Es el momento de lanzar un gran programa anticorrupción
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.
ISO Antisoborno en las empresas privadas
En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.
Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.
Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.
Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas
Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.
Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.
[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.
Obra pública
También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras.
El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.
Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.
Simplificación administrativa
La adopción de sistemas Antisoborno por parte de las empresas privadas, sobre todo si esto llega también a empresas medianas y chicas, se potenciaría además si el Estado avanza de veras con la simplificación administrativa y la eliminación de trámites y regulaciones inútiles, que debe ir de la mano con la digitalización del Estado y con su profesionalización a través de la aplicación del régimen del servicio civil meritocrático en toda la administración estatal. Todo eso es fundamental para reducir las ocasiones de corrupción.
La PCM está trabajando en la simplificación administrativa. Mayen Ugarte, Secretaria de Gestión Pública, nos informó que, al 8 de noviembre, su oficina había revisado ya los trámites y Tupas de 9 Sectores. Como resultado, había emitido 59 Resoluciones Ministeriales simplificadoras, eliminando 127 trámites y simplificando 62. El próximo año avanzará con los demás sectores.
Al mismo tiempo, está en ejecución el difícil y resistido “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR) de las normas. Comenzó, de acuerdo al cronograma, en tres Sectores: PCM, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo. Se revisaron 350 procedimientos. La tarea es dura: según Ugarte, de los primeros 11 que entraron, solo sobrevivió uno, lo que sin duda es una buena noticia, pero da una idea de la resistencia que el proceso puede engendrar en la burocracia, que se aferra a sus normas. En todo caso, se enviaron las observaciones del ACR a esas tres entidades para las subsanaciones correspondientes, ya las subsanaron y ahora han ingresado al proceso de validación por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, por lo que el proceso no ha culminado aún. Luego el 30 de noviembre se presentó a la PCM el ACR del segundo grupo de entidades (los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego, y Cultura), relativo a 500 procedimientos, que está siendo revisado por la Secretaría de Gestión Pública para formular las observaciones a que haya lugar.
También ha llegado el ACR de cerca de 1,000 procedimientos del tercer grupo de ministerios, que aún no ha empezado a revisarse. Todavía se está dentro del cronograma, aunque las observaciones y subsanaciones demoran más que los tres meses asignados. Es un proceso de varias vueltas. Según Mayén Ugarte, es un proceso de aprendizaje. El primer lote fue más difícil porque todo era nuevo. “En un momento hicimos un alto para analizar y trabajamos la estandarización de observaciones y hemos podido trabajar con equipos de consultores externos con apoyo de la GIZ. Lo interesante es que, para la segunda vuelta, después de las observaciones las propias entidades están proponiendo eliminaciones y se lo toman en serio porque ven que el programa va en serio, y entonces vienen mejor las sustentaciones”, explica.
Fuera de esto, es interesante ver que en adelante solo por decreto supremo se puede ahora crear un procedimiento nuevo, que deberá pasar por el ACR y también por el análisis de impacto regulatorio (RIA): el ministerio de justicia analiza el impacto de la norma propuesta en la legalidad, el MEF el impacto en los mercados y la PCM en la organización del Estado (duplicidad, simplificación). Lamentablemente en diciembre la carga de los ACR fue tal que se decidió hacer RIA solo para las normas multisectoriales, y en las sectoriales la PCM revisa si requieren pasar por ACR o no. Da la impresión que la PCM debería reforzar el equipo encargado de todos estos temas clave.
Indecopi y las barreras burocráticas
El Indecopi, que tiene una tarea también clave de eliminación de barreras burocráticas, parece estar avanzado. Su Director Ejecutivo, Ivo Gagliufi, nos informaba que a fines de diciembre existían 106 casos de inaplicación de barreras burocráticas con efectos generales. Además –añade- se han eliminado voluntariamente entre enero y octubre un total de 2,224 barreras burocráticas que representan un ahorro de 82.5 millones de soles, y “hemos creado el programa Comando Antibarreras para identificar barreras de oficio pidiendo la información a los gremios y luego vamos a las entidades para pedirles que las eliminen voluntariamente. Es decir, lo estamos haciendo proactivamente”. Bien.
No obstante, el abogado Alejandro Falla escribió hace poco en El Comercio lo siguiente: “el MEF parece trabajar para el enemigo al haber aprobado metas que incentivan a las municipalidades a aprobar trámites absurdos cuestionados por el Indecopi”. En efecto, el MEF administra el programa de fortalecimiento a la gestión municipal que aprueba transferencias adicionales de dinero a las municipalidades que cumplen ciertas metas que se aprueban año a año. Pues bien, ocurrió que el MEF estableció una meta que incentivaba a las municipalidades a aprobar un reglamento (para obtener ingresos propios) que contenía requisitos y exigencias que Indecopi ya había declarado como barrera burocrática (exigencia del carnet de sanidad). Es decir, la mano derecha no conversa con la mano izquierda. Como sugiere Falla, “sería mejor que dentro de las metas a ser priorizadas el próximo año se incluya el destrabe o la simplificación administrativa. Si lo hacen, podrían tener a todas las municipalidades alineadas con el objetivo. En Australia han aplicado un sistema similar y les ha dado resultados”.
Digitalización del Estado
La digitalización del Estado, que es también fundamental para transparentar, facilitar y disminuir peajes corruptores, ha empezado a moverse desde que en noviembre del 2016 se nombró a Lieneke Scholl en la Oficina de gobierno Electrónico. Ella es ahora ministra de la Producción. En la actualidad hay 85 servicios WEB del Estado en la plataforma de interoperabilidad y 238 entidades públicas usándolas, y 61 tasas se pueden pagar por Internet (pagalo.pe) en lugar de tener que ir al Banco de la Nación. Además, en agosto se publicaron los lineamientos de Gestión Documental para que las entidades del Ejecutivo puedan conectar electrónicamente sus aplicaciones de trámite documentario camino a CERO PAPEL. En ese terreno las cosas están avanzando.
Ley de Servicio Civil sin prioridad
Las empresas privadas honestas necesitarían interactuar con un Estado profesional y meritocrático. Para ello se dio la ley de Servicio Civil, cuya aplicación lamentablemente carece de prioridad política en esta administración pese a que es fundamental para pasar de entidades estatales neo patrimonialistas basadas en redes personales y eventualmente ilícitas (como en el caso de muchos gobiernos sub-nacionales, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial), a organizaciones profesionales basadas en el mérito.
Dicho sea de paso, una de las instituciones que presentó y logró que se aprobara un proyecto de ley para exceptuarse de dicha ley, es nada menos que el Poder Judicial (para sus trabajadores administrativos), cuyo presidente preside, paradójicamente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Se aprobó en ese mismo acto, hace un par de semanas, una ley de Carrera del Trabajador Judicial, en la que la meritocracia se limita –y con excepciones, además- al ingreso a la carrera, que será mediante concurso público, pero de allí en adelante se instaura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera. Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción.
El único efecto práctico de esa ley será una nueva escala con remuneraciones más altas que las actuales, pero a cambio de nada.
Reformar la Corte Suprema
El lanzamiento de un movimiento anti soborno en las empresas privadas debe ir de la mano con una reforma profunda del sistema judicial. Por supuesto, la adopción por parte de los estudios de abogados del mencionado ISO Antisoborno y la firma de un pacto anti soborno como el que Beatriz Boza intentó hace unos años sin éxito, ayudarían muchísimo. Pero se requiere reformar y modernizar el sistema judicial mismo. Se ha planteado la reforma del CNM, la reducción de la provisionalidad de magistrados anticorrupción (jueces y fiscales), y la Interoperabilidad del sistema de administración de justicia, que incluye el estratégico expediente digital, para el que se está solicitando un préstamo de $200 millones de dólares al Banco Mundial.
Pero hace falta, además, y primero que todo, reformar la Corte Suprema, en la línea de lo que hace años planteó la Ceriajus: pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel conformada por solo 11 miembros (no los ¡45! que son ahora entre titulares y provisionales) dedicada solo a casos emblemáticos que permitan sentar jurisprudencia. Y fortalecer la gerencia general para descargar en ella la parte administrativa. Si reformamos la cabeza, reformamos el cuerpo. No solo habrá predictibilidad, reduciendo el espacio para la compra de sentencias, sino que muchos buenos egresados de las facultades de derecho querrán ingresar a la carrera judicial si ven que la Corte Suprema está integrada por los mejores juristas del país. Mejoraríamos así la calidad de los jueces.
Financiación ilegal de campañas y reforma política
Por supuesto, de nada sirve que muchas empresas privadas adquieran prácticas de integridad si los poderes ilegales pueden infiltrarse en el Congreso y el Ejecutivo a través del financiamiento de las campañas electorales. La mencionada propuesta de Plan Nacional de Integridad establece la penalización de aportes no autorizados, la rendición periódica de cuentas y no al final de campaña, y la transparencia en la publicidad. Al respecto, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén proponen que, en la medida en que el costo de la publicidad electoral en la televisión representa alrededor del 80% o 90% del gasto de los partidos en las campañas, que sea el Estado quien pague dicho costo. Esto en lugar del financiamiento público a los partidos, que lleva a controles e injerencias en las organizaciones políticas.
Por supuesto, el problema es mucho más complejo. Se necesita una reforma política y una reforma de la descentralización que permitan recuperar autoridad central sobre gobiernos sub-nacionales que se han convertido en botines presupuestales de aventureros políticos no pertenecientes a partidos políticos sino eventualmente a mafias de todo tipo. Se necesita revertir la feudalización del país, que es la madre del cordero de la corrupción en el interior del país.
Sería bueno que se empodere a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a fin de que pueda movilizar la ejecución del Plan Nacional de Integridad cuando se apruebe, y que coordine con el sector privado, con IPAE en este caso, para llevarlo adelante. Lampadia