Denuncia que debe penalizarse
En la entrevista de Jaime de Althaus y el siguiente editorial de El Comercio, se desnudan las increíbles manipulaciones de ciertas ONG que con mentiras sistemáticas, tal como ha sucedido antes en Espinar y en Conga, con el objeto de oponerse, bloquear y desprestigiar internacionalmente al país por las inversiones en nuestros recursos naturales.
Un caso paradigmático de esta técnica para falsear los hechos se hizo evidente cuando Pluspetrol presentó el proyecto para ampliar la explotación gasífera dentro del lote 88. Sobre la marcha, las cartas y comunicados volaron a los ministerios y organismos internacionales denunciando que “los pueblos no contactados” en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN) protestaban por la mencionada ampliación. Como aprendices del mejor estilo goebbeliano, las cuestionadas Ongs, incluso, consiguieron un pronunciamiento a favor de las Naciones Unidas. Sin embargo, “los no contactados” se contactaron informando que ellos mantenían una buena relación con Pluspetrol, que no eran “no contactados” y que los estafadores onegeístas nunca habían visitado a sus comunidades y que habían usurpado su representación.
Los dirigentes Nahuas llegaron a Lima y no se les permitió ingresar y hablar en una reunión organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para, precisamente, tratar la situación de la Reserva Territorial RTKNN. Sin embargo, en esa junta se despacharon a su regalado gusto una serie de cascarones que no representan a nadie: CNA, Onamiap, CCP, Femucarinap y otros. Algo más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha concedido una audiencia para tratar la situación de los pueblos indígenas en la Reserva Territorial RTKNN en base a este rosario de mentiras.
Luego de esta estremecedora información surge la pregunta: ¿Cuál es el motivo para que algunas Ongs armen estos castillos de mentiras que tienen impacto nacional e internacional? La respuesta es sencilla: se trata de estrategias de financiamiento internacional, porque, en la medida que haya “pueblos no contactados” y “empresas que arrasan los derechos comunales” existirán los fondos para financiar a esta especie de “caballeros andantes” que buscan hacer “justicia con los débiles”.
Pero la globalización y la revolución de las comunicaciones empiezan a convertirse en el peor enemigo de estos estafadores y los “no contactados” se contactan dejando en claro, como la mayoría de peruanos, que ellos apoyan a la inversión privada que les permitirá reducir la pobreza y mejorar, en décadas y quizá en siglos, sus condiciones de vida.
Esto merece investigarse a fondo y que se generen las acusaciones fiscales correspondientes. Ya es hora de terminar con estas farsas que dañan a quien dicen proteger. Estos son actos contra natura, y merecen el mayor castigo y desprecio posible.