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¡Qué costosos pueden ser los proyectos políticos!

¡Qué costosos pueden ser los proyectos políticos!

La aprobación por el Congreso del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (Proyecto)  que implica una inversión de U$ 3,500 millones de dólares, de los cuales  U$ 2,730 millones serían asumidos por Petroperú, hace honor al aserto que señala que “aquel que la sigue la consigue”. En efecto, desde que se instaló el gobierno de Ollanta Humala la idea de una empresapetroleraestratégicaestatal, según el recetario populista latinoamericano, siempre estuvo en la agenda palaciega. Se escribieron varios capítulos: la propuesta de que Petroperú participara entre un 25% y 49% en los nuevos lotes petroleros a licitarse; la publicación de un Plan Quinquenal (2013-2017) –que fue retirado 48 horas después- en que se anunciaba que un 8% de sus acciones se iban a cotizar en bolsa hasta el 2017 y luego el intento de comprar la refinería La Pampilla para crear un ente monopólico del Estado en la oferta de combustibles. Sin embargo, los sueños de la empresa estratégica, se estrellaron contra la opinión pública y la firme decisión del sector Economía y Finanzas (MEF). Hoy, sin embargo, con la evidente necesidad de implementar la desulfurización de los combustibles, como se dice, parece imponerse, finalmente, el lado oscuro de la luna.

No se puede negar que el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo tiene candados (teóricos) para evitar la farra estatal. Se establece la participación del sector privado hasta un 49% del capital social de Petroperú; se dispone de 270 días para desarrollar un Buen Gobierno Corporativo; el Estado garantizará hasta U$ 1,000 millones los préstamos, bonos u otros de tipos de operaciones para implementar el Proyecto. Y, finalmente, se dispone que Petroperú tendrá restricciones en actividades y proyectos de inversión hasta que no genere los flujos suficientes para garantizar el pago del endeudamiento que contraiga para implementar el Proyecto y el sector privado no se haya incorporado con al menos un 40%. Hasta ahí todo suena bien. Pero, surge la pregunta: ¿La participación del sector privado y los flujos futuros de Petroperú, acaso no dependen de la rentabilidad del negocio petrolero en los próximos años?

Todos los analistas y especialistas de energía –incluida la Agencia Internacional de Energía– señalan que hacia el 2020 Estados Unidos se convertirá en el principal productor de petróleo alterando la oferta y demanda global, e incrementando los riesgos del negocio petrolero en las demás regiones del planeta. Si las cosas van en ese sentido, ¿no debería el sector privado asumir el riesgo de la modernización de la Refinería de Talara? O, ¿no se deberían apostar por alternativas minimalistas en el plan de inversión en vez de la opción maximalista aprobada? O por último importar combustible desulfurizado? Son preguntas que están sobre la mesa, ¿qué pasaría si no hay flujos futuros dePetroperú, como en todo su pasado? ¿Qué sucedería si no se consigue el 49% de participación del sector privado?

Semejantes interrogantes nos obligan a recordar algunas cosas con respecto a una empresa que se propone un emprendimiento gigantesco de U$ 3,500 millones de dólares. La utilidad de Petroperú en el 2011 fue de 532 millones de soles y en el 2012 de 66 millones. Es decir, una empresa que no tiene rentabilidad se propone usar sus flujos futuros para cubrir los U$ 2,730 millones. Si se está pensando que, finalmente, se echará mano del bolsillo de los contribuyentes, otra es la historia; pero si se considera financiar con flujos y aporte del el sector privado, entonces, hay gigantescos problemas y consideraciones a tomar en cuenta.

El asunto nos obliga a recordar otras sombras. Petroperú fue convertida en la “caja chica” de los últimos gobiernos, habiéndose utilizado sus recursos en gastos como, por ejemplo, re-amoblar Palacio de Gobierno para Toledo. Asimismo recordemos que Petroperú no da cuentas a nadie, está excluida del FONAFE (Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado),del  SNIP (Sistema de Inversión Pública) y   del  CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Es decir, todas estas normas permitieron que Petroperú se convirtiera en la caja chica de los sucesivos gobiernos; ahora, con el gran proyecto, puede convertirse en la caja grande.

Si el gobierno quiere que creamos en su Proyecto y sus candados, lo menos que puede hacer es ejecutar primero los siguientes pasos: registrar las acciones de Petroperú en las bolsas de Lima y Nueva York, regresar a la empresa al ámbito de FONAFE, CONSUCODE y el SNIP e, instalar el gobierno corporativo con un directorio profesional. En todo caso, este Proyecto nos obliga a levantar las cejas y permanecer muy alertas.