Jaime Spak
Para Lampadia 

Pedro Castillo ha perdido una oportunidad de oro.

Pudo ser un presidente que pasaría a la historia como el primer presidente de izquierda elegido democráticamente y que haya sido exitoso.

En este caso debería de agradecer a Fuerza Popular por haber generado el caos en el congreso, cuando fue elegido PPK hace unos años.

La intransigencia de los lideres de ambas agrupaciones y de poner piedras en el camino a la gestión de PPK, genero el caos que genero la renuncia de PPK, que ya tenía un poder totalmente debilitado.

Lo peor de todo es que el primer ministro de PPK y un líder importante de Fuerza Popular mantenían conversaciones permanentemente y no tuvieron la capacidad de llevar la fiesta en paz y esto genero la renuncia y luego el ascenso al poder del traidor Vizcarra.

Que bien le hubiera hecho al país que el congreso que tenía amplia mayoría fujimorista se hubiera dedicado a generar leyes para modernizar el estado.

Estoy seguro que con un país en constante desarrollo la candidata opositora hubiera ganado holgadamente generando estabilidad y un crecimiento sostenido que hubiera logrado bajar la pobreza del 20% que llego, a un 10 % al cabo de los años.

Prefirieron aliarse con un hombre sin escrúpulos como Vizcarra y nos llevó por el despeñadero.

Primero con el referéndum para que se prohíba la reelección de congresistas, con el pésimo manejo de la crisis del Covid y con la disolución fáctica del congreso.

Cría cuervos y te sacaran los ojos, los nuevos congresistas lo vacaron y se volvió a generar otra crisis.

Hemos vivido cinco años de crisis política permanente que devino en la llegada de un hombre incompetente.

El gobierno de Castillo está rodeado de la más grande mediocridad que recordemos en la historia republicana.

En estos 16 meses, 74 ministros y un primer ministro que, embriagado de poder, se ha dedicado a dividir el país e injuriar a todo el que se le pone por delante.

Que podemos esperar de un primer ministro que se declara admirador de Hitler, que es misógino, agravia a una conductora de televisión solo por indicar que hay una carretera abandonada y para colmo indica que los niños de San Isidro y Miraflores tienen un complejo de superioridad y lo compara con el resto de los niños del país.

Nunca se ha visto un primer ministro que genere tanto odio y división entre los peruanos.

Este pobre hombre vive en San Isidro, o sea que sus nietos también padecen de ese síndrome, que solo puede estar en la cabeza de un hombre miserable.

La errada idea que solo los políticos de izquierda son los únicos que se preocupan por el pueblo, es una gran mentira.

Está demostrado que también estos seudos revolucionarios, resultan tan corruptos como el que más.

Castillo se dedicó a robar desde el primer día en complicidad con sus sobrinos, hija, ministros y allegados.

Sarratea parecía la cueva de Ali Baba.

Que cantidad de delitos se propiciaron allá, hasta el dueño de esta casa ahora es un prófugo de la justicia.

Si juntáramos a Karelim, Zamir, Juan Silva, Fray Vásquez, Yennifer, Alejandro Sánchez, Geiner Alvarado, Bruno Pacheco, Beder Camacho, conformaríamos la selección peruana del delito.

Esta es la gentuza con la que se juntó Castillo.

Por ello hay 7 carpetas abiertas en la fiscalía y tarde o temprano Castillo acabara en la cárcel.

Castillo además no tiene capacidad de enmienda y lo único que hace es ir de plaza en plaza dividiendo a los peruanos.

Es lo único que sabe hacer, no podemos pedirle peras al olmo.

Es imposible que salga de su cabeza alguna idea de política pública coherente.

Tiene a sus ministros ayayeros, como el payaso de Salas que ya da lástima cada vez que sale a explicar los motivos por los cuales el inútil de Castillo o el irascible de Torres salen a pechar a la población y al congreso.

No nos merecemos esto, somos un pueblo trabajador y honrado.

Lamentablemente los deshonestos se han apoderado del gobierno y los peruanos permanecemos parsimoniosos y pusilánimes sin hace nada.

Ya no hay tiempo para especular, este congreso no nos salvara pues hay congresistas que son peores que Castillo y no van a abandonar la mamadera de sueldos y gollerías que nunca en su vida se la soñaron.

Castillo indica que la gente lo critica por su origen, pero déjeme decirle señor Castillo, conozco a mucha gente que vino de hogares muy humildes y que, en base a la educación, trabajo serio y honesto han progresado en la vida.

Este presidente solo se victimiza y está perdiendo la oportunidad de oro que lo puso en el poder.

En lugar de aprender a gobernar y rodearse de gente capaz, solo ha elegido irse por el camino del delito con gente lumpen que solo desea llenarse los bolsillos con hechos ilícitos.

Como dice el vals: que pena mirarte cuando te miro Castillo y Torres.

No merecen estar un minuto más dirigiendo nuestro maravilloso país.

Su oportunidad de Oro la ha dilapidado y el congreso solo tienen sus balas de plata que no le sirven para nada. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es conocida la tesis de Vladimir Cerrón de que no basta con llegar al gobierno, sino que hay que tomar el poder, y no dejarlo.[1] Con “tomar el poder” se refiere a un poder sin límites, sin controles horizontales, sin pesos y contrapesos institucionales, concentrado en el partido de gobierno y en la mano presidencial, para llevar a cabo la revolución.[2] Es la dictadura del partido de Lenin.[3]

Hemos sostenido que la asamblea constituyente es el medio usado por los gobernantes bolivarianos para concentrar poder político y económico. No solo por su resultado: un nuevo texto constitucional que consagra un modelo político y económico[4] iliberal, sino por el proceso mismo, por las decisiones que toma la asamblea misma que, ejerciendo un poder absoluto, disuelve instituciones vigentes y despide magistrados y funcionarios.

Lo dice Allan R. Brewer-Carías: “Esas Asambleas Constituyentes que se convocaron en Venezuela (1999), y luego en Ecuador y Bolivia al margen de los postulados de las Constituciones, no fueron, por supuesto, para que en un marco plural y con los necesarios consensos políticos –como había ocurrido en 1991 en Colombia– se pudieran elegir representantes del pueblo para recomponer el sistema político, sino que se trató de un mecanismo diseñado para asaltar y acaparar el poder, conforme a una bases electorales o comiciales impuestas unilateralmente desde el Poder Ejecutivo. Para ello, poco importó lo que dijera la Constitución, prevaleciendo la idea de que en ningún caso ella podía impedir que el pueblo se manifestase”[5] (p.88)

Venezuela

En Venezuela se usó este recurso dos veces: en 1999 y en el 2017, Chávez primero y Maduro luego. Apenas elegida la asamblea constituyente de 1999 por ejemplo, el diario español El País titulaba su informe periodístico así: “El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Chávez”.[6]

La asamblea había votado para darse el poder de abolir las instituciones gubernamentales y despedir a funcionarios señalados como corruptos. Despidió así a sesenta jueces.[7] Refiere Brewer Carías: “No sólo eliminó el mandato democrático de los diputados y senadores que habían sido electos al Congreso en noviembre de 1998, sino que más grave aún, promovió y permitió el asalto al Poder Judicial a través de una Comisión interventora, la cual, fue ciegamente aplaudida por centenares de “demócratas” que saludaron la supuesta “depuración” del Poder Judicial, creyendo en las “democráticas” intenciones de la Asamblea, cuando lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que un apoderamiento total del mismo” (P.88)

Maduro también quiso su propia asamblea constituyente, para abrazar aún más poderes ante una oposición más beligerante y que por primera vez había triunfado en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alcanzó 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Había que inhabilitar ese Congreso, desplazarlo, restarle facultades. Y así se hizo. La  Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado y se eternizó: duró más de 3 años, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020, y al final ni siquiera promulgó una nueva constitución: su objeto fue simple y descaradamente despojar de todo poder al congreso opositor y despedir autoridades independientes. Aquí tenemos una antología de actos de poder omnímodo de la ANC: [8]

• El 5 de agosto de 2018, destituyó a la fiscal general Luis Ortega Díaz.
• Luego allanó la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados y autorizó su enjuiciamiento
• Destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por no juramentar ante ella.
• Ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país para el 10 de diciembre y estableció que todos los alcaldes electos debían juramentarse ante los constituyentes. ​
• ​Aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, estableciendo penas de 20 años de cárcel y cierre de medios de comunicación entre otras sanciones, ley diseñada para penalizar la disidencia política
• Ilegalizó a partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales
• Suprimió por decreto dos distritos metropolitanos, controlados por la oposición.
• Decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril.
• Aprobó el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025

Ecuador

Para Rafael Correa, la asamblea constituyente fue también el arma perfecta para concentrar poder y eliminar contrapesos institucionales. Según Richard Ortiz,[9] “El proyecto revolucionario de Correa comprendía una estrategia de concentración de poder basada en la legitimación plebiscitaria, la reforma constitucional y la cooptación de todo el aparato estatal, incluidos la administración de justicia y los órganos de control (p. 231).

Describe así el proceso: “La estrategia de concentración del poder del correísmo empezó con la convocatoria a Asamblea Constituyente en abril de 2007. El primer paso fue influir en la autoridad electoral… La resistencia del Congreso Nacional a la consulta popular trajo como consecuencia que 57 diputados de la oposición fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo de 2007…  Con la destitución inconstitucional de los parlamentarios y la negociación previa con los suplentes, el gobierno se aseguró el control del legislativo.

A pedido de los legisladores destituidos, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del TSE que afectaba al Congreso Nacional y, como consecuencia de esta decisión, los jueces constitucionales fueron cesados en sus cargos por el Congreso Nacional (24 abril) y reemplazados por jueces cercanos al gobierno.

En suma: para junio de 2007, el gobierno ya había tomado el control sobre el TSE, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. Los asambleístas constituyentes fueron elegidos en septiembre de 2008, con una clara mayoría para el gobierno de 80 de 130 miembros. Una vez instalada la Asamblea Constituyente de plenos poderes en noviembre de 2007, el órgano del poder constituyente asumió las atribuciones de la Función Legislativa y suspendió a los diputados del Congreso Nacional que fueron elegidos en octubre de 2006.

Además, destituyó al Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros, y se designó a funcionarios cercanos al régimen (art. 8 MC-1)…

Después de la aprobación del texto constitucional y de su Régimen de Transición (RT) en referéndum de septiembre de 2008, la Asamblea Constituyente disolvió definitivamente el parlamento…” (Op. Cit., pp. 239 -240).

La nueva constitución no solo fortaleció los poderes presidenciales, sino que, como en Venezuela y Bolivia, estableció la reelección presidencial, apuntando a la presidencia vitalicia. En su sección tercera, “Comunicación e Información”, dictó las bases para que por ley se creara luego la Superintendencia de la Comunicación e Información, que le sirvió a Correa para confiscar, cerrar y castigar a medios y periodistas. [10]

Bolivia

En Bolivia Evo Morales no usó la asamblea constituyente del 2006 para cerrar el Congreso porque un año antes Morales había ganado las elecciones parlamentarias con un 56% de los votos.

Pero la nueva constitución que entró en vigencia el 2009 sí le sirvió para controlar los poderes constitucionales. Específicamente todos los vinculados al sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. En efecto, la flamante Carta Magna “introdujo el sistema de elección popular de los más altos cargos del sistema de justicia: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. No obstante, la preselección de los candidatos… fue encargada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituida así en el filtro político del proceso”.[11]

Claudio Lechín nos explica que en esas elecciones ganaron los candidatos de Morales porque muchos postulantes eran desconocidos, no había publicidad y la votación era nacional. Así pasó a controlar todas esas instituciones.

Y –añade- si bien no cerró el Congreso por la razón arriba señalada, si aprovechó el mayor poder así ganado para expulsar a congresistas opositores, golpeados además en la calle. Los gobernadores regionales fueron judicializados por supuesta corrupción o sonados asesinatos coreografiados. Fuera de otros atropellos.[12]  

En conclusión, estos botones de muestra de los efectos autoritarios y totalitarios de los procesos constitucionales bolivarianos bastan para darnos cuenta que la propuesta de una asamblea constituyente en el Perú no es inocente. Lo que busca es convertirse en el instrumento mediante el cual el gobernante adquiere, mientras dura, poder absoluto, y luego de aprobada la nueva constitución, poderes de control institucional y económico[13] que no son democráticos y que no sirven para el desarrollo nacional y menos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario.  Lampadia

Editorial de Lampadia
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Luego de treinta años de empobrecimiento, inflación y violencia terrorista, desde mediados de los años 90, el Perú tuvo una recuperación espectacular, con un alto crecimiento de la economía, una gran reducción de la pobreza, una importante reducción de la desigualdad, disminución de la mortalidad infantil y un sostenido crecimiento de los ingresos en todas las regiones del país.

Esto fue posible porque la Constitución de 1993 permitió el regreso de la inversión privada al campo, la minería, la pesca y el turismo, entre otros.

El nivel de los ingresos del Estado muestra con claridad la diferencia de la Constitución del 93 con la del 79. El año 1990 los ingresos del Estado cayeron al 3.8% del PBI, pero con la nueva Constitución los llevamos a 21% el 2011 y a 15% en los últimos años.

En 1990 el Estado no podía cubrir ninguna necesidad de gobierno.

Veamos otros indicadores de como nos fue con la Constitución de 1979 y la de 1993:

Lamentablemente, durante los últimos 10 años, perdimos la consistencia de nuestras políticas de desarrollo. Desde el 2011 se desincentivó la inversión privada, se reclutó muchos funcionarios públicos de orientación anti mercado, y se instaló en el Estado una suerte de desprecio por la inversión privada.

Así fuimos bajando la inversión, el ritmo de crecimiento y debilitando los avances sociales.

Para colmo de males, el 2020 nos tocó enfrentar la pandemia del Covid-19, acompañada de la desgracia de un gobierno incapaz que llevó al país a tener la mayor cantidad de fallecimientos por millón de habitantes y a la mayor caída de PBI en el mundo.

La única manera de salir de la crisis sanitaria del Coronavirus y de recuperar la salud de la economía es vacunando a la mayor parte de la población.

Y por supuesto, el mundo ya lo está haciendo a toda velocidad. Veamos el avance de vacunación en el mundo:

En el Perú, hasta ahora no iniciamos un proceso de vacunación masiva que nos permita cubrir pronto a toda nuestra población. El gobierno de Vizcarra fue incapaz de conseguir vacunas, y Sagasti se demoró en reaccionar. El gobierno dice ahora, a través de un tuit, que ya consiguió suficientes vacunas. Mientras no empecemos la vacunación masiva, no podremos recuperar el bienestar.

Una de las peores consecuencias de esta situación ha sido el aumento de la pobreza. Varios estimados locales indican que la pobreza podría subir en 9 o 10%. El FMI estima el aumento en alrededor de 6%, con lo que la pobreza podría pasar del 21.7% el 2019, a 27.5% este año.

En consonancia con las decisiones de muchos países, de hacer el 2021 otro esfuerzo para recuperar sus economías mediante apoyos extraordinarios a sus poblaciones, el FMI le plantea al Perú la posibilidad de repartir otro bono de mayor impacto, que podría llevar este año la pobreza de regreso a los niveles pre pandemia.

El FMI muestra que un bono de S/ 2,760 podría reducir la pobreza a 20.8% de la población. Para ello, el bono debería dirigirse a los beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65, hogares en condiciones de pobreza en zonas urbanas o rurales, y aquellos con miembros que no son asalariados formales en el sector público o privado, y que ganan menos de S/ 3,000 cada uno (Gestión).

En el siguiente gráfico se puede apreciar la reducción de la pobreza desde un 27.2% sin aplicar medidas, hasta 20.8%, dependiendo del nivel y focalización del bono. El bono de S/ 2,760 sería el de mayor impacto.

Fuente Gestión

El costo de esta medida es de S/ 17,250 millones, el 2.3% del PBI.

Esta propuesta ha generado cierta alarma en círculos económicos por su tamaño en momentos que todavía sufrimos importantes déficits fiscales, 8.9% del PBI el 2020 y un estimado (BCR) de 4.4% para el 2021; y además, con un aumento de la deuda pública a niveles del 35% del PBI.

En mi opinión hay que seguir la propuesta completa del FMI con el bono de S/ 2,760. No hay nada peor que mantener niveles altos de pobreza, tanto en términos económicos, como sociales y políticos.

De lo contrario, el costo de mantenernos en un mayor nivel de pobreza no solo sería muy alto en términos sociales y económicos, políticamente se generaría un ambiente de cuestionamientos generalizados y confusión, en los que se desordena la acción del Estado, tanto desde el lado del Ejecutivo, como del Congreso. El subsecuente costo de malas medidas de gobierno puede ser inmensamente mayor que el del bono sugerido por el FMI.

Este es el momento de poner la carne en el asador. Hay que buscar la recuperación más rápida posible y además, demostrar a tirios y troyanos, que el Perú, gracias a su fortaleza macroeconómica, puede defender a su población de la crisis.

Además del tema macroeconómico, el Perú tiene muchas fortalezas, empezando por su gran potencial productivo. No dejemos que la crisis del 2020 mine la calidad de vida y la confianza en el futuro de los peruanos.

Mientras tanto, tenemos por supuesto, que exigir mayor celeridad en la compra y aplicación de las vacunas, base fundamental para iniciar la recuperación del país. Lampadia

La ruptura de nuestro desarrollo que impidió la evolución del Perú hacia la unión y la prosperidad

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de la Guerra del Pacífico, el Perú inició un largo y continuo proceso de crecimiento económico, casi ininterrumpido, hasta que en 1968 un golpe militar instaló una dictadura de izquierdista estatista y nacionalista, que desbarató nuestro desarrollo hasta entrados los años 90.

En 1980, once años después, regresó la democracia, pero esta no supo corregir el descalabro social, económico e institucional producido por la dictadura.

Lo que es peor, tanto el gobierno de Belaunde, como el de García, mantuvieron la orientación estatista de la economía y se sumaron al pésimo manejo macroeconómico y fiscal que en los años 70 instaló la gran inflación peruana, que García llevó al extremo de 7,649% en un solo año.

Casi 30 años de malas políticas económicas provocaron ‘una ruptura tectónica de nuestro desarrollo’. Mirando el siguiente gráfico, reflexionemos un momento sobre lo que eso implica en la historia de un país.

Esta ruptura se manifestó dramáticamente desde 1973 hasta inicios de los años 90.

Una desgracia que sucedió en muy pocos países. Por cierto, no ocurrió en ninguno de nuestros vecinos. Por eso, nuestro desarrollo no es comparable con el de los otros países. Una ruptura de la vida nacional, de esa profundidad y duración, que malogró la vida de varias generaciones de peruanos, establece una carga, una cicatriz, que marca el futuro del país por mucho tiempo. Entre otros impactos, si ignoramos este trauma, podemos nublar nuestra capacidad de análisis político, social, económico e institucional sobre la realidad nacional.

Registremos algunos impactos originados por esta ruptura tectónica, que muchas veces no tenemos presente:

Caída de la inversión privada

La dictadura estatista militar, pretendió reemplazar la inversión de los peruanos en todas las actividades económicas. Se estatizaron todo tipo de empresas y se crearon monstruos burocráticos dilapidadores de recursos y creadores de corrupción.

Se destruyó la economía y todas las actividades productivas. El año 1990 estábamos todos empobrecidos, 60% de la población cayó en la pobreza; las empresas más grandes no facturaban más de US$ 600 millones anuales, mientras nuestros pares ecuatorianos vendían más de US$ 1,500 millones; y el Estado, que pretendió crecer y regular nuestra vida, el año 90 solo tuvo ingresos de 3.8% de un PBI diminuto. Hoy día nos quejamos de que los ingresos del Estado solo llegan al 14% del PBI, de un PBI S/ 546,000 millones, 3.6 veces mayor que el de 1990 (comparado en soles constantes del 2007).

Nótese que el 2011, cuando empezó el retroceso de nuestra economía de mercado, por las políticas populistas y nacionalistas, los ingresos del Estado llegaron al 21% del PBI.

Hiperinflación y destrucción de la clase media y de los servicios públicos

La hiperinflación destruyó los ingresos de la clase media tradicional, dependiente, cuyos ingresos eran fijos. Esa clase media desapareció, todos cayeron en la pobreza.

Además, tuvo efectos desastrosos en los servidores públicos, en los maestros, médicos, enfermeras y policías, gente que tenía ingresos fijos y que por lo tanto, sus fuentes de vida fueron licuadas, prácticamente desaparecidas por la inflación, sin que su efecto pudiera ser compensado por aumentos salariales.

Efectivamente, a partir de mediados de la década de 1970, la dictadura militar de Velasco y Morales Bermudez nos metió en una de las mayores inflaciones de la historia de la economía mundial. Una de las mayores en dos aspectos, por su incidencia y su duración. La hiperinflación peruana descalabró a nuestra sociedad por más de 20 años y en un solo año (1990), llegó a generar un aumento de precios de 7,482%.

Nuestros funcionarios públicos, entonces muy buenos y comprometidos en su gran mayoría, tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos, cachuelando de cualquier forma para mantener a sus familias. El propio Estado tuvo que recortar los horarios de trabajo de maestros, médicos, enfermeras y policías, para permitirles sobrevivir.

Así se destruyó la calidad de los servicios públicos. Los trabajadores perdieron su relación de exclusividad con sus labores públicas. En escencia, nos quedamos sin servidores públicos.

El caso de los maestros es muy significativo. Sin posibilidades de tener ingresos dignos en la labor magisterial, tuvieron que recurrir a la acción gremial para arrancarle, por la fuerza, algunos aumentos al Estado. Tuvieron que politizar su acción gremial y cayeron en manos de extremistas, tan es así que hasta hoy el Sutep (en sus estatutos), adscribe a la lucha de clases en vez de tener un compromiso educativo.

Destrucción de la clase política

Se dice que Fujimori destruyó a los partidos políticos. Pero en verdad, en los 80s, durante los diez años de democracia después de la dictadura militar, Acción Popular, el Apra y los demás partidos políticos, lo hicieron muy mal en lo económico, social y en seguridad, y llegaron muy desprestigiados al año 90, donde dos personajes ajenos a la política (MVLl y AFF) se disputaron la presidencia.

Fujimori desconoció la importancia de reconstruir los partidos y ayudó a profundizar su crisis, y ya en el siglo XXI arrancamos con Toledo, otro personaje ajeno a la tradición partidaria.

Confusión de académicos, periodistas y analistas

Como indicamos líneas arriba, si no tenemos presente esta ruptura de la vida nacional en nuestro análisis político, social, económico e institucional, podemos caer en el error del inmediatismo y de plantear atajos y saltos al vacío.

En general, no somos conscientes que nuestra historia, con esa brutal ruptura de nuestra vida ciudadana, nos marca y nos limita para ver nuestra situación con perspectiva histórica y en comparación con otros países. Recuperarse de 30 años de errores graves no es fácil.

Empezamos a hacerlo desde 1993, con la nueva Constitución:

• Que permitió el regreso de la inversión privada.
• Que permitió eliminar la inflación, ese horrible impuesto a los pobres. Hace años tenemos una inflación que no pasa de 3% anual.
• Que ayudó a bajar la pobreza de 60% de la población el año 90 a 20% el 2019.
• Que permitió que recuperáramos el crecimiento de la economía. Entre 1993 y 1997 crecimos 7.5% anual, proceso que lamentablemente se interrumpió en 1998 con el innecesario corte de la cadena de pagos y la consecuente recesión, que solo superamos hacia el 2004. Luego recuperamos el crecimiento alto y sostenido superando el 6.5% anual hasta que el 2011 empezamos nuevamente con el desaliento de la inversión privada. Llegando el 2019 a un paupérrimo crecimiento de 2.16%.

Sin embargo, hasta ahora no recuperamos la calidad de los servicios públicos. Nuestras instituciones dejan mucho que desear y nuestros indicadores sociales no llegan a los niveles de desarrollo que el Perú tiene capacidad de lograr por la abundancia de nuestros recursos naturales y capacidad de trabajo y creatividad de nuestra población, que ha mostrado altos niveles de longanimidad, o perseverancia y constancia de ánimo en situaciones de adversidad. La longanimidad, a diferencia de la resiliencia, que es un concepto de la física, conlleva benignidad, clemencia y generosidad.

¿Qué pasa con los académicos, periodistas y analistas que opinan sobre la situación del Perú?

Que en buena medida nos juzgan como si nunca hubiéramos interrumpido nuestro desarrollo. No se dan cuenta que tenemos que seguir con la gesta del desarrollo continuo para cerrar las brechas económicas, sociales e institucionales, que todavía no podemos superar. No se dan cuenta que recuperar nuestro potencial productivo y de generación de empleo toma mucho tiempo. Las inversiones importantes, las de largo aliento, toman mucho tiempo en consolidarse y en sacar al país de la economía especulativa y mercantilista que se desarrollo hasta 1990.

Por eso no sorprende que varios analistas pierdan la perspectiva y nos comparen con Colombia y Chile, que nunca tuvieron que empezar de nuevo su desarrollo.

Por eso molesta que no entiendan que tenemos procesos inconclusos y que tenemos que aprender a sumar. No podemos empezar de nuevo cada cierto tiempo, tenemos que corregir y avanzar.

Esta trampa de desconectar nuestros períodos históricos va más allá de los últimos 50 años. Permítanme invocar un mejor análisis, citando al historiador Mario Arce Espinoza, director de la Biblioteca Municipal de Arequipa, cuando dice de Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco: “Para Belaunde, el Perú es resultado de una continuidad, de un proceso que se ha gestado en el tiempo. En este territorio se han asentado culturas preincas, incaicas, sociedad colonial y la república. Todos esos sistemas de gobierno y culturas nos han enriquecido y formado la peruanidad”.

El Perú es muy grande, no nos equivoquemos con visiones parciales, y no caigamos en los mismos errores, una y otra vez. Lampadia

En estos días que extrañamos una clase dirigente que sepa hacerse presente en los momentos de debilidad de la Patria, en días en los que clamamos por ejemplos de virtud y compromiso cívico en la política, queremos destacar la figura del ínclito, don José Luis Bustamante y Rivero.

Bustamante y Rivero se desempeñó con pulcritud y generosidad como jurista, Presidente del Perú entre 1945 y 1948, y Juez de la Corte Internacional de la Haya entre 1961 y 1969, presidiendo la corte entre el 67 y 69. En 1980 coronó con éxito su labor de mediador en el conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador, y en un gesto que asombra y lo enaltece, rechazó el honorario que le ofrecieron ambos países, respondiendo: “La paz no tiene precio”.

El mes pasado en Arequipa, su sobrino Luis Bustamante Belaunde, Rector Emérito de la UPC, como vicepresidente del Patronato José Luis Bustamante y Rivero, con motivo de la donación de la ‘banda presidencial’ a la Universidad Católica San Pablo, nos regaló unas palabras que resaltan las virtudes de ese peruano ejemplar.

Hoy queremos compartir con nuestros lectores esas palabras, para recordar que los peruanos hemos producido grandes figuras públicas, y llamar, nuevamente, a nuestros mejores hijos a dar de sí, participando en la vida nacional.

Palabras en la ceremonia de donación de la banda presidencial del Dr. José Luis Bustamante y Rivero en favor de la Universidad Católica San Pablo

Arequipa, 20 abril 2018

En la vida de los pueblos y en el desarrollo de todas las sociedades, los símbolos están llamados a desempeñar un papel importante y revelador.  Desde la aparición de las primeras civilizaciones, la humanidad ha buscado y usado imágenes y objetos que representen sus aspiraciones y sus logros, sus victorias y sus sueños. 

Esos símbolos visibles, sus usos y sus mezclas, han revestido diversas formas y variados ritos según el tiempo vivido y de acuerdo con cada orden y de cada jerarquía.  Antoine de Saint-Exupéry hace decir a uno de sus personajes en El Principito que “los ritos son necesarios”.  Y así lo ha entendido la gente a lo largo y ancho de la historia. 

De este modo, en el orden religioso, aparecen los hábitos, los ornamentos, los báculos, los anillos, y las mitras.  En el orden político, los signos guardan relación con la naturaleza de los regímenes.  Cada sistema político ha empleado, para sus autoridades y sus mandos, un conjunto de signos materiales que los identifiquen y traduzcan de algún modo su origen, su naturaleza y su propósito. Esos signos han conformado una suerte de gramática cívica, y su empleo, su combinación, su supresión o sus cambios han sido parte de lo que podríamos llamar la liturgia civil o ciudadana.  Las monarquías emplean para sus reyes y reinas los tronos, las coronas, los títulos de nobleza, los sellos y los cetros.  Y en los regímenes republicanos —como el nuestro— son otros los distintivos, quizás deliberadamente más limitados, pero no por ello menos solemnes, como las cintas y las medallas para los representantes de los poderes del Estado, y, para sus más altos exponentes, un escueto bastón de mando y una banda generalmente sencilla cuyos colores la familiarizan con la bandera nacional.

La banda presidencial viene a ser, de este modo, en una república, la síntesis visible del poder que el pueblo reconoce en quien ejerce, gracias a su mandato y por disposición de la Constitución, la más alta magistratura de la nación, a la cual personifica, y quien en virtud de ello queda investido como su primer mandatario, esto es, quien ha recibido los mayores mandatos o poderes, y desempeña la más alta responsabilidad por voluntad de los ciudadanos que lo eligieron.  De allí que la sencilla banda presidencial resulte el signo tangible más representativo de un régimen político republicano. 

En nuestro país, la banda que en julio de 1945 fue solemnemente impuesta por el Presidente del Congreso, el Dr. José Gálvez Barrenechea, al recién elegido Presidente, el Dr. José Luis Bustamante y Rivero, es una que este recibió con la singular humildad que siempre lo caracterizó, que supo dignificar día a día con la limpieza de su trayectoria y con el testimonio de su ejemplo, y que jamás fue manchada por acto ni por omisión algunos que pudieran deshonrarla. 

Esta banda era apenas una promesa en el horizonte complicado e incierto de los umbrales de 1945 cuando el entonces Embajador del Perú en Bolivia recibe la invitación del recientemente constituido Frente Democrático Nacional para asumir la candidatura civil a la presidencia de la República y que, según su propia confesión, le plantea un problema de angustiosas proyecciones y abruma su sentido de responsabilidad, llevándole a redactar en el mes marzo el llamado Memorándum de La Paz, donde resume los ocho puntos que considera como requisitos básicos de su participación en el proceso electoral de dicho año.

Esta banda fue toda una meta de esperanza nacional cuando se cumple y desarrolla la campaña electoral, tan breve como intensa, del mencionado Frente Democrático Nacional, integrado por seis partidos y movimientos políticos de alcance nacional y por numerosas delegaciones y comités de carácter regional.

Esta banda encarnó el legítimo triunfo en una limpia victoria electoral, que alcanzó un porcentaje de votos no superado en la historia de las elecciones libres del país al sumar los dos tercios de los votos favorables frente a un tercio obtenido por el candidato contendor, esto es, lográndose una ventaja en la proporción de dos a uno.

Esta banda fue la serena posesión de quien hizo de su tarea de gobierno un monumento de respeto a la Constitución y la ley, y cumplió un papel decisivo en la construcción en nuestro país de un Estado de Derecho, en el cual la autoridad se somete a las limitaciones de su poder en lugar de utilizarlo para someter a los demás a sus dictados.

Esta banda fue callada herramienta en la laboriosa misión —aún penosamente inconclusa— de la edificación de una democracia representativa como pareja inseparable de la idea republicana de un gobierno civil que busca incansablemente un sistema de libertades y el juego responsable y constructivo de las distintas opciones partidarias.

Esta banda se vio luminosamente honrada al compartir su titular las tareas del gobierno con ilustres peruanos que sirvieron al país como ministros tan competentes como leales, entre los que cabría recordar, por citar tan solo algunos nombres en orden alfabético, el Dr. Luis Alayza Paz Soldán, el Dr. Jorge Basadre, el Dr. Rafael Belaunde Diez Canseco, el Dr. Javier Correa Elías, el Dr. Honorio Delgado, el Dr. Luis Echecopar García, el Ing. Rómulo Ferrero Rebagliati, el Dr. Enrique García Sayán, el Dr. Alberto Hurtado, el Dr. José León Barandiarán, el Dr. Julio Ernesto Portugal, el Gen. Armando Revoredo, el Dr. Óscar Trelles, el Dr. Luis E. Valcárcel, el Ing. Pedro Venturo o el Dr. Julio César Villegas.

Esta banda fue la silenciosa compañera en la soledad y en los infortunios propios del poder cuando este se ejerce dentro de las limitaciones de la ley, y muy particularmente cuando el comportamiento partidario en el Congreso impuso el ausentismo entre los miembros de una de sus Cámaras, impidiendo su funcionamiento, causando el receso parlamentario y obligando a la adopción de medidas extraordinarias para evitar la parálisis institucional, política y económica del país.

Esta banda fue la gloriosa testigo de singulares decisiones históricas que supusieron el cambio del mapa nacional con la declaración extensiva de las aguas jurisdiccionales y la proclamación del dominio marítimo o mar territorial —esto es, el derecho a la propiedad del territorio subyacente a dichas aguas y al aprovechamiento soberano de sus recursos— dentro del zócalo continental hasta el límite de las 200 millas al oeste de la costa, según el Decreto Supremo 781 de 1 de agosto de 1947.

Esta banda fue también la víctima paciente de la aguda confrontación de intereses egoístas que buscaban desplazar y desnaturalizar al interés nacional, que comenzaron por complotar silenciosas conjuras hasta realizar osados boicoteos que impactaron la normalidad institucional y desembocaron en la franca traición que culminó en el asalto armado al poder a través del cuartelazo de octubre de 1948.

Esta banda fue, a la vez, la solidaria compañía de quien se resistió a toda costa a renunciar a la presidencia de la República como consecuencia de ese golpe de Estado y que hubo de ser hecho prisionero y forzado al destierro y al doloroso exilio antes que faltar al compromiso nacido de las urnas y olvidar su responsabilidad de gobernante.

Y esta banda fue, finalmente, y al término de la indigna dictadura que despojó a su titular del mandato electoral, muda espectadora de la genuina reivindicación que la nación entera supo rendir al presidente derrocado, poniendo a cada quien en el lugar ganado en verdad y en justicia ante la historia.

La banda presidencial fue legada por el Presidente Bustamante y Rivero a su hijo, don José Luis Bustamante y Rivera, quien a su vez lo hizo en favor de su hijo mayor, don José Luis Bustamante Gubbins.  La decisión de donarla el día de hoy a la Universidad Católica San Pablo dice muchísimo de la profunda generosidad y del admirable desprendimiento de José Luis Bustamante Gubbins, su esposa y sus hijos.  Pero dice también mucho de la institución universitaria receptora que, al tomar posesión de ella, recibe el símbolo y el mensaje de una porción especialmente importante de la historia nacional y, con ella,  asume, o más bien, reafirma el compromiso que le corresponde —como institución educativa y como faro de la conciencia nacional— de recordar permanentemente al país el sentido de la vida de José Luis Bustamante y Rivero como ejemplar testimonio de servicio al Perú y como singular modelo de conducta para todos los peruanos.

Ver reseña biográfica en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Bustamante_y_Rivero
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