La mayor fuente de petróleo en el Perú, el Lote 192, anteriormente denominado Lote 1AB, todavía no tiene un futuro claro. Esto es importante, ya que produce un 17% de la producción nacional de crudo. Este Lote 192 se encuentra al norte del Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, y según el MINEM tiene reservas probadas de 134 millones de barriles (volumen de dudosa rigurosidad, dados los condicionantes económicos de una operación muy marginal).

El operador anterior, la firma argentina Pluspetrol, se vio obligada a anunciar su retiro a principios de este año en medio de muchos conflictos sociales, principalmente protagonizados por las comunidades ‘disque’ locales sobre los daños al medio ambiente derivado de las operaciones de Oxidental Petroleum desde la década del 70.

Desde el 2001 Pluspetrol habría invertido algunos cientos de millones de dólares en el desarrollo de pozos de reinyección de agua para evitar su vertimiento a los ríos, lo cual previene la contaminación ambiental que era común antes del establecimiento de las normas fijadas en los años 90.

Según el experto petrolero y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, en declaraciones al diario Correo, cuando la empresa Occidental inició la explotación del Lote 192 (en 1971), no había  comunidades nativas conocidas en esa zona.

Por lo tanto, quienes ahora reclaman ser comunidades originarias de la zona, y han conseguido pasar una consulta previa que no correspondía a la realidad social, a pesar de contarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), están engañando a todo el país. A pesar de esto, el gobierno (MINAM) llevó a cabo el proceso de consulta previa, analizando las posibles afectaciones que podrían producir en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahora, estas mismas comunidades insisten en que un nuevo proceso de licitación del contrato no se pudo abrir antes de que se cumplan sus demandas. 

Esta consulta previa trajo consigo muchísimos problemas y más conflictos, los cuales se realizaron a puertas del inicio de la licitación, desincentivando a los inversionistas. Ninguna de las tres empresas inicialmente interesadas en participar (Pluspetrol, la Canadian Pacific Rubiales y Perenco) presentaron ofertas al cierre de la licitación.

Esto no fue una sorpresa, dado que el precio del petróleo estaba por debajo de los US$ 50 por barril (hoy está en US$ 39 el barril) y se estima que se requerirá una inversión de alrededor de US$ 500 millones. Pero el desincentivo más fuerte es la incertidumbre que causan los conflictos por reclamos de comunidades que ni siquiera son originarios de la zona, sino migrantes de Ecuador que habrían llegado cuando empezó sus operaciones la Occidental y se abrieron oportunidades de trabajo.

Además, desde el punto de vista económico este lote no sería muy atractivo por sus altos costos de operación. Actualmente, de la extracción de los pozos el 98% es agua que hay que separar del petróleo (2%) y reinyectar a los pozos de reinyección. Además su petróleo es muy pesado (de alta densidad), por lo que para transportarlo a la costa hay que licuarlo con petróleo ligero y eventualmente con diluyentes importados. Lo que es más, luego hay que costear el alto cargo de transporte que impone Petroperú por el uso del oleoducto y finalmente venderlo por debajo de los marcadores de precio para petróleos ligeros, un estimado de 8 a 10 dólares por debajo del actual precio de US$ 39 por barril. Se estima que los costos de operación son del orden de US$ 40 por barril, por lo tanto, su volumen de reservas, que es un concepto económico, sería técnicamente inexistente.

Ahora muchos medios e instituciones se solidarizan con el reclamo loretano (donde muchos no son ni peruanos) y reclaman que el Lote 192 sea administrado por PetroPerú, a pesar de que después del fracaso de la licitación, se convocó a un proceso extraordinario en el cual se le otorgó la administración a la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corporation por dos años para luego poder hacer una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, en Loreto insisten en que PetroPerú opere el lote, sin tener la capacidad técnica ni económica.

Lo que es más, en medio de la euforia del populismo en la que nos vamos deslizando como prolegómeno del proceso electoral, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha publicado un aviso solidarizándose con el reclamo nacionalista y el paro que pretende exigir por la fuerza que el lote 192 sea asumido por PetroPerú. Además, en el Congreso de la República se pretende asignar por ley el Lote a la empresa estatal, absurdo de absurdos.

El 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una ley (número 30130, artículo 6: Petroperú no emprenderá ningún proyecto que le genere pasivos [reales o a futuro], mientras no pague los préstamos por Talara) restringiendo cualquier papel de Petroperú en la esfera productiva ‘upstream o down stream’. Hasta ese momento parecía que Petroperú se haría cargo de una serie de lotes cuyos contratos con empresas privadas extranjeras estaban a punto de expirar, entre ellos el Lote 1A/B en Andoas (ahora conocido como Lote 192) y en Talara, que en conjunto representan la mayor parte del crudo producido actualmente en el Perú.

Además, la petrolera estatal no está en condiciones de asumir ese lote porque sus recursos deben (lamentablemente) ir a la modernización de la refinería de Talara (una inversiónde carácter político de más de US$ 3,500 millones), por lo que no podría (ni tendría los recursos) para asumir el Lote. El 2014 Petroperú perdió más de S/. 150 millones y sus auditores han emitido un dictamen calificado. No nos olvidemos que,hace algunas décadas, las empresas públicas fueron la causa de grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruana. Según el estudio del IPE “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú“, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales al 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (PPP 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año.

Debemos incentivar la producción petrolera, pero con seriedad. Es curioso que los anti extractivistas se opongan a la inversión privada en petróleo en nombre del ambiente, pero a la vez pretendan que el Estado la sustituya, sabiendo que su performance sería de pésimo nivel social y ambiental, tal como es con la gran estafa e inmoralidad de las empresas públicas de saneamiento, que dan un servicio que linda en lo criminal. Nuevamente se quiere hacer política con el tema petrolero. No nos dejemos engañar. Lampadia

El lote 108 es uno de los más prometedores. En su subsuelo estaría atrapado una reserva gasífera más importante que la de Camisea. De confirmarse su existencia, el Perú obtendría la energía suficiente para seguir impulsando nuestro crecimiento económico. Desde luego, también se beneficiaría enormemente los distritos, provincias y departamentos enmarcados dentro de este lote (Pasco, Junín, Ayacucho, Ucayali y Cusco) y por dónde pasarían las necesarias obras de infraestructura que se debieran levantar para lograr la explotación de dicho recurso. Esta posibilidad de desarrollo es la que ha movilizado a los antipatriotas de siempre (curas, izquierdistas radicales, pseudo ambientalistas y falsos líderes indígenas y campesinos) para detener el proyecto y mantener de esta manera al país en el atraso y la pobreza. Con este fin convocaron a un paro el 22 de junio último, cerraron las carreteras y exigieron que Pluspetrol se retirara. Su objetivo era impedir que la empresa empezara a realizar las labores de sísmica. (Ver en Lampadia (L): Pichanaki y el lote 108: historia sin fin). Los revoltosos no pudieron mantener su medida de fuerza, el 25 de setiembre, al perder respaldo tuvieron que levantar la paralización.

El 13 de diciembre del 2005 Perupetro y Pluspetrol E&P firmaron el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 108 que se ubica en la Selva Central y abarca las provincias de Oxapampa del departamento de Pasco; Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín; Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; Atalaya del departamento de Ucayali; y, La Convención del departamento del Cusco. Esta es una zona que estuvo altamente convulsionada durante los 80. Allí operó Sendero Luminoso y el MRTA, así como bandas de narcotraficantes. Hasta la actualidad los remanentes subversivos, los traficantes de drogas y madera controlan amplios espacios en el lugar. A pesar de las precarias condiciones de seguridad que mantienen en la pobreza, tiene un enorme potencial agrícola, especialmente cafetalero y de cacao. Un megaproyecto gasífero podría hacer despegar toda la región, pero los intereses de las mafias y los dirigente antiinversión quieren impedirlo.

El complot contra las operaciones de Pluspetrol en el lote 108, siguió todos los procedimientos del manual intiinversión impreso en Cuba y que ha sido empleado al pie de la letra para impedir el desarrollo de importantes proyectos. Ahí están los ejemplos de Tambogrande, Conga, Santa Ana, la represa de Inambari, Cañariaco, etc. Las pasos de este brevario son: Camuflar su discurso bajo el paraguas ecológico, repetir las falsedades, movilizar a la población. Para esto último, chantajean, intimidan, amenazan y hasta violentan a los ciudadanos. Finalmente se institucionalizan creando comités, asociaciones, frentes de “defensa”.

En esta oportunidad, los operadores antiinversión realizaron las mismas tareas. La prédica estuvo a cargo del sacerdote español Ricardo García García, quien de acuerdo a los pobladores  no solo difamaba a los dirigentes indígenas, sino que azuzaba a los ciudadanos con el pretexto de defender el medioambiente. Además, crearon el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki y se puso como presidente a Carlos Echevarría, un etnocacerista que participó en el Andahuaylaso. Los dirigentes acusaron a Pluspetrol de cometer excesos, de incomodar a los agricultores y de que sus camiones atropellaban a los lugareños.

Lo que no tomaron en cuenta es que Pluspetrol venía laborando en la zona con mucho cuidado. Desde el 2012 efectuaron 134 talleres informativos con 101 comunidades indígenas de la zona, y con 33 centros poblados en los que se iban a realizar labores. En estas comunidades llevó a cabo 3 audiencias públicas con participación de autoridades locales, regionales, y del gobierno central. Y no solo eso, se firmaron acuerdos con 1,900 agricultores y 34 comunidades indígenas. Para que no queden dudas, todo lo actuado se publicó en varios medios de comunicación para que la gente esté enterada.

Además, se venían coordinando y trabajando muy estrechamente con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central la cuál reúne a varias federaciones de comunidades y pueblos indígenas originarios de la familia Arawak: Asháninkas (mayoritarios), Asheninkas, Nomatsiguengas, Kakinte y Yaneshas. Fueron ellos, los que salieron a defender el proyecto y a desenmascarar a los dirigentes del supuesto frente de defensa. En varios comunicados rechazaron las actividades y el discursos de los dirigentes del Frente y exigieron que se retire al cura Ricardo García, quien habría hostigado a la población con violencia para que plegara al paro.

En una dura carta al obispo de San Ramón señalan: “Hacemos responsable a su despacho de la conducta de este cura mediocre y falso, que promueve la violencia. Hacemos responsable a la Iglesia Católica de este nuevo atropello a nuestros pueblos, dignidad y nuestra vida. Le recordamos que si algún hermano indígena se ve afectado por cualquier hecho de violencia, nosotros aplicaremos nuestra propia ley, nuestra propia justicia indigna. Este es nuestro último aviso”.

Son pues los verdaderos pueblos indígenas los que desean y son conscientes de las oportunidades que puede traerles el desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Todos debemos apoyar y defender la voluntad de estos peruanos que han sufrido el abandono y que resistieron a la insania senderista. No los podemos abandonar en esta lucha que es la de todos los peruanos, la del crecimiento y el desarrollo integral y sostenible. Lampadia