lado. A la rigidez laboral, por ejemplo, casi no se la menciona por su nombre. Ese capítulo comienza así:

 “El mercado laboral formal peruano se caracteriza por la coexistencia de regímenes laborales, destacando como principales el régimen laboral general, el régimen MYPE, el régimen laboral especial agrario y el régimen de construcción civil…” (p. 51)

El documento de trabajo pre-publicado asevera claramente:

“Jaramillo y otros (2017) señalan que un efecto de la interpretación otorgada por el TC, es la severa reducción de la probabilidad de tener un contrato por tiempo indefinido, el cual afecta a todos los trabajadores independientemente de sus características…” (p.84)

En ese tema, la “Política…” aprobada se distancia del argumento poniéndolo en indeterminado:

“… se ha postulado también que a raíz de la de la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la “adecuada protección del empleo frente al despido arbitrario” que debe otorgar el Estado, se habría incrementado la rigidez laboral…” (p.57)

Pero acto seguido este mismo argumento se relativiza:

“Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, el análisis acerca de los estudios en torno a la movilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo formal realizados por el Ministerio de Trabajo revela una elevada movilidad interna…” (p. 57) 

Cuando, en realidad, la elevada movilidad es precisamente consecuencia del efecto de dicha sentencia del TC, que multiplicó la cantidad de contratos a plazo fijo y redujo la proporción de contratos a plazo indefinido.

En cuanto al elevado costo de la indemnización por despido, el documento de trabajo original lo identificaba claramente:

“Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

La “Política…” aprobada también lo menciona, pero lo plantea así:

“En materia de contratación y despido, una primera cuestión relevante tiene que ver con el costo diferenciado del despido por tipo de régimen laboral…” (P. 56)

El mensaje es que en los regímenes laborales especiales el costo del despido es menor, lo cual haría irrelevante el problema. Sin embargo, más adelante sí se anota, pero como una atingencia poco relacionada al argumento central:

“Cabe acotar que en el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado, en el caso de contratos a plazo indeterminado del Régimen General, asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual difiere de nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuales registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año”. (P. 56)

En cuanto a los elevados costos laborales no salariales, el documento de trabajo lo ponía claramente, haciendo una comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico:

“El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%.” (P.88)

Además, insertó un cuadro muy claro:

La “Política…” aprobada no incluye tal cuadro. Sí menciona, sin embargo, la comparación con los otros países:

“Cabe precisar que Perú, tomando como referencia el caso del Régimen General, registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), con un costo laboral no salarial de 59,7% respecto al salario que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, México el 21,1% y Chile el 15,8%26”. (P. 54)

Pero lo hace nuevamente como un apunte dentro de un acápite cuya argumentación principal es que hay muchos regímenes laborales y que hay pocos trabajadores en los que tienen costos no salariales más bajos, dando a entender, entonces, implícitamente, que el problema no está en dichos costos:

“Llama la atención que, pese a que el régimen laboral de la microempresa ha reducido los costos laborales al 6% de la remuneración en comparación con el régimen laboral general (59% de la remuneración), solo el 9% del total de trabajadores de la micro empresa han sido incorporados por sus empleadores al régimen laboral especial descrito” (p. 55)

Por eso, a la hora de los lineamientos de política, lo que vemos son unas pequeñas diferencias en el texto, pero significativas. En el documento de trabajo pre publicado el primer lineamiento dice así:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito hacia el empleo y autoempleo formales de mayor productividad.

La “Política…” aprobada dice lo siguiente:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, con mayor productividad.

Se cambió el “de” por el “con” (mayor productividad). La “mayor productividad” ya no es una característica del empleo que se quiere alcanzar con la reforma, sino la reforma misma: es el medio para alcanzar la formalidad. El marco legal ya no interesa. Por eso, mientras el documento de trabajo establecía como segundo lineamiento:

2. Adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo a las tendencias y necesidades del mercado laboral.

La “Política…” aprobada condiciona en alguna medida la adecuación del marco regulatorio “considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno”:

2.Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno.

Por supuesto, el diálogo es tan deseable como impracticable, porque cada vez que se ha intentado tocar estos temas en el CNT, la CGTP se retira. Es casi la manera de decir: “acá no se hará nada”. Salvo que el presidente Vizcarra ejerza su liderazgo para convocar y persuadir. O se logre concretar dicho diálogo mediante algún otro medio.

A nuestro juicio, el temor al diálogo por parte de la CGTP expresa el temor a tener que aceptar una verdad racional que, en realidad, ni siquiera perjudicaría sus intereses si no, al contrario, los favorecería, porque tendría la oportunidad, gracias al mucho mayor empleo formal que una verdadera reforma traería, de ampliar considerablemente su base sindical con muchos más trabajadores que estarían, nuevamente, una porción creciente, en la modalidad de contrato indefinido o permanente.

El gobierno podría explicar estas consecuencias de manera didáctica y apelando a una campaña de comunicación. Si fuera consecuente con su primera versión y con las necesidades del país y de todos los peruanos.

Tal como van las cosas, no se entiende por qué renunció el ministro de Trabajo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia