Rodrigo Espinoza
Investigador en temas constitucionales
Para Lampadia

El pasado 19 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 474/2021-PE que, en sus términos, pretende fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Entre otras disposiciones, plantea modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Estado para establecer que la Presidencia vaca por su permanente incapacidad “mental o física”, acreditada por una junta médica.

La vacancia por incapacidad moral forma parte de la denominada “Constitución histórica”. Fue introducida en la Carta de 1839 y ha permanecido sin mayores alteraciones a lo largo de los textos constitucionales. Tanto en el siglo XIX como ahora, “incapacidad moral” hace referencia a lo mismo: inconductas. Moral (del latín moralis) se refiere a costumbres, conductas. En ningún caso se pensó en algo “mental”. Prueba de ello está en los recientes diarios de debates constituyentes de 1933, 1979 y 1993, que, al parecer, el Ejecutivo no ha podido revisar.

• Solo como ejemplo histórico del intento de uso de esta causal podemos mencionar que, en 1864, Ramón Castilla promovió una moción para declarar la incapacidad moral del presidente Juan A. Pezet considerando que “la conducta observada por el Presidente (…) prueba su incapacidad moral para ejercer el Mando Supremo de la Nación”.
• El caso de Billinghurst, al que tanto se hace mención, es especial, pues la salida del Presidente se produjo por un golpe de Estado. Sin embargo, el manifiesto a la Nación preparado por el Congreso -que planteaba declarar la incapacidad moral- hacía referencia a inconductas, al acusársele de un “despotismo”, de haber provocado un “desgobierno” y de haber cometido un “delito contra la soberanía nacional”.

La intención de los constituyentes de 1839, al igual que la de los de 1993 fue contar con una cláusula abierta para remover al presidente en caso de inconductas. Esto es parte del sistema presidencialista y tiene sus símiles en toda América (“mal desempeño” en Argentina, “proceder de manera incompatible con la dignidad del cargo” en el Brasil, “indignidad por mala conducta” en Colombia o los “misdemeanors” en los Estados Unidos)

La preocupación que expresan algunos sectores por un posible uso arbitrario de la vacancia por incapacidad moral no tiene sustento. En los más de 180 años que tiene dicha cláusula en la Constitución, solo se ha utilizado de manera efectiva en apenas tres oportunidades: Billinghurst, Fujimori y Vizcarra. Incluso, sobre las dos primeras se podría decir que la declaratoria de incapacidad moral no fue la causa de la salida del Presidente: Billinghurst fue depuesto por un golpe de Estado y Fujimori abandonó el país sin retorno y renunció desde el exterior.

Sin duda, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que busca eliminar la válvula de escape en caso el presidente incurra en inconductas, fortalecería de manera desmedida al presidente de la República e iría contra la forma de gobierno peruana. Lampadia

Eliminar la incertidumbre generaría mucho más empleo que los bonos, a costo cero

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cuál fue el propósito del breve mensaje a la nación del Presidente de la República del día lunes? Fueron dos.

• El primero, tratar de llenar el vacío de liderazgo que le caracteriza, recordándole al país que él existe y gobierna. Por eso, comenzó su alocución asegurando que tiene un rumbo: “tenemos los objetivos y las metas claras… En los próximos días cada sector del gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades… Con ello se confirmará que tenemos un rumbo definido…”.
• El segundo propósito, el más importante, fue aparecer como el gran dador, el padre providente, evidentemente para contener la caída en su popularidad. Anunció que el 13 de setiembre se inicia la distribución de 350 soles a 14 millones de personas a un costo de 5 mil millones de soles. En las circunstancias actuales, esta es una medida populista o clientelista. Como bien señaló el ex ministro de Economía Waldo Mendoza el 30 de abril, ya no se necesita repartir bonos porque “ya no tenemos cuarentena completa”, y porque no tienen efecto duradero.

Quizá por eso el presidente Castillo justificó la medida con otra razón: como un medio para reactivar la economía. Dijo que la distribución de los bonos generará 40 mil empleos, algo que solo sería acaso posible si se repitiera ese reparto cada mes o cada dos semanas. De lo contrario el efecto desaparece.

En realidad, bastaría con que el Presidente suprima las causas de la incertidumbre política reinante para que se reanude la inversión privada y se genere, por esa vía mucho más que 40 mil empleos, y sin que le cueste un centavo al erario público. Para ello, basta con que anuncie que no apoya el proyecto de una asamblea constituyente y conforme un gabinete más calificado y menos radical, sacando a todos los ministros filo senderistas y a los incompetentes. Eso, como decimos, cuesta cero soles. 

Sobre esa base el Presidente podría establecer acuerdos de gobernabilidad con las bancadas de centro y centro izquierda, neutralizando así la amenaza de vacancia a la que se sumaría Perú Libre si se sintiera traicionado por el eventual giro político de Castillo hacia una posición más moderada y menos confrontacional.

El problema es que César Acuña y Eduardo Salhuana de APP se reunieron ayer con Castillo para prácticamente regalar su apoyo. Es cierto que pidieron el cambio de los ministros intolerables y, según Eduardo Salhuana, le advirtieron al Presidente que la iniciativa de la asamblea constituyente afecta a su gobierno y lo desestabiliza, pero no condicionaron el apoyo a una reconsideración sustancial en esos temas. No tiene sentido ofrecer apoyo si no es a cambio de que abandone esos proyectos y juntas. Lo que está haciendo APP es apoyar un gobierno que quiere instalar una asamblea constituyente -que ya sabemos para qué sirve- y que tiene dentro elementos derivados del senderismo. APP no está defendiendo a la sociedad con esa conducta. Nos está entregando.

Se trata de suprimir la incertidumbre para retomar la tranquilidad y el crecimiento. Pues la verdadera razón del gobierno para repartir bonos es paliar el alza de precios o la falta de empleo generados por esa misma incertidumbre y generar así una base social clientelista y agradecida al gobierno. Como hemos señalado, es el mismo perverso mecanismo que usaron Chávez y Maduro: empobrecer el país para generar una masa dependiente de las dádivas del gobierno.

El Congreso no puede entregarse tan fácilmente. Porque entrega a la sociedad toda. Lampadia

Humberto Reinafarge
Para Lampadia

Estamos a 14 días de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Que tiene de especial, aparte de la celebración mencionada. Se proclama al nuevo presidente de la República.

¿Qué sucederá?

1) Si el JNE proclama al Sr. Pedro Castillo como presidente, dadas las circunstancias actuales, es probable una reacción en contra de parte de la población (en representación del 50 % que votó por FP). El JNE ha negado la Auditoría solicitada por Fuerza Popular a una cantidad de actas, que si se revisarán podrían dar como ganador a la Sra. Fujimori. En este caso también habría una fuerte reacción del pueblo que ha respaldado a la otra parte (el otro 50 % que votó por Perú Libre).

¿Qué sucederá?

2) De ser proclamado Pedro Castillo, como hasta ahora lo tiene definido el JNE, no sabemos porque no dice nada sobre si seguirá el Programa de Gobierno de Perú Libre, liderado por el Sr. Cerrón, o lo abandona y asume un programa de izquierda, pero más moderado que el de PL.

¿Qué sucederá?

3) La incertidumbre generada por la actuación personal del Sr. Castillo viene afectando a la sociedad, especialmente en lo económico, como es el caso de la devaluación del dólar que ya generó un importante incremento de precios que afecta principalmente a la clase menos pudiente y a los microempresarios, y a todas las Empresas y población nacional.
Definida su posición el 28 de Julio, si fuera proclamado, sabremos cual posición adoptó.

¿Qué sucederá?

4) Si a lo económico le añadimos lo político, proponer ese mismo 28 una nueva Constitución.
Es previsible que presentará al Congreso una propuesta de esta naturaleza, como así ya lo ha declarado.
Luego, o el Congreso lo aprueba, o si no lo aprueba, tal como también ha declarado “Si el pueblo lo pide” el seguirá adelante contra el Congreso, la Constitución y las leyes.

¿Qué sucederá?

5) Nos detenemos un momento para señalar que estaría incurriendo en falta constitucional que podría llevarlo a la vacancia.
Vacancia, que hasta podría ser conducido por el partido PL. Este tendría 2 razones para hacerlo: conseguir la Constitución perseguida, o que las fuerzas políticas logren vacar a PC y se proclame presidente a la Vice, Sra. Boluarte.

¿Qué sucederá?

6) El Poder Judicial acaba de admitir a trámite un Habeas Data presentado por FP.
¿Tendrá efectos para evitar la proclamación de la Presidencia?
¿Qué sucederá?

Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Al cierre de la presentación de listas de pre-candidatos presidenciales, tenemos 33 listas, de 24 partidos inscritos en la ONPE. Que el menú sea amplio, no significa que los platos sean buenos, sino que hay una gran cantidad de personas que se perciben “presidenciables” y los requisitos para poder postular son mínimos. Desde hace tiempo me pregunto, ¿por qué personas sin preparación, sin ideas ni convicciones y sin experiencia, podrían creer que están a la altura de tan grande responsabilidad? Y, siempre termino respondiéndome a mí misma, que la premisa de la pregunta es errada y que lo más probable es que menos del 10% de aquellos pre-candidatos hagan una reflexión sobre su propia idoneidad, tanto intelectual como moral, para ocupar el más alto cargo del país.

Un ejemplo perfecto de esto es el ex – presidente Ollanta Humala (OH). Un militar cuestionado (Locumba, Andahuaylazo, “Capitán Carlos”), que hizo un gobierno malo y corrupto, pero que no se avergüenza de expresar sus ambiciones de llegar nuevamente al sillón presidencial y hoy es único pre-candidato en la lista del Partido Nacionalista. En su gobierno, crecimos a un magro promedio de 3% anual, mientras que en el quinquenio anterior crecíamos a 7%. Su política de “incluir para crecer”-carente de lógica, hizo que se infle el gasto corriente, superávit y endeudamiento, mientras que la inversión privada creció sólo 2% en promedio durante su gobierno – antes esta cifra crecía 19% anual en promedio. Siempre me pregunto ¿de dónde creen los izquierdistas que sale la plata? La pobreza sólo se redujo en 20% durante su mandato – producto de las políticas del gobierno anterior, donde la pobreza se redujo casi a la mitad. OH se dedicó a programas sociales plagados de burocracia y corrupción, y en paralelo a espantar la inversión privada con amenazas y cambios en regímenes tributarios (ej. minería) y renegociación de contratos (lotes 56 y 57 de Camisea), llegando hasta menos de 50 puntos en el índice de confianza del consumidor.

Además de su fallido performance como presidente, nunca cumplió su (estúpida) promesa más importante de campaña, el famoso “Balón a 12 soles” – promesa que luego desmintió. Mientras carcomía la economía, se encargó de darle más de US$8,000 millones en obras – muchas de ellas inservibles, a las empresas brasileras corruptas Odebrecht y OAS. Aún se están haciendo investigaciones sobre el rol del exmandatario en estas cuestionadas obras y sus coimas, sin embargo, ya tiene una denuncia fiscal por lavado de activos por haber recibido fondos de campaña tanto de Odebrecht como del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. Esta denuncia fue realizada por el fiscal Juarez Atoche en mayo de 2019, sin embargo, sigue en la etapa de “control de la acusación” en manos del juez Concepción Carhuancho hace más de 1 año – entre audiencias y dilataciones por temas de COVID-19. Luego de esto, iría a juicio oral, y de ser juzgado culpable, podría ir hasta 20 años a prisión.

Este es el caso más claro de pretensión de la presidencia para escudarse bajo la inmunidad que ésta otorga. Pero, entonces ¿Quién protege a los electores? La ley establece que nadie con sentencia privativa de la libertad puede postularse, lo que deja esa parte en manos de una lenta, inepta y oscura fiscalía y poder judicial. Sin embargo, la otra pieza clave son los leves requisitos para postular a la presidencia: ser peruano de nacimiento (ojo con Forsyth), ser mayor de 35 años, gozar de derecho de sufragio. Para tan importante cargo, esos requisitos no parecen ser suficientemente duros y debiéramos modificarlos para subir la valla y establecer criterios más acordes con el perfil necesario para un presidente de la república.  ¿Ahí no debió estar el enfoque de la reforma política?

Referencias:

https://andina.pe/agencia/noticia-ollanta-humala-y-nadine-heredia-de-delito-los-acusa-fiscalia-750834.aspx

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-hay-33-precandidatos-a-la-presidencia-de-la-republica-nczg-noticia/?ref=gesr

https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-barata-visito-a-humala-hasta-en-4-ocasiones-en-palacio-de-gobierno-nndc-noticia/

elmundo.es/america/2011/09/29/noticias/1317259479.html

https://diariocorreo.pe/politica/reanudan-caso-humala-despues-de-seis-meses-noticia/

https://gestion.pe/peru/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-control-de-acusacion-por-caso-odebrecht-culminaria-en-abril-nndc-noticia/?ref=gesr

https://www.bcrp.gob.pe/

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo4.html

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Después de tanto tocar temas de salud y desmanejo en este gobierno, tenia previsto abordar el asunto que verdaderamente nos debe convocar, el tema de la educación.

A la luz de la historia del Perú de los últimos 50 años, estoy persuadido y desde hace algún tiempo repito, que las generaciones que ahora tienen más de 40 años de edad, ya son lamentablemente “no rescatables” desde el punto de vista de visión, valores y conocimientos. Que los que están en los treintas, probablemente puedan enmendar rumbos y que sólo los de la generación de los veintes para abajo, hasta los por nacer, son aquellos peruanos en los que debemos de iniciar un trabajo educativo diferente al actual.

Efectivamente, debemos desarrollar un nuevo peruano, capaz de ser ciudadano del mundo y con valores universales. A medida que pasan los años, la calidad ciudadana en el Perú ha declinado, pues salvo muy honrosas excepciones, el sistema educativo forma ciudadanos mediocres, moral, académica e intelectualmente, el sistema de salud ya demostró su incapacidad en medio de la pandemia, el sistema judicial (jueces y fiscales) viene demostrando su incapacidad para investigar, estructurar y presentar una buena y oportuna acusación, para lograr una justa y oportuna sentencia, y no pasarse los años en procesos mal manejados, que al término de décadas y tras sentencias en corte suprema, se reabren, para empezar de nuevo. Los sistemas de seguridad PNP y FFAA, cada vez más decadentes, con jefes acusados y sentenciados por inconductas y robos, oficiales y personal subalterno cada vez más desmoralizado y todos mal remunerados. Estructura del Estado diseñada para la improductividad y el robo, tanto en gobierno central, regionales y locales. Congresistas impresentables, sin valores, preparación, ni visión de largo plazo.

Cuando las cosas estaban “de mírame y no me toques”, aparece en el congreso, las grabaciones del presidente Vizcarra, en una “coordinación de la estrategia” con su grupo de colaboradoras, que al mejor estilo de “la banda del choclito”, se preparaban para sostener una más de las mentiras que el ejecutivo ha venido manejando durante estos últimos años. En esencia, se armó el “aquelarre”, donde ya nadie se salva y quien sostenía ser “el abanderado de la lucha contra la corrupción”, termina siendo el Satanás, rodeado de brujas y brujos para este episodio.

¿Qué le ha pasado a nuestro país para que tenga que caer tan bajo? ¿Por qué tiene el Perú que soportar esa mediocridad y delincuencia, copando todos los poderes del Estado? ¿Por qué se ha perdido la dignidad y el concepto del honor? Nuestro país del día de hoy y camino al bicentenario, tiene más de 32 millones de ciudadanos que no merecemos estar en manos de esta gente. No es posible que se haya destruido la institucionalidad, que la delincuencia se haya entronizado y que el tango “cambalache” parezca un himno compuesto para esta efeméride.

La disyuntiva en este momento es; ¿debe Vizcarra ser vacado por su evidente incapacidad moral, confirmada por las grabaciones? ¿Debemos sostenerlo, a pesar de todo, ante las crisis sanitaria y económica que enfrentamos, para que concluya los meses que le faltan? ¿Nos podemos imaginar la catástrofe fiscal, teniendo al Sr. Merino de presidente y dando curso a la hemorragia legislativa populista, promovida por un congreso desbocado? Evidentemente, en ninguno de los casos, Vizcarra tendrá autoridad alguna para conducir los destinos del país y por lo tanto, sería necesario generar un “pacto de gobernabilidad”, que permita convocar a un Primer Ministro, con peso propio y capacidades personales y políticas, capaz de constituir un gabinete, para conducir el proceso electoral con neutralidad, concluir el mandato y entregar la casa ordenada a quien resulte elegido.

En este “aquelarre”, la figura del Presidente de la República debería pasar, claramente, a un segundo plano, pues a toda la incapacidad demostrada durante su mandato, acaba de agregar la incapacidad moral y el deshonor. Lampadia

¿La disolución del Congreso de la República, decretada por Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, cumple con la previsión constitucional contemplada en el artículo 134º de la Constitución Política del Perú?

Natale Amprimo Plá
Para Lampadia

La Constitución Política del Perú contempla en sus artículos 130º, 132º y 133º la llamada “cuestión de confianza”, prevista para dos situaciones distintas.

La del artículo 130º, es una cuestión de confianza de carácter obligatorio, que supone que, dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión; planteando al efecto la cuestión de confianza obligatoria, para lo cual se debe seguir el procedimiento contemplado en el artículo 82º del Reglamento del Congreso de la República.

Por su parte, los artículos 132º y 133º de la Constitución se refieren a la cuestión de confianza voluntaria, que es la que se plantea por iniciativa ministerial, siguiéndose el procedimiento contemplado en el artículo 86º del Reglamento del Congreso de la República. Esta iniciativa puede ser planteada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o, de manera individual, por cualquiera de los ministros.

Como se desprende de la lectura de la normativa invocada, el procedimiento y características de cada tipo de cuestiones de confianza es diversa, aún cuando también tienen aspectos en común.  Así, si bien ambas se plantean ante el Pleno del Congreso, se distinguen, por ejemplo, en que la cuestión de confianza obligatoria debe ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente.  Por el contrario, la cuestión de confianza voluntaria se debate en la misma sesión que se plantea o en la siguiente, pero el Reglamento no contempla plazo para que sea votada.

En ambos casos; esto es, tanto en la cuestión de confianza obligatoria como en la voluntaria, cuando ha sido formulada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, si la confianza es denegada, el Consejo de Ministros en pleno debe renunciar.  En este último supuesto también hay una diferencia, mientras que en el caso de la cuestión de confianza obligatoria, una vez que el resultado de la votación le es comunicado al Presidente de la República, éste debe aceptar la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato; en el caso de la cuestión de confianza voluntaria, el Consejo de Ministros debe renunciar, teniendo el Presidente de la República setenta y dos horas para aceptar la dimisión.

En cuanto a los supuestos para plantear la cuestión de confianza, nuestra Constitución no los establece expresamente para la cuestión de confianza facultativa, a diferencia de lo que ocurre con la obligatoria, en que se precisa que es para debatir y aprobar la política general del gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del presidente del Consejo de Ministros. De ahí que el Tribunal Constitucional, con motivo de la sentencia dictada en el Expediente Nº 0006-2018-PI/TC, del 6 de noviembre pasado, desarrollando la figura de la cuestión de confianza expresó en el Fundamento 72, que ésta figura “… que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera amplia, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”  (subrayado mío). 

Es más, en el Fundamento 76, el Tribunal Constitucional vuelve a puntualizar que la cuestión de confianza está contemplada para ser promovida respecto de “… los asuntos que la gestión del Ejecutivo demande”.

El artículo 134º de la Constitución Política del Perú dispone que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Como indica BERNALES BALLESTEROS, “… la fórmula pareciera sugerir una especie de revancha que no corresponde con los propósitos jurídico-políticos que deben inspirar la facultad de disolver; no se trata de una respuesta al número de veces que se censura al gabinete sino a la gravedad del hecho generador de la crisis”.[1]

En cuanto a la facultad presidencial de disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional también la analiza en la sentencia emitida en el Expediente Nº 0006-2018-PI/TC, señalando en el Fundamento 100 que la Constitución es específica para viabilizar la disolución, pues para ello “… el Congreso debe haber ‘censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros’”.

Así, a efectos de explicitar los escenarios que tiene el presidente de la República para ejercer la facultad de disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional los detalla en su Fundamento 103, puntualizando que éstos son cuatro:

1. Si se ha censurado a dos gabinetes;
2. Si se ha negado la confianza a dos gabinetes;
3. Si se ha censurado a un gabinete y posteriormente se le ha negado la confianza a otro gabinete; y,
4. Si se le ha negado la confianza y posteriormente se ha censurado a otro gabinete.

La “cuestión de confianza” a la que se alude en el decreto de disolución -y que habría sido promovida para que se modifique la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo relativo al procedimiento de elección de magistrados-, no guarda relación con ninguno de los asuntos que la gestión del Ejecutivo pueda demandar, toda vez que la elección de aquellos, conforme con el artículo 201º de la Constitución, constituye competencia exclusiva del Congreso de la República.

Por otro lado, el planteamiento de una cuestión de confianza, aún en el supuesto negado que fuera viable por las razones sustantivas antes mencionadas, no paraliza ni suspende el ejercicio de las atribuciones constitucionales reservadas para el Congreso de la República. Me explico: la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, y la formulación de una cuestión de confianza respecto del mismo, no implica que se deba saltar el procedimiento parlamentario para el debate de la cuestión de confianza o para la aprobación del proyecto que se propone, dado que, en cuanto a la cuestión de confianza, el inciso c) del artículo 86º del Reglamento del Congreso dispone que la cuestión de confianza se debate en la misma sesión que se plantea o en la siguiente, lo que claramente implica que el Congreso puede válidamente continuar en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

En cuanto a la aprobación del proyecto que se propone, el artículo 73º del Reglamento del Congreso de la República contempla todo el procedimiento legislativo que debe desarrollarse y no puede obviarse salvo que, como lo prevé el artículo 31-A del mismo reglamento, la Junta de Portavoces del Congreso de la República apruebe la exoneración de los trámites de envío a comisiones y pre-publicación; y, de ampliación de agenda y la determinación de prioridad en el debate.

Es importante precisar que, para el caso de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter urgente, la exoneración para el trámite de envío a comisiones y pre-publicación, requiere sólo ser aprobada por la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados, a diferencia de la votación que se necesita para proyectos distintos a los remitidos por el Poder Ejecutivo, en los que se necesita el voto favorable de tres quintos.

En ese sentido, no hay norma alguna que establezca que, formulada, aunque aún no debatida ni votada, la cuestión de confianza, ésta, por el solo hecho de haber sido planteada, produce efectos automáticos y paraliza al Congreso de la República en cuanto a su ejercicio, que es la tesis que se sustenta en el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM. La facultad de disolver el Congreso, requiere de una negación de confianza a dos gabinetes, a la que no se llega por vía interpretativa, sino que necesita una manifestación expresa denegatoria de la confianza por parte del Parlamento.

Por todo ello, soy de la opinión que la decisión del presidente de la República de disolver el Congreso, conforme a las razones que aparecen en el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, no se ajusta a la previsión constitucional, al Reglamento del Congreso de la República, ni a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia que he comentado. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 4 de mayo de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El 1° Nivel – digamos… el Presidente de la República – quiere mejorar el bienestar de los peruanos. Yo le creo. El presidente Vizcarra está mortificado por la corrupción y la lentitud en las instituciones públicas. Ha pasado más de un año y la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero avanza a paso de tortuga. En Ica, todos los puentes dañados siguen tal cual quedaron después del desastre.

El 2° Nivel – el Consejo de Ministros – piensa igual. Ellos acogen – y comparten – la política del presidente. Todos los ministros pretenden ser más expeditivos en sus respectivos sectores. Pero no. Nada camina como debiera… no solo la reconstrucción. Nada fluye con normalidad. Ni las obras, ni los servicios públicos.

Los Vice Ministros – el 3° Nivel – reciben mucha presión de sus ministros. Incluso, del propio presidente. Pero tampoco son capaces de desatar el nudo. Ordenan, exigen, invocan, y – hasta – amenazan a sus Directores Generales… pero nada. Las colas y los maltratos están a la orden del día. La reconstrucción no avanza. Incluso, muchas obras ni siquiera han empezado.

Los Directores Generales – el 4° Nivel – se sienten impotentes. Ellos ocupan cargos de alto rango – cargos de confianza como los Ministros y Vice Ministros – pero en la práctica no logran que los servidores del 5° Nivel – y menos los que le siguen – respondan a las expectativas de la ciudadanía.

¡He ahí el problema! A partir del 5° Nivel todo se traba. Ahí hay muchos servidores públicos – millones – que llevan años vegetando en el Estado. Muchos entraron a trabajar – tiempo atrás – por recomendación de algún padrino político… congresista, ministro, gobernador, alcalde, etc. Peor aún. Muchos “compraron” sus puestos coimeando a funcionarios encargados de la contratación de personal. Y otros tantos “ganaron” concursos de trabajo engañando al Estado con certificados de estudios y/o de experiencia laboral… falsos. ¡Todo bamba! Esa gente no tiene – ni nunca tuvo – mérito alguno para estar donde están. No obstante… ahí están.

Ahí – en la Costra del 5° Nivel – está la corrupción generalizada que sangra – de sol en sol – a los ciudadanos de a pie. Ahí está la resistencia boicoteadora, cuya máxima aspiración es el fracaso del Estado. Ahí están los funcionarios que – sin piedad – maltratan a los peruanos. Ahí están los indolentes que no se inmutan ante el dolor de la gente pobre. Ahí están los ineptos cuyo único mérito es ser allegado de algún padrino político. Ahí están los que por miedo – o sabe Dios porqué – no firman nada, y por ende lo traban todo. Por último, ahí están los ociosos que se la pasan leyendo periódicos faranduleros o chismeando a través de las redes sociales. Así es la Costra del 5° Nivel.

OTROSÍ: Hamlet – el personaje máximo del genial William Shakespeare – dijo “ser o no ser, ésa es la cuestión” mientras libraba una lucha entre la vida y la muerte, dentro de sí. Pues bien, yo creo que el Estado peruano – nuestro Estado – está frente a una disyuntiva igual de dramática que el dilema hamletiano.

“Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Muchos servidores públicos de nuestro país – yo diría… la mitad – NO merecen estar donde están. Es patético… por ese cardumen burocrático nuestro Estado se debate entre la vida y la muerte.

Claro que tenemos buenos servidores públicos. Repito. La mitad de nuestra burocracia estatal es excelente. Inteligentes, serviciales, puro punche, y honestos. Con ellos basta y sobra para gestionar bien el Estado. El problema es la otra mitad.

¡Disolver! El problema de la Costra del 5° Nivel se resuelve disolviéndola. Los peruanos NO merecemos esa lacra burocrática. Nos están matando poco a poco. Tienen que salir de donde están. La ley nos ampara. “Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia

El clima de la política peruana sigue enturbiándose. Esto, se suma a un rebote de la economía que está lejos de llegar a los niveles de crecimiento necesarios, y que puede volver a desestabilizarse, por los problemas de la reconstrucción pos niño costero. Además, durante las últimas semanas, se han agudizado los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas, así comoentre las instituciones del Estado.

• Se ha vuelto a abrir la brecha entre el partido PPK y Fuerza Popular (FP).
• El Ministerio Público ha recurrido a la fórmula, desproporcionada y abusiva, del ‘crimen organizado’, para investigar a Keiko Fujimori y Alan García.
• La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas omisiones de función.
• El Congreso de la República abre proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por la manipulación del voto de otro tribuno, lo que les permitió reabrir, irregularmente el caso de El Frontón.

El caso del Frontón

La denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC intenta aclarar un acto completamente antiético e inmoral (y eventualmente punible según el Código Penal), ya que no se puede defender que se le cambia el sentido al voto del ex magistrado Vergara Gotelli con el solo objetivo de restar su voto y así anular un hábeas corpus para poder reabrir el proceso por lesa humanidad en el Caso El Frontón.

Esto interpreta erróneamente (y adrede) el voto del magistrado Vergara Gotelli, despojándolo de su voto. En realidad, como ha explicado el ex magistrado Ernesto Alvarez, uno de los coautores de la sentencia, Vergara Gotelli había sido incluso más radical que los otros tres magistrados en el asunto de la lesa humanidad: para él ni siquiera tenía sentido discutirlo porque no se podía aplicar para eventos ocurridos antes del 2003. Ver en Lampadia: La increíble anulación del habeas corpus que negaba lesa humanidad en los hechos de El Frontón.

En este sentido, es importante tomar nota de la publicación al respecto, del magistrado José Luis Sardón de Taboada:

Sobre el Caso El Frontón, José Luis Sardón de Taboada, El Comercio, 12 de noviembre de 2017 (glosado)

A mi modo de ver, no cabía ni cabe, de ninguna manera, “subsanar” el voto de Vergara Gotelli en este caso, puesto que él firmó las 24 páginas que contiene dicha sentencia. Así, resulta indudable que estaba de acuerdo con el fallo o conclusión de la misma.

Los magistrados firmamos una sentencia cuando estamos de acuerdo con su fallo.

El fallo de esta sentencia establece que los hechos ocurridos el 18 y 19 de junio de 1986 en El Frontón no son delito de lesa humanidad.

Según Vergara Gotelli, solo hechos ocurridos desde el 2002 o 2003 –cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y se suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad– pueden ser calificados de esa manera.

La sentencia resolvió el caso por razones de fondo; en cambio, Vergara Gotelli presentó un argumento alternativo: calificar los hechos de El Frontón como delito de lesa humanidad implica admitir la retroactividad de la ley penal.

La Constitución Política del Perú solo admite la retroactividad de la ley penal benigna.

La “subsanación” del voto de Vergara Gotelli ha significado que se reabra el proceso penal en su contra [los marinos que participaron en los hechos de El Frontón hace ya más de 31 años], y se los siente nuevamente en el banquillo de los acusados, bajo amenaza de terminar sus días en la cárcel.

La verdad es que estos actos dejan clara la corrupción y manipulación dentro de las instituciones jurídicas, ya que los magistrados la institución encargada de velar por la constitucionalidad en el Perú, terminan manipulando una sentencia.

Como afirmó Jaime de Althaus en su columna El caso de los cuatro magistrados del TC es muy grave: “Si magistrados constitucionales son capaces de despojar del sentido del voto a un magistrado anterior para anular un hábeas corpus violentando incluso la cosa juzgada, es que la descomposición institucional ha llegado al más alto nivel poniendo en peligro al sistema mismo.”

Por eso, en Lampadia estamos convencidos que hay que proceder con la acusación constitucional que se ha presentado contra los cuatro magistrados responsables y así lograr eliminar estos actos en el órgano del Estado que debe mantener más imparcialidad y justicia y que, en vez, se corrompe usando el poder estatal para satisfacer intereses políticos.

El tipo penal de crimen organizado

Si no ha sido utilizada con intenciones políticas, solo cabría la explicación de que ésta permite mayores tiempos y facilidades para la investigación. Sin embargo, eso puede llevar a que los acusados estén impedidos eventualmente de postular a cargos públicos con lo cual se configura un hecho político.

En nuestra opinión, este es un hecho absurdo, abusivo e innecesario. Por ejemplo, el acusar a Fuerza Popular de organizar cocteles para levantar fondos deja claramente establecido lo inapropiado del proceso.

El error jurídico y político de la acusación al Fiscal de la Nación

Lamentablemente, Fuerza Popular ha actuado torpemente al denunciar constitucionalmente al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La acusación presentada por vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry es apresurada y viene en un mal momento que solo distrae del verdadero problema. Además, su acusación no está bien sustentada y carece de sustento jurídico, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.

Según Sánchez: “Hay una falsedad además del uso de adjetivos inapropiados tratándose de una autoridad como la que represento. No solo me atacan a mí, sino a toda la institución que presido y eso afecta el Estado democrático de derecho. Espero que la Comisión Permanente del Congreso entre en razón y archive este caso por falta de pruebas”. 

Salaverry habría indicado en su denuncia que el Ministerio Público no estaba investigando a las constructoras peruanas consorciadas con la brasileña Odebrecht, pero hace ya dos meses que se está investigando a las constructoras que están implicadas en el caso Lava Jato.

Esto no quiere decir que la Fiscalía no pueda ser denunciada por el Congreso, eventualmente, cuando los hechos lo ameriten. por mala conducta.

¿Qué debemos hacer ahora?

La acusación contra los cuatro funcionarios del TC es evidentemente correcta y ésta no debe confundirse ni con situaciones parecidas de los años 90 ni acusar de pérdida de legitimidad al sumarse la acusación contra el fiscal de la nación.

Todavía estamos  a tiempo de frenar un enfrentamiento que lleve a la destrucción mutua de las fuerzas políticas y las instituciones del Estado. Esperamos una inmediata corrección por parte de los actores reseñados y esperamos, además, una reacción nítida del Presidente de la República, que por su trayectoria personal y por el cargo que ostenta, está llamado a romper esta destructiva inercia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres publicó un artículo en El Comercio señalando la necesidad de legislar precisando en qué casos procede el pedido de cuestión de confianza. Esto a partir de la reciente cuestión de confianza que, según él, habría sido planteada indebidamente para prevenir la censura de una ministra, cuando según la Constitución sólo procedería en defensa de una política del gobierno.

En realidad, el gobierno justificó la cuestión de confianza porque se estaba afectando la continuidad de la reforma educativa, a consecuencia de la eventual censura a dos ministros de educación en el plazo de meses. Hay quienes argumentan que la censura a uno o dos ministros no tiene porqué alterar una política fijada, pero otros señalan que no se puede desarrollar una política si se está cambiando de ministros y equipos a cada rato.

Fuente: blogspot.com

En la medida en que ambos argumentos tienen algo de razón, y en que la interpretación constitucional de qué es o no es válido es abierta y discutible, vale la pena preguntarse si tiene sentido introducir parámetros precisos que limiten el ejercicio de la cuestión de confianza.

En realidad, si el Congreso está en manos de una mayoría opositora al Gobierno, y la gobernabilidad es complicada, la Constitución debería facilitar mecanismos de salida. En esto, los regímenes parlamentarios son perfectos, pues la mayoría congresal tiene por definición el Ejecutivo: no puede haber enfrentamiento de poderes. Aquí hemos intentado traer una institución parlamentarista, pero complicándola de manera tal que puede terminar generando más incertidumbre.

La cohabitación

En un régimen presidencialista, una opción mucho más clara es que el Presidente de la República, ante una situación de entrampamiento, pueda disolver el Congreso a la primera y sin expresión de causa, llamando a elecciones parlamentarias, pero con la consecuencia de que, si la oposición gana esas elecciones, allí sí ella –la mayoría- pone al Premier (a quién solo el Parlamento podría retirar y cambiar, quedando el Presidente como una figura de segundo orden). Es decir, la cohabitación. Eso volvería más cautos tanto al Presidente como al Congreso. Pero sería una salida más expeditiva y limpia que la posibilidad de que en una nueva elección congresal gane la mayoría opositora y continúe haciendo una oposición eventualmente obstruccionista o destructiva. No se habría resuelto nada.

La prueba es lo que puede ocurrir ahora. Sin duda la denegación de la cuestión de confianza ha generado un nuevo equilibrio en la medida en que será ya mucho más difícil que el Congreso censure a un ministro. Es un avance. Pero el hecho de que se haya pasado a una relación no destructiva no implica que se haya pasado a una colaborativa. Un acuerdo político en torno a las grandes reformas, que es lo que el país necesita, sigue sin asomar por ningún lado.

Mientras Fuerza Popular considere que para ganar las elecciones del 2021 no debe asociarse a un gobierno percibido como devaluado y debe ser y parecer oposición dura, esa actitud, aunque más moderada, se mantendrá. La prueba es lo que ocurrió luego de la promisoria reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori. El clima político cambió y prendió la ilusión de que podía ser el primer paso para un acuerdo de fondo. Pero la decepción no tardó en llegar. La decisión de censurar a la ex ministra Martens fue el puntillazo final. Es posible que Keiko Fujimori solicitara aquella reunión a PPK motivada no por un deseo genuino de concertar, sino para prevenir la insurgencia de su hermano Kenji dentro de Fuerza Popular.

El mecanismo Zavala – Chlimper no funcionó

Por eso no funcionó tampoco el mecanismo de coordinación que se montó después de esa reunión, pensado para concretar los temas conversados entre PPK y Keiko Fujimori. Fernando Zavala y José Chlimper fueron los encargados. Se reunieron varias veces, pero ninguno de los acuerdos se cumplió. Carlos Bruce ha explicado que cuando llegó a la comisión de Economía el proyecto de ley para recuperar la creación de una unidad en Proinversión que permitiera expropiar y sanear terrenos para acelerar las APPs, cuyo decreto legislativo había sido derogado, Fuerza Popular se opuso o exigió una serie de requisitos, contraviniendo lo conversado en la reunión PPK-KF. Allí quedó por el momento el proyecto (no sabemos si Mercedes Araoz se lo ha planteado a Luis Galarreta nuevamente). Peor suerte aun corrió el proyecto de ley remitido para moderar los efectos fiscales de la ley de pensiones militares y policiales, que en buena cuenta restablecía la cédula viva. Dicho proyecto de ley, que también fue conversado en la famosa reunión, sencillamente fue archivado en la Comisión de Defensa.

Es posible que en esto haya jugado el hecho de que José Chlimper no es congresista y por lo tanto carece del suficiente ascendiente entre los parlamentarios y su correa de transmisión es lenta. O, como se comenta en FP, que algunos acuerdos hayan sido contradichos luego por el propio PPK. Igualmente, Keiko Fujimori tendría más autoridad si fuera Congresista. El corolario es que la reforma política debe considerar que el candidato presidencial sea a la vez candidato al Congreso, para que los acuerdos políticos entre partidos y con el gobierno sean más factibles. 

El hecho es que ni las reuniones Zavala – Chlimper, ni las que tuvo Zavala con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para acordar una agenda legislativa, sirvieron tampoco para prevenir la decisión de Fuerza Popular de censurar a Marilú Martens, es decir, para conversar la manera en que la ex ministra pudiera salir del ministerio sin necesidad de llegar a la censura.

Elección del Congreso luego de segunda vuelta

Ahora bien, los franceses probaron la cohabitación, que fue una solución incómoda, y por eso fueron incluso más allá: cambiaron la fecha de la elección de los congresistas de modo que esta se realice apenas después de la elección presidencial. De esa manera los ciudadanos deciden conscientemente si le quieren dar mayoría al Presidente en aras de la gobernabilidad, o más bien quieren controlarlo con un congreso opositor. Es decir, la posibilidad de un congreso opositor que complique la gobernabilidad no queda librada al azar y las posibilidades de que el Ejecutivo tenga mayoría son mucho mayores.

Si completamos esto canjeando el voto preferencial por un sistema de distritos uni o bi nominales para elegir congresistas, que tiende a reducir el número de partidos y mejora los canales de representación, pues habremos terminado de darle gobernabilidad en el largo plazo al país. Son las reformas que necesitamos. 

El ‘odio’ ha sido uno de los más importantes protagonistas de las dos últimas elecciones generales en el Perú. En la primera de ellas, en que se eligió como Presidente de la República a Ollanta Humala, el odio, el desprecio y la desconfianza invadieron el juicio de buena parte de los ciudadanos y especialmente del establishment limeño, de los jóvenes que solo vivieron en nuestros mejores años de desarrollo y del mundo académico tuvimos el aporte la ominosa frase del caviar importado por la PUCP, Steven Levitsky: “Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay certezas”, que según Perú21, marcó la campaña electoral de la segunda vuelta [2011] que ganó el nacionalista.

Con el ingreso a prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha terminado de alguna manera, su ciclo político y debiéramos preguntarnos qué llevó al país a votar por ellos, y empezar a recoger los testimonios de reconocimiento del error y los consiguientes pedidos de perdón.

Empecemos por los padrinos o garantes de Humala-Heredia, los Vargas Llosa, con Álvaro que salió primero y parece ahora representar al padre en los juicios políticos.

Afirmación de Álvaro Vargas Llosa y respuesta del director de Lampadia

El daño es inmenso

El daño a los peruanos es más que un presidente vergonzoso y corrupto. Veníamos de un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejoras sociales que fue interrumpido en el 2011 con lo que en Lampadia hemos llamado ‘Punto de Inflexión’, gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda presidido por el ubicuo Salomón Lerner.

La asunción de Humala al poder interrumpió la inversión privada, el crecimiento, la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Generó el regreso de la ideología al Estado. Se sembró la desconfianza en la inversión privada en todos los sectores. Se infló la planilla estatal y se regresó a vivir con déficit fiscal.

Este es el daño al que nos referimos; y es que en el 2011 se produjeron dos cortes muy graves en el proceso virtuoso que estábamos viviendo, tanto en aspectos sociales como económicos. En el aspecto social, se cortó la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. En lo económico, el cuadro inferior muestra claramente la caída de la inversión privada, principalmente en la minería moderna que detuvo el crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que trajo consigo una importantísima disminución de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y desigualdad en la última década.

Una de las peores consecuencias de haber abierto las puertas del Estado a esta gente, fue la confusión en las relaciones causa-efecto sobre la inversión y el desarrollo socio-económico, que se inculcó entre los ciudadanos, funcionarios del Estado y los medios de comunicación.

Inconsecuencia moral

Lo menos que se puede esperar de quienes propiciaron el gobierno de Humala y de los que participaron en él, es que se reconozcan los errores. Qué pena que tengamos garantes de tan mala calidad como los Vargas Llosa.

El ‘odio’ en la política

En la historia universal, el odio ha llevado a los mejores pueblos a cometer atrocidades. En el caso del Perú, gracias a Dios se limita a las opciones políticas, pero es claro que ciega al punto de dañar el desarrollo del país, algo que afectará mayormente a los jóvenes que no tienen suficientes elementos de juicio para evaluar los acontecimientos sin dejarse llevar por los ánimos de venganza y resentimiento.

La mejor expresión del odio en la política peruana es el último artículo de Mario Vargas Llosa, publicado ayer en La República: “¿Indultar a Fujimori?”. Hagan su propio juicio: ‘Enlace‘. Lampadia

Ante el nombramiento de los nuevos directores del BCRP, Elmer Cuba, Rafael Rey y José Chlimper, por parte del Congreso, la primera declaración del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (la que salía de su propio seno), fue positiva, seria y aprobatoria de los nombramientos. Por ejemplo, sobre Chlimper, dijo: “que está muy calificado para ese cargo”.

Posteriormente, el Presidente fue cambiando de posición, presumiblemente por la música que sus adláteres le tocan al oído. Sin embargo, en su última apreciación del tema, el Presidente, como corresponde, puso los paños fríos, declarando que “estamos haciendo una tormenta en un gotero”.

Fuente: Redes y Poder

Lamentablemente, su primer Vice-Presidente, Martín Vizcarra, sigue echando carbón a la hoguera. Luego de las palabras finales de PPK, Vizcarra volvió a cuestionar la elección de Chlimper al BCRP: “porque carece de independencia política”.

Cada día se hace más evidente que PPK estaría rodeado por gente que tiene otras agendas, no las del gobierno ‘de todos los peruanos’, sino la de las elecciones del 2021. Esto parece muy claro en el caso de los dos vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, que junto con los reciclados voceros políticos del partido, Bruce y Sheput, impiden todos los días la convergencia de las fuerzas políticas afines a la economía de mercado. Concretamente, con Fuerza Popular, que ya ha demostrado varias veces su vocación por apoyar el gobierno de PPK. Tampoco se pueden obviar las intervenciones de los halcones de Fuerza Popular, como las de Becerril.

Pero más allá de las posiciones de uno u otro partido en la compulsa política, están las necesidades del país. Que el crecimiento de la economía traiga de regreso la solidez de la caja del Estado para enfrentar las mejoras en educación, salud e infraestructuras y la agenda de reformas, que por ahora parece estar invernando, ante un gobierno que a sus 100 días parece seguir en campaña o en una desenfocada confrontación política con el partido mayoritario del Congreso.

Como dijimos hace 2 semanas, (Coyuntura política y deseable evolución), los ciudadanos optamos –el 10 de abril- por un enfoque de gobierno pro-mercado y pro-reformas modernizantes y de mejora social. Después del deterioro del partido de gobierno y de la pérdida de confianza de ciudadanos y empresarios en el gobierno de PPK, se hace más evidente la necesidad de converger en una suerte de ‘Alianza por el Bicentenario’, en la que las principales fuerzas políticas sean PPK y FP.

Si esta ambiciosa propuesta se hace difícil de manejar, por lo menos debemos exigir que no se sigan abriendo las brechas entre PPK y FP pues, eventualmente, harán inmanejable la gestión de un gobierno exitoso. Vayamos pues singularizando a los halcones de ambas fuerzas que no están jugando el partido del Perú.

El caso de Martín Vizcarra es clamoroso, para afirmar su agenda política personal, habría llevado al Presidente PPK a preferir un disparatado proyecto ferroviario pro-Bolivia, antes que permitir el proyecto peruano que no conllevaba ningún costo, tenía un impacto ambiental mínimo y ofrecía una infraestructura vital para regiones muy importantes para el desarrollo. Asumimos que, además, con este entuerto, se debe haber deteriorado la relación del Perú con China, que el Presidente PPK había declarado como “muy importante”, al punto de marcarla con su primera visita de Estado y el acompañamiento de una delegación que hacían presumir otro desarrollo.

Volviendo al caso de los directores de BCRP, las declaraciones de su Presidente, Julio Velarde, debieron ser suficientes para pasar la página: “El señor Chlimper ya ha sido directores antes, el señor Rey, como otras veces ha sucedido, no es experto en el tema monetario. Si hay alguna pregunta con respecto a que pueda cambiar la política monetaria, esa inquietud no tiene fundamento alguno. ¿Qué peligro puede haber? Ni que fuera una marioneta. Ellos reúnen los requisitos. El señor Chlimper está dejando la direcicón de uno de los bancos más importantes del país”.

Por su lado, el viernes pasado (4 de noviembre), el propio José Chlimper, dio una entrevista televisiva al programa de ‘Redes y Poder’ que conduce Alfonso Baella, en la que aclaró en detalle la estructura del Directorio del BCRP (ya fue director por cinco años), la dinámica de su conducción, reiteró que no manipuló ningún USB, comunicó su alejamiento de la representación política al exterior del partido FP y, mostró su visión de la agenda del país para los próximos años. Sugerimos ver la entrevista que incluimos líneas abajo, por considerarla de interés nacional.

Aprovechamos para reiterar nuestra invocación por la convergencia de las fuerzas políticas pro-mercado y pro-reformas modernizantes y de mejora social. ¡Ahora o Nunca!  Lampadia