Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La situación del Perú continúa en un proceso regresivo que nos ha llevado a frenar el crecimiento económico y a sufrir por una escasa inversión, pérdida de empleo, estrechez fiscal, anomia social y una crisis de gobernanza por la falta de visión y sentido de dirección del gobierno.

Solo han pasado 25 años desde que el Perú se levantó como un ‘Ave Fénix’, para remontar décadas de oscuridad que nos alejaron de la historia moderna de progreso económico, social e institucional. Nuestra recuperación fue muy rápida, y en pocos años pasamos de ser un ‘Estado Fallido’ (1990), a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Evidentemente, en tan poco tiempo, no pudimos remontar todo nuestros atraso. El desarrollo integral solo había tomado vuelo. Pero las evidentes agendas pendientes, fueron la disculpa para que los personajes responsables, cómplices o tontos útiles, del gran apagón de 30 años, encontraran en la negación de nuestra creciente prosperidad, su espacio político, su figuración mediática, o su fuente de vida, muchas veces sustentada por ONGs extranjeras y agencias de cooperación.

La debilidad de los partidos políticos y la ausencia de nuestra clase dirigente en el debate nacional, permitieron que el ‘negacionismo’ fuera tomando fuerza en los procesos electorales nacionales y regionales.

Así, el 2011, con el apoyo de todas las izquierdas de las ‘ideas muertas’, de todos los negacionistas y el odio torpe de Mario Vargas Llosa, se llevó a Palacio de Gobierno al proponente de una nueva política nacionalista que traería inclusión. Pero el gobierno de Humala interrumpió el clima de inversión, llevo a la administración pública a desconfiar y hasta denigrar del sector privado, cortó el crecimiento y también la inclusión.

En las elecciones del 2016, los electores dijeron sin medias tintas, que debíamos recuperar el tiempo perdido, rechazar los cantos de sirenas de nuevas constituciones y refundaciones, volver a invertir y crecer. Pero lamentablemente, el ganador de un proceso electoral muy accidentado, PPK, desoyó el llamado de las urnas del 10 de abril, e impulsado por sus peores asesores, se empeñó en ganar como sea. Peor aún, una vez ganador, mantuvo su cercanía con los mismos asesores, con el gobierno de Humala y las izquierdas.

En vez de marcar la diferencia, su vicepresidenta condujo un proceso de transferencia vergonzoso, que solo un año después reconoce las falencias de los cinco años previos. No se les explicó a los ciudadanos los errores que nos habían llevado a interrumpir, el 2011, un proceso virtuoso de crecimiento que se sustentaba en la inversión privada y tenía aún mucho que aportar para el bienestar general. No se marcó la línea que permitiera hacer evidente la doble cara de los llamados conflictos sociales, y en el primero, vinculado a Las Bambas, el Ministro del Interior maltrató a la Policía Nacional, y el vicepresidente Vizcarra, desplegó su manejo político pro-su-candidatura para el 2021, encarnándose en una suerte de ‘Papá Noel’.

Como todos sabemos y resentimos estos días, el gobierno sigue debilitándose en cada ocasión que el destino le regala. En las últimas semanas estamos sufriendo los embates de un sindicalismo politizado y extremista, un gobierno desconcertado y un porvenir que se oscurece aceleradamente. El Presidente desperdició la oportunidad de refrescar su gobierno alrededor de Fiestas Patrias, mostrando un empecinamiento digno de mejores causas, que hace temer sobre su capacidad para medir la realidad.

Forzando un poco la figura, estaríamos en un gobierno que se dibuja como una amalgama de Belaunde III y un Humala II. Y, mientras tanto, como expresa el título de esta columna, lo más representativo de los programas políticos de la televisión nacional, en un momento delicado de nuestra vida nacional se devalúa y se desentiende de la naturaleza de la crisis de gobernanza que se profundiza.

Ejemplo #1: Nuevos referentes nacionales

Durante los meses de mayo, junio y julio, los programas políticos y de análisis de RPP y Canal N, han incrementado la presencia en sus ondas, de personajes como el congresista Arana, el que, junto con otros de perfiles similares, se está convirtiendo en un referente de la política nacional.

Hace dos años, en Perumin, tuve que desenmascarar al ex cura Arana, que se presentó disfrazado de monjita piadosa con respecto a la inversión minera. Ver: Ex cura Arana al descubierto en Perumin. Más adelante, se le acusó de intento de fraude en las elecciones partidarias que perdió ante Verónika Mendoza. Además, habría llegado al Congreso, superando misteriosamente un fraude contra su propio colega partidario, Juan Regalado. Ya en el Congreso, ha destruido su bancada, imponiendo su visión particular de las cosas, y si fuera poco, no tiene la valentía para repudiar a Maduro y el chavismo.

Yo me pregunto:

• ¿Es este un buen referente nacional?
• ¿Qué pasa en RPP y Canal N?
• ¿Quién está a cargo?

Ejemplo #2: Canal N suspende La Hora N con Jaime de Althaus

Canal N, presumiblemente por gestión de la encargada de prensa en América Televisión y Canal N, Clara Elvira Ospina, retira de la pantalla el único programa de la televisión nacional plural y crítico que analizaba y planteaba soluciones para los problemas de fondo del Perú. ¿Qué puede explicar semejante iniciativa?

A mayor deterioro de la gobernanza y menor responsabilidad mediática, se espera una mayor reacción y acción de la clase dirigente. 

Como en la vida no hay casi nada completamente bueno o completamente malo, quiero cerrar este humilde llamado, rescatando de Belaúnde I, una de sus mejores frases, la de Punta del Este: ¡Acción Ahora!

Lampadia

Don José María Ruiz Soroa, abogado español, nos ha regalado una reflexión muy sesudo sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas (españoles) que parece escrita para el Perú, tanto por su contenido como por su oportunidad.

Ruiz Soroa dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. En el Perú podríamos decir que la selva normativa ha alejado del Estado de derecho a la mayoría de los ciudadanos y emprendimientos productivos (informalidad) y, ha mediatizado nuestra creatividad y capacidades productivas.

Con motivo del enredo legislativo del proceso electoral (10/03/2016), editorializamos, El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’, en que afirmamos: 

“Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos?”

“Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’.”

“Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.”

En pocos días se instalará el nuevo Congreso de la República, 130 parlamentarios están listos para iniciar su labor y ya tienen muchos proyectos normativos bajo el brazo. ¡ALTO! Lean primero a Ruiz Soroa: ¡DEJEN DE LEGISLAR!

Sí, antes de arrancar la carrera equivocada, aquella que Carlos Ferrero publicitaba sobre los congresistas ‘más productivos’, lean, mediten y hagan una tarea previa: vean como reducir el peso normativo que nos asfixia a un conjunto de dispositivos  que no supere un 20% de lo que tenemos hoy.

Por otro lado, los ciudadanos debemos organizar un concurso de ‘calidad normativa’, para evaluar a los nuevos congresistas. (No se ‘chupen’ gremios empresariales, académicos, etc.).

Gracias por una reflexión tan acertada y oportuna, Doctor Ruiz Soroa.

¡Dejen de legislar!

Los partidos políticos miden el éxito de su gestión por el peso o las páginas (…) no les interesa el cumplimiento o los efectos reales que hayan producido. La vorágine normativa ha devaluado el Estado de Derecho.

Por José María Ruiz Soroa, Abogado

El País de España, 06 de junio de 2016

Comentado y glosado por Lampadia

Lo escribía ya hace años el implacable realista que es Giovanni Sartori: el Estado de derecho no es el Estado que crea a su albedrío y sin cesar un nuevo derecho, sino un Estado en el que el ejercicio del poder está limitado por vínculos jurídicos precisos y estables. De ello se desprende que la gigantesca burbuja de la praxis contemporánea de “gobernar legislando” está vaciando el Estado de derecho, convirtiéndolo en un gobierno de los hombres aunque sea en nombre de la ley. La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real.

“El marco normativo (español) [peruano] es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en (España) [Perú] cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos länder también disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos (españoles) [peruanos], de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto.

Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará.

Si algún bien ha traído la sectaria incapacidad de nuestros partidos para formar Gobierno es la de que durante unos nueve meses ha cesado la diarrea legislativa que parece consustancial a la política patria.

Claro que, todo hay que advertirlo, el futuro se presenta por ello mismo más amenazante aún, pues prima el proyecto ansioso y prestigioso de regenerar el sistema político (consista esto de regenerar en lo que sea, que es difícil saberlo) y, para ello, ponerse a legislar a calzón quitado sobre todos los defectos detectados, sospechados, imaginados o atribuidos a ese pobre espantajo que es “el sistema”.

Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula.

No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas. En el fondo, me temo, el discurso de la regeneración forma parte de la fase de degeneración, no es sino uno de sus últimos estadios.

Me atreveré a proponer una hipótesis radicalmente contraria a la de la vulgata políticamente correcta. ¿Y si el mayor defecto de las instituciones españolas consistiera, precisamente, en la sobreabundancia de normas reguladoras? ¿Y si lo que hubiera que cambiar fuera, cabalmente, el hábito de intentar resolver los problemas añadiendo leyes a normas y amontonando decretos sobre pragmáticas? ¿Y si tal hábito no fuera, exactamente, sino una manifestación de la falta de estudio ponderado de los problemas y a la vez de la urgencia por la explotación política de las operaciones legiferantes? Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

¿No convendría entonces, para mejorar la calidad de nuestro Estado de derecho, hacerle una poda severa?

¿Por qué entonces no intentar la mejora operativa de las instituciones mediante el simple y barato método de dejar de producir leyes? Por lo menos por un tiempo. ¿Qué les parecería como programa el de dar al Parlamento un descanso mínimo de dos años sin legislar? ¿Qué harían entonces los parlamentarios electos?

Bueno, mi sugerencia es la de que parlamenten políticamente, que para eso sí están. Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia.

Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

La sobreabundancia de leyes manifiesta una falta de estudio ponderado de los problemas. 

Lampadia