La Comisión de Transportes del Congreso, entre pocos gallos y muy de medianoche, acaba de aprobar el proyecto de Ley 25 2543/2012-PE que incrementa la discrecionalidad de Osiptel para establecer sanciones y divulgar información confidencial presumiendo mala fe de los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Algunos congresistas piensan que son dueños de los ciudadanos y empresas del país, y legislan a su antojo, sin entender que actúan en nuestra representación y, por lo tanto, no deben sorprender a la hora de legislar. Toda norma, con la excepción de asuntos de emergencia nacional, debe ser discutida, pre-publicada y debe recoger el sentir nacional. No estamos en una dictadura, ni la de las duras, ni la de las blandas.

En un comunicado de AFIN a la opinión pública se establece que el mencionado proyecto de ley “contiene propuestas ilegales que vulneran el derecho al debido proceso y a la defensa del administrado”. En efecto, en uno de los artículos de la señalada iniciativa se incorpora una “situación de excepción” para que un supervisor de OSIPTEL “por la naturaleza de la acción de supervisión” no requiera identificarse. Es decir, una especie de inspector fantasma que tiene absoluta discrecionalidad para ejercer su labor de supervisión. Semejante medida parecería convertir a los operadores de servicios de telecomunicaciones en “virtuales enemigos” de los consumidores. ¿Acaso se estaría afilando la espada chavista contra las inversionistas en telecomunicaciones?

La discrecionalidad que se le otorga al “supervisor fantasma” vulnera el derecho al debido proceso que establece nuestra Constitución en el artículo 139, que están obligados a respetar los organismos reguladores, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (Sentencia 2939-2004-AA/TC 13/01/2005).

Otra de las barbaridades del proyecto aprobado en la Comisión de Transportes tiene que ver con la propuesta de no elaborar actas de las acciones de supervisión si de por medio existen grabaciones furtivas en audio o video. Ante semejante medida, el operador del servicio se vería privado del derecho mínimo para oponerse a una eventual arbitrariedad durante el proceso de inspección.

Confirmando que los autores de este proyecto de ley consideran a los operadores de  telecomunicaciones como “enemigos” de los usuarios se propone incrementar las multas  por infracciones administrativas hasta en 10 veces, violando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sin considerar el impacto negativo de la acumulación de sanciones en la calificación de los concesionarios.
Se pueden discutir muchas propuestas para mejorar las regulaciones de los operadores de servicios de telecomunicaciones, pero lo que no se entiende es la voluntad de legislar convirtiendo en perseguidos o víctimas a los inversionistas de este sector vital para el desarrollo.  El asunto se entendería si este proyecto hubiese nacido en la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, donde los legisladores oficialistas se devanan los sesos para encontrar las mejores medidas que ahuyenten a la inversión privada. Pero en el Perú, donde la inversión privada, les han permitido a los pobres, incorporarse a las redes de comunicación y el progreso, a costos declinantes y con opciones competitivas, es una verdadera aberración. En todo caso, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a nuestros congresistas que legislen con transparencia y debido proceso. ¡No más Normas Contra- Propósito! (Ver artículo Normas Contra-Propósito).

A través de la regulación económica de los servicios públicos se promueve la competencia en el mercado e incrementa la eficiencia económica, alentando la innovación y eliminando las barreras que impiden su desarrollo. “Teoría de la regulación económica” es un libro editado por la Universidad de San Martín de Porres que presenta el marco conceptual de la regulación de los servicios públicos, sus principales vicios y esquemas básicos, entre otros puntos importantes, señala la coautora de la obra. La entrevista fue realizada por Juan Carlos Cuadros Guedes.

––¿Por qué es necesario regular los servicios públicos en el Perú?

En la década de los noventa, y debido a las crisis económicas y financieras resultantes de políticas económicas inadecuadas, se inició una serie de reformas que implicaron la desintegración vertical de las industrias que se encontraban bajo el ámbito de la gestión del Estado y la promoción de la inversión privada. Adicionalmente, en algunos sectores –como en el de la electricidad, por ejemplo– se daban condiciones técnicas y económicas para el establecimiento de monopolios naturales que se generaron a través de un esquema de entrega de concesiones.

––¿Monopolios naturales que se imponen por la vía legal?

Pero no en todos los sectores. Por ejemplo, el de la electricidad es uno de ellos. También tenemos el segmento de las telecomunicaciones, de la generación de energía, del agua potable y los servicios de alcantarillado.

––Pero no en todos había condiciones para la competencia.

Claro. Por eso, a partir de la experiencia es que se crean los organismos reguladores en el Perú, como organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

––¿A su criterio, estos organismos cumplen eficientemente su labor?

No es fácil su labor, pero la cumplen con eficiencia y mucho profesionalismo. La geografía peruana es muy difícil y eso hace aun más crítica su labor. No es lo mismo, por ejemplo, tender una red eléctrica en Chile que en el Perú.

––¿Tenemos tarifas altas comparativamente con otros países de la región?

El objetivo del regulador es lograr maximizar el bienestar de la sociedad y ello se consigue en el punto donde el precio se iguala al costo marginal; sin embargo, dicho resultado no es alcanzable en un contexto donde los monopolios naturales analizados brindan servicios públicos, donde los costos fijos representan una importante porción de los costos totales.

––¿Pero son monopolios rentables o es equivocada la percepción en ese sentido?

En esas circunstancias, fijar precios es difícil, pues conlleva pérdidas para el monopolio regulado.

Por eso se buscan otros mecanismos donde se maximiza el bienestar de la sociedad, pero tomando en cuenta que la empresa debe obtener beneficios lo suficientes como para cubrir sus costos totales, que son elevados.

––Esa una calibración difícil.

Sin duda. Sobre todo cuando existen diversos mecanismos para ello. Existe, por ejemplo, la regulación de tasa por retorno, por precios-tope, por comparación, modelos de subastas y competencia por el mercado, entre otros ítems.

––¿Fue fácil trabajar en el análisis de estos sistemas?

Indudablemente, no; pero gracias a la experiencia de Alfredo Dammert Lira y Max Arturo Carvajal

Navarro, coautores del libro, el tema se hizo más fácil. Tardamos un año en procesar la información, que ahora obra en manos de ustedes.

Publicado por El Comercio, 26 de julio del 2013

El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, afirmó que la comisión especial de seguimiento de las inversiones de este ministerio, creada el 25 de mayo pasado, ha identificado 31 proyectos que deben de ser destrabados y que en su conjunto significarían inversiones por US$22 mil millones.

Entre los proyectos figuran 9 del sector minero; 6 de electricidad; 2 de hidrocarburos; 2 ferroviarios; 6 proyectos de vías de transporte; 4 puertos y aeropuertos; 1 de telecomunicaciones y 1 de salud.

“Este es un proceso de seguimiento continuo que el MEF ha iniciado y en el que se busca resolver cualquier traba burocrática en su ejecución, para lograr tener un flujo constante de inversión en el país”, dijo Castilla junto a los ministros de Transportes, de Vivienda y de Energía y Minas, todos miembros del directorio de Pro Inversión.

También aseguró que para la identificación de estos proyectos se ha tomado en cuenta criterios como el impacto económico, es decir, el monto de inversión y generación de empleo, además del tiempo de retraso que lleva la obra.

La semana pasada, durante un foro en la ciudad de Trujillo, el presidente de este equipo especial de seguimiento de inversiones del MEF, Alonso Segura, explicó que los proyectos que su grupo de trabajo analiza presentan trabas de diferente índole como la habilitación urbana, licencias municipales, entre otros.

“En el análisis buscamos las trabas comunes para, a partir de ellas, dictar normativas que permitan su rápida ejecución”, detalló Segura.

La cartera

El ministro Castilla reiteró ayer sus previsiones de adjudicar –vía concesión– proyectos de inversión por un monto superior a los US$10 mil millones, los cuales forman parte de una cartera de 22 iniciativas.

De esta cifra total, dijo que US$8 mil millones se adjudicarán entre agosto y diciembre, período en el que se entregarán obras emblemáticas como la línea dos del metro de Lima, proyecto que demandará más de US$5 mil millones.

También se concesionaría el puerto de San Martín, el cual según la página web de Pro Inversión, requerirá inversiones en obras mínimas iniciales por aproximadamente US$47 millones.

También se prevé que para finales de este año se concesionen 2.500 kilómetros de hidrovías “que faciliten la transtabilidad en la amazonía”, dijo el ministro de Transportes, Carlos Paredes.

Nuevos proyectos

Si bien durante la conferencia no se habló sobre los proyectos que entrarían en la cartera de Pro Inversión en el 2014, sí se adelantó que por ejemplo el Ministerio de Vivienda ha encargado concesionar las obras de regulación del río Chillón, así como las obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima.

Publicado por El Comercio, 26 de julio del 2013

Los servicios de telefonía móvil han alcanzado una penetración de 58,2% en las zonas rurales del Perú y con eso se ha conseguido reducir en ocho puntos porcentuales la pobreza en estas áreas, según el economista Richard Webb, autor del libro “Conexión y despegue rural”.

Ayer, durante una exposición organizada por Telefónica, el ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR) destacó que, según estadísticas del 2012, el impacto del uso de los teléfonos móviles en zonas rurales ha originado, también, un incremento de 11% en los ingresos familiares de los pobladores de estas áreas.

Las zonas rurales son todo un reto para los operadores de telefonía en el Perú. De hecho, es en estas áreas donde se ha dado el mayor crecimiento de servicios móviles (siete puntos porcentuales más en el 2012 respecto del 2011), lo que les ha permitido alcanzar la penetración del 58,2% mencionada al inicio.

Pese a este crecimiento, lo conseguido aún está lejos del promedio de penetración de servicios móviles a escala nacional, que llega al 79,8%.

Para Carlos Flores, gerente de ingeniería y gestión de redes inalámbricas de Telefónica, el reto de la penetración en las zonas rurales implica superar la dispersión pobl acional que hay en estas áreas, donde la geografía hace que existan 96 mil centros poblados con menos de mil habitantes.

Según Flores, en las zonas rurales hay una demanda potencial de cuatro millones de compatriotas que aún no cuentan con cobertura móvil.

Otro reto para los operadores está en la penetración de los servicios de Internet a escala nacional, que solo llega al 22,4%. El limitante aquí es la penetración de computadoras, que tampoco es muy alta y solo llega al 25,4%.