A solo semana y media de las elecciones presidenciales y congresales, los candidatos con mayor probabilidad de convertirse en gobierno destacan por sus propuestas populistas y carentes de buenas ideas que ayuden a paliar tanto económica como sanitariamente la crisis en la que nos vemos caído por la pandemia. El debate se ha tornado en muchos casos un circo de ataques y poca sustancia en lo concerniente a políticas públicas que propendan bienestar a los peruanos. Y como es costumbre con la izquierda decimonónica en nuestro país, sus planes amenazan con socavar las propias bases de nuestro modelo de desarrollo.

A esto se suma además lo que un reciente artículo publicado por The Economist deja muy en claro: la poca representatividad que estos candidatos exhiben en las encuestas y cómo un porcentaje todavía bastante alto de la población peruana (30% aprox.) no tiene todavía decidido su voto. El escenario de un Ejecutivo con minoría en el Congreso que además estaría fracturado parece inminente.

Sin embargo, consideramos que es ese porcentaje de indecisos el que aún está abierto a escuchar un verdadero debate desde los medios y demás líderes de opinión sobre las propuestas que nuestro país necesita para salir de la presente crisis.

Al respecto The Economist enfatiza: “El país está pidiendo a gritos una habilidad política que parece poco probable que obtenga. Ha sido golpeado por la pandemia. El año pasado su economía se contrajo un 11% y el desempleo subió al 13,8%. En relación con su población de 33 millones, Perú ha registrado más muertes por covid que en cualquier otro lugar de América del Sur.”

El escenario al que nos enfrentamos tan complejo debería pues no solo inducirnos a descartar los candidatos que coquetean con políticas trasnochadas, populistas e intervencionistas que nos llevaron al estancamiento prolongado de 30 años de nuestra economía a fines de los años 80. También debería llevarnos a abrazar las ideas de la libertad, y de la cooperación con el sector privado y la sociedad civil para superar la crisis, como lo hicimos en su momento tras esas épocas oscuras en décadas pasadas. El impulso de la inversión privada como motor del crecimiento y generación de empleo debe pues volver al debate, así como el apoyo del sector privado en la vacunación y la atención sanitaria para el aislamiento de contagios son fundamentales.

Esperemos que los candidatos, inclusive los del ala radical de izquierda moderen sus propuestas, aún cuando sea en la segunda vuelta.

Sólo volviendo a invertir en infraestructuras y proyectos productivos, podremos recuperar la última década perdida del 2011 al 2020. Lampadia

La opción menos mala
En la carrera presidencial de Perú no hay un claro favorito

Dieciocho candidatos luchan en las elecciones generales del 11 de abril.

The Economist
27 de marzo, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de Perú, las encuestas de opinión sugieren un claro ganador: un rechazo nihilista de los 18 candidatos. Sume los “no sabe” y los que les dicen a los encuestadores que emitirán votos en blanco o nulos y llegan a alrededor del 30%. Pero dos personas deben pasar a una segunda vuelta en junio. La mayoría de los candidatos con buenas posibilidades de hacerlo son populistas y outsiders, tanto de izquierda como de derecha.

Yonhy Lescano, un populista de izquierda y un veterano del Congreso de 20 años, es el único candidato que realiza una encuesta en dos dígitos (alrededor de un miserable 13%). Representante de Acción Popular, un partido de larga data, pero amorfo, quiere más intervención estatal en la economía y le gusta el aspecto de lugares como Bolivia (que la tiene). Promete una mayor fiscalización de las empresas y frenar los proyectos mineros si no cuentan con el apoyo de la población local.

Luego está Rafael López Aliaga: desconocido hasta hace unas semanas, ahora tiene un 8% en las urnas y está subiendo rápido. Hombre de negocios que es miembro del Opus Dei, un movimiento católico conservador, se jacta de su celibato y de cómo se flagela a sí mismo. Sus críticos lo ven como una versión peruana del brasileño Jair Bolsonaro (él lo niega). Quiere recortar la burocracia, reformar los programas sociales y expulsar a una constructora brasileña, Odebrecht, que ha sido objeto de varios escándalos de corrupción.

Otro contendiente es George Forsyth, ex portero de fútbol y alcalde, quien ha prometido que, si gana, será duro con el crimen. Habiendo liderado durante mucho tiempo las encuestas de opinión, el apoyo de Forsyth ha decaído recientemente. Los oponentes dicen que su juventud (tiene 38 años) y su inexperiencia lo hacen mal equipado para la política rudo y desordenada de Perú, que se parece más al rugby que al fútbol. Verónika Mendoza, socialista, y Keiko Fujimori, populista de derecha, también tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta.

El que gane se enfrentará a un Congreso fracturado, también a ser elegido el 11 de abril. Sus 130 miembros podrían dividirse entre hasta 11 partidos. Desde 2016 las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido una característica constante de la vida política y el país ha tenido cinco presidentes.

Un grupo tan poco distinguido de candidatos presidenciales no es nada nuevo. En 2011 Mario Vargas Llosa, novelista premio Nobel, se quejó de que en las elecciones de ese año los peruanos tenían que elegir entre “sida y cáncer”. La espantosa broma de Vargas Llosa se refería a dos candidatos que consideró que serían particularmente dañinos: Fujimori y Ollanta Humala, un ex golpista que ganó y que también se postula nuevamente este año.

El país está pidiendo a gritos una habilidad política que parece poco probable que obtenga. Ha sido golpeado por la pandemia. El año pasado su economía se contrajo un 11% y el desempleo subió al 13,8%. En relación con su población de 33 millones, Perú ha registrado más muertes por covid que en cualquier otro lugar de América del Sur. Como declara el título de una de las novelas recientes de Vargas Llosa, estos son tiempos feroces. Lampadia

Una de las limitantes que enfrentó y sigue enfrentando el gobierno en la pandemia es la carencia de un sistema de identificación digital que pudiese integrar y actualizar información en tiempo real de varios importantes ámbitos de la población peruana que incluyan por ejemplo la salud, la ocupación, la disponibilidad de una cuenta bancaria, el hogar de residencia, por mencionar los más importantes.

El costo de no tener información completa, y en muchos casos totalmente desfasada, ha sido duro y se ha visto en todos los servicios provistos por el estado durante la emergencia desde una lenta y aún errática entrega de bonos y una falta de atención hospitalaria oportuna hasta una prácticamente inexistente aplicación de un sistema de rastreo de contactos que evitase mayores contagios.

Afortunadamente ya se han empezado a plantear iniciativas al respecto como la “cuenta DNI” que apuntaría a generar cuentas bancarias para toda la población identificada en RENIEC, asegurando un mecanismo de percepción de subsidios de ayuda a partir de la información actualizada del DNI.

Pero hacen falta muchas más medidas dada la tremenda reducción de tiempos en procedimientos burocráticos que implicaría digitalizar toda la información del ciudadano de manera centralizada. A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist que aborda cómo algunos países – sin ser necesariamente del primer mundo – han construido sus sistemas de identificación digital y los beneficios que han logrado con él.

Si bien consideramos, al igual que The Economist, que estos sistemas pueden ser peligrosos en manos de un régimen autocrático, creemos que sí es posible generar mecanismos para salvaguardar la privacidad de las personas para que no sea usada para malos fines. El tremendo costo de no generar estos sistemas, como hemos visto en el Perú con la pandemia, imprime la necesidad de avanzar en la digitalización. Lampadia

Hora de la prueba
Covid-19 refuerza el caso de las tarjetas de identificación digitales

Con garantías de privacidad y seguridad, hacen que el gobierno funcione mejor

The Economist
5 de setiembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

La pandemia ha tenido pocos rayos de luz. Una es que una gran variedad de actividades humanas se ha movido en línea con mucha más fluidez de lo que casi nadie esperaba. Las empresas han dejado que su personal administrativo trabaje desde casa durante medio año. La gente asiste a clases de yoga de forma remota. Los británicos aparecen en los tribunales de forma digital; los neoyorquinos se están casando en línea.

Sin embargo, a medida que migran al mundo virtual, muchas personas descubren que no tienen los documentos adecuados para demostrar su identidad. Las empresas utilizan las tarjetas de crédito, en efecto, como una prueba aproximada de que las personas son quienes dicen. Los gobiernos no pueden hacer eso. En lugar de simplemente intercambiar bienes por dinero, regalan dinero y emiten órdenes, por lo que necesitan saber más sobre sus “clientes” que, por ejemplo, un supermercado. En países sin un sistema de identidades digitales seguras, el cierre de oficinas gubernamentales tradicionales y el cambio de servicios públicos en línea han causado estragos. Los divorcios y las adopciones se han topado con una pared de ladrillos virtual. El sistema de Italia para distribuir los pagos de emergencia colapsó y luego exigió trámites que los solicitantes no podían obtener porque las oficinas gubernamentales estaban cerradas. En EEUU, el estado de Washington pagó 650 millones de dólares en seguro de desempleo a los estafadores que presentaron solicitudes utilizando identidades robadas.

No se produjo tal estrago en Estonia, un pequeño estado báltico donde todos los ciudadanos tienen una identidad electrónica. Más que una simple tarjeta de identidad, vincula los registros de todos los estonios. Entonces, cuando el gobierno creó un sistema de licencias para los trabajadores afectados por la pandemia, ya sabía dónde trabajaban y cómo pagarles. Nadie en Estonia tenía que hacer cola en la acera para reclamar beneficios, como lo hacía la gente en otros lugares.

Otros países, como Gran Bretaña y EEUU, se han resistido durante mucho tiempo a introducir un sistema de identidad nacional. Algunos temen que al gobierno le resulte demasiado fácil espiar a la gente, o que sea demasiado fácil de piratear, o que simplemente burócratas incompetentes lo estropeen. Los sentimientos se disparan. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, una vez prometió que si tenía que llevar una tarjeta de identificación y un funcionario mandón exigía verla, se la “comería físicamente”.

Sin embargo, la pandemia ha fortalecido el caso de una identificación digital. No solo facilitaría y agilizaría el acceso a los servicios gubernamentales de forma remota. También haría que los sistemas de seguimiento y localización fueran más eficaces. Si, en una emergencia como la pandemia, los datos de salud estuvieran vinculados a los datos del trabajo, los gobiernos podrían detectar rápidamente cuándo un grupo de pacientes con covid trabajaba en la misma fábrica.

Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad se pueden disipar, aunque de manera imperfecta. Los estonios, que se enteraron de una sana sospecha sobre Big Brother [referencia al ‘gran hermano’ de Orwell] durante cinco décadas bajo la bota soviética, están ampliamente tranquilos por una ley de protección de datos y salvaguardas contra la piratería continuamente actualizadas que incluyen la autenticación de dos factores. Del mismo modo, se pueden aprobar leyes para evitar que la policía exija ver las tarjetas de identificación de las personas. Los regímenes autocráticos abusarán de los sistemas de identidad, por supuesto, pero los gobiernos democráticos pueden verse limitados. El sistema de Estonia registra cada vez que se visualiza un dato, y es un delito que cualquiera, incluidos los funcionarios, acceda a información privada sin una buena causa. Ese es un buen modelo.

Crear un sistema de identificación digital es difícil y costoso. Sin embargo, India, un país gigantesco y en gran parte pobre, lo ha logrado. Su sistema biométrico “Aadhaar” ha creado identidades digitales para 1,300 millones de personas. Tiene fallas: muchos indios que no pudieron registrarse han sufrido gravemente por no poder acceder a los servicios. Pero ha simplificado los servicios gubernamentales y ha reducido enormemente el fraude. Si los indios rurales pueden demostrar quiénes son en línea, es escandaloso que muchos británicos y estadounidenses no puedan.

Los sistemas de identificación digital se pueden introducir gradualmente, basándose en plataformas preexistentes. No tienen por qué ser obligatorios. Si son razonablemente seguros y reducen la molestia de tratar con el Estado, la gente se inscribirá voluntariamente. Lampadia

En los últimos días diversas autoridades provenientes tanto de instituciones públicas autónomas como del mismo Poder Ejecutivo se han pronunciado respecto a las órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial y solicitadas por el Ministerio Público, a propósito de los recientes intentos de detención de los ex presidentes Alan García – fallecido el pasado 17 de abril tras cometer suicidio en su vivienda – y Pedro Pablo Kuczynski – quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco. Veamos:

• Martín Vizcarra –  Presidente de la República del Perú (Entrevista en TV Perú el pasado 21 de abril): “Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”.
• Salvador del Solar – Presidente del Consejo de Ministros (Entrevista en RPP Noticias el pasado 22 de abril): “¿Estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva, sin que alguien haya sido juzgado, una moneda corriente que se ha vuelto de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión”.
• Ernesto Blume – Presidente del Tribunal Constitucional (Entrevista en Agenda Política – Canal N el pasado 21 de abril): “Hay una suerte de uso excesivo, y yo diría en algunos casos, abusivo de esta figura, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes. El primero es del año 2013, y se llama ‘Medidas para reducir la prisión preventiva, y el segundo es del año 2017, que se refiere a informes del uso de la prisión preventiva”.
• Walter Gutiérrez – Defensor del Pueblo (Publicado en El Comercio el 22 de abril): “Claramente hay excesos ¿qué parte del principio que refiere que la restricción de la libertad es una excepción no se ha entendido? No es la regla ¿Qué parte de la limitación de la libertad debe ser gradual y siempre debe ser motivada no se ha comprendido?”

Así, dichas declaraciones constituyen el punto de ebullición de los excesos cometidos hacia la privación de la libertad en nuestro país a partir de una medida que, vale la pena reiterar, es de carácter cautelar y excepcional, y que para su implementación debe ser correctamente sustentada con circunstancias como el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, entre otras. Prueba de estos abusos por ejemplo se han dado bajo esta modalidad con ex presidentes y notables personajes políticos en los últimos años y meses. Veamos:

• La ex pareja presidencial Humala fue detenida en julio del 2017 para comparecer 18 meses de prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en abril del 2018, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
• Keiko Fujimori y 10 personas asociadas al partido Fuerza Popular fueron condenadas a 36 meses de prisión preventiva el pasado 31 de octubre por delitos que no eran tales en el 2011. Ya llevan 4 meses en prisión.
• El dos veces presidente Alan García Pérez intentó ser detenido bajo la misma modalidad el pasado 17 de abril, allanando también su vivienda, ante especulaciones respecto a una supuesta vinculación en una entrega de dinero hecha a su ex secretario Luis Nava en el caso Lava Jato. Se suicidó antes de ser esposado.
• El mayor abuso se dio con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – requerido también a 36 meses de prisión preventiva – cuando se pretendía enmarrocarlo mientras se encontraba muy delicado de salud en la clínica Angloamericana el pasado 19 de abril.

Pero lo realmente peligroso de los abusos de esta medida es que ya están afectando al resto de la población peruana, más allá de los políticos. Así, del total de 91,0000 presos en el Perú, cerca del 30% están sin sentencia, muchos de ellos con prisión preventiva. Ello muestra la incompetencia absoluta de los funcionarios del Poder Judicial que han hecho suya una medida en base a un abuso extremo e injustificable.

Todo este contubernio político, producido en su mayoría por las cuatro declaraciones mencionadas al inicio del artículo, ha suscitado inclusive que la misma Presidencia del Poder Judicial emitiera un comunicado el pasado 22 de abril señalando que existen vías procesales idóneas – como las apelaciones – para anular sus decisiones judiciales asociadas a las prisiones preventivas. Lamentablemente este no es el caso del Ministerio Público, puesto que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales artífices del abuso de estas medidas en los últimos meses, ha pedido respeto a la independencia de la administración de justicia hacia al Ejecutivo, siendo dichas declaraciones una exageración puesto que en ninguna de las declaraciones anteriormente mencionadas se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes.

Ya es hora de parar esta herramienta inquisitorial. Eso no es justicia, es ensañamiento que puede estar motivado por la rabia o inclusive por ideologías perversas. No podemos permitir que uno de los principales derechos de una sociedad democrática, como es el derecho a la libertad, se vea pisoteado por tales funestos sentimientos. En ese sentido, esperamos que estas declaraciones desde el Ejecutivo, TC y Defensoría del Pueblo, que establecen los correctos lineamientos, así como un adecuado proceder para los investigados por casos de corrupción, calen en el accionar de los funcionarios que integran ambos órganos rectores de la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lampadia

La semana pasada, el INEI publicó las cifras de pobreza al cierre del año 2018 y destacó una reducción a nivel nacional de 1.2% en la pobreza y 1.0% en la pobreza extrema, con respecto al 2017. Esto quiere decir que de los 313,000 peruanos que dejaron la condición de pobreza el año pasado, 305,000 dejaron la pobreza extrema.

Este es sin duda un resultado positivo, máxime si en 2017 se obtuvo un incremento no menor de pobres (+1.0%); sin embargo, un análisis más profundo acerca de los causales de este fenómeno así como una descomposición de los resultados presentados por el ente estadístico nos debe llevar más a la reflexión, que a la celebración. Esto también aplica si se analizan los resultados más actualizados que se tienen sobre la desigualdad en el Perú.

Veamos.

Crecimiento económico y pobreza

En primer lugar, se debe señalar que – como han indicado diversos think tanks o centros de estudios económicos como Macroconsult y el IPE – esta caída de 1.2 % en la pobreza se encuentra en consonancia con una tasa de crecimiento del PBI del 4%, siendo este el principal determinante de tal reducción. Esto no es de sorprender. Como se evidencia en el siguiente gráfico, en los 13 de los últimos 15 años en los que la pobreza se redujo estrepitosamente (-38.2%), tres cuartas partes de dicha caída están explicadas en su totalidad por crecimiento económico, una contribución que largamente sobrepasa la de los programas de transferencias condicionadas.

Así, el principal driver del crecimiento que permitió esta mejora en las condiciones de vida de la población peruana lo configuran los mayores niveles de inversión privada, los cuales generan una mayor demanda de empleo con el consecuente aumento de los ingresos y por ende, aumento del gasto de los hogares, variable utilizada para medir los niveles de pobreza.

Ahora bien, el meollo del asunto es más bien otro: ¿Es suficiente crecer 4% de cara al futuro para seguir sosteniendo una caída pronunciada y acelerada de la pobreza? Como se puede constatar en el siguiente gráfico, la elasticidad crecimiento-pobreza, es decir, cuántos puntos porcentuales cae la pobreza ante el incremento de un punto porcentual de crecimiento ha pasado de 0.7 en la década pasada a 0.3 en los últimos años.

Ello quiere decir que si realmente queremos sostener caídas de la pobreza superiores necesitaremos crecer 6% o más, siendo el actual crecimiento de 4% insuficiente y mediocre a la luz de los resultados de bienestar que se pueden generar con tasas mayores (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad).

Pobreza urbana y por regiones (costa, sierra y selva)

Parte del débil impacto de este crecimiento alicaído de la economía peruana se puede constatar si uno analiza los resultados desagregados de la pobreza por área de residencia y región natural. Por área de residencia se observa que la reducción ha sido mayor en el ámbito rural (-2.3 %) que en el ámbito urbano (-0.7 %).

Sin embargo, como se desprende del presente gráfico, la pobreza urbana aún no se recupera del incremento de la pobreza experimentado en el 2017. Así se mantuvo en el 2018 con un 14.4% frente al 13.9% en el 2016. Esto en términos absolutos quiere decir que el número de pobres en la zona urbana en realidad aumentó en 225,000 personas.

Por otra parte, si se analizan los resultados de la pobreza por región natural se tuvo una reducción más pronunciada en la selva (-2.1 %) que en la sierra (-1.2 %) y la costa (-0.9 %). Ello también debe llamarnos la atención siendo la sierra la región que mayor pobreza concentra a nivel nacional.

Ambos indicadores reflejan una caída que no es uniforme de la pobreza, lo cual es un reflejo también de las bajas tasas de crecimiento de nuestra economía. Si queremos que las poblaciones más vulnerables, así como aquellas que han sido más golpeadas en los últimos años por la desaceleración de la actividad, puedan mejorar su calidad de vida es necesario retomar tasas de crecimiento más altas.

Desigualdad y crecimiento económico

Otro aspecto importante que está relacionado a la pobreza, pero que también está íntimamente ligado al crecimiento económico, es aquel que tiene que ver con la desigualdad de los ingresos. Las más recientes estimaciones hechas por el INEI y el Banco Mundial, sugieren que la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, se redujo marginalmente en los últimos 8 años, mientras que si se toman años anteriores, desde el 2007 por ejemplo, los resultados cambian notablemente a favor de una menor desigualdad. Veamos.

Como hemos escrito previamente en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, estos últimos 8 años – en los que la desigualdad prácticamente se estancó – reflejaron un cambio de fase de la economía peruana caracterizado por un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Es pues notable la relación que existe entre la reducción de la desigualdad y mayor crecimiento económico. Por ende, urge aumentar las tasas de crecimiento de nuestra economía de manera que se tienda a una mayor convergencia de los ingresos de los más pobres hacia los más ricos.

En un contexto en el que el presente año la economía peruana (ver Lampadia: Economía peruana se sigue desacelerando y apenas crece 1.58% en enero) se encuentra en un proceso de desaceleración con tasas muy bajas – 1.58% en enero y 2.09% en febrero – hoy nos encontramos aún lejos de conseguir los resultados anteriormente mencionados, en materia de reducción de pobreza y desigualdad. Por ende, resulta fundamental incrementar la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía. Ello implica hacer una serie de reformas estructurales que incluyen la reforma laboral, tributaria, educativa, entre otras, así como viabilizar y reactivar los proyectos de inversión mineros y de infraestructura, como Tía María, Las Bambas y Majes Siguas II. Nuestros pobres no pueden esperar más. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 19 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El problema no es sólo la Costra del 5to. Nivel… esa burocracia parasitaria que maltrata – sin piedad – a la sufrida población peruana. Ese cardumen de gente corrupta, indolente, e incompetente que se ha enquistado en muchos espacios del aparato gubernamental.

El Estado padece también de otros parásitos… cada cual más dañino que el otro. El célebre Club de los Constructores es uno de ellos. Odebrecht y su pandilla… ¡cuánto daño nos han hecho a los peruanos!

Pero ojo… Ica también tiene su Club de Constructores. Piura también. Y Arequipa, Junín, Cusco… todas las regiones tienen su Club de Constructores.

No obstante, hay otros clubes de la corrupción. El Club de los Consultores… por ejemplo. La nuez es así. La Costra del 5to. Nivel no mueve un dedo sin un informe elaborado por un consultor externo. Informe legal. Informe técnico. Informe económico – financiero. Estudio de mercado. Perfil y Expediente Técnico. Estudio de Impacto Ambiental. El Estado gasta una millonada en informes elaborados por consultores externos coimeros. Informes que no sirven para nada. Y que – para colmo – son puro COPY – PASTE.

Después está el Club de los Tramitadores. Los tramitadores de brevetes son los más conocidos. Pero hay más. Para cada tipo de licencia hay mil tramitadores. Operan con total impunidad – a vista y paciencia de todo el mundo – a sabiendas de que están en contubernio con los funcionarios responsables de atender dichos trámites.

Incluso, hay tramitadores que se dedican a conseguir financiamiento para proyectos de inversión pública. Recordemos a los Mamani videos. En esas mafias están metidos los tramitadores propiamente dichos, autoridades regionales y municipales, funcionarios de ministerios, y – hasta – Congresistas de la República.

Pasemos al Club de los Proveedores. Aquellos que estafan al Estado a través de la venta de todo tipo bienes y servicios. Expertos en sobrevaloraciones, adulteraciones, falsificaciones… y todo lo demás. Venden medicamentos vencidos, computadoras sin memoria, maquinarias “nuevas” con piezas usadas, o – simplemente – cajas vacías. Léase… cajas que no contienen los productos que – supuestamente – debían contener. Todo arreglado – bajo la mesa – con funcionarios corruptos enquistados en el Estado.  

Y termino con el Club de los Parlamentarios. Aquel club de congresistas que promulgan leyes con nombre propio. Aquellos que les sacan el jugo a sus inmunidades parlamentarias. Y que – a la hora de la hora – se blindan entre sí… descaradamente. ¡Cuánta marmaja habrá corrido bajo la mesa en beneficio de esos malos congresistas!

Club de Constructores. Club de Consultores. Club de Tramitadores. Club de Proveedores. Club de Parlamentarios. Como dice la canción… “y total corrupción hay en todos lados”. Y conste que por cuestiones de espacio no puedo explayarme en otros clubes parecidos. El Club de los Magistrados, el Club de los Colegios Profesionales, el Club de los Periodistas Chantajistas… y otros que no necesitan presentación.

Parafraseando a Ortega y Gasset se podría decir. Los peruanos somos nosotros y nuestra circunstancia… y si no la salvamos a ella, no nos salvaremos nosotros. Más claro… ni el agua. Si no salvamos a nuestro país de la corrupción… no nos salvaremos nosotros.

Confrontar a la corrupción con alma, corazón y vida. Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno Regional de Ica – precisamente – para salvarnos a nosotros mismos. Lampadia

En Lampadia queremos compartir el caso de éxito de Cerro Verde, un ‘activo ambiental’ que es un claro ejemplo de cómo una empresa minera ha logrado generar una  relación beneficiosa entre la operación minera y la población peruana.

Este desarrollo se basa en una inversión inteligente en sus zonas de influencia. Una de ellas es el proyecto llamado “Círculo virtuoso del agua”, que maneja la empresa, quienes en un proyecto ganar-ganar han recuperado el río Chili que atraviesa la ciudad de Arequipa, después de décadas de deterioro y abandono por los sucesivos gobiernos locales.

Este proyecto ha permitido que la ciudad blanca se convierta en una ciudad líder en gestión hídrica y, quizás más importante aún, se han mejorado los estándares ambientales del río Chili, lo cual ha permitido que la flora y la fauna pueda empezar a recuperarse después de años de contaminación.

Líneas abajo compartimos la presentación del exitoso caso de la gestión hídrica realizada por Cerro Verde en Arequipa, la primera ciudad del Perú que limpia y recicla prácticamente el 100% de sus aguas servidas:

Cerro Verde: Un caso de éxito en la gestión hídrica peruana

Asesoría Integral en Comunicación Estratégica
Sociedad Minera Cerro Verde
Publicado por la Revista Minería
Glosado por Lampadia

Recientemente el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Arequipa, Ronald Fernández, señaló que las próximas cosechas que brinde su famosa campiña tendrán un sabor especial, ya que los distintos productos alimenticios llegarán a las mesas de las familias con mayores estándares de calidad ambiental.

Esta situación, destacó Fernández, se debe a que desde la construcción del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, la cantidad de restos coliformes en el río Chili (fuente de vida y riego para 17 mil hectáreas de cultivo en Arequipa aproximadamente) ha disminuido ostensiblemente, lo que permite que sus aguas puedan ser bebidas por los animales y utilizadas también en el riego de productos agrícolas.

Para comprender mejor esta buena noticia, debemos recordar que fue en el año 2002 que la minera Cerro Verde dio inicio a una estrategia para brindar un beneficio real a la población de Arequipa (que hoy alcanza a más de un millón de habitantes), centrando su objetivo en dos temas fundamentales: dotar de agua limpia a las familias y descontaminar el río Chili, teniendo en consideración que la Ciudad Blanca se encuentra ubicada en el desierto de Atacama, lo que provoca que de manera periódica se vea amenazada por la falta del recurso hídrico.

Contando con el apoyo de las autoridades regionales, provinciales y locales, además de dirigentes sociales, agricultores y representantes de Sedapar, el desarrollo de la estrategia incluyó:

• La captación de mayor cantidad de agua con el fin de regular el sistema de represas de Arequipa
• La construcción de uno de los sistemas de tratamiento de agua potable más modernos de Sudamérica (PTAP II)
• El mejoramiento de las líneas de distribución de agua potable
• El retiro de los desagües del río Chili
• Tratamiento posterior de las aguass mediante la construcción del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, asegurando así la ejecución de obras que garanticen la cantidad y calidad del agua en favor de los distintos usuarios de la ciudad (población, agricultura, industria y minería).

En el caso específico del Sistema de Captación y Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, que trata aproximadamente el 99.5% de las aguas servidas de Arequipa metropolitana, Cerro Verde financió con recursos propios su construcción (valorizada en US$ 500 millones de dólares) y a cambio utiliza un promedio anual de 1 metro cúbico por segundo de aguas residuales tratadas, en un acuerdo que demuestra que la empresa privada, las autoridades y la población, pueden trabajar en base a objetivos comunes y beneficios colectivos de manera coordinada.

“La Enlozada contribuye al desarrollo de la actividad de la mina Cerro Verde, al darle mayor vida útil y mejorar la productividad, pero sobre todo permite mejorar la salud y calidad de los productos que eran regados con aguas servidas del río Chili, disminuyendo así los altos índices de enfermedades gastrointestinales en la población más vulnerable de Arequipa”, destacó Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Comunitarias de Cerro Verde.

Cumpliendo con la apuesta realizada para generar mayor desarrollo en la región, durante el período 2005 – 2017, Cerro Verde aportó US$ 647 millones en temas de agua y saneamiento, lo que ha permitido a Arequipa convertirse en una ciudad líder en gestión hídrica. Y tan importante como ello, el mejoramiento de los estándares ambientales del río Chili han permitido que la flora y la fauna pueda irse recuperando tras muchos años de contaminación. En ese sentido, es necesario continuar los esfuerzos para evitar que las empresas y personas continúen arrojando desechos al río Chili.

El denominado “Círculo virtuoso de agua”, promovido por Cerro Verde, constituye hoy un caso de éxito en la minería peruana, reconocido también en el exterior, y cuyo impacto puede ser graficado con el titular que publicó uno de los principales diarios de Arequipa, tras informar sobre el primer año de operaciones de la Planta de Tratamiento: “La Enlozada salvó al río Chili”. Lampadia