Jaime de Althaus

Lampadia

La última encuesta de Ipsos indaga acerca de qué es lo que la gente quiere decir cuando pide cambios al modelo económico, y las respuestas son muy reveladoras. En primer lugar constata que el el 56% quiere cambios moderados y el 33% cambios radicales. Pero, ¿qué cambios? 59% desea que mejoren los servicios de educación, 55% que se combata la delincuencia con más efectividad, 48% que haya más eficacia en combatir la corrupción, 38% que mejore la salud… Sólo el 11% quiere que se estaticen empresas que ahora son privadas, 16% que se nacionalicen empresas extranjeras y 30% que se controlen los precios de los productos básicos.  

Es decir, que los cambios que los peruanos quieren en el modelo económico no se refieren al modelo económico en realidad, sino al Estado, a la ineficiencia de los servicios públicos y a la corrupción. La gente está pidiendo un Estado más eficiente y menos corrupto. Mejores servicios públicos. Esa deberá ser la gran tarea del próximo gobierno: la reforma del Estado y de la descentralización, porque la mayor parte de esos servicios son brindados directamente por los gobiernos regionales.

Quizá eso explique en parte la paradoja que advierte Richard Webb en El Comercio (25-4-16), cuando observa que los distritos en los que nació y combatió Túpac Amaru (Túpac Amaru y Sangarara), las opciones radicales de Verónika Mendoza y Gregorio Santos sumaron 86% y 71% de los votos emitidos respectivamente, pese a que esos distritos han mejorado notablemente su nivel económico en los últimos 20 años: los agricultores que usan tractor aumentaron de 4% a 33% entre 1994 y el 2012 en Túpac Amaru, y de 23% a 87% en Sangarará y la proporción con riego tecnificado pasó de 2% a 63% en Túpac Amaru y de 23% a 87% en Sangarará.

Se pensaría entonces que lo que está fallando es el Estado, siguiendo con lo que señala la encuesta de Ipsos. Es decir, hay desarrollo económico pero los servicios estatales son ineficientes y corruptos. Algo de esto argumenta también Luis Carranza (El Comercio 26-04-16), cuando recuerda que la presión de los Incas y de los españoles se concentró en el sur depredando el capital social y engendrando, así, una muy alta desconfianza que solo se resolvería con “una verdadera integración: infraestructura, generación de oportunidades de ingresos y un Estado que sea eficiente en entregar bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud y seguridad”. 

Pero, según Webb, los hogares con agua en la vivienda en esos dos distritos aumentaron de 15% a 73% entre 1993 y el 2007, y los que cuentan con desagüe de 1% a 30%. Ambos pueblos tienen hoy posta médica, el de Túpac Amaru con dos médicos, enfermera, obstetra, técnico y una ambulancia. Además, la nueva carretera asfaltada facilita la llegada rápida a otros centros y los caminos mejorados e inversiones en riego han favorecido el negocio de los cuyes, que se exportan diariamente a las ciudades cercanas.

Tampoco funcionaría, entonces, la tesis de Carranza. Agrega Webb: “Túpac Amaru y Sangarará están lejos de ser los distritos más olvidados. El más pobre en el 2012 fue Curgos, en La Libertad, donde 68% de la población votó a favor de Keiko. En un ránking anterior el más pobre fue Quillo en Áncash, donde también se favoreció a Keiko con 66%. Todo indica que el radicalismo electoral no tiene una explicación simple.

Habría que ver, sin embargo, cómo funcionan la policía y el Poder Judicial en la zona, y verificar los niveles de corrupción en los gobiernos locales de esos dos distritos cuzqueños. De hecho, en la región Cusco fueron escandalosos, al punto que casi todos los ex presidentes regionales terminaron presos. La enorme mayor cantidad de recursos derivados del canon del gas y las transferencias de Lima, convirtieron al gobierno regional del Cusco y a varias municipalidades en botines presupuestales.

Por último, una hipótesis que habría que explorar es la de una mayor prédica política e ideológica radical en esas zonas desde los años 60, mezclada con el sentimiento cusqueño de gran civilización conquistada y aplastada por los españoles y luego por Lima. 

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia