Patente de corso para la corrupción

Tiempos de escándalo, tiempos de irritación e indignación, los mejores momentos para identificar y corregir a las instituciones con coladeras, por las que se filtra la corrupción.

Lamentablemente, en el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones publicas, no responden a los siguientes principios:

Las democracias modernas se basan en el balance de poderes.
La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia.
La distribución del poder debe reflejar la representación popular.
La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control.
En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto. 

Estamos hablando de los municipios y gubernaturas regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales.

“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.

Veamos sino al extremo de corrupción que se llegó en una institución asentada en Suiza, que no rendía cuentas a nadie y tenía poderes discrecionales absolutos. 

En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una  segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.

En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción. No hace falta dar ejemplos de abuso de autoridades, decisiones caprichosas, o de actos de corrupción; todos los ciudadanos conocemos mil ejemplos.

Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?

Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?

Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.

La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas? Lampadia