El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia

Lampadia respalda la campaña del SINACOOP (Sistema Nacional de Cooperación con la PNP – Amigos de la Buena Policía Nacional), que llama la atención a los Fiscales y Jueces de Arequipa, así como a las más altas autoridades de ambas importantes Instituciones, por la falta de consecuencia y colaboración con la Policía Nacional en la preservación del orden público.

Como es de conocimiento de todos los ciudadanos, los niveles de violencia contra los pacíficos ciudadanos de la costa Sur de Arequipa y contra los guardianes del orden público, han llegado a niveles inaceptables y los delitos cometidos no pueden quedar impunes.

Es menester que las tres instituciones coordinen procesos y colaboren íntimamente para que los peruanos podamos sentirnos guarnecidos por el Estado de Derecho.

¡No a la impunidad!

Lampadia

La ciudadanía quedó en shock mientras veían como los integrantes del Movadef dejaban las cárceles en las que se hallaban recluidos por sus evidentes vínculos con las acciones  criminales de Sendero Luminoso. Era insoportable entender que los Jueces de la Sala Nacional Penal F liberaran a los miembros de esta organización. Inentendible. Lo mismo ha sucedido días antes, con la liberación de Benedicto Jiménez y otros acusados de corrupción en los gobiernos regionales. 

Tan solo hace unas semanas atrás, en Lampadia felicitábamos los esfuerzos que realizaba nuestro Sistema Judicial para condenar las corruptelas de varios presidentes regionales y encausar a la extendida mafia que lideraría el abogado Rodolfo Orellana (ver: Gran oportunidad para lograr una justicia que respetemos). La decepción llegó más temprano de lo esperado. Los miembros de nuestro Sistema Judicial, vuelven a desperdiciar una brillante oportunidad para concedernos la justicia que merecemos los ciudadanos de este país que se esfuerzan día a día por hacerlo mejor y  cumplen con las leyes.

Como señalábamos en el mencionado artículo “Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso [el juzgamiento de los presidentes regionales]. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial”.

La liberación de los miembros del Movadef, de Benedicto Jiménez (parte de la organización Orellana) y la de Iván Vásquez, presidente regional de Loreto, nos hacen pensar que el Sistema Judicial peruano ha perdido la brillante oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía. Es vergonzoso que no utilice pruebas de dominio público, como lo mencionado por Cecilia Valenzuela (ver en Lampadia: Sendero vivito y avanzando), o que la coordinación entre las partes del sistema dificulte e impida la efectividad de la justicia, o que se amparen en las debilidades de otros. ¿No se juntan a coordinar? ¿A desarrollar estrategias comunes? ¿A compartir la información?

Ahora solo queda pensar en una reforma integral como la que hizo Hong Kong para resolver la corrupción policial (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte). Que se las ingenie para nacer adentro, pero que sea llevada a cabo, desde el exterior. El Sistema Judicial incluye a la Policía, el Ministerio Público, y el propio Poder Judicial, más su interrelación con el gremio de abogados.

Sin duda lo más grave es que se haya dejado en libertad a los líderes del Movadef. Este no es un caso cualquiera. Estas personas forman parte de una organización genocida que no cree en el Estado de derecho, ni en la democracia y que ha demostrado largamente que tampoco cree en los principios elementales de la convivencia, como el respeto a la propia vida. No olvidemos que el “pensamiento Gonzalo”, con el que siguen comprometidos públicamente, amenaza a toda la sociedad con ríos de sangre.

Por eso la reacción del Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza solicitando que se investigue a los magistrados que dieron libertad al Movadef, es insuficiente. Una gota de agua para aclarar un lodazal. Un leve reflejo para enfrentar a la indignación ciudadana que encabezó el propio Presidente Ollanta Humala al señalar: “Sabemos todos las vinculaciones que tiene el Movadef con Sendero Luminoso. (…) Respetamos los fallos del Poder Judicial nos guste o no nos guste, pero eso no me impide expresar mi preocupación profunda. (…) Yo espero que se reflexione sobre este fallo”.

Humala también explicó: “hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en (…) saco roto”.

Los jueces de la cuestionada Sala se han defendido arguyendo que su fallo se produjo por que la fiscalía no presentó suficientes elementos para encontrar las relaciones con Sendero Luminoso.

¿Es posible eso? ¿Que en un caso tan sensible para la nación, la Fiscalía no haya hecho bien su labor? En la prensa se ha demostrado suficientemente las vinculaciones de Sendero con el Movadef. ¿La Fiscalía no recogió esos argumentos o no son suficientes para los jueces?

Lo cierto es que es inaceptable que cualquiera de esas posibilidades haya permitido abrirles las puertas de la libertad a los integrantes de esta sanguinaria organización. Por lo menos en un caso como este las autoridades debieron actuar con la mayor diligencia posible. ¿Cómo es posible que la prensa obtenga mejor información que la Fiscalía?

Ha llegado la hora de realizar una gran reforma del Sistema Judicial. Queda claro, eso sí, que no podrá hacerse desde adentro. Seremos los ciudadanos los que tengamos que exigir y plantear una solución que cambie de raíz esta situación, ojalá con la colaboración e ingenio de nuestros mejores juristas, para encontrar el camino de esta reforma, sin avasallar la Constitución. Lampadia

La reciente renuncia de Gladys Echaíz a su cargo como Fiscal Suprema revela la escasa predictibilidad y transparencia en la elección del Fiscal de la Nación. La desinstitucionalización y desprestigio del sistema judicial peruano es un grave problema para el desarrollo de largo plazo del país.

Para que una economía de mercado funcione debidamente se requiere de un Estado sólido, eficiente, predecible y por supuesto, carente de corrupción. Lamentablemente, el Estado peruano está muy lejos de esta aspiración. 

Sin luz roja: Es urgente reconstruir nuestras instituciones

En los últimos años hemos asistido al creciente descrédito de las instituciones clave del país. En especial las que tienen que resguardar el orden interno y velar por el normal funcionamiento de la justicia en el país. Nos referimos a la Policía Nacional y al Sistema Judicial formado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados. Ni que decir del Congreso.

Tras el escándalo López Meneses, se renovó la percepción de que la policía está muy corrompida, aunque para la mayoría de ciudadanos que día a día sufren su actuación, no es sorprendente lo ocurrido. La Policía lejos de cumplir con sus funciones, controlar la criminalidad y dar seguridad a la sociedad, se preocupa por obtener ingresos indebidos exigiendo sobornos y prebendas.

La reciente renuncia de Gladys Echaíz al Ministerio Público revela las oscuras formas y las presiones políticas que se producen entre bambalinas a la hora de elegir a los fiscales y en especial, al Fiscal de la Nación.

El Poder Judicial es rechazado mayoritariamente por la población y en vez de ser una fuente de intermediación y solución de conflictos, en muchos casos, actúa agravándolos. Sentencias, resoluciones, amparos y fallos suelen estar motivadas por oscuros intereses y son un factor que enrarece el clima de inversión.

En realidad la desinstitucionalización por la que atraviesa nuestra nación alcanza a los colegios profesionales (cada vez más desprestigiados) y a los clubes de fútbol. Si el fútbol no es un negocio como en otras partes es porque los clubes, sus jugadores y dirigentes nos ofrecen un espectáculo cada vez más carente de interés, en especial si se le compara con lo que se entrega en Europa.

¿Cómo se puede invertir en nuestro país sin seguridad jurídica? Es imprescindible un pacto social que permita una reinstitucionalización del país en todos sus ámbitos y en especial en lo que respecta al sistema judicial y el Poder Legislativo. Lampadia.