Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia

Durante las últimas elecciones nacionales, tan particulares en muchos aspectos, se ha desarrollado una nueva práctica política, la de ‘cooptar’ a los candidatos con exigencias y compromisos a cambio de votos. Además, por lo que  estamos viendo, ésta se sigue extendiendo hacia el Presidente Electo.

Incluso se ha llegado al extremo de que algunos grupos de izquierda que dieron su apoyo electoral, exigen ahora al nuevo gobierno en formación que no vaya a gobernar según su Plan de Gobierno, sino cumpliendo los compromisos asumidos indicados.

En nuestra opinión, ésta práctica debiera prohibirse, pues aleja a los candidatos de un proceso adecuado para el establecimiento de las políticas públicas que un Estado responsable necesita llevar a cabo. En el caso de PPK, el próximo Presidente de la República, él firmó 17 compromisos pre electorales. El más pernicioso de ellos, según hemos reportado anteriormente, es el suscrito con el sindicato de Sedapal.

Ahora, antes de la asunción del mando, en la llamada ‘Cumbre de Descentralización’ en el Cusco, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE han planteado las exigencias que describimos líneas abajo. 

PPK en el Cusco con las Regiones

Los gobiernos sub nacionales piden más recursos, pero antes se necesitan reformas

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha recibido toda clase de pedidos de los presidentes regionales y alcaldes del Perú en su reciente viaje al Cusco. Él, a su vez, les ha propuesto una alianza, cuyo eco llegue al Congreso, para hacer las obras que el país necesita. Evidentemente tal alianza solo será posible en la medida en que el gobierno entrante acoja por lo menos parte de los planteamientos de los alcaldes y gobernadores regionales. El problema es que dichos planteamientos se centran principalmente en pedidos tales como el reinicio del proceso de descentralización fiscal y el incremento de la transferencia de dinero a las regiones y municipios del 25% (que actualmente manejan) al 50% del presupuesto nacional.

Para comenzar, esa cifra del 25% del presupuesto no es exacta. Es la que corresponde, efectivamente, al presupuesto aprobado para el 2016, pero durante la ejecución tal proporción cambia significativamente, pues, explica Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda, se incorporan saldos no gastados y se realizan transferencias.  Lo que vale, entonces, es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). “Al momento, el porcentaje del Gobierno Nacional (GN) ha bajado a 67.5%. El año pasado, el gobierno nacional terminó con un 63% del gasto Total”, explica Oliva. Lo que daría un 37% para las regiones.

Y el tema es que ese mismo porcentaje es engañoso porque incluye gastos que por naturaleza corresponden al GN, como Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. Por eso, mucho más revelador es el porcentaje del gasto en Inversión. Y allí la realidad se invierte: el año pasado los gobiernos sub nacionales ejecutaron el 65% de la inversión pública, cuando hace 25 años esa cifra no pasaba del 5%. Se ha producido, pues, una descentralización muy fuerte de la obra pública.

El problema es que la obra pública descentralizada es muy deficiente. Para comenzar, se solicita más recursos, pero los que se tiene no se gastan. Según el informe “Estudio de la efectividad de la inversión pública a nivel regional y local” de la Contraloría General de la República, entre los años 2009 y 2014 el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros aspectos no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes, resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.  

El informe describe otros problemas en la inversión pública sub nacional:  atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. El 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

No solo eso: la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de viabilidad por parte del SNIP no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

El resultado de todo lo anterior es que muchas obras terminan paralizadas o carecen del mantenimiento adecuado, con lo cual se deterioran y pierden funcionalidad. Es gasto en vano.

No cabe duda, entonces que se requiere reformar el sistema de inversión pública sub-nacional.  PPK propone, precisamente, la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión realizaría estudios, priorizaría los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal, los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales. Habría que conocer más en detalle de qué se trata.

Como fuere, dicha reforma tendrá que consensuarse en el Congreso con  Fuerza Popular, que propone algo distinto: un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes.

Lo que no se puede hacer es sencillamente dar más recursos sin cambios estructurales, y no sólo en la inversión pública. También en los servicios públicos descentralizados, que suelen ser, asimismo, muy deficientes. En informe previo (ver en Lampadia: Empecemos a debatir la Reforma Política), explicamos los problemas y sugerimos algunas soluciones. Para comenzar, las funciones y competencias no están bien delimitadas entre los tres niveles de gobierno y no se sabe bien quién es responsable de qué: hay que hacer un buen trabajo de delimitación y redistribución de competencias. Luego, los procesos de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones no se dieron, de modo que habría que hacer un nuevo proceso de recertificación y a partir de allí identificar brechas. Pero lo más grave fue que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República). Es indispensable recuperar esa capacidad rectora, supervisora, controladora y sancionadora. De lo contrario, el país se feudaliza y corremos el riesgo de enriquecer y facilitar el acceso de mafias al poder local o regional, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en varios casos.  

Un sector que ha logrado recuperar cierto grado de autoridad sobre la aplicación descentralizada de las políticas y el seguimiento y monitoreo manejo de los servicios públicos sectoriales, ha sido el Ministerio de Salud, y sus avances podrían servir de modelo para otros sectores. En un próximo informe daremos cuenta de esos desarrollos a fin de ilustrar las reformas que podrían introducirse para mejorar la eficiencia de los gobiernos descentralizados. 

Lampadia

El discurso mediático del Frente Amplio, las expresiones de su candidata y la minimizada  presencia de su candidato a la primera vice presidencia, son solo el ropaje que oculta el pensamiento y las intenciones políticas de su verdadero ideario.

Para confundir al electorado, Verónika Mendoza oculta sus verdaderas intenciones hacia la minería. Pero en su Plan de Gobierno, está lo que ella y sus colegas opinan realmente.

Mediáticamente, Verónika Mendoza y los voceros del Frente Amplio han mostrado una postura ambigua y confusa con respecto a la minería.[1] A pesar de tener en la plancha presidencial a Marco Arana, (activista anti-minero radical y hostil a todos los proyectos mineros), y llevar en la lista congresal a Oscar Mollohuanca (opositor a la minería en Espinar); ella y sus candidatos han dicho en repetidas oportunidades que no se oponen al desarrollo de la minería en el Perú. Afirman que Conga y Tía María son los únicos casos a los que están en contra, afirmando que no pueden apoyar proyectos en que han ocurrido pérdida de vidas. Sin embargo, apoyan el régimen chavista (ver su posición en este comunicado) y el castrista, en los cuales fueron asesinados decenas de opositores solo en el último año. 

Pero más allá de lo que manifiestan estos voceros a través de los medios de comunicación para la gran audiencia, con fines electorales, consideramos que vale la pena saber qué dice el Plan de Gobierno del Frente Amplio acerca de la minería. Hemos hecho una revisión del documento y encontramos algunos elementos relevantes para explicar cómo es la minería que Verónika Mendoza imagina para el Perú.

Minería y desarrollo para el Frente Amplio

El partido que representa Verónika Mendoza, minimiza expresamente el efecto que tiene el sector minero para generar puestos de trabajo o como dinamizador de la economía, a pesar de la evidencia mostrada por el IPE y que fue analizada en este mismo portal.  Muestran una clara hostilidad al modelo económico actual caracterizándolo como un “modelo económico extractivista primario exportador centrado en la actividad minera” llamando a su “superación”, desconociendo la realidad, que muestra que todos los sectores primarios, incluyendo la minería, llegan solo al 15% del PBI y que la economía peruana está realmente centrada en el sector servicios (con un 60% del PBI). Además, la minería es el sector que ha generado los mayores encadenamientos con los demás sectores.