Ante la falta de interés de las ONG y ambientalistas sobre el daño ecológico causado por la minería ilegal en diversas zonas del país, se hace evidente, que su supuesta preocupación por los temas ambientales, concentradas únicamente en vinculación al sector formal de la economía, es falsa.

Hace mucho tiempo se viene reclamando a los ambientalistas algún tipo de pronunciamiento al respecto. La sociedad peruana debe advertirle a los ambientalistas que sus observaciones al sector formal ya no tienen ningún valor, lo cual hace evidente que estos grupos solo se dedican a estos temas como una forma de ganarse la vida, obtener prebendas y réditos políticos, y no a proteger el ambiente.

En el Perú existen zonas liberadas en las que imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur (ver artículo ¡No más complicidad con la minería ilegal!).

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Entre muchos casos, podemos mencionar dos ejemplos claros del mal proceder de las ONG: Tambogrande (Piura) e Inambari (Madre de Dios).

En el frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Este desastre ecológico no ha merecido ningún pronunciamiento por parte de los supuestos defensores del ambiente. En el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó el tema ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de coca sin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción. ¿Dónde están las ONG ambientalistas?

Necesitamos instituciones que se preocupen legítimamente por el tema ambiental. Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabando armado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

¡Basta ya de la doble moral de las ONG!

En el Perú existen zonas liberadas en las que no hay presencia del Estado ni del mercado , no hay autoridad, los fiscales, jueces y policías no pueden ejercer sus atribuciones. Hablamos de zonas en las que no se aplican las leyes nacionales, e imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur.

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó lo ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de cocasin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

Estas actividades ilícitas aplican las mismas estrategias para quebrar la voluntad y autoridad del Estado. Por ejemplo, en el desarrollo del frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Es decir, luego de expulsada la autoridad del estado y la formalidad, miles de mineros informales hoy contaminan la zona con mercurio y cianuro. En el caso de Tambogrande, el país sigue esperando por lo menos una disculpa de parte de los promotores de esta tragedia ecológica y social.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción.

Algo más grave aún es la inacción del gobierno. El martes, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal aseguró que de las 100 mil personas que se estima se dedican a esta actividad, 77 mil mineros ilegales se encuentran en proceso de formalización. Sin embargo, el experto y ex ministro del sector, Antonio Brack asegura este proceso no ha avanzado y los plazos se siguen ampliando. “ Los mineros ilegales están recaudando fondos para sobornar a las autoridades y estas no los fiscalizan”, denunció Brack.

Recordemos que en el 2011 se aprobó el plan nacional de formalización de la minería artesanal (Decreto Supremo 013-2011-EM).Se fijó el cronograma, pero ha pasado más de año y medio y no se ha hecho nada. Parece evidente que el gobierno, desde la gestión del gabinete Lerner, está simplemente pateando el problema para adelante.

Como bien señaló la especialista Irma Montes en su columna de El Comercio ¿Minería ‘artesanal?, “El plan no es solo ineficaz por ser limitado, sino que además no contiene estrategias técnicas para solucionar el problema ni implanta penalidades. Encima, los mineros (ilegales) ahora se sienten empoderados y con derecho a exigir despropósitos que van desde la suspensión de plazos y protestas por tener que realizar trámites.”

Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabandoarmado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

La noticia de que Cañariaco Cooper Perú había paralizado sus actividades causó una gran  alarma en el país. Felizmente la empresa aclaró que continuará operando y que las perforaciones se han detenido solo por el momento y esto no pasó de ser un susto,  pero el acoso a los proyectos mineros y la reducción de los precios de los commodities hacen temer que cualquier día tengamos una nueva paralización.

La lista de paralizaciones es desalentadora: Tambogrande ($450 millones), Tía María ($1,000 millones), Santa Ana ($330 millones), Conga ($4,500 millones de dólares), etc. En total, 22 emprendimientos por $24,000 millones, se han ido parando a punta de mentiras y de violencia (ver Stalinismo en Cajamarca, Tierra y Libertad conspira en Espinar) y Puno: prueba de fuego.

Doce proyectos que debieron iniciarse el 2012 tuvieron que postergarse debido el sabotaje disfrazado de “protesta social”, a los obstáculos burocráticos que ponen funcionarios temerosos de ser judicializados, a la consulta previa, y a la incapacidad del estado para remover esas trabas.

Otros cuatro proyectos que estaban programados para este año también fueron aplazados por los mismos motivos. Y la misma suerte han corrido seis proyectos más: Cuatro que debían comenzar el 2014 y dos el 2015. (Ver cuadro)

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió hace poco que entre este año y el próximo habrá una reducción de la inversión privada en US$ 2.800 millones y que varios proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, están en riesgo de postergarse nuevamente. La SNMPE (Sociedad de Minería Petróleo y Energía) también ha señalado  que a lo mucho dichas inversiones llegarán a $8,500 millones, lejos de los $10,000 millones que ofreció el gobierno.

Se equivoca quien cree que esta situación perjudica solo a las empresas. Los primeros perjudicados son los pobres: 6,800 trabajadores de las empresas comunales proveedoras de Conga se han quedado sin empleo, igual que otros 2,500 habitantes de las comunidades vecinas del proyecto Santa Ana en Puno, por citar solo dos ejemplos Además, gobiernos locales y regionales dejarán de recibir millones de soles que les permitirían mejorar los deficientes servicios e infraestructuras básicos que brindan a los ciudadanos. Puno, por ejemplo, dejará de recibir $25 millones por la paralización de Santa Ana (10% de sus ingresos por canon minero).

Lamentablemente, el gobierno se muestra temeroso ante la ofensiva antiminera, e incapaz de articular un discurso que ilustre a los peruanos sobre la importancia de aprovechar nuestros recursos naturales. En otras palabras falta liderazgo y comunicación.

Así es como nuestras autoridades han permitido una “gran parálisis” de uno de los motores más grandes de la economía. Estamos desperdiciando probablemente la mejor oportunidad histórica de crecimiento y superación de la pobreza, una oportunidad nunca antes vista para convertir nuestros ingentes recursos naturales en el combustible que continúe impulsando la consolidación del desarrollo económico y prosperidad iniciados durante los últimos quinquenios. (Ver Recursos naturales: bendición, no maldición)

El sabotaje de la izquierda tradicional a la inversión privada no se detiene, lamentablemente todavía no tenemos una izquierda moderna. Siguiendo al pie de la letra el viejo libreto de mentiras y agitación que se utilizó el 2005 en Piura para truncar el proyecto minero Tambogrande, ahora se pretende impedir que se construya en Cajamarca la central hidroeléctrica Chadín, en perjuicio de los pueblos pobres de la provincia cajamarquina de Celendín.

La coartada para frustrar aquel proyecto minero fue una campaña de mentiras diseñada por el publicista Gustavo Rodríguez: “El limón peruano va a desaparecer con la minería, no tendremos con que preparar cebiche”.  Así, los radicales encabezados por Francisco Ojeda Riofrío, con apoyo de Radio Cutivalú y de varias ONG rojas, impidieron la inversión de una empresa formal que tenía buenas prácticas ambientales y que además iba a ser fiscalizada por varias agencias del estado. Tras la expulsión de Minera Manhattan, Tambogrande fue tomado por los mineros ilegales que si generan una tremenda contaminación. Ahora sí, el limón está en peligro por obra de la minería ilegal.

Para impedir hoy el proyecto de Chadín,  los radicales inventaron otra gran mentira dirigida a manipular a los habitantes de Celendín: “La hidroeléctrica desaparecerá el cacao, va a dejarnos sin chocolate”. La falsedad está bien calculada pues una de las costumbres más arraigadas de esa provincia es beber chocolate en las festividades.

Pero hay más mentiras inventadas contra Chadín: “La represa desaparecerá muchos pueblos”, “habrá sequías y lluvias torrenciales”, “traerá la malaria y el dengue”, “la energía será solo para Conga”. Todas estas falsedades son difundidas en los programas de Radio Celendín, en volantes, en “talleres” organizados por ONGs, afiches, banderolas, pintas, puerta a puerta, etc. Se mueve mucho dinero en la campaña extremista.

¿De dónde viene ese dinero? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí se sabe es que en la zona donde sería levantada la hidroeléctrica hay gente que produce “derivados” de la coca que son comercializados en Ecuador por la ruta Celendín- Bambamarca- Chiclayo. ¿Se están produciendo alianzas entre las mafias y operadores políticos de la izquierda tradicional?

El proyecto Chadín está en el límite de Cajamarca con Amazonas, entre los distritos celendinos Cortegana y Chumuch, y los amazonenses Cocabamba y Pisuquia. Fue diseñado en los años 70′ durante la dictadura izquierdista de Velasco, pero su ejecución se aprobó recién el 2011 durante  el gobierno de Alan García, que le otorgó la concesión a la empresa brasileña Odebrecht.

La campaña anti inversión empezó poco tiempo después, impulsada por activistas ligados a la banda armada del MRTA reciclados como “defensores del agua”. Su cabeza visible es Wilfredo Saavedra Marreros, ex convicto por terrorismo y aliado de Gregorio Santos y Marco Arana en el complot que detuvo Conga.

El 2012, cuando arreció la ofensiva extremista contra Conga, los radicales también se movilizaron en Celendín contra Chadín. En Agosto de ese año empezaron a bloquear los trabajos de Odebrecht en medio de una agitación política intensa promovida por la autodenominada Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) y Radio Celendín.

Quienes lideran el boicot contra Chadín son los dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, membrete bajo el cual actúa Wilfredo Saavedra. Los principales operadores en Celendín son, según nuestras fuentes, Milton Sánchez, cabecilla de la PIC, Marino Yacopaico, cabeza de un grupo de comuneros, un sector del Sutep, y algunas rondas campesinas.

Si se frustra Chadín,  los cajamarquinos perderían mucho: El canon hidroenergético, los puestos de trabajo que se crearán durante y después de la obra, los beneficios que traerían a muchos pueblos pobres el asfaltado de la carretera hasta el norte de Celendín, etc. Las autoridades tienen la obligación de impedir que los extremistas sigan agarrando a Cajamarca de piñata para esconder sus protervos intereses.