¡Primera clarinada de alerta!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 4 de junio nos despertó al amanecer una clarinada de alerta que no oíamos desde hace 20 años (tal como nos recuerda Alonso Segura). Esta ha venido de Fitch Rating, una clasificadora de riesgo que ha rebajado de categoría la deuda peruana denominada en soles, bajando esta de A- a BBB+. Esto que a muchos puede no decirles nada y parecerles un simple tecnicismo, es muy importante, pues nos hace aterrizar y ver que, el buen trabajo hecho en el manejo fiscal durante los últimos 30 años y la sólida posición de la que nos hemos sentido, con razón, orgullosos empieza a debilitarse.

Es necesario contar con una sólida posición financiera como la que se ha venido reflejando en nuestras importantes Reservas Internacionales Netas (RIN) y Fondo de Estabilización Fiscal, pero ambos no son condición suficiente para asegurarnos un futuro favorable en los mercados financieros. Bajo condiciones de crecimiento económico estable (aunque no tan alto como el que mereciéramos), la deuda peruana ha venido apreciando su clasificación de riesgo y esta nos ha permitido acceso al mercado financiero de largo plazo, con deuda soberana, mediante bonos denominados en dólares y en soles, a tasas de interés muy competitivas y, siendo así de atractivos, cada emisión ha merecido una sobre-suscripción de hasta 8 veces lo requerido por el Perú en cada oportunidad.

Hoy, el propio informe indica que, producto de las decisiones adoptadas en el manejo del COVID-19, avizoran a la fecha una caída del PBI de 5.5% para el año 2020, pero con riesgo de agravarse. Ya para esto se menciona nuestra caída de marzo (16.3%) y el retroceso del primer trimestre del año (3.4%), una caída del empleo de 20% en abril y de la recaudación del IGV del 34%. Como hemos mencionado en notas anteriores, a pesar de las “drásticas” medidas para manejar el COVID-19, el Perú muestra una de las curvas más pronunciadas de crecimiento de la enfermedad y fallecimientos en América Latina, al igual que incapacidad para manejar esta situación debido a la informalidad de la población y pocas herramientas para ayudar socialmente a la población por la extremadamente baja bancarización.

Fitch apunta claramente que la paralización total de la actividad minera desde mediados de marzo hasta fin de mayo ha tenido un impacto muy negativo y ciertamente esperan que el reinicio de estas operaciones, acompañado de la reactivación de China, ayude a nuestras exportaciones de modo tal que podamos aspirar a un rebote del 5% en el PBI el 2021.

No es secreto que las medidas fiscales adoptadas para paliar el impacto de esta crisis sanitaria está incrementando la estimación inicial de un déficit del 2% al 7.1% del PBI, a pesar que los mayores gastos sociales se están compensando con menor inversión pública. A ojos de Fitch esperan que este déficit retroceda a 3.5% en el 2021 y a 2.5% en el 2022. Esto llevaría la deuda pública este año a niveles cercanos al 32% del PBI, después de haber consumido el Fondo de Estabilización Fiscal equivalente al 2.4% del PBI del fin del 2019 y todo hace prever que la deuda podría llegar al 36% en el 2024.

Lamentablemente, y el informe lo suelta muy diplomáticamente, las decisiones del ejecutivo y el Congreso respecto a liberar hasta el 25% de los fondos pensiones en las AFP, han obligado al BCRP a efectuar operaciones de reporte (Repos) por el equivalente al 3% del PBI para evitar el impacto negativo sobre los Bonos Soberanos del Perú que las AFP se vieron obligadas a vender para atender los retiros.

Ya a estas alturas, las previsiones de caída del PBI por efecto del COVID-19 triplican lo mencionado en el informe y el déficit fiscal puede alcanzar fácilmente los dos dígitos, por lo que es un buen momento para analizar seriamente nuestra situación y adoptar medidas correctivas antes que sea demasiado tarde. Así el informe menciona algunos factores de mejora y otros que llevarían a empeorar la percepción de riesgo.

Mejoraría la tendencia:
1. Un mayor crecimiento económico.
2. Una mejora estructural de los estándares de gobernanza.
3. La mejora significativa del manejo fiscal, balance de cuentas externas y una reducción significativa de la dolarización de la deuda.

Empeoraría la tendencia:
1. El debilitamiento de la consistencia y credibilidad del marco fiscal y macroeconómico.
2. El debilitamiento de las proyecciones de crecimiento y no cumplir con las expectativas mencionadas de reducción del déficit fiscal post-pandemia que obligue a mayor endeudamiento.
3. Un shock negativo (no previsto) que conduzca al deterioro de las cuentas externas.

Como todos sabemos, y las amas de casa lo dominan, aquí no nos queda más que aumentar nuestra creación de riqueza (PBI) prontamente, atraer inversión, para lo cual debemos reducir la incertidumbre de nuestras decisiones políticas, especialmente en lo que se refiere a la institucionalidad y reglas establecidas, reducir gastos superfluos entre ellos las “consultorías” que en la mayoría de los casos no crean valor y hacer más eficiente y menos costosa la administración del Estado.

Queda ya poco tiempo a este gobierno, pero bastante haría coordinando con el Congreso para que se concentren en la tarea temporal para la que fueron elegidos, evitando tratar de aprobar leyes (varias veces inconstitucionales) que no hacen más que crear incertidumbre al inversionista. Reducir los gastos inútiles y quitar “grasa” de la administración del Estado, por ejemplo, haciendo que en el sector salud y educación haya más personal operativo y menos “administración y supervisión”. Centralizar los procesos de compra de toda la administración pública (gobierno central, gobiernos regionales y locales). Unificar el comando de toda la gestión del Estado (una sola normativa a nivel nacional) y definir claramente los alcances y competencias de los gobiernos sub-nacionales que, hoy no están bien definidos (por eso muchas veces sacan normas que compiten y colisionan con las de mayor jerarquía) y por otro lado no se aprovecha aquellas fortalezas con las que podrían actuar más eficientemente en sus localidades.

Si no adoptamos esas medidas, lo que nos dice esta “Primera clarinada de alerta” es que el deterioro de la clasificación de riesgo de nuestras deudas está a la vista y con esto; el encarecimiento de ellas con intereses más altos, la reducción en los plazos a los que podemos colocar nuestros bonos y la tranquilidad de ser vistos como un país confiable para invertir.

El Perú, después del “rebote” que debemos tener en el 2021, no puede permitirse crecer a solo 2% o menos, debemos de crecer a 4% por año cuando menos para así regresar a nuestra situación del 2019 en tres años, caso contrario podría tomarnos 10 años o más.

¡De nosotros depende y no podemos permitir que gente sin principios anule, desde la política, nuestras mejores opciones de salir de esta crisis! Lampadia