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Más DEUDA y mal GASTO PÚBLICO

Más DEUDA y mal GASTO PÚBLICO

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia, desde el Cusco

A finales de noviembre el gobierno ha hecho gala de la exitosa colocación de bonos por 10,200 millones de soles y en la primera semana de diciembre, en el encuentro con gobernadores regionales, ha quedado en evidencia la poca capacidad de gasto de las regiones y la flexibilidad del gobierno en materia presupuestal. Han quedado, por lo tanto, sobre la mesa, dos temas sobre los cuales es necesaria una reflexión en una perspectiva distinta: DEUDA Y GASTO PÚBLICO.

Según el MEF[i], la deuda pública en MILLONES DE DÓLARES, al 30.09.2019 (sin considerar la exitosa emisión de noviembre) es la siguiente:

El principal de esa deuda equivale a 51,197 MILLONES DE EUROS, cerca de 1,317 MILLONES DE EUROS más que el año 2018 y cerca del doble de la deuda pública del período comprendido entre los años 2009 y 2000, que se mantuvo por debajo de los 26,000 MILLONES DE EUROS.[ii]

La consecuencia de este crecimiento de la DEUDA PÚBLICA peruana es que a su vez la DEUDA PÚBLICA PERCÁPITA (es decir lo que debe cada habitante) ha pasado de 943 € /habitante del año 2,000 a 1,559 € /habitante en el año 2018, según las cifras disponibles a la fecha, pese a que la deuda ya no representa el 44,91% del PBI como era en el año 2000, sino únicamente el 26,15% del PBI el año 2018. Muy lejos quedó el record del año 2008, donde la deuda percápita era de apenas 803€ /habitante. Dicho de otro modo, la deuda que carga en su espalda cada peruano, es casi el doble de la deuda que cargábamos el 2008.

La pregunta que cae de madura es la siguiente. ¿Por qué debemos cada vez más?

Aquí algunas respuestas muy simples, que pueden estar sujetas a aclaraciones, precisiones y correcciones, pero sirven para la reflexión que les planteamos:

  • La primera es obvia, porque el estado peruano se presta más dinero del exterior y de sus ciudadanos.
  • La segunda respuesta fluye de ver las diminutas cifras del rubro ‘DEUDA ATENDIDA’ desde el año 2009 a la fecha: estamos pagando poca deuda, buena parte de los pagos se van a intereses y en el caso de la deuda externa, otra parte se van a comisiones. Veamos el cuadro siguiente:

  • La tercera respuesta tiene que ver con el gasto del Estado. El estado gasta cada vez más y por ende, necesita más crédito. Estamos gastando dinero prestado.
  • Si a esto le agregamos que el país, cada vez produce menos (caída del crecimiento del PBI) y por ende tiene menos impuestos y recaudación, tendremos que no existen fuentes sanas de recursos para el gasto y por ello se sigue recurriendo a la deuda pública.

En este contexto de MÁS DEUDA, resulta cuestionable el pobre nivel de ejecución presupuestal del Estado peruano (sin ingresar en el análisis a la calidad del gasto público que es un tema más serio todavía). Solamente sobre la base de los montos presupuestados, según la misma fuente del MEF[iii], al 19 de diciembre de 2019, el AVANCE en la ejecución del presupuesto es del 78,1% a nivel nacional. En los gobiernos regionales el avance es del 78,5 % y en los gobiernos locales solamente del 64,3 %. En términos monetarios quiere decir que sobre el presupuesto institucional modificado (PIM) del año 2019 hay sin ejecutar cerca de 41,669 millones de soles, equivalentes a 11,201 MILLONES DE EUROS, que serán gastadas de manera precipitada, cuando no irresponsable en lo que resta del año. ¿No sería este el momento para pensar en destinar estos recursos a un objetivo más sano para la economía como reducir la deuda pública?

Creo que este es un debate que debe abrirse a pesar de la oposición de autoridades locales, regionales, burócratas o contratistas con el estado. La combinación entre MÁS DEUDA Y MAL GASTO es una combinación letal para el futuro del país y es necesaria una reflexión por encima de los lugares comunes que se manejan sobre esta materia.

Si, con esta medida se quisiera además alentar el consumo, se haría muy bien en destinar una parte significativa de estos recursos, provenientes de la incapacidad de gasto del estado, al pago de la deuda interna a maestros, jubilados, trabajadores estatales, acreedores al estado, expropiados de reforma agraria, acreedores indemnizatorios del estado y otros, que destinarán un alto porcentaje de estos ingresos al consumo y/o inversión local.

El gobierno, que ha hecho gala en el último GORE REGIONAL de su capacidad de ‘chocolatear’[iv] los presupuestos regionales para permitir que gasten más los gobiernos regionales, bien podría dictar una medida similar para que los recursos no utilizados y no comprometidos, se destinen a reducir la deuda pública peruana, en lugar de que se destinen a adquisiciones improductivas o queden en manos de la corrupción estatal.

Si no enfrentamos este serio problema, la DEUDA PERCAPITA seguirá creciendo y los jóvenes deberán soportar y pagar con su trabajo e impuestos en el futuro, una DEUDA PERCAPITA que al paso que vamos, superará fácilmente los 2,000 € / habitante. Si hay algo por lo cual debieran protestar los jóvenes, debería ser por esto y pedir MENOS DEUDA Y MENOR Y MEJOR GASTO PÚBLICO. La combinación actual de MÁS DEUDA Y MÁS Y MAL GASTO PÚBLICO es insana para el futuro del país.

[iii] http://apps5.mineco.gob.pe  ejecución preupuestal

[iv] Frase utilizada por el presidente Vizcarra para explicar la autorización dada a gobiernos regionales para utilizar recursos presupuestados para un fin en obras, proyectos o fines diferentes.




“No hay plata” … excepto para aumentar la burocracia estatal

“No hay plata” … excepto para aumentar la burocracia estatal

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El Perú tiene mucha agua, pero los peruanos no. Millones de compatriotas carecen de agua potable y alcantarillado. ¿Por qué estamos así? “No hay plata” dicen los alcaldes. A pesar de ser ellos los responsables de brindar dichos servicios.

La infraestructura de transportes está muy mal. La Carretera Central es un desastre. Y la Panamericana está llena de baches. La congestión vehicular en ambas carreteras es tremenda. Hay hospitales recién construidos que no operan por falta de mobiliario. Y así por el estilo. ¿Por qué estamos así? “Porque no hay plata”. Al menos, eso dicen las autoridades.

Miles de jubilados viven pobremente. Sus pensiones son miserables. Y “no hay plata” para mejorarlas. Miles de pacientes pobres – todos los días – son cruelmente maltratados en los hospitales públicos. Colas de amanecida, cobros indebidos, escasez de medicamentos, equipos malogrados, médicos y enfermeras mal remuneradas… ¡crisis total! ¿Qué dice el Estado al respecto? “No hay plata”.

En el sector educación también hay problemas. Los sueldos de los maestros son muy bajos. El escaso presupuesto para la educación pública universitaria ha propiciado la proliferación de muchas “universidades” privadas. “Universidades” – entre comillas – que no tienen nada de instituciones académicas, y sí mucho de máquinas tragamonedas. ¿Por qué el Estado no invierte más en mejorar los institutos superiores tecnológicos y universidades públicas? “Porque no hay plata”.

La falta de policías en las calles juega a favor de la delincuencia. Por eso la inseguridad ciudadana está como está. Todos los diagnósticos especializados dan cuenta de la escasez de policías en nuestro país. ¿Por qué no se aumenta la dotación policial? “Porque no hay plata”.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están atiborrados de denuncias y procesos judiciales. Muchos expedientes – yo puedo dar fe de ello – están en los pisos… y hasta en los baños. Los empleados del sector justicia ganan poquísimo y trabajan en condiciones infrahumanas. ¿Porqué? ¿Por qué tanta precariedad? “Porque no hay plata”.

Preguntó ¿acaso en el 2018 no batimos récord de recaudación tributaria? ¿Acaso la economía de nuestro país no viene creciendo desde hace 20 años o más? ¿Por qué nos dicen que no hay plata? ¿En qué se están gastando la plata de nuestros impuestos?

Ver en Lampadia: Una mirada al gasto burocrático en el Perú

La verdad, la verdad… sí hay plata. ¡Y mucha! El problema es que la burocracia estatal está creciendo descontroladamente. Y mucha plata se va en pagar dicha burocracia. Por eso no hay plata para agua, salud, educación y seguridad. Porque la burocracia – creciente – se la traga toda.

Y no me refiero a maestros, médicos, policías y jueces. No… me refiero a burócratas corruptos e indolentes que nos maltratan a más no poder. Burócratas que están donde están por puro clientelismo político. Burócratas cuyos únicos méritos son ser militantes de partidos de gobiernos de turno; amigos o familiares de congresistas, gobernadores o alcaldes; recomendados de consejeros o regidores, etc. O sea, ningún mérito académico o laboral.

¡No hay derecho! Gran parte del esfuerzo productivo – y tributario – de la población se está malgastando en incrementar la burocracia improductiva en el Estado. Detrás de la cual se esconde la corrupción y la inoperancia.

Por eso no hay plata para nada. Porque la burocracia estatal de la lleva toda. Lampadia




Sobrecostos

¿Estamos hablando de un delito o de algo de común ocurrencia en obras públicas y privadas?

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

Quizás una de las palabras más vilipendiadas en el lenguaje común de los últimos dos años y utilizada en forma incorrecta por personas ajenas a la profesión de la ingeniería con una connotación muy equivocada es la palabra Sobrecosto. Si realizamos una investigación muy sencilla con el buscador Google o uno similar y simplemente escribimos la palabra Sobrecosto, vamos a encontrar la siguiente definición: “Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto” [sic]. También agrega lo siguiente: “Un sobrecosto es algo común en los proyectos de infraestructura, construcción de edificios y tecnología” (sic).

“Un comprensivo estudio de los sobrecostos publicado en el Journal of the American Planning Association en el año 2002 encontró que 9 de 10 proyectos de construcción habían subestimados los costos. Sobrecostos de 50% a 100% fueron muy comunes. La subestimación de costos fue encontrada en cada una de las 20 naciones y 5 continentes cubiertos por el estudio, y la subestimación de los costos no ha disminuido en los 70 años para los cuales había disponible datos” [sic]. Más adelante se muestra una lista de proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial de todo tipo que han incurrido en importantes sobrecostos y una frondosa bibliografía de investigadores muy prestigiados, entre ellos los profesores Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford, Mette Skamris Holm y Søren Buhl, así como Martin Wachs de la Universidad de California, Los Ángeles, e igualmente instituciones multilaterales de financiamiento de obras que coinciden con esta definición. Las publicaciones de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm, y Søren Buhl muestran interesantes datos de sobrecosto en infraestructura de 258 proyectos de transporte valorizados en US$90,000 millones, estudio que concluye lo siguiente:

  1. Los costos están subestimados en 9 de cada 10 proyectos. Para un proyecto seleccionado aleatoriamente, la probabilidad de que los costos reales sean mayores que los costos estimados inicialmente es del 86%, %. La probabilidad de que los costos reales sean menores o iguales a los costos estimados es del 14%.
  2. Los costos reales son en promedio 28% más altos que los costos estimados, aunque varían desde 44.7% para Metros y ferrocarriles; 33.8% para Puertos y túneles y 20.4% para Obras viales de carretera.
Más adelante muestra el resultado de los sobrecostos por cada tipo de proyecto infraestructura, obteniendo lo siguiente:

Inexactitud de las estimaciones de costo del proyecto de transporte por tipo de proyecto (precios fijos)

También una segunda tabla a continuación muestra el mismo detalle para los tipos de obras de infraestructura de transporte, pero de acuerdo a la ubicación geográfica desglosado entre Europa, América del Norte y Otras Áreas Geográficas, y en cada uno de ellos se señala la muestra analizada que le corresponde y el aumento de costo promedio. Si bien es cierto la muestra es integral, los de mayores incrementos en la muestra corresponden a ferrocarriles urbanos (metros) y de alta velocidad. Lo expresado como enlace fijo son elementos de conexión como puentes y túneles, y en la parte vial fundamentalmente a carreteras de todo tipo.

Inexactitud de las estimaciones de costos de proyectos de transporte por ubicación geográfica (precios fijos)

Ciertamente invito a los lectores realmente interesados en saber la verdad de los Sobrecostos a que examinen esta fuente de información que tiene una frondosa bibliografía de estudios y casuística muy seria a nivel mundial y con altos niveles de análisis y precisión, incluso utilizando teorías de probabilidad para hacer lo que se conoce como la técnica de “overshooting”, que es el realizar estimados previos sobre una determinada probabilidad de sobrecostos antes de iniciar las obras para fines de previsión presupuestal, sin que ello necesariamente implique la posibilidad de la no existencia de un sobrecosto final.

El Sobrecosto, por tanto, no es otra cosa que la diferencia existente entre el costo final de la inversión necesaria para realizar un proyecto versus el estimado inicial del mismo con el cual se firma el contrato y que corresponderá a un estudio previo cuyo nivel será de perfil; factibilidad o estudio constructivo que será contrastado con la realidad en el momento de la ejecución de las obras.

No olvidemos que la tendencia de construcción en obras privadas y obras públicas bajo cualquier modalidad, incluyendo APPs, está requiriendo de procesos “Fast Track”, que partiendo de un nivel bajo de estudios (Perfil, Ingeniería Básica o Factibilidad) contratan el desarrollo de los Expedientes Técnicos de Construcción en forma paralela y con un muy ligero desfase de las operaciones de construcción. El nivel de precisión de estos estudios con los cuales se contrata es por tanto bajo en comparación con la realidad.

El lector que ha realizado proyectos de inversión bastante sencillos como por ejemplo la construcción de su propia vivienda e inversiones en su negocio de cualquier tipo: agricultura, industria, minería, hidrocarburo, o actividades comerciales incluyendo adquisición de maquinaria y equipo, sabe que el costo final de su inversión siempre sobrepasa su estimado inicial, y si ello ocurre en proyectos más comunes como no va a ocurrir en megaproyectos y proyectos de mayor complejidad.

Cuando en el sector privado se prioriza el no sobrepasar una determinada cifra meta presupuestal, el cliente por lo general contrata a una empresa gerente para que supervise sus obras y lo empodera para que ante aumento de costos inesperados que generen adicionales, aplicando una ingeniería de riesgos, redimensione el proyecto generando a su vez deductivos que se posterguen para más adelante y así balancean la cifra presupuestada. En el sector público, este procedimiento no es permitido puesto que una vez preparado y aprobado el Expediente Técnico con los alcances señalados en el contrato, no se permite aplicar ingeniería valorativa de riesgos que redimensionen las metas y que dejen de ejecutar una parte de los alcances contratados; salvo que existan muy contadas excepciones como casos que aplicando otras legislaciones foráneas facultan el uso de Gerencias de Proyecto PMOs o similares que permitan la realización de este balance. Un caso notorio reciente es el de los Juegos Panamericanos, donde según expresiones de su Director Ejecutivo, los aumentos inesperados en parte de sus edificaciones principales han sido ajustados en base a ahorros realizados con la utilización de infraestructura deportiva existente y/o cambios de ubicación de otras.

Conforme lo antes descrito, el lector: ingeniero o no ingeniero, podrá darse cuenta que los sobrecostos de ingeniería existen inevitablemente en todas partes del mundo y para cualquier tipo de inversión, y de ninguna manera constituyen delito si es que están justificados e incorporados en las obras para beneficio y seguridad del propietario y de los usuarios del servicio que brindan, y por consiguiente deberán correr a cargo del dueño o propietario del bien, salvo que se hayan generado por una negligencia punible de quién diseña que no garanticen las condiciones de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad, o que no hayan sido incorporados al proyecto, esto último sí sería sin lugar a dudas un delito.

La normatividad peruana aplicable a la ingeniería desde tiempos inmemoriales ha reconocido la existencia de los sobrecostos y los tiene perfectamente normados en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones en muchos artículos, y es más se establece como garantía de la correcta ejecución, además de las opiniones de los muchos ingenieros de las distintas especialidades que intervienen en el control de las obras, que aquellos sobrecostos que sobrepasen el 15% del valor de contratación deberán ser previamente a su ejecución y aprobación, revisados y aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y eso conlleva por cierto una mayoría de obras públicas, siendo que estas auditorías de la CGR no se refieren únicamente a la contabilidad de costos, sino también a la evaluación de todo lo invertido en la obra y no solo el exceso sobre el 15%. La formalización de estos sobrecostos o adicionales y su incorporación al contrato se realiza a través de una Adenda que contiene el presupuesto adicional suscrito y acordado por ambas partes, utilizando para ello los análisis de costos de partidas presupuestales que existen en el contrato o de nuevas en caso de no existir.

Tanto de la lectura de lo anteriormente expresado vinculado a sobrecostos disponibles en la web como en el artículo titulado: “Adendas y adicionales: Separando la paja del trigo” publicado en la revista institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Edición # 84 de Marzo 2018, muestran una lista de varios proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial como: la Opera de Sidney (Australia); el Burj Khalifa (Edificio más alto del mundo en Emiratos Árabes Unidos); el Aeropuerto Internacional de Hong Kong; Presa de las 3 Gargantas (China); Túnel Ferroviario de San Gotardo (Suiza); la Gran Excavación de Boston (EE.UU.); el Euro túnel; el Plan Delta (Holanda), indicando en cada caso el costo inicial del año de inicio de la obra y el costo final del año de culminación de la obra y puesta en operación.

En conclusión, los sobrecostos existen en todas las obras de ingeniería puesto que provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos antes del inicio de los mismos versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se presentan durante la ejecución y si ellos son necesarios y están incorporados en la obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas numéricamente y con todo detalle confrontando la liquidación final de la obra versus lo realmente ejecutado en el terreno; y de otro lado, existen los mecanismos de control a través de comparaciones con “benchmarks” internacionales de obras semejantes ejecutadas en terrenos similares o peritajes de auditorías técnicas que puedan realizarse luego de concluidas las obras.

El no darle el verdadero sentido a la palabra Sobrecosto y el generalizado estigma generado sobre los instrumentos de su formalización contractual reconocida por ley, se están constituyendo en uno de los principales elementos de traba de los proyectos de inversión, puesto que quienes participan en ellos con honestidad y profesionalismo no quieren correr el riesgo en un futuro de verse perjudicados por actos correctos efectuados en el ejercicio de su profesión. Lo incorrecto y delictivo que haya ocurrido en la obra debe sancionarse, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de dolo y negligencia y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones profesionales serias basadas en: conocimientos, experiencia y criterio profesional para garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que mandatoria y éticamente debe garantizar el ejercicio profesional de la ingeniería.

Una nota final sobre la materia de los Sobrecostos. Si bien es cierto existen los Sobrecostos productivos que generan beneficios y seguridad necesarias en los proyectos y sobre lo cual he tratado en extenso en el presente artículo, también existen Sobrecostos improductivos –y hay que evitarlos- que son aquellos que ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas por no tomar decisiones. Los Sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora de 3 años, que no es infrecuente implica un escalamiento de costos del orden del 11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este lapso de tiempo perdido. Ese si es un Sobrecosto improductivo que en el sector público debería sancionarse como se hace en el sector privado.

Hace muy bien la Contraloría General de la República en haber llamado la atención recientemente sobre el inmenso número de proyectos que están trabados y generando este perjuicio grave al Estado y a los ciudadanos, y proponiendo medidas de excepción para reactivar y concluir proyectos de inversión que hayan avanzado más del 80% y que estén trabados para que se culminen. Particularmente pienso que el umbral debía ser menor y aplicarse a partir del 66% (2/3 ejecutado), y por cierto también hacer un trato especial a aquellos proyectos de gran impacto que no alcancen estas cifras y cuyo no destrabe resulte siendo muy crítico para el país. Lampadia




Falta plata para lo esencial, pero hay mucho gasto inútil y negativo

Falta plata para lo esencial, pero hay mucho gasto inútil y negativo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Estado peruano adolece de un serio problema de priorización del gasto: hay servicios que tienen que ver con la razón misma de ser del Estado, como la seguridad y la justicia, que claman por recursos, al mismo tiempo que se gasta en burocracia innecesaria creada por la profusión normativa y en servicios o funciones estatales que no son prioritarios.

Los ingresos, como sabemos, no alcanzan, hay un déficit fiscal y el ministerio de Economía está tratando de incrementarlos subiendo el selectivo al consumo y con otras medidas que aún no salen por temor político. Al mismo tiempo, está reduciendo gastos llamados no esenciales, tales como viajes, cocteles o consultorías. Pero la mayor reducción estaría, como veremos, en la sobre burocracia y en oficinas o entidades duplicadas o poco necesarias.

Si hay una reforma que es absolutamente fundamental para recuperar capacidad de crecimiento y por lo tanto aumentar los propios ingresos fiscales, y por supuesto para civilizar el país, es la del sistema judicial y la seguridad. Sin seguridad jurídica e imperio de la ley, habrá cada vez menos inversión, en un país asolado crecientemente por mafias y corrupción de todo tipo. El gasto –bien hecho- en dichas reformas debería ser, pues, absolutamente prioritario.

Mega-operativos y NCPP sin presupuesto

Pues bien, la señal de alarma más clara de que ello no es así la dio el lunes pasado, en entrevista que le hiciera en El Comercio, al fiscal Jorge Chávez Cotrina, cuando reveló que al Ministerio Público ya se le acabó el presupuesto que les habían dado para los mega-operativos y que necesita una ampliación de 15 millones de soles. Uno de las pocas acciones exitosas del Estado peruano en la lucha contra el crimen organizado, ¡sin presupuesto! Algo más grave aún fue la revelación de que el éxito de los mega-operativos se ve mermado porque parte de los 1,193 criminales presos preventivamente como consecuencia de ellos ¡siguen operando desde las cárceles!, pues no funciona el bloqueo de celulares en los penales y no hay política penitenciaria. No puede haberla porque al suprimirse los beneficios penitenciarios para muchos delitos e incrementarse las penas, entran cada vez más presos pero no salen.     

Chávez Cotrina también explicó que la razón por la que de los 1,637 detenidos por pertenecer a organizaciones criminales, solo 143 tengan sentencias condenatorias, se debe a que los procesos -pese a que se llevan a cabo dentro del Nuevo Código Procesal Penal, que es más ágil-, avanzan lentamente por escases de jueces. Según él, hay Cortes Superiores que están colapsadas. Faltan jueces. Eso también es presupuesto, aunque habría que revisar la gestión de las audiencias para ver si realmente se está optimizando el tiempo de los jueces. De repente hay también un problema de organización.

No solo eso. Tampoco hay presupuesto para implementar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en las Cortes de Lima. Recientemente una nota periodística daba cuenta de que el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, pedía al Ejecutivo voluntad política para concluir la implementación del NCPP en el año 2020, algo que debió estar concluido el 2013. El NCPP es importante porque entraña un verdadero cambio cultural en la judicatura penal y permite procesos más rápidos y más certeros.

Plan Cuadrante Seguro no funciona sin jueces y cárceles distritales

Recientemente el ministro del Interior, Mauro Medina, anunció que desde el 1 de junio entraba en aplicación el Plan Cuadrante Seguro, una nueva estrategia contra el robo callejero que divide a Lima y Callao en cuadrantes, cada uno con un número de policías fijos que coordinan labores de prevención e inteligencia con los vecinos. Es decir, la policía comunitaria, por fin, que, de paso, permitirá que los agentes lleguen en un tiempo de 5 a 6 minutos a un hecho criminal.

Muy bien. Pero de poco servirá esta estrategia si no existe en cada distrito un fiscal, un juez y una carceleta distrital en la que se pueda castigar a los delincuentes callejeros atrapados en el Plan Cuadrante a penas cortas de semanas o pocos meses, con asistencia de sicólogo y asistente social para su resocialización. De lo contrario, los ladrones serán capturados y puestos en libertad a las pocas horas, como ocurre en la actualidad. O lanzados a las grandes cárceles, donde de primarios se convierten en delincuentes avezados al cabo de un tiempo de permanencia en ellas. Los locales para este servicio distritalizado de justicia penal pueden ser construidos y financiados por los gobiernos locales, tal como ya lo están haciendo algunas municipalidades para las fiscalías distritales. Pero en ellos falta el juez y el centro de detención. Requiere un presupuesto, pero sobre todo requiere, como lo dijo el fiscal Chávez Cotrina, decisión política, porque las municipalidades están colaborando.

Chávez Cotrina nos dijo además que tampoco existe presupuesto para enfrentar la trata de personas, que es un delito que está adquiriendo proporciones preocupantes en el sur del país.

Aplicar Análisis de Impacto Regulatorio y digitalización para reducir burocracia

Lo cierto es que al mismo tiempo que falta recursos y decisión política para estos temas cruciales, que tienen que ver con la función medular del Estado, se gasta en burocracias innecesarias creadas para gestionar la aplicación de regulaciones excesivas que inhiben la inversión, restando ingresos para financiar al Estado, y se gasta también en oficinas y entidades inútiles o que duplican funciones.

 Para lo primero, es hora de empezar a aplicar de manera consistente un programa de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en todos los sectores, para ver en cada caso si la norma se justifica, si resuelve un problema o lo crea, si su costo de implementación por parte de los regulados es alto incentivando la informalidad o desincentivando la inversión, etc.

Ya habido un cierto avance: el MEF está haciendo un piloto, con la OECD, en cinco ministerios. Se entrenó equipos que hicieron el análisis, pero aún faltan las propuestas de reducción de normas que se derivan de ese análisis, y qué implica eso en términos de eventual reducción o reasignación de personal. La Secretaria de Gestión Pública, Mayen Ugarte, nos informa que el próximo año habrá un préstamo del BID para llevar a cabo esto de manera más amplia. Dicho préstamo servirá también para culminar los Análisis de calidad Regulatoria (ACR) que sí se están llevado a cabo, y que consisten en revisar no las normas como tales sino los procedimientos o trámites que tienen que ver con el público, también con la finalidad de eliminarlos o simplificarlos.

Y se supone que todo procedimiento o trámite que pasa el ACR, pasa luego a su digitalización. La propia digitalización del Estado, en la medida en que implica revisión ya no solo de los trámites sino de los procesos para simplificarlos, y en la medida en que reemplaza personal por comunicación directa, ayudaría a reducir burocracia.

Mayen Ugarte nos informa que se han formado “Swat teams”, equipos de tres personas con metodologías de innovación que empiezan a revisar procesos. Reconstruyen hacia atrás a partir de las necesidades de los usuarios. Hasta digitalizar esos procesos.

Un ejemplo de cómo se puede reducir burocracia es la VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior), que trabaja con 15 entidades, cuyos trámites condensa. Comienzan con un ACR (si tiene sentido el trámite, si los requisitos que se piden son razonables, cuánto le cuesta al ciudadano, a la empresa, si se justifica esa carga administrativa). Luego pasan a simplificación de procesos y digitalización. El equipo de la VUCE funciona con fondos del BID. Y cuando está listo el trabajo, todo va a gob.pe, una plataforma para hacer los trámites de manera virtual.

Todo eso debería ahorrar burocracia. Se está planificando sacar ventanillas únicas según eventos de vida: qué programas le corresponden al que nace en condición de pobreza hasta que ingresa a colegio, cómo lo gestiona para no tener que ir a cada entidad. O todo lo que le interesa y debe obtener el que cumple 18 años. En una sola ventanilla. O todos los trámites necesarios a partir de la muerte de una persona (partida de defunción, curatela, pensión, registro de los bienes, etc.), que pueden llegar a involucrar a más de 20 entidades.

Los Tupas estandarizados para obtener licencias de construcción y de funcionamiento, próximos a salir, también deben aligerar la burocracia en las municipalidades.

Por supuesto, esto debería hacerse al mismo tiempo que las entidades hacen el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, que también implica revisión de los procesos para hacer un mapeo de estos y de los puestos realmente necesarios para llevarlos a cabo, e implica una carrera meritocrática que supone evaluaciones de desempeño. 

Dependencias estatales sobrantes

Pero, además, debería hacerse un análisis de consistencia de las distintas dependencias estatales. Muchas podrían ser eliminadas o fusionadas, porque hay mucha superposición o inutilidad.

Basta mirar el organigrama del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para detectar la existencia de una serie de “proyectos especiales” que datan cuando menos de los años 80 y sobreviven como fósiles porque nadie se anima a cerrarlos o fusionarlos. Allí están los proyectos especiales Sierra-Centro-Sur, Jaén-San Ignacio-Bagua, Alto Huallaga, Pichis Palcazu y otros seis más, cada uno con su propia administración, multiplicando gasto inútilmente. Hay una Dirección General de Infraestructura y Riego, y al mismo tiempo dos programas de riego. Hay una Dirección de Políticas Agrarias y otra Dirección de Seguimiento y Evaluación de dichas políticas. Hay una Dirección de Estudios e Información Agraria, y una Dirección de estadística Agraria.

En el ministerio de Educación hay una Dirección General de Educación Superior Universitaria y está, al mismo tiempo, la SUNEDU. Hay una Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y está, de otro lado, PRONABEC. Una Dirección General de Infraestructura Educativa, y está el PRONIED.

Y así en casi todos los ministerios. Además, hay superposición entre ministerios: Agricultura con el MIDIS, el MIDIS con Salud, Ministerios y gobiernos regionales, etc. Debería hacerse un análisis de la cadena de valor de cada servicio público para eliminar las superposiciones y distribuir cada función o parte del proceso al nivel que las pueda ejecutar mejor. Es decir, una reingeniería de la descentralización.

Tenemos, como si fuera poco, dos niveles municipales, provincial y distrital, multiplicando profusamente la burocracia. Bastaría con uno solo, el provincial, con oficinas distritales, aunque sería muy difícil que una reforma como esta se apruebe.   

Como fuere, lo cierto es que es hora de racionalizar y simplificar el Estado y concentrar recursos en lo realmente prioritario, como la justicia y la seguridad, que son sectores que tienen el potencial de crear las condiciones para que haya mucha más inversión que permita generar los recursos para invertir en los sectores sociales y en infraestructura. Lampadia




¿Hay una cadena de corrupción en la obra pública municipal y regional?

¿Hay una cadena de corrupción en la obra pública municipal y regional?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia




No hay mal que por bien no venga… para Ica

No hay mal que por bien no venga… para Ica

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Durante los próximos 3 años, nuestra región recibirá más de S/. 700 millones para reconstruir – y mejorar – la infraestructura dañada por las inundaciones y huaycos ocurridos el verano pasado. Un mundo de plata. ¡Cómo no va a ser un mundo de plata si el presupuesto del Gobierno Regional – para inversiones – es de apenas S/. 60 millones anuales! O sea, menos de la décima parte de lo que vamos a recibir del Plan de Reconstrucción con Cambios.

Recordemos “el mal” del verano pasado… El Niño Costero que se manifestó en forma de lluvias intensas en nuestras zonas bajas. Un hecho poco frecuente aquí en Ica. Efectivamente, la costa iqueña se caracteriza por su aridez. Y nuestra agricultura –  y en general, la población – depende del agua que proviene de la Sierra, donde llueve copiosamente todos los años – sobre todo – de enero a marzo.

Pero no… este año – aparte de llover mucho en la Sierra – llovió también en la Costa, tal como ocurrió en toda la Costa Central y Norte de nuestro país. Aunque los daños en Ica, no tuvieron – ni remotamente – la magnitud de los desastres ocurridos en Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura – la región más devastada – y Tumbes.

Por eso me parecen mezquinos aquellos personajes locales que se quejan de la disparidad en los presupuestos asignados para la reconstrucción de cada región. Como que Piura recibirá S/. 7,000 millones. O sea, 10 veces más que Ica.  

Visto así – a la ligera y con egoísmo – pareciera que los quejosos tienen razón… pero nada que ver. Las regiones del norte sufrieron daños mucho mayores a los nuestros. Por tanto – como tenía que ser – los presupuestos fueron determinados de manera diferenciada… en función de la magnitud de los daños. Más daños… más presupuesto. Menos daños… menos presupuesto.

Lo concreto es que el presupuesto para la reconstrucción de Ica es S/. 728´741,663… para ser exacto. ¿Qué se va a hacer con tanto dinero? Básicamente, se van a reconstruir – y mejorar – las carreteras dañadas, y se van a descolmatar y reforzar nuestros ríos.

¿Quiénes van a hacer los trabajos? Principalmente, el Gobierno Central – a través de los ministerios – y el Gobierno Regional. Los Municipios tendrán poca injerencia en la reconstrucción – pues muchos no calificaron como unidades ejecutoras – dado el pobre desempeño presupuestal en los años 2015 y 2016. El Gobierno Regional de Ica – en cambio – si calificó como unidad ejecutora por haber gastado más del 85% de nuestro presupuesto de inversión durante los dos primeros años de nuestra gestión.

Entre paréntesis… ¿cómo explicar que nuestros detractores – congresistas, periodistas, consejeros… y los criticones de siempre – nos cuestionen por – supuestamente – no saber invertir, cuando la Autoridad del Plan de Reconstrucción con Cambios nos califica favorablemente como unidad ejecutora? ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de virtudes…! Así decía Don Quijote.

En fin; ¡allá los envidiosos… que se retuerzan entre sus rencores y rabias! El hecho es que nuestra región va a quedar mejor que nunca… después de la reconstrucción. Ya empezaron los trabajos de prevención – a cargo del Ministerio de Agricultura – y a partir del año entrante se iniciarán los trabajos de reconstrucción – propiamente dichos – a cargo del Gobierno Central y el Gobierno Regional.

Repito. Nuestros ríos y quebradas quedarán más seguros y sostenibles. El río Ica – por fin – va a quedar ensanchado y mejor encausado; y los puentes de la ciudad serán reemplazados por unos más largos y mejores. Nuestras carreteras – sobre todo las de penetración – quedarán pavimentadas… como nunca. Parcona tendrá un excelente hospital. Las viviendas dañadas serán reemplazadas y reubicadas con visión de largo plazo y bienestar. Y así por el estilo… nuestra región quedará renovada.

Estamos – pues – ad portas de hacer realidad el optimismo del famoso refrán… no hay mal que por bien no venga. ¡Enhorabuena! Lampadia




¿Cuánto más costará Talara?

‘Nunca hay que poner plata buena detrás de plata mala’, o como dicen los sajones ‘realize your loss’ (reconoce tu pérdida). Ambos son preceptos básicos de las finanzas, pero los seres humanos no queremos aprender y el error se repite en distintos espacios y aspectos.

En su libro ‘Homo Deus’, Yuval Noah Harari comenta como los hombres solemos insistir en el error, cueste lo que cueste.

Dice por ejemplo, que en 1915, Italia entró en la Primera Guerra Mundial para recuperar Trento y Trieste del Imperio austrohúngaro. En la primera batalla, Italia perdió 15,000 hombres, en la segunda 40,000, en la tercera 60,000, hasta que al final de la guerra murieron 700,000 soldados. Pudieron retirarse en varias ocasiones pero el síndrome de ‘nuestros muchachos no murieron en vano’ (que permitía esconder el error) hacía que siguieran mostrando un sentido de propósito en continuar la guerra.

La misma lógica funciona en la esfera económica: “En 1999, el gobierno de Escocia decidió ordenar la construcción de un nuevo edificio para albergar el Parlamento. Según el plan original, las obras iban a durar dos años y a costar 40 millones de libras. En realidad, duraron cinco años y costaron 400 millones de libras. Cada vez que los contratistas topaban con dificultades y gastos imprevistos, se dirigían al gobierno escocés y pedían más tiempo y dinero. En todas esas ocasiones, el gobierno se decía: “Bueno, ya hemos invertido 40 millones de libras en esto y quedaremos completamente desacreditados si lo interrumpimos ahora y acabamos con un armazón a medio construir. Vamos a autorizar otros 40 millones”. Seis meses después ocurría lo mismo y para entonces la presión que suponía no acabar con un edificio a medio construir era todavía mayor; y otros seis meses más tarde se repetía de nuevo lo mismo,  así sucesivamente hasta que el coste real fue de diez veces la estimación original”.

Pues en el Perú, en el gobierno de Ollanta Humala, con la inspiración del chavismo, de la mano de Humberto Campodónico como presidente de Petroperú, y con la música del diario La República, nos embarcamos en la ‘modernización’ y ‘ampliación’ de la refinería de Talara. Se llegó a manipular conceptos para afirmar que el costo social de consumir combustibles contaminantes era mayor que el de la inversión en la refinería; pero no se reconoció que importar combustibles limpios era, largamente, más económico.  

Así, alegremente, emprendimos un proyecto absurdo que después hemos descubierto incluía la ampliación de la refinería (de 65,000 a 95,000 barriles diarios), llevándola por encima de la demanda nacional (¿para exportar productos refinados?). La aventura iba a costar como máximo US$ 1,700 millones. Más adelante, con Campodónico aún en la petrolera estatal, pasó a US$ 3,000 millones, más otros ‘rubros privados’ (no especificados, y que no tenían nada de ‘privados’), que llevaban el total a US$ 3,500 millones.

Hoy, sin haber terminado de ajustar los estimados de inversión, el presupuesto está en US$ 5,400 millones. (¿Con IGV o sin IGV? – Quién sabe). Además, según lo anunciado esta semana, se está tomando endeudamiento público por US$ 3,000 millones.

Fuente: El Regional Piura

Por su lado, la Refinería de la Pampilla invirtió US$ 470 millones para producir diesel con 50 partes por millón y completará el proceso con otros US$ 270 millones para las gasolinas, unos US$ 750 millones para su actual  capacidad de producción de unos 120,000 barriles por día. Esa es la eficiencia del sector privado.

¿Cuánto más costará Talara? ¿No hubiera sido mejor hacer un gran parque industrial para los talareños, con una fracción de la inversión? ¿Estamos dispuestos a meter otros US$ 500 millones? ¿US$ 1,000 millones?

Hay que parar esta locura y buscar un plan ‘C’, evaluar todas las decisiones y mostrarle a los peruanos el daño que nos regaló el gobierno de Humala y el economista ‘capo di tutti capi’ del Frente Amplio (que no es ni frente, ni amplio), la mano izquierda (en lo económico) de Verónika Mendoza y Humberto Campodónico, hijo predilecto del diario La República. Lampadia




No habrá ‘revolución social’ sin una verdadera reforma de salud

No habrá ‘revolución social’ sin una verdadera reforma de salud

Al igual que en el caso de la educación, uno de los graves efectos secundarios del gran apagón nacional con el que perdimos 30 años (60s, 70s y 80s), fue la destrucción de los ingresos de los servidores públicos de salud (médicos enfermeros y técnicos) por la erosión creada por la hiperinflación. Estos servidores sociales tenían ingresos fijos que fueron licuados por la inflación. Ante ello, se fueron produciendo una serie de comportamientos disfuncionales como, la disminución de las horas de servicio para que los trabajadores puedan tener ingresos adicionales fuera del Estado y; entre otros, las agremiaciones de corte sindical que tenían que asumir actitudes de fuerza para conseguir mejoras a costas de otros, pues vivíamos en un sistema de ‘suma cero’. Así fue que el Estado fue convalidando estas instituciones y en muchos casos dotándolas de privilegios inconvenientes, como franquicias para asociaciones monopólicas y obligatorias.

Pues hasta nuestros días, el enfoque de las dirigencias gremiales y sindicales sigue siendo reivindicativo y la acción del Estado concesiva. Hoy vivimos en un país diferente, lleno de oportunidades, en un sistema de ‘suma positiva’, pero lamentablemente, ante la falta de visión y liderazgo de nuestros gobernantes, no se puede avanzar con presteza ni claridad en las indispensables reformas. Veamos las resistencias en el sector salud: 

La resistencia a las reformas en Salud

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debería aprovechar su ascendiente con los médicos para sumarlos a la causa de la reforma. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido una resistencia de los gremios médicos a los avances de la modernización en el sector, mezclada con entendibles demandas de incrementos de sueldos. No cabe duda que la remuneración de los médicos tiene que subir, pero eso tiene que darse el marco de un nuevo sistema que asegure mucho más productividad en los establecimientos y en el sistema. Porque lo que interesa es la salud de la gente.

No olvidemos que Cesar Palomino Colina, quien anteriormente fue el Presidente de la Federación Médica, desde la cual promovió y dirigió huelgas médicas inhumanas que deberían haber supuesto su expulsión del gremio médico, pasó luego a ser el Decano Nacional del Colegio Médico, para luego postular al Congreso en la lista de Alianza para el Progreso de Cesar Acuña. Con esos dirigentes en la profesión médica, solo queda emprender una reforma completa del sistema en la que se privilegie el compromiso humanitario de la profesión.

La modernización del sector supone varios cambios. En todos o casi todos ellos ha habido resistencia u oposición. Veamos.

Resistencia a la separación de roles

La reforma madre en el sector Salud se expresa en el concepto de separación de roles o funciones. En Essalud esto supone la separación entre el financiamiento y las prestaciones, es decir, entre el fondo (IAFAS) y los establecimientos (IPRESS). El Fondo contrata a los establecimientos o a redes de establecimientos con arreglo a determinadas metas. En el Sector, el Ministerio y las direcciones regionales de Salud desempeñan un rol rector, y los establecimientos ejecutan, brindan el servicio. Esta relación puede regularse mediante presupuestos por resultados, o, en el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), mediante contratos de gestión con los establecimientos en los que se entrega el dinero por tramos según el cumplimiento de metas trimestrales. La idea sería que todo el presupuesto del sector salud sea gestionado por el SIS.

Pues bien, hay una resistencia ideológica este cambio. La explicación podría estar en el mayor nivel de exigencia que supone, pues en este marco los establecimientos tienen que cumplir metas de atención y resultados. Y, en la medida en que también se puede contratar establecimientos privados (aunque solo de manera complementaria, lo que sigue siendo una forma de proteccionismo), aparece el fantasma de una posible competencia.

Veamos el caso del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) de Lima. Este se creó para gestionar los hospitales de Lima, que dependen del Ministerio. Siempre dentro del concepto de separación de funciones, si el Ministerio asume el rol rector ya no puede gestionar directamente los hospitales. Entonces creó el IGSS para que maneje los establecimientos de salud de Lima. Hasta antes del IGSS los hospitales de Lima dependían directamente del MINSA, pero en la práctica se gobernaban solos. El MINSA designaba Directores y después cada hospital se manejaba por sí mismo porque no existía un área, oficina o Dirección en el MINSA que se encargara, por ejemplo, de organizar la oferta de servicios con una lógica de niveles de atención ni de complementariedad especializada ni de ahorro de recursos. Lo que se tenía eran feudos de gestión independiente en los que no se aprovechaba economías de escala para las compras, los servicios, etc. Y en los que era más fácil sucumbir a presiones de grupos internos de interés, como los de la Federación Médica y otros sindicatos, que eventualmente condicionaban al director del Hospital para mantener el statu quo: desvío de pacientes a la práctica privada, no cumplimiento de horarios, manejo patrimonialista de los servicios (hay médicos que tienen la llave de “sus” consultorios, por ejemplo).

La idea, entonces, era que el IGSS tomara el control de las compras de todos los hospitales y centros de salud, de la gestión de los servicios, dentro de una lógica de red y de sistema (como lo hacen los holding privados: San Pablo, por ejemplo, tiene cinco clínicas, pero una sola gerencia administrativa y médica). Pues bien, el IGSS se creó, pero no ha podido asumir sus funciones sencillamente porque la Federación Médica se ha resistido. No quiere depender de una gerencia de operaciones que tenga la capacidad de corregir el desorden, en el que medran intereses de todo tipo. Lo que hay allí, en el fondo, es la defensa de un statu quo patrimonialista e ineficiente al servicio, en última instancia, de la práctica privada de los médicos.

Resistencia a las Asociaciones Público Privadas

En teoría, la separación entre el fondo financiero y la prestación de los servicios implica que, en teoría, el fondo (sea el de Essalud, del SIS o del MINSA) pueda comprar servicios a quien mejor los provea, sean establecimientos públicos o privados. Precisamente la idea es establecer una competencia a favor de los usuarios, que son la razón de ser del servicio. Pero en nuestro país se concibe contratar redes o establecimientos privados solo de manera complementaria, en la medida en que el Estado no tenga la capacidad de brindar el servicio. Es decir, la subsidiariedad al revés. La Constitución al revés. Así, al limitarse la competencia, se limita la calidad del servicio.

Un consecuencia lógica del sistema sería convertir los hospitales públicos en APPs. De esa manera serían más eficientes. Pero todo lo que sean APPs es tildado por la Federación Médica como “privatización”. Cuando en realidad solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización de los pacientes).

Un avance muy importante han sido los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados incluso en la llamada ‘bata blanca’ (gestión médica). Funcionan muy bien y tienen el incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los hospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal. Sin embargo, la Federación Médica se opuso desde el principio a estos proyectos acusándolos de ser “privatizaciones”, y movilizaron a pacientes contra su operación.

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. No mencionamos los equivalentes de la operación directa de Essalud, para no deprimir a nuestros lectores y porque todos saben como es. 

Incluso la propia Essalud habría caído en esas presiones, pues Lampadia reveló que había empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada hospital debilitando así la labor de prevención ver: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. La presidente Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, asegura que no hay intencionalidad alguna en esos cambios de poblaciones sino que ello obedece a la volatilidad de la población asegurada. Según ella, “La adscripción de los asegurados se realiza de manera estricta mediante el Sistema de Acreditación de Derecho de los Asegurados. Este sistema registra Altas y Bajas y se alimenta de información que nos envía la SUNAT. Las personas que están afiliadas en los entes llamados conos de la ciudad son trabajadores con alta volatilidad, por ejemplo trabajadores de construcción civil u otras ramas muy sensibles a los vaivenes de la economía. Hemos asistido a fluctuaciones de hasta casi el 20 por ciento de altas y bajas. De los 250 mil afiliados, al inicio cada mes cambiaban 20 mil, personas que entraban  y salian del sistema. Al parecer en este momento existe más estabilidad. Esto es habitual en el régimen contributivo. Digamos que “así es el negocio”. Nadie les mueve la población de manera intencional”.

El hecho es que para las tres nuevas APP en proyecto (en Piura, Chimbote y el Instituto de Niños y Adolescentes en Lima), sólo se ha solicitado “bata gris”, no bata blanca. Esto significa que la APP brinda sólo equipamiento y servicios administrativos de soporte, pero no la gestión de los servicios médicos propiamente dichos. Según la presidenta Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, se pide bata gris y no bata blanca porque estos hospitales van a reemplazar a otros que ya existen (el hospital Cayetano Heredia de Piura y el Hospital de Nuevo Chimbote) y “por eso no podría ser bata blanca porque ya disponemos de personal que tiene estabilidad laboral”. Pero la verdadera razón es evitar el conflicto con los sindicatos, que se oponen a cualquier régimen que pudiera representar un cambio del statu quo que lleve a mayor eficiencia.  

Como hemos relatado en informe pasado, el caso más dramático e indignante fue el del convenio de Essalud con los hospitales de Solidaridad (SISOL), que fuera denunciado ante la Contraloría con acusaciones infundadas que hicieron que el Sindicato de Médicos del Seguro Social lo denunciara a la Comisión de Salud del Congreso, donde el congresista Tapia, vinculado a los médicos de Essalud, denunció a su vez fiscalmente a Midori De Habich, Susana Villarán y a Virginia Baffigo. Mientras tanto el convenio fue boicoteado por los médicos, que no enviaban pacientes a los hospitales de Solidaridad. Finalmente fue resuelto y la experiencia abortó. La Federación ganó la batalla, pero los pacientes perdieron.

Resistencia a SUSALUD

También hay resistencia a las supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), institución creada en la reciente reforma para supervisar la calidad de la atención de los servicios públicos y privados, con capacidad sancionadora. También supervisa que las acreditaciones se hagan bien.

SUSALUD es la bestia negra para algunos médicos. Lo que argumentan es que no se puede supervisar y sancionar si primero no se cierran las brechas de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la mayor parte de las quejas no tienen que ver con esas eventuales carencias, sino con deficiencias en la atención, demoras, poca información, cobros indebidos, desvío de pacientes a la práctica privada etc. Se entenderá la razón de la oposición del Colegio Médico y a la Federación Médica.

Pago por desempeño

Una de las reformas que introdujo la ministra Midori de Habich, fue el pago por desempeño. Dicho pago es anual y equivale a un sueldo. Lo reciben todos los trabajadores de una Unidad Productora de Servicios (puede ser un servicio dentro de un hospital o una red de primer nivel) si dicha Unidad alcanza el cumplimiento de un conjunto de indicadores (tiempo de espera, satisfacción, cobertura de controles, etc.). 

Es problema es que el pago por desempeño desató una presión para que todos reciban el bono, para lo cual el sindicato demandó que se bajen las metas o se retiren algunos indicadores a fin de que todos puedan “cumplir”. Pero si todos reciben el bono, este pierde su capacidad estimulante del rendimiento. El Ministerio tuvo que ceder en algo para evitar una huelga, pero felizmente no en todo, aun.

Redes e intercambio prestacional

Un elemento fundamental de la reforma es la organización de los establecimientos y servicios en redes, de modo que los médicos especializados, por ejemplo, puedan salir del hospital y atender temporalmente en zonas o establecimientos periféricos que carecen de esos médicos. Supone la posibilidad de programar la demanda y que funcione bien el sistema de niveles de atención.

Aquí el problema es con los médicos nombrados, que argumentan que fueron nombrados en el establecimiento tal o cual y no tienen por qué visitar otros sitios. Hay, sin duda, un problema con las normas, que deben ser modificadas para que permitan la gestión de todos los recursos en Red. Hoy son de cada “establecimiento”.

Esto también se aplica al mejor uso de  la misma capacidad instalada. Hay, por ejemplo, hospitales cerrados en la tarde. Pese a que una norma ahora lo establece, en la práctica casi no hay intercambio prestacional. Un asegurado del SIS debería poder atenderse en un hospital de Essalud, por ejemplo, si es de más fácil acceso. De la misma manera, un cirujano de Essalud debería poder operar en un hospital del MINSA. En la práctica tales intercambios son muy engorrosos. La Contraloría obliga a procedimientos cada vez más complicados y los médicos terminan con procesos abiertos.  

Meritocracia en las Regiones

Otro problema es el nombramiento de los directores regionales y otros cargos regionales. Hay resistencia de los gobernadores regionales a contratarlos  por concurso. El Ministerio trabaja con SERVIR trabajamos en el desarrollo de Gerentes Públicos en Salud con la esperanza de que las regiones los pidan, pero prefieren trabajar con gente de confianza.

En suma, la nueva administración debe tener un panorama claro de los intereses creados que se oponen a las reformas, y de las razones por las cuales lo hacen, a fin de diseñar estrategias que permitan incorporar esos intereses de manera funcional a los cambios indispensables para dar un salto en los servicios de salud, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Lampadia




¿Dónde están los recursos para hacer lo ofrecido?

¿Dónde están los recursos para hacer lo ofrecido?

Hace muchas semanas estamos pensando en escribir sobre lo poco que hemos aprendido de la aritmética básica de la economía. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la reciente campaña electoral, tanto en los pliegos interrogatorios de los medios, incluyendo a los periodistas más destacados, como en la boca de los propios candidatos.

“Hay que invertir 6% del PBI en educación”. “Se necesita 3% del PBI en infraestructuras”. “La salud requiere 4% del PBI”. Etc. Etc. Nadie repara que desde un punto de vista proporcional, solo tenemos 100% para gastar. Y los que lo hacen, empiezan a ver donde se puede gastar menos para financiar tal o cual cosa o, lo que es peor, se propone alegremente el uso de nuestras reservas, la posibilidad de recurrir al endeudamiento público y/o al aumento de las tasas nominales de impuestos.

Lo sorprendente, es que nadie repara en el único pozo inmenso en el que podemos encontrar prácticamente todos los recursos que necesitamos: EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. Por ejemplo, si crecemos al 7% anual, duplicaremos el presupuesto del Estado en 10 años, sin tomar en cuenta una mejor recaudación. Así lo hemos hecho con cierta facilidad durante muchos de los últimos años y así lo posibilita nuestro potencial productivo y de mejora de la productividad.

Con un enfoque en el crecimiento como fuente de recursos para aumentar la inversión del Estado, tanto el uso de reservas como el del endeudamiento, cobran relevancia como puentes temporales para superar inflexiones o baches y, hasta para adelantar ciertos procesos de inversión comprometiendo recursos futuros específicos para, por ejemplo, ‘el adelanto social’ vinculado a los proyectos de inversión privados en el desarrollo de recursos naturales. El análisis del uso de los recursos del Estado no puede ser estático, tiene que ser dinámico en el tiempo.

Cuando alguien nos hable de que el Estado haga mayores inversiones en cualquier rubro, debemos pedirle que lo haga desde un enfoque de crecimiento, con la visión de un modelo ‘ganar-ganar’. De lo contrario, estaría pretendiendo que repartamos la ‘torta actual’, distribuir lo que tenemos, establecer decisiones arbitrarias en la asignación de gastos o hacer un mal uso de nuestras reservas y/o capacidad de endeudamiento.     

Como hemos explicado en Lampadia, durante los últimos 20 años nuestra economía ha crecido alto y sostenido. Esto permitió que los ingresos corrientes del Estado crezcan en 46 veces entre 1990 y el 2000 y, 167 veces hasta el 2015

El siguiente artículo de José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría nos permite abordar este tema tan importante aprovechando sus razonamientos y también, demostrando con tanta facilidad en análisis estáticos.

“No hay lonche gratis”

José Carlos Saavedra, Director de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría,

El Comercio, Domingo 26 de junio del 2016

Glosado por Lampadia

 

“El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose”.

Según una encuesta de Ipsos realizada en abril de este año, la población desearía que el próximo gobierno se concentre en mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

En línea con eso, Peruanos Por el Kambio ha propuesto incrementar el presupuesto público de educación a 6% del PBI, el de salud a 4% del PBI y el del Ministerio del Interior a 2% del PBI al 2021. Es decir, el plan es incrementar el presupuesto en esos tres rubros, de 8% hasta 12% del PBI en cinco años. Sin duda, esto permitiría financiar mejoras significativas.

Un incremento de 4% del PBI del presupuesto en cinco años, que representa unos US$ 6,900 millones, no es ningún problema si se relaciona con un crecimiento, incluso mediocre, de 4% anual, que daría un incremento acumulado del presupuesto de US$ 7,600 millones. O sea, aún sobraría algo más para otras inversiones. (Estos cálculos se basan en un PBI de US$ 173,000 millones al 2015 y en ingresos del Estado de 20% del PBI).

Si crecemos al 7% anual el incremento acumulado del presupuesto sería de US$ 14,600 millones. 

Para la inversión en educación también debe considerarse el aporte del setor privado, que ya contribuye con 3% del PBI. Lamentablemente, el ministro de educación actual no considera que el sector privado pueda dar aportes valiosos, ni siquiera validando experiencias exitosas que puedan adoptarse en el sector público. Grave error.

Sin embargo, como bien decía el Nobel de Economía Milton Friedman, “no existe tal cosa como un lonche gratis”. Es decir, estas propuestas implican una cuenta que todos deberemos pagar como sociedad. Entonces, cabe preguntarse si el Estado tendrá recursos suficientes para cumplir con las metas mencionadas.

Fijar las metas de gasto público como porcentaje del PBI puede generar confusión sobre la disponibilidad de dinero que realmente tiene el gobierno para gastar. El PBI representa el valor de la producción de toda la economía peruana, que incluye al sector público y al privado.

El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose. El monto que recauda el Estado Peruano equivale actualmente a solo el 20% del PBI total, un porcentaje bajo cuando se compara con otros países de la región. Este es el tamaño de la torta que el Estado debe asignar a diferentes rubros, como educación, salud, seguridad, infraestructura, programas sociales, justicia, etc.

Muy bueno el análisis de J.C. Saavedra, pero no repara en el crecimiento.  

Sumas y restas

Esta primera aclaración es muy importante, pues la meta de gasto al 2021 mencionada anteriormente (12% del PBI en educación, salud y seguridad) implicaría utilizar 60% de lo recaudado en estos tres rubros.

El restante 40% de los recursos recaudados, u 8% del PBI, debería alcanzar para todo lo demás. Actualmente, ‘todo lo demás’ (que incluye entre otras cosas el gasto en programas sociales, infraestructura de transporte) cuesta 15% del PBI, así que tendría que bajar a poco menos de la mitad. Imposible.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no se debe gastar más en educación, salud o seguridad? No. Quiere decir que, si realmente queremos que el Estado gaste más en estos rubros, la recaudación como porcentaje del PBI debe aumentar. Al ser gastos permanentes, tienen que financiarse con ingresos permanentes, no con deuda.

El problema en el Perú no es que el gobierno dé poca importancia a estos tres rubros en la distribución del presupuesto, sino que el Estado dispone de recursos limitados. El presupuesto en educación es un ejemplo claro. Cuando este se compara con el de otros países de la región, como porcentaje del PBI es uno de los más bajos (3.7% del PBI). Pero cuando se lo compara como porcentaje del presupuesto (17% del presupuesto), el Perú ya no está en la cola. De hecho, bajo esta medición se puede decir que el Estado peruano gasta en educación una mayor porción de sus recursos que sus contrapartes en Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

Algunas alternativas

Si realmente se quiere incrementar el presupuesto en educación, salud y seguridad como está planeado, tarde o temprano el nuevo gobierno deberá buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales permanentes, y priorizar aquellas que distorsionen menos la economía.

En términos generales, hay tres alternativas: subir tasas impositivas, reducir la evasión tributaria y eliminar algunas exoneraciones. De ellas, reducir la evasión tributaria es la medida políticamente más viable y la manera más sana para incrementar la recaudación permanentemente.

Nuevamente, con una visión estática, pierde la oportunidad de explicar la importancia del crecimiento económico.

Reducir la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta que pagan las empresas permitiría financiar buena parte del incremento del presupuesto planeado por el gobierno entrante. Esto requiere un esfuerzo enorme por parte del Estado, en términos de coordinación, fiscalización y focalización. Pero sobre todo, requiere que, como sociedad, estemos dispuestos a pagar la cuenta de las reformas y dejemos de evadir tanto.

Evidentemente, hay que privilegiar el crecimiento como base de la expansión sostenible del gasto y además, considerar una participación adicional del sector privado en el financiamiento de muchas de nuestras necesidades a través de APPs, OXI y otros mecanismos de apoyo.

Esperamos que nuestros trolls no digan ahora que solo hablamos de crecimiento económico. Ya hemos dicho cien veces que este no es el objetivo del desarrollo, pero sí es el medio para lograrlo. Cosa que deberíamos tener muy clara cuando hablemos de la acción del Estado.

Finalmente, queremos enfatizar que el 100% del presupuesto del estado es dinámico en una economía exitosa que crece y hace lo mejor de sí misma para beneficio de todos sus ciudadanos.

Lampadia




Los peronistas pretenden sabotear el gobierno de Macri

Los peronistas pretenden sabotear el gobierno de Macri

Después de una histórica elección, el recién elegido presidente de Argentina, Mauricio Macri, heredará una economía en ruinas, una débil moneda y un arbitraje internacional por deudas en miles de millones de dólares. Aunque el camino por delante será difícil, muchos observadores esperan que las políticas de centro-derecha con una inclinación pro-empresarial de Macri distancien al país de las de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de 12 años de gobiernos peronistas bajo Fernández y su difunto esposo, Néstor Kirchner, la primera orden del día será un acuerdo sobre la deuda potencial, el legado de la crisis económica del 2001 que provocó un default (no pago) de US$ 100 mil millones de dólares de deuda soberana, el más grande de la historia. Una prolongada batalla legal y la falta de liderazgo de Fernández obligaron al país a caer de nuevo en default el año pasado.

Macri ha prometido reimpulsar la tercera economía más grande de América Latina, que estaría cayendo nuevamente en una recesión, poniendo fin a las restricciones proteccionistas a la importación, la reducción de impuestos ​​sobre las exportaciones agrícolas y ganaderas, el control de precios y eliminando la tasa de cambio oficial que está inflando el peso argentino.

Pero la gran polémica nacional en los días previos a la toma de mando de Macri se ha limitado a una disputa entre él y Kirchner. Comenzó con un desacuerdo acerca de dónde se llevaría a cabo la ceremonia de inauguración. Macri quería tomar el juramento del cargo en el Congreso y luego recorrer los dos kilómetros al icónico palacio presidencial, la Casa Rosada, para recibir la banda presidencial y el cetro de Kirchner.

Kirchner, sin embargo, insistió que todo el asunto se podría hacer en el Congreso, en consonancia con la Constitución y la tradición que ella y Néstor propusieron. Acusó a Macri de querer faltarle el respeto. Sin embargo, Macri, decidido a tener su momento de gloria, llevó el asunto a los tribunales, argumentando que Kirchner dejaría de ser presidente a la medianoche.

El tribunal falló a su favor, por lo que el país tuvo tres presidentes en cuestión de horas: Kirchner hasta la medianoche, el presidente del Senado entrante, Federico Pinedo, hasta la ceremonia de inauguración y Macri a partir de entonces.

Después de todo el enredo, Cristina Kirchner se negó a asistir a la ceremonia de su sucesor. La  ausencia del mandatario saliente en la ceremonia es la primera desde el fin del régimen militar en 1983. 

Sin embargo, no es el primer problema que estaría causando la Kirchner. Según Macri, la acusa de causar tantas dificultades como sea posible para el gobierno entrante:

  • Aprobó la delegación de miles de millones de dólares de gasto a los gobernadores provinciales, que presenta un gran problema para el país que ya tiene severas restricciones financieras.
  • Cambió el presupuesto para el próximo año, con un aumento del gasto en el Congreso, el poder judicial, las fuerzas militares y sus populares planes sociales, como Fútbol para Todos, un programa que muestra gratis los partidos de fútbol, junto con mensajes políticos.
  • Nombró a una serie de nuevos embajadores y además, algunos de sus aliados, entre ellos Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central, se niegan a dimitir.
  • Se ha negado a entregar la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, apoderándose de ella y cambiándole el nombre a CasaRosada2003-2015.

La revista de The Economist fue uno de los muchos medios de comunicación que mostraron su desacuerdo con el último recambio presidencial, describiéndolo como “muy incómodo, incluso para los estándares argentinos” y le atribuye la culpa a Cristina Kirchner. Primero pone el foco en que no respetó la decisión de Mauricio Macri de hacer la toma de atributos en la Casa Rosada y luego enumera algunas decisiones de la ex presidente que influirán en el nuevo gobierno, sobre todo las económicas. “Las primeras semanas de Macri serán una prueba de su capacidad política: por las duras medidas que tomará debe culpar, y con razón, a su predecesora”, concluye el artículo.

Cada vez es más evidente que los mandatarios latinoamericanos que hicieron comparsa con Hugo Chávez y las ideas del socialismo del siglo xxi, aplicando programas masivos de asistencialismo y enfrentando la inversión privada, solo querían capturar el poder de sus países para crear gobiernos eternos, ya sea mediante el fraude, como en Venezuela y Brasil, o mediante cambios constitucionales que permitieran la reelección permanente, como en la misma Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Argentina, los peronistas recurrieron a la reelección conyugal y planeaban la filial, pero el desastre económico y los insoportables niveles de corrupción a los que llegaron, no lo hicieron posible. Hoy se expulsó a los Kirchner, Dilma Rousseff está a punto de ser vacada, Maduro cuelga de hilos, Correa ya perdió el liderazgo y Evo Morales, cual excepción, se encamina a una quinta reelección, pero con muchas resistencias.

La batalla por recuperar a Argentina de su desastre económico, social, político y de corrupción, que lidera Macri recién empieza. La ausencia y boicot de la Kirchner es un claro símbolo de las profundas divisiones sociales y políticas que aún existen y que estarán determinadas a impedir que Macri logre promulgar unas muy necesarias reformas económicas. Esperemos que logre unir al país y encaminarlo a una senda de recuperación económica y política. Lampadia

 




La impostergable reforma del Poder Judicial

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