El reinicio de los grandes proyectos productivos y de infraestructuras es vital para la reactivación del crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, la conflictividad social que se ha desarrollado alrededor de muchos de ellos, es tal vez el mayor impedimento para su viabilidad. Por ello, es crucial evaluar las estrategias del gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) para enfrentar la conflictividad.

El tema del avance de los grandes proyectos de inversión actualmente paralizados por verse involucrados en conflictos sociales no ha sido de los más expresados en el discurso presidencial ni comentados por los diversos voceros del recientemente instalado gobierno de PPK. Sin embargo, han dado algunas señales respecto a la manera como buscarán enfrentar la conflictividad social relacionada a la minería.

Este es un análisis inicial, puesto que hasta ahora solo disponemos de unas pocas declaraciones específicas. A futuro esperamos poder brindar un análisis más completo en la medida se vaya reduciendo la incertidumbre sobre las intenciones y estrategias del nuevo  gobierno.

Hasta ahora, de las declaraciones vertidas, se pueden extraer algunos lineamientos respecto a la manera como el gobierno de PPK se dispone a enfrentar la conflictividad social. Considerando lo dicho hasta ahora encontramos las siguientes ideas:

1. La necesidad de convencer a la población

El Presidente Kuczynski manifestó que tratará de convencer a la población de las zonas conflictivas respecto a los beneficios de los proyectos extractivos, de ser necesario haciéndose presente en dichas zonas. Esto implica un reconocimiento de la importancia asignada a la opinión pública en dichas zonas, esto es positivo y distancia a PPK respecto a los enfoques anteriores que combinan la negociación con dirigentes y la represión policial como principales herramientas para viabilizar los proyectos. Por otro lado, es necesario que el gobierno tenga presente que la narrativa anti-minera en las zonas conflictivas lleva años siendo propagada entre la población gracias a su hegemonía mediática local, y que la lucha anti-minera forma parte de la “memoria histórica” de gran parte estas personas. Es algo ingenuo creer que unos pocos meses de trabajo de convencimiento pueden cambiar años de trabajo político sistemático de operadores anti-mineros.

2. La importancia de la prevención

El Primer Ministro ha mencionado que se establecerá un sistema de prevención de conflictos sociales en el que se monitoreara el surgimiento de los mismos antes de que se den manifestaciones violentas. Esta es una iniciativa valiosa puesto que en buena medida cuando un conflicto llega a tener repercusión mediática nacional ya se ha dado una correlación de fuerzas en el entorno del proyecto que pone en serio riesgo su viabilidad.  Queda aún por definir cuáles serán los mecanismos exactos mediante los cuales se dará este monitoreo y cual será el tipo de eventos a los que haga seguimiento el mencionado sistema de prevención.

3. La necesidad de incrementar la presencia el Estado

Al ser preguntados respecto a la conflictividad, diversos voceros del Gobierno afirman que pondrán énfasis en incrementar la presencia del Estado mediante la aplicación de un Adelanto Social que lleve a que las poblaciones en el entorno de los grandes proyectos extractivos reciban un mayor beneficio de los mismos. Sin duda es positivo que estas poblaciones vean sus condiciones de vida mejoradas por la inversión pública, especialmente considerando que gran parte de la riqueza minera del país se encuentra en zonas con altos niveles de pobreza.

Sin embargo, hay que considerar que la mayor presencia del Estado no es suficiente como desmovilizador de la protesta anti-minera. En el caso de la provincia de Islay, donde se encuentra el Proyecto Tía María, la misma se encuentra con niveles de conectividad muy por encima del promedio nacional al ser atravesada por la carretera Panamericana y tener vías asfaltadas comunicando sus zonas más importantes, este mayor nivel de integración social y comunicacional no ha sido suficiente para impedir altos niveles de movilización y la realización de acciones violentas. (Por ejemplo, en Tía María, uno de los factores aprovechados por los anti mineros para las movilizaciones contra el proyecto, fue el interés de corto plazo de los agricultores arroceros, sobre el posible aumento del precio del jornal agrícola por la presencia de la mina). Sin embargo, la presencia del Estado puede ayudar a que la población recupere la confianza en las instituciones públicas, entre ellas las encargadas de vigilar las actividades extractivas. De esta manera se podría lograr una mayor confianza local en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o en los estudios del ANA. Incrementar la presencia del Estado puede ser una medida desmovilizadora en la medida que la misma se enmarque dentro de una estrategia de recuperación de la legitimidad del Estado y de las instituciones públicas en las zonas conflictivas. Sin embargo, esta confianza se encuentra muy debilitada y no es realista esperar que pueda ser recuperada en un plazo breve, es decir, de unos pocos meses.

4. No ir contra “la voluntad del pueblo”

Durante su mensaje el Presidente mencionó explícitamente que no se impondrán proyectos en “contra de la voluntad del pueblo”.  Hay dos problemas que se derivan de esta postura: La definición de quienes son el pueblo cuya voluntad será tomada en consideración a la hora de determinar si un proyecto debe desarrollarse o no, es decir la delimitación de las fronteras de quienes pueden participar en esa decisión, ya sea a nivel distrital, provincial, regional o nacional.  Y por otro lado, cual será el mecanismo de evaluación del Estado de esta “voluntad del pueblo”.

En el caso del proyecto Conga, el mismo es apoyado por la población del entorno más cercano al proyecto y rechazado por la población más lejana. Esto genera dudas respecto cual sería la población cuya voluntad se tomaría en cuenta, ya sea el entorno más inmediato al proyecto o uno más lejano. En función a qué entorno se consulte,  los resultados respecto a la “postura del pueblo” pueden ser muy diferentes. ¿Cuales son las poblaciones que van desear ser parte de esa decisión, independiente de su cercanía geográfica, económica o ecológica? En el caso de Tía María se tiene un rechazo en las cercanías al proyecto pero una ligera mayoría favorable de la opinión pública a nivel regional.

También se generan dudas en el mecanismo mediante el cual se conocerá “la voluntad” del pueblo. Podrían ser encuestas, audiencias públicas, plebiscitos, etc. Si no se especifican respuestas a esta pregunta lo que quedaría por pensar es que se considera como que están “contra la voluntad del pueblo” todo proyecto que enfrente alguna resistencia social significativa con lo que se estaría proclamando una alta propensión a la capitulación por parte del gobierno.

5. Conversar con líderes locales

El gobierno ha  manifestado el deseo de conversar con líderes locales tales como alcaldes y gobernadores regionales con el fin de viabilizar proyectos conflictivos. Tener a las autoridades locales en favor de un proyecto sin duda es positivo y necesario, pero no se debe creer que es una panacea frente a la conflictividad social. En múltiples ocasiones las autoridades locales asumen una postura inicial favorable a los proyectos y el movimiento social anti-minero consigue ser efectivo en modificar la postura de estas autoridades mediante acciones de presión política, social y mediáticas. A la larga, ellas terminan asumiendo posturas hostiles a los proyectos con el fin de mantener una  acción política coherente con la postura de quienes serán sus votantes en el siguiente ciclo electoral. Al final todos tienen sus ambiciones políticas y no están dispuestos a sacrificarlas por un proyecto minero, cuyos impactos se dan mayormente en el largo plazo. Mientras el movimiento social anti-minero no se encuentre severamente debilitado en su credibilidad, las articulaciones del gobierno central con autoridades y líderes sociales locales enfrentarán el permanente riesgo de ser revertidas.

6. El rol de la obra emblemática

PPK ha mencionado explícitamente que considera que la llave para la viabilidad del Proyecto Tía María pasa por la ejecución de la represa de Paltiture la cual expandiría el suministro de agua en el valle del Tambo, planteándose entonces que la realización de dicha obra incrementaría dramáticamente el apoyo a Tía María. Esto expresa la visión transaccional con la que se quiere enfrentar la conflictividad. Se quiere saber “¿qué  hay que ofrecer?”  a las poblaciones locales para que acepten un proyecto. Sin embargo, en zonas de actividad anti minera, la misma se fundamenta en generar un nuevo “sentido común” hostil a las industrias extractivas. En Islay la suma del voto de Verónika Mendoza y Gregorio Santos llega a un 47%, comparable al 51% que se dio en la Región Cajamarca. Los resultados electorales nos señalan un penetración ideológica que una obra emblemática no podrá por si sola mitigar. Ya hay una narrativa anti-minera establecida, pues gran parte de la población de la zona cree sinceramente que el proyecto Tía María implica la erradicación del valle del Tambo y la contaminación irremediable de sus aguas. Para quienes tienen esas creencias, la construcción de Paltiture no es suficiente como medida compensatoria. El principal activo estratégico de los anti mineros es la difusión de la idea de un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Esto lleva a que las obras emblemáticas difícilmente puedan compensar, en la mente de gran parte de la población, una percepción ‘catastrófica’ del impacto de un proyecto extractivo. Mientras esta creencia no sea afectada, la reacción de la población local va ser de aceptar todas las inversiones del Estado y seguir rechazando a los proyectos mineros.

En general las propuestas lanzadas por el gobierno en lo concerniente a conflictividad social van en el sentido correcto, sin embargo hay que recordar que por sí mismas no serán capaces de reducir de manera decisiva la conflictividad social y que este es un problema complejo que requiere se desplieguen múltiples líneas de acción, de manera sostenida y, entender claramente la correlación de fuerzas que enfrenta cada proyecto y como afectarla.

Ello requiere tomar muy en serio el sistema de creencias de la población local y la fuerza de la narrativa anti minera. Las propuestas transaccionales pueden parecer muy inteligentes, pero pueden no ser tan efectivas como parecen al principio. Sin entender como la población va razonar sobre el tema de la minería, sus aspiraciones y sus temores, las propuestas de ganarse a la opinión publica vía proyectos de inversión puede no tener los resultados esperados.

Es muy positivo que el gobierno tenga la intención de reactivar la minería, pero también es verdad que su capital político no es infinito, y por lo tanto es esencial que sus primeras iniciativas no fracasen. 

Lampadia

Algunos personajes de la izquierda tradicional y analistas insisten en hacer comparaciones del tamaño de nuestro Estado con los de otros países y llegar a conclusiones apuradas sobre su tamaño. Por ejemplo, David Rivera en su última columna en El Comercio (23 de junio 2015), plantea el tema de una manera que nos permite abordarlo con información que facilite a los ciudadanos tener una mejor comprensión de nuestra realidad.

Rivera dice: “Habría que comenzar a preguntarse si parte de la ineficiencia pública no está relacionada más bien con su pequeñez. (…) Si algo mantiene sostenido a este país es el precio de los minerales… (…) Lo que tenemos que hacer ahora, con el mismo espíritu pragmático con el que se iniciaron las reformas económicas en los 90, es hacer crecer al Estado”.

Si vemos el siguiente gráfico podemos apreciar que el tamaño del Estado creció desde 1990, en que los ingresos corrientes colapsaron a un miserable 9% del PBI, hasta 22% en el 2013, incluyendo por supuesto, los ingresos de las regiones. En términos del peso del Estado sobre el PBI, el tamaño actual es casi igual al que tuvimos el año 80, al final de la dictadura militar (21%), con su dispendio, elefantes blancos y sobreendeudamiento público (61%) y, muy parecido al de García, con su exuberante manejo de la economía, del año 85 (18%). El gráfico muestra, además, como después de esos picos de crecimiento nos desbarrancamos hasta el ingreso paupérrimo de 1990.

 

 

 

Para entender como se descomponen las cifras de la presión tributaria, ver en Lampadia: Presión fiscal llega al 21.6% del PBI –  Entendiendo la estructura tributaria.

 

 

Pero, una comparación porcentual es insuficiente para apreciar la realidad. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del Estado en cifras absolutas. Para verlo, mostramos el tamaño del Estado en Soles del 2007, desde el año 1950 hasta el 2014, tomando como base el año 50 igual a uno (1).

En términos monetarios el gráfico nos dice que desde 1950 hasta el 2014, el PBI creció 11.4 veces. Desde 1985 hasta el 2014 creció tres veces, y desde el 2000 se duplicó.

 

 

Esta información nos muestra con claridad un crecimiento muy importante. Lamentablemente, como todos sabemos, el crecimiento de los recursos del Estado no ha estado aparejado con una mejora en la ‘calidad del gasto’. Hay incontables ejemplos de la incapacidad del Estado para gastar todo su presupuesto; de gastos e inversiones dispendiosas, inconsecuentes e inútiles, como sobrecostos de las inversiones públicas, cementado de plazas, monumentos ridículos, como el de la maca, la alcachofa, las ojotas y los sombreros, piscinas descomunales y toda suerte de excesos; y por último, pero no menos, en la ominosa corrupción de la que somos testigos, especialmente en las regiones, donde el crecimiento de recursos, fue aún mucho mayor.

 

 

Por lo tanto, tenemos que concluir que no nos han faltado recursos y, menos aún, que la “ineficiencia está relacionada con su pequeñez”.

Más bien, desde principios de siglo, hemos tenido a un Estado sorprendido por la velocidad y magnitud de nuestro crecimiento,  logrado por obra del sector privado. Nuestros gobernantes se encontraron, de pronto, con ingentes recursos que no supieron administrar. Tampoco entendieron de donde venían pues si nos basamos en los hechos, desde el año 2000, empezamos a ponerle cortapisas y todo tipo de trabas a la inversión privada, a la fuente de los recursos. Así fue tal como los liliputienses, amarramos a Gulliver. 

 

 

Tejimos un enjambre de normas que, entre otras razones, paralizaron el crecimiento de la inversión. Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: En exploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Hemos pasado de 1 (una) norma en los 90’s a 180. Ver en Lampadia: Retomemos el camino de la inversión y el crecimiento ¡YA! – Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

No necesitamos hacer crecer el Estado como un objetivo de la políticas públicas, como hizo Brasil, ni como hicieron muchos países europeos que hoy se debaten en crisis de largo plazo. Tenemos que entender que todos los recursos que necesitamos para enfrentar todas nuestras carencias ‘están esperando’ en el crecimiento de la economía. Si esta crece al 7% anual, los ingresos del Estado se duplicarían cada 10 años (sin mejorar la recaudación fiscal).

Lo que necesitamos es un Estado presente en todo el territorio nacional, sólido, fuerte y sobre todo, meritocrático. Ver en Lampadia: Para enfrentar el fracaso de la política y la burocracia – Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú.

Apreciemos la evolución de Singapur y la del Perú desde 1950:

 

 

Además de la meritocracia, necesitamos un Estado que entienda cual es su mejor rol: promover que el Perú logre un desarrollo integral, en lo económico, social e institucional, que sea duradero y sostenible, y que lleve el bienestar a todos los peruanos. Eso se hace promoviendo la iniciativa privada, emprendedora y empresarial, apoyando la inversión privada, haciendo previsible la vida de los ciudadanos y de los negocios, administrando justicia de verdad y dando seguridad interna. Lampadia