Reformas políticas que moderen los impulsos demagógicos

Un comportamiento disfuncional es el que se presenta cuando el Congreso de la República festina trámites y, en contra de los establecido, apura la aprobación de normas en dos votaciones seguidas, sin esperar el plazo de ley de una semana.

Los congresistas representan a los ciudadanos y deben respetar su necesidad de estar advertidos sobre cambios normativos, de poder opinar y aportar a la formación legislativa, ya sea dirigiéndose a algún congresista, generando planteamientos a través de organismos de la sociedad civil o desde los medios.

Debería ser considerado falta grave que el Congreso convierta en letra muerta sus propias  normas sobre los procesos legislativos y apele siempre a la excepción, sorprendiendo a la población con normas aprobadas entre ‘gallos y media noche’. Un congreso democrático no puede terminar siendo una abusiva forma de dictadura.

Evidentemente, la mejor forma de evitar semejantes comportamientos es con la creación de una segunda cámara, el Senado. Como ya se ha comentado en los medios, ello no implica crecer el número de congresistas (la mayor objeción de la opinión pública a la recreación del Senado), pues se podría tener una Cámara de Diputados con 100 miembros y un Senado con 30, sin incrementar el total.

“Si no hay consecuencias de nuestras acciones, no hay incentivos para aprender. Los sabios y los necios cometen errores. El tonto no aprende. Los sabios, aprenden”.

El resultado final de proteger a los hombres de los efectos de la ‘folly’ es llenar al mundo de tontos. (Folly: disparate, desatino, insensatez, locura, absurdo)

Herbert Spencer, Philosiblog

Líneas abajo, presentamos el análisis de nuestro colaborador:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ley que prohíbe incorporar leche en polvo en la leche evaporada y en la elaboración de quesos y otros productos lácteos, fue aprobada exonerándola de segunda votación. Fue una manera de decir: no queremos saber más, no queremos recibir información que pueda cuestionar la decisión “histórica” que hemos tomado.

Este caso, mezclado con los resultados de la votación por la Asamblea Nacional en Francia, nos puede servir para replantear propuestas vinculadas a la reforma electoral y política que el Congreso está trabajando.

Porque, en efecto, la información científica difiere de las creencias de los congresistas, que fundamentaron la aprobación de la ley en la tesis de que la leche en polvo reconstituida pierde sus propiedades nutricionales y afecta la calidad de la leche evaporada.

El doctor Robinson Cruz, director general del grupo IIDENUT (Investigación y Desarrollo en Nutriología), lo explica de esta manera: al evaporar la leche sea para fabricar leche evaporada (50%) o para fabricar leche en polvo (100%), se pierde vitaminas a y d, pero el poder alimenticio de la leche no está en esas vitaminas sino en la proteína y en el calcio. La proteína no se afecta ni en el proceso de fabricación y reconstitución de la leche en polvo, ni en la leche evaporada. Tampoco el calcio, aunque al deshidratar o evaporar la leche aumenta la grasa y eso afecta no la cantidad ni calidad del calcio pero sí su “biodisponibilidad”, es decir, la medida en que puede ser absorbido por el organismo humano.

Esa es la verdad. La conclusión es que la leche evaporada no se degrada porque sea mezclada con leche reconstituida. De otro lado, las normas técnicas señalan qué porcentaje de sólidos (grasa, proteína, carbohidratos, minerales, etc.) debe tener la leche evaporada, y si la leche fresca que se adquiere para evaporarla no tuviera el estándar de sólidos, ella se complementa con leche en polvo para obtenerlo. Aunque es cierto que las normas técnicas se construyen en diálogo con los industriales.

De otro lado, también es un mito que la producción lechera nacional ha decrecido como consecuencia de la importación de leche en polvo. Ella pasó de 1´575,277 toneladas el 2006 a 1’895,000 toneladas el 2015.

Entonces, si el Congreso hubiese acatado su propia norma en el sentido de realizar la segunda votación de la ley al cabo de una semana, hubiese habido algo de tiempo para presentar esta evidencia y tomar una decisión legislativa más informada.

El problema es que nuestra cultura política y el diseño constitucional en general es proclive a la aprobación de leyes impulsivas, oportunistas, demagógicas o populistas. La propia institución de la segunda votación al cabo de una semana, nunca respetada, se estableció para compensar en alguna medida la ausencia de una segunda cámara revisora de las decisiones de la primera. Por eso hasta en Fuerza Popular existe hoy un cierto consenso en el sentido de que es conveniente restablecer la bicameralidad, aunque una bicameralidad distinta a la que teníamos antes, mucho más funcional.

Otra institución que ayudaría a moderar eventuales excesos de un congreso unicameral, es el poder de veto del Presidente de la República, que en cierto sentido funciona como un sustituto del Senado. Pero en el Perú ese poder es mínimo. El Congreso puede insistir con solo la mitad más uno del número legal de votos. Como ha señalado Jorge Morelli, en todos los demás países de América Latina la insistencia requiere un mínimo de dos tercios del número legal de miembros del Congreso.

En estas condiciones, si el Congreso está en manos de un partido de la oposición, no hay equilibrio de poderes. Otra institución que ayudaría a atenuar este potencial desequilibrio, es la que vemos funcionar en Francia estos días. En ese país las elecciones parlamentarias se realizan después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así el votante puede tomar una decisión responsable sabiendo quién es el Presidente y si desea darle mayoría o no.

En el Perú es al revés: el elector vota por el Congreso a ciegas, sin saber quién va a resultar elegido presidente. El resultado ha sido que desde el 2001 ningún Presidente ha tenido mayoría, hasta llegar a la situación extrema actual en la que la mayoría opositora está en manos de un solo partido y el gobierno tiene menos de 20 congresistas. Se podrá decir que esta estructura debería obligar a los partidos a desarrollar una gran capacidad de diálogo y concertación, pero esto no ocurre hasta ahora en la medida necesaria. Es obvio que la gobernabilidad es mayor si el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso.

Por eso, la Asociación Transparencia propuso que las elecciones al Congreso se realizaran no después de la segunda vuelta presidencial, como en Francia, sino cuando menos junto con la segunda vuelta presidencial. Cualquiera de las dos fórmulas es mucho mejor que la que tenemos ahora. Debería ser adoptada en la reforma política que se está trabajando.

Complementariamente, otra institución que ayudaría a reducir el número de partidos y por lo tanto la fragmentación legislativa y la probabilidad de no tener mayoría, es el paso a un sistema electoral baso en distritos uni o bi nominales. Todas, reformas que deben contemplarse si queremos una democracia eficiente. Lampadia