Un reciente artículo del notable economista Daron Acemoglu publicado por la revista Project Syndicate desentraña todas las supuestas similitudes entre las ideas del denominado “socialismo democrático” del ahora candidato con mayor popularidad del Partido Demócrata estadounidense, Bernie Sanders, y la filosofía política de los partidos socialdemócratas que actualmente gobiernan los países escandinavos. Como dice Acemoglu: “En pocas palabras, la socialdemocracia europea es un sistema para regular la economía de mercado, no para suplantarla”.

Como dejan entrever sus reflexiones, si bien el modelo de desarrollo a imponerse por Sanders puede llegar a instaurarse mediante medios democráticos – como el voto popular- sus bases económicas fuertemente marxistas hacen que sea incomparable con los modelos de las socialdemocracias nórdicas. Aún cuando estas últimas concentran grandes estados de bienestar, no terminan por eliminar la propiedad privada y menos volverla colectiva, como sí lo propone el modelo de Sanders.

Cabe resaltar, además, que estas economías, como son el caso de Suecia o Dinamarca, llegaron a ser naciones ricas primero gracias a modelos liberales implantados en los 90 y no por sus grandes estados de bienestar que fueron progresivamente instaurados en los últimos años. Estos, por el contrario, constituyen grandes bolsas de endeudamiento público a mediano y largo plazo porque dependen de una población joven, que al día de hoy es minoritaria en estos países (ver Lampadia: Suecia, el otro modelo).

Acemoglu prosigue descartando el modelo de Sanders dadas las catástrofes causadas por el comunismo soviético, pero también hace una fuerte crítica hacia los modelos de desarrollo de corte liberal adoptados por varias economías occidentales en los años 80. Según su visión, este tipo de modelo contribuyó al estancamiento de los salarios reales, al incremento de la desigualdad y a un rendimiento de la productividad igualmente magro durante las últimas 4 décadas en EEUU, por lo que no constituyen una solución definitiva a los problemas económicos y sociales que aquejan a este país

Respecto a esta crítica, tenemos que agregar que el análisis hecho por el economista es incompleto, si es que se miden los ingresos correctamente de los hogares estadounidenses abarcando más allá de los salarios (ingresos por trabajo). Como nos hemos extendido en anteriores oportunidades (ver Lampadia: Cuidados en el manejo de cifras de pobreza, Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad), si uno realiza ciertos ajustes  a los ingresos familiares promedio en EEUU tomando en cuenta el tamaño de los hogares, las transferencias e impuestos, se tiene que dichos ingresos aumentaron en un 51% entre 1979 y 2014 (ver gráfico a continuación)

Fuentes: Oficina del Censo; CBO; BLS; BEA; NBER; The Economist

En conclusión, ni la socialdemocracia, sustentada en grandes estados de bienestar halagada por Acemoglu ni el socialismo democrático propuesto por Sanders son siquiera modelos a concebir como posibles buenas opciones. Por el contrario, profundizar en el modelo económico liberal que respeta la propiedad privada y promueve el libre emprendimiento debiera ser, a la luz de las cifras presentadas anteriormente, el camino a seguir para seguir proveyendo desarrollo a EEUU. Lampadia

La socialdemocracia vence al socialismo democrático

Daron Acemoglu
Project Syndicate
17 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Ahora que el senador estadounidense Bernie Sanders se ha convertido en uno de los principales candidatos para la nominación presidencial del Partido Demócrata, su marca de socialismo democrático merece un escrutinio más cercano. En pocas palabras, no es una aproximación cercana del “modelo nórdico” que Sanders invoca a menudo ni una solución a lo que aqueja a la economía estadounidense.

Solía ser una regla no escrita de la política estadounidense que un socialista nunca podría calificar para un alto cargo nacional. Pero ahora un autoproclamado “socialista democrático”, el senador estadounidense Bernie Sanders, es el principal candidato para la nominación presidencial demócrata. ¿Debería EEUU aceptar el cambio?

Los demócratas han llegado a las primarias por mucho más que el presidente de los EEUU, Donald Trump. El impulso de Sanders refleja un anhelo de soluciones radicales a los graves problemas económicos estructurales. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la economía de EEUU se volvió cada vez más productiva y los salarios de todos los trabajadores, independientemente de la educación, crecieron en promedio más del 2% anual. Pero ese ya no es el caso hoy.

En las últimas cuatro décadas, el crecimiento de la productividad ha sido mediocre, el crecimiento económico se ha desacelerado y una parte cada vez mayor de las ganancias se ha dirigido a los propietarios de capital y a los altamente educados. Mientras tanto, los salarios medios se han estancado, y los salarios reales (ajustados a la inflación) de los trabajadores con educación secundaria o menos han caído. Solo unas pocas empresas (y sus propietarios) dominan gran parte de la economía. El 0.1% superior de la distribución del ingreso captura más del 11% del ingreso nacional, en comparación con solo el 2.5% en la década de 1970.

¿Pero el socialismo democrático ofrece una cura para estos males? Como una ideología que considera la economía de mercado como inherentemente injusta, no igualadora e incorregible, su solución es cortar la línea vital más importante de ese sistema: la propiedad privada de los medios de producción. En lugar de un sistema en el que las empresas y todos sus equipos y maquinaria descansen en manos de un pequeño grupo de propietarios, los socialistas democráticos preferirían la “democracia económica”, mediante la cual las empresas serían controladas por sus trabajadores o por una estructura administrativa operada por el estado.

Los socialistas democráticos contrastan su sistema imaginario con la marca de estilo soviético. La suya, argumentan, se puede lograr totalmente por medios democráticos. Pero los intentos más recientes de socializar la producción (en América Latina) se han basado en acuerdos antidemocráticos. Y eso apunta a otro problema con el debate actual en los EEUU: el socialismo democrático se ha combinado con la socialdemocracia. Y, desafortunadamente, Sanders ha contribuido a esta confusión.

La socialdemocracia se refiere al marco político que surgió y se afianzó en Europa, especialmente en los países nórdicos, a lo largo del siglo XX. También se centra en controlar los excesos de la economía de mercado, reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los menos afortunados. Pero si bien los socialistas democráticos estadounidenses como Sanders a menudo citan la socialdemocracia nórdica como su modelo, de hecho existen diferencias profundas y consecuentes entre los dos sistemas. En pocas palabras, la socialdemocracia europea es un sistema para regular la economía de mercado, no para suplantarla.

Para comprender cómo ha evolucionado la política socialdemócrata, considere el Partido de los Trabajadores Socialdemócratas de Suecia (SAP), que se distanció desde el principio de la ideología marxista y el Partido Comunista. Uno de los primeros y formativos líderes del SAP, Hjalmar Branting, ofreció una plataforma atractiva no solo para los trabajadores industriales sino también para la clase media.

Lo más importante es que el SAP compitió por el poder por medios democráticos, trabajando dentro del sistema para mejorar las condiciones para la mayoría de los suecos. En las primeras elecciones después del inicio de la Gran Depresión, el líder del SAP, Per Albin Hansson, presentó el partido como un “hogar de personas” y ofreció una agenda inclusiva. Los votantes premiaron al SAP con un notable 41.7% de los votos, lo que le permitió formar una coalición de gobierno con el Partido Agrario. Tras otra abrumadora victoria electoral, el SAP organizó una reunión en 1938 de representantes de empresas, sindicatos, agricultores y el gobierno. Esa reunión, en la ciudad turística de Saltsjöbaden, lanzó una era de relaciones laborales cooperativas que definirían la economía sueca durante décadas.

Un pilar clave del pacto socialdemócrata sueco fue la fijación centralizada de salarios. Bajo el modelo de Rehn-Meidner (llamado así por dos economistas suecos contemporáneos), los sindicatos y las asociaciones empresariales negociaron los salarios de toda la industria, y el estado mantuvo políticas activas de mercado laboral y bienestar social, al tiempo que invirtió en capacitación de los trabajadores y educación pública. El resultado fue una compresión salarial significativa: a todos los trabajadores que realizaban el mismo trabajo se les pagaba el mismo salario, independientemente de su nivel de habilidad o la rentabilidad de su empresa.

Lejos de socializar los medios de producción, este sistema apoyó la economía de mercado, ya que permitió a las empresas productivas prosperar, invertir y expandirse a expensas de sus rivales menos competitivos. Con los salarios establecidos a nivel de la industria, una empresa que incremente su productividad podría mantener las recompensas (ganancias) resultantes. No es sorprendente que la productividad sueca bajo este sistema creciera constantemente, y las empresas suecas se volvieron altamente competitivas en los mercados de exportación. Mientras tanto, se desarrollaron instituciones similares en otros países nórdicos, en algunos casos reveladores introducidos no por socialistas o socialdemócratas, sino por gobiernos de centroderecha.

La socialdemocracia, ampliamente interpretada, se convirtió en la base de la prosperidad de la posguerra en todo el mundo industrializado. Eso incluye a los EEUU, donde el New Deal y las reformas posteriores fortalecieron o introdujeron componentes importantes del pacto socialdemócrata, incluida la negociación colectiva, las políticas de bienestar social y la educación pública.

Cuando las corrientes intelectuales y políticas se desviaron del pacto socialdemócrata basado en el mercado, las cosas generalmente no funcionaron demasiado bien. A finales de la década de 1960, los sindicatos suecos y daneses, bajo la influencia de fuerzas de izquierda más radicales, adoptaron el socialismo democrático y comenzaron a exigir democracia económica y control directo de las ganancias. En Suecia, esto condujo a intensas negociaciones con las empresas y a la introducción de “fondos asalariados”, mediante los cuales porciones de las ganancias corporativas (generalmente en forma de nuevas emisiones de acciones) se colocarían en fondos a nivel de empresa para los trabajadores. Este cambio destruyó el acuerdo de cooperación entre empresas y sindicatos, y distorsionó los incentivos que anteriormente habían impulsado el crecimiento de la inversión y la productividad. A principios de la década de 1990, las fallas del sistema se habían vuelto evidentes y se abandonó debidamente.

Cuando las corrientes intelectuales del libre mercado condujeron a desviaciones hacia la derecha del pacto socialdemócrata, los resultados fueron igual de malos. La desigualdad se amplió en medio de un rendimiento de productividad igualmente tibio, mientras que las redes de seguridad social quedaron hechos jirones.

Lo que se necesita, entonces, no es el fundamentalismo de mercado o el socialismo democrático, sino la socialdemocracia. EEUU necesita una regulación efectiva para controlar el poder concentrado del mercado. Los trabajadores necesitan una mayor voz, y los servicios públicos y la red de seguridad deben fortalecerse. Por último, pero no menos importante, EEUU necesita una nueva política tecnológica para garantizar que la trayectoria del desarrollo económico sea del interés de todos.

Nada de esto se puede lograr socializando las empresas, especialmente en una era de globalización y empresas lideradas por la tecnología. El mercado debe ser regulado, no marginado. Lampadia

Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty y The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostener que las impresionantes protestas chilenas demuestran el fracaso del modelo económico mal apodado “neoliberal”, solo llevará, si se actúa en consecuencia y se cambia el modelo, a problemas económicos y sociales mucho más graves que los que ahora enfrenta la sociedad chilena. De lo que se trata es de identificar con precisión qué está fallando, y resolverlo.

Evidentemente no es el modelo económico como tal lo que ha fallado.

• Este fue una máquina potente de crecimiento y reducción de la pobreza, que ahora no pasa del 10%.
• En los últimos 15 años un 30% de la población salió de la indigencia para engrosar la clase media.[1] Y, según cifras de la CEPAL[2], eso vino acompañado no de un aumento de la desigualdad como se ha querido falsear, sino de su reducción.
• Y tampoco ha generado un sistema insolidario: por el contrario, ha producido el gasto social público más alto de América Latina como parte del PBI (16.1%).[3]   

¿Qué falló entonces? Aquí hay dos visiones. Una es la que sostienen los defensores de la economía de libre mercado como Axel Kaiser, el Instituto Libertad y Desarrollo y otros. Lo que dice en esencia es que el malestar social se debe a un estancamiento de los salarios como consecuencia de la ralentización de la economía ocasionada en parte por las reformas del gobierno de Bachelet, en un contexto –agregaría yo- de mayor endeudamiento y angustia de las familias de las clases medias emergentes.  

El portal Libre Mercado la resume así: “La libertad económica en Chile ha comenzado su descenso. El gasto público se expandió en 60%, desde 17% del PIB hace diez años a 27% del PIB en la actualidad. La tasa de impuestos a las empresas aumentó en otro 60%, de 17% a 27%. La reforma tributaria también eliminó de golpe el gran incentivo a la reinversión de las utilidades introducido por ex Ministro Hernán Büchi. Todo ello, junto a la expectativa de una mala reforma laboral, frenaron abruptamente la inversión y el crecimiento”.

Y agrega: “La erosión del modelo comenzó, entonces, cuando se cambió el foco moral de las políticas públicas y se priorizó disminuir la desigualdad en los ingresos, en perjuicio de reducir la pobreza. Está comprobado que intentar disminuir la desigualdad de rentas con altos impuestos y excesivas regulaciones estatales, destruye lo que Keynes llamaba los “animal spirits” de los emprendedores y deteriora la inversión, lo cual, inevitablemente, reduce el crecimiento y, por tanto, la posibilidad de derrotar la pobreza”.

El Instituto Libertad y Desarrollo[4], por su parte, señala lo siguiente: “El alza de $ 30 en el pasaje del Metro… fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento. De hecho, el alza no superó el 4% en hora punta y desde el inicio del Transantiago en el 2007, el salario mínimo ha subido más que el pasaje del Metro. Adicionalmente, aunque pocos lo saben, el Estado ya financia un 50% del costo que verdaderamente tiene el transporte público a través de un subsidio. Se mencionan también como causantes del malestar las alzas de las tarifas eléctricas y del agua, pero de nuevo, éstas no han experimentado reajustes mayores al del salario mínimo… Todo ello lleva a pensar que la generalizada sensación de agobio económico estaría relacionada con el hecho que los salarios no han aumentado a la par de las expectativas de la gran mayoría de la población. Esto es una consecuencia directa del insuficiente crecimiento de la economía en los últimos años”.

“Otro factor muy mencionado en las encuestas es el nivel de las pensiones, también el precio de los remedios y la deficiente atención en el sistema de salud… Lo paradojal de esta situación es que muchas de las propuestas que se escuchan como parte de un nuevo pacto social -congelación de tarifas, fijaciones de precios- pueden hacer un enorme daño a la capacidad de crecer de la economía chilena, que es nuestro principal problema hoy y repercute directamente en quienes tienen más necesidades… Recordemos las experiencias de Ecuador y Argentina con la congelación de tarifas y precios y la reacción de la población cuando por necesidades financieras, de caja y de solvencia, esos países tuvieron que aplicar tarifazos con alzas significativas. No va por ahí el camino”.

“Parece evidente, en cambio, que el Gobierno debiera insistir y concordar una reforma a las pensiones, que le permitiría hacerse cargo de una parte importante del problema que afecta a las familias chilenas… Debiera también, con la ayuda de la oposición, sacar adelante su ambiciosa agenda para disminuir el precio de los remedios y mejorar la atención de los sistemas de salud. Por último, en relación a este tema, los dolores que se manifiestan en la protesta no apuntan sólo a cuestiones materiales. Se trata de personas que piden igual dignidad en el trato, que se rebelan contra privilegios de la elite, incluyendo a los políticos en ese grupo. También hay que buscar fórmulas para responder a ese clamor”.[5]

La otra visión

La otra visión es una que ataca las bases mismas del modelo en el sentido que sostiene que las élites se las han arreglado para enriquecerse y pagar menos impuestos, afectando la base moral misma del sistema. Un artículo de Juan Andrés Guzmán en el portal CIPER[6] refiere varios trabajos de investigación en este sentido. Uno de ellos es el de la politóloga del London School of Economics Tasha Fairfield titulada “Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press).

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. “La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad”.

Ello no ocurrió en Chile. Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: la firme unión de la élite chilena en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos”.

Una investigación en 2011 del BID, de los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz titulada:  ¿Por qué no gravamos a los ricos?, apunta en el mismo sentido: las naciones con peor distribución de riqueza y donde menos impuestos pagan los más ricos tienen una élite sobre representada en sus parlamentos. Chile es uno de esos casos. Señalan que la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados”.

La politóloga Fairfield considera que en el FUT, “esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades, ‘los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto’”. El FUT, por lo demás, tiene una muy débil correlación con la inversión, y “los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa”. En un estudio que hizo con Michael Jorratt “menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Hasta aquí la revisión de esa segunda visión. Lo que cabe señalar es que el esquema colusorio descrito, de ser cierto, no afectó las tasas de crecimiento ni la reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad. Ni sería la causa del estancamiento de los últimos años.

De ser cierto, podríamos decir que el tipo de capitalismo de los ricos que prevalecería en Chile estaría llegando a su fin, pues es lo que en parte se está denunciando. El propio Andróniko Luksic ha sugerido que los ricos podrían pagar más impuestos. Pero si las reformas que se introducen se limitan a establecer un sistema tributario progresivo y no uno que desaliente la inversión, y se mejoran y modernizan los servicios sociales y de salud y el sistema de pensiones entre otras medidas, entonces el cambio habrá contribuido a perfeccionar y renovar un modelo de desarrollo que le permitió a Chile durante décadas un crecimiento acelerado con reducción dramática de la pobreza e incluso de la desigualdad.

Pero si el cambio consiste en introducir crecientes regulaciones económicas y subsidios sin sustento económico, afectando la capacidad misma de crecimiento de la economía, entonces más temprano que tarde Chile sucumbirá en la crisis económica y en la catástrofe social. Lampadia