El día de ayer, la Cámara de Diputados de Brasil votó para iniciar el proceso de destitución de la actual presidenta, Dilma Rousseff, por acusaciones de manipulación de las cuentas del gobierno, en un clima de rechazo popular masivo contra el gobierno, cuyos máximos líderes están implicados en niveles de corrupción de escándalo.

El proceso ahora pasará al Senado, que deberá primero aceptarlo por mayoría simple para dar paso al eventual juicio de destitución bajo la conducción del Presidente del Tribunal Supremo Federal. El voto final tendrá que contar con dos tercios de los senadores.

Este proceso tiene el respaldo del pedido de justicia de los millones de brasileños por las acusaciones de corrupción y sobre todo por el gran descontento y decepción con la peor crisis económicas desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo.

Decenas de miles de manifestantes a favor y en contra de la acusación se reunieron en la capital Brasilia y otras ciudades importantes para ver la transmisión en vivo por la televisión nacional de la dramática votación que hicieron, a viva voz, los más de 500 diputados de la cámara baja.

Los 513 legisladores votaron uno por uno, todos ellos tuvieron 30 segundos para hablar antes de emitir su voto. Al final, 367 diputados votaron a favor del impeachment, superando el mínimo legal de 342.

Líneas abajo mostramos un gráfico que explica el largo y tedioso proceso de juicio político:

El caso del juicio político contra la presidenta Dilma se centra alrededor de la contabilidad creativa, en la que el gobierno federal ha retrasado los pagos a los bancos estatales con el fin de hacer que el déficit presupuestario se viera más pequeño de lo que realmente era. Las  revelaciones de corrupción generalizada bajo el gobierno del PT, como las acusaciones de haber usado dineros negros para su campaña de reelección, debilitan su posición en los procesos políticos.

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión. (Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff).

Estos escándalos implican a políticos, empresarios, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno.

Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  

La reelegida presidenta de Brasil (por un pequeñísimo margen), ha negado constantemente haber tenido conocimiento del esquema de corrupción, pero su imagen ya ha sido fuertemente deteriorada. De acuerdo con un sondeo de Datafolha (en portugués), publicado el 11 de abril, el 63% de los encuestados en todo el país afirman que su gobierno era “malo o terrible”, con sólo el 13% diciendo que era “bueno o excelente”. Los expertos dicen que esto refleja la profunda recesión y la de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, la breve detención por la policía de su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su nombramiento como ministro para brindarle cierta protección legal (bajo la ley brasileña, los miembros del gabinete sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, no por un juez federal), habría herido aún más la imagen de la presidenta.

El ex presidente Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Con estos escándalos políticos, no es sorprendente que la economía de Brasil esté pasando por su peor recesión en décadas después de una caída de los precios de las materias primas, como el petróleo, hierro y la soja. En 2015, la economía se contrajo un 3.8%, la inflación alcanzó el 10.7% a finales del año pasado y el desempleo aumentó a 9% , que podría aumentar a dos dígitos en los próximos meses.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es en el precio del dólar. La moneda de Brasil, que perdió un tercio de su valor frente al dólar en 2015 ha recuperado algo de terreno por la inminente retirada de Rousseff.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas en Luces y sombras de la visita de Lula al Perú y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialista y el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

¿Cómo queda Brasil en todo esto? El juicio político en el Senado probablemente cause un gran caos institucional. Para la presidenta Dilma, la destitución sería el final de su carrera política. Para el vicepresidente Michel Temer, y la economía del país, podría dar lugar a un gobierno con un alto grado de incertidumbre y dificultad.

Por desgracia, esta incertidumbre política está dividiendo a Brasil. Parte del país (probablemente una minoría) continúa apoyando Rousseff (y a su predecesor, el ex presidente Lula) y gritan que el juicio político es un golpe de Estado. La mayoría de la población, sin embargo, está absolutamente cansada de vivir durante casi 15 años bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores y están desesperados por un cambio.

Se viene una gran lucha contra la corrupción, la cual no se acabará con la destitución de Rousseff, y la movilización popular será fundamental para que no pierda impulso. Ver en Lampadia: ¡Fora Dilma!

Esperamos que Brasil pueda acortar el tiempo de la eventual transición a un nuevo gobierno elegido por el pueblo que pueda recuperar la confianza de los brasileños en el futuro. Lampadia

No sorprende a los ciudadanos, y menos a Lampadia la dación de “Normas Contra-Propósito”, absurdas y contrarias a sus denominaciones y a sus aparentes objetivos, que muchas veces proponen y dictaminan nuestros congresistas, políticos y funcionarios. En esta ocasión se trata del Proyecto de Ley No. 4505/2014-CR que pretende modificar la Ley de Arbitraje, un ejemplo internacional sobre la resolución extra-judicial de conflictos civiles. El proyecto de marras fue presentado por el congresista Héctor Becerril Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, grupo que se ufana de hacer una oposición racional y de representar un espíritu de buen gobierno.

Como bien han ponderado distintos jurisconsultos, el arbitraje es una de las pocas reformas al sistema de justicia peruano que ha funcionado eficientemente. Como señala Alfredo Bullard: “El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, bajando el tiempo de los litigios de cinco años en las cortes ordinarias, a alrededor de un año. Ha reducido los riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia”. 

Como sostiene el portal Enfoque Derecho, un blog de la revista de derecho Themis: “Renombrados especialistas en arbitraje como Fernando Mantilla-Serrano [una autoridad mundial en la materia] señalan que ‘No podemos más que felicitar al legislador peruano por sus esfuerzos en materia de arbitraje, pues supo, a través de sus reformas, identificar al Perú dentro del grupo de países que han promulgado leyes modernas y favorables al arbitraje’.Lo que esto demuestra es que el Perú se encuentra bien posicionado en el arbitraje internacional y ello se debe principalmente a nuestra ley de arbitraje”.

A pesar de que esta institución está tan bien considerada por propios y extraños, y tiene una vigencia de 20 años, el congresista Becerril está empeñado en borrarla de un plumazo. Por supuesto se escuda en una razón aparentemente loable. Evitar que los malos ciudadanos hagan un uso perverso del sistema.

Becerril justifica su proyecto aduciendo que: “Como se sabe, la mafia de Rodolfo Orellana utilizó las debilidades del sistema arbitral para crear una red delincuencial que, a través de laudos arbitrales, se adueñaba ilícita e injustamente de decenas de propiedades inmuebles (…). Ante estos hechos, es imposible no hacer nada. Tenemos que mejorar los vacíos del sistema arbitral que utilizó Orellana y sus secuaces para apropiarse de casas, terrenos y otras propiedades”.

El problema es que como indica Bullard, este “proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los [buenos] ciudadanos”.

Así mismo, Enfoque Derecho señala: “este Proyecto (…) ataca la base del arbitraje. En un mal intento por solucionar el problema, el legislador podría terminar con el sistema arbitral peruano”.

Esta Norma Contra-Propósito mataría el arbitraje en tan sólo 5 pasos, según Enfoque Derecho:

1. Crea dos instancias: Propone la creación de una segunda instancia, lo que no resuelve el problema, pues esta no inhibiría su mala aplicación por delincuentes.

2. Impone arbitrajes de talla única: Obligar a que todos los arbitrajes que incidan directa o indirectamente con la transmisión de bienes muebles registrables o inmuebles sean institucionales (es decir en centro arbitral que dependa de una institución como el de la Cámara de Comercio). El arbitraje es como un traje a medida. Las partes pactan el convenio arbitral que más se acomode a lo que necesitan. Pueden elegir un arbitraje ad-hoc o institucional. El proyecto vulnera la voluntad de las partes y establecería una talla única. La limitación a la libertad contractual es injustificable.

3. Elimina la confidencialidad: Propone que, al iniciarse el arbitraje, se publique en el periódico quiénes son las partes, cuál es la materia controvertida y cuáles son los bienes en controversia. La publicidad como regla general en el arbitraje es innecesaria. Esa es una de las características que hacen que el arbitraje sea preferido frente al Poder Judicial, en especial por empresas que no desean que el mercado conozca desavenencias o problemas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de negocios.

4. Aplica figuras judiciales: Propone la aplicación de la figura judicial de ‘tercerías de propiedad’ a arbitrajes en curso lo que dejaría al tercero en peor situación en la que se encuentra con la legislación actual y desconoce el sistema de incorporación de partes no signatarias, regulado en la ley de arbitraje. La solución está en el amparo arbitral, que hace inejecutables, frente a terceros, los laudos que afectan sus derechos.

5. Desnaturaliza la responsabilidad civil arbitral: Hace a las instituciones arbitrales solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por decisiones “arbitrarias o contrarias a derecho” de los árbitros que la integran (concepto dudoso e impreciso). No se entiende cómo es que una institución arbitral respondería por las decisiones arbitrales si dicha institución no participa en el proceso. Los árbitros son independientes. Peor aún, las instituciones arbitrales terminarían respondiendo por árbitros que ni siquiera han nombrado y por cuestiones que no incumben al encargo de administración de los arbitrajes que se les encomienda. Esta propuesta no es coherente con el sistema de responsabilidad civil arbitral, ni con los criterios generales de responsabilidad civil establecidos en nuestro ordenamiento general.

Como se aprecia, existen suficientes razones como para impedir que esta norma sea promulgada. Es hora de que los congresistas legislen con mayor propiedad y no para la tribuna, el aplauso fácil y dar la impresión de que están protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad hacen lo contrario. Es además imperativo que los partidos a los que pertenecen ejerzan un mayor control sobre este tipo de iniciativas. Basta de iniciativas y normas contrapropósito que destruyen y traban el desarrollo integral del país. Lampadia