Juan Carlos Cortés. Presidente Ejecutivo de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue presidente de Ciudadanos al Día, consultor de la Organización Internacional del Trabajo y docente de la Academia de la Magistratura. La entrevista fue realizada por el periodista Emilio Camacho.

Su imagen no ilustra las páginas policiales, pero Juan Carlos Cortés es uno de los hombres más buscados del país. El presidente de la Autoridad del Servicio Civil o Servir es uno de responsables de la Ley del Servicio Civil que esta semana encendió las protestas de centrales sindicales como la CGTP y la CITE, y los medios no han dejado de acosarlo. Entre el jueves, el viernes y ayer sostuvo doce entrevistas a un ritmo frenético de cuatro por día. Es más, cuando la avenida Abancay soportaba la furia de los opositores a la Ley de Servicio Civil, Cortés iniciaba su rush mediático, en el décimo piso del edificio en el que se ubica Servir. “Es un poco duro todo esto”, dice antes de empezar esta entrevista. Luego recobra la compostura y se alista para las preguntas como si nada. Esta semana el media training le ha salido gratis.

¿Es de los que piensan que un funcionario público debe tener vocación de servicio?

Lo que he encontrado en el Estado peruano, desde hace mucho tiempo, es que hay personas que tienen una vocación enorme por el servicio, a pesar de que ganan mucho menos de lo que podrían ganar en el sector privado. He trabajado siete años con el premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día y cada año era una cosa espectacular. Veías personas de todas las edades y regímenes que vivían por hacer más cosas por los ciudadanos.

¿Y usted siempre tuvo vocación por trabajar en el Estado? Se me hace difícil pensar en un joven Juan Carlos Cortés interesado en dirigir algún día un organismo del Estado.

No pensé en ser cabeza de un organismo, pero mi trayectoria siempre ha estado muy cercana al Estado. Siempre me ha llamado mucho el tema político y he trabajado como asesor de ministerios en diferentes momentos de mi vida.

¿Hace cuánto tiempo está vinculado al Estado?

Como trabajador del Estado a tiempo completo, mi primera experiencia ha sido Servir. Pero yo ya había asesorado a instituciones hace unos 15 años. Entré al Consejo Directivo de Servir en el 2008, pero antes de eso ya tenía esta vocación. Había trabajado con personas que conocían el Estado. Por ejemplo, una persona a la que reconozco mucho es Nuria Sparch, la primera directora de Servir. A ella la conocí en la PUCP. Fui su jurado en su examen de grado.

¿Fue jurado de quien luego fue su jefa?

Exactamente. Con ella he aprendido un montón de cosas y con otras personas que siguen acá.

Aterricemos en la coyuntura. Caretas dice en su última edición: “El sindicalismo ha encontrado en la oposición a la Ley del Servicio Civil su nueva fuente de entusiasmo”. ¿Usted se siente responsable por los nuevos bríos con los que ha salido a marchar la CGTP?

No. Yo me siento responsable de tratar de aportar con una ley que puede significar un cambio fundamental para los empleados públicos. De eso sí me siento responsable, y quiero ser responsable. Para esto ha sido importante el apoyo del presidente, del primer ministro, de los ministerios de Economía y de Trabajo. Ha sido un trabajo muy arduo y de mucha discusión interna.

¿Y en algún momento se sentaron frente a frente con las centrales sindicales? ¿Usted conoce a Mario Huamán de la CGTP?

Por supuesto. Las puertas siempre han estado abiertas, hay el mayor respeto entre ellos y nosotros. Yo me he encontrado hace poco con Winston Huamán (secretario general de la Confederación de los Trabajadores Estatales-CITE) y nos hemos saludado afectuosamente y con respeto.

Pero ellos dicen que ustedes no les consultaron para la confección de la norma.

En la confección de la norma lo que sucedió es que apostamos por el consenso interno en el Ejecutivo, viendo lo que había ocurrido con otras reformas.

Eso excluía a las centrales sindicales.

Digamos que teníamos que sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo nosotros. Y esto demoró. Trabajamos desde febrero del año pasado, y en diciembre ya había un compromiso del premier y el presidente por presentar la ley. Por eso fuimos vehementes. Pero sí nos hemos sentado a la mesa con las centrales sindicales para presentarles el proyecto. Lo que nunca hubo fue una negociación con ellas; sí hubo una presentación y una exposición de ideas.

¿Qué lo ha sorprendido más: la oposición de las centrales sindicales a la Ley de Servicio Civil o que el fujimorismo coincidiera con ellas?

En realidad, la capacidad de sorpresa no existe. Uno, cuando tiene algunos años en esto, sabe perfectamente que el Congreso es una entidad eminentemente política. Lo que cabe aquí es el análisis político. Lo mismo con las centrales sindicales.

Hay quienes dicen que ustedes han despertado la desconocida vocación del fujimorismo por la defensa de los trabajadores.

Lo que digo es que actuaron políticamente. Son un grupo de oposición y actúan en una coyuntura determinada. Es absurdo pensar que la marcha de ayer (jueves, en la Avenida Abancay), y lo que pasó en el Congreso, solo tiene que ver con la Ley de Servicio Civil. Hay que ser bien ingenuo para sostener eso.

La ley establece una evaluación y esto es lo que genera temor en las centrales sindicales, que piensan que se viene una ola de despidos masivos. ¿Qué garantía hay de que esto no va a pasar?

Nos hemos preocupado de que esta norma tenga una serie de garantías, que están establecidas claramente. Primero, los factores a medir, como desempeño, deben estar relacionados con las funciones del puesto. Segundo, la evaluación se realiza en función a metas mensurables y verificables. Tercero, el servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con los que es evaluado. La idea de esta evaluación es mejorar, no hay otra lógica. ¿Por qué? Con la evaluación, un analista, iniciando el año, va a saber cuáles son las metas de la institución, las metas de las áreas y las metas de cada trabajador. ¿Y quién puede salir desaprobado? Aquella persona que no ha hecho absolutamente nada en su institución.

Me dice que la evaluación sirve para mejorar. ¿Mejorar debe entenderse como depurar?

No. no. Digo que esta evaluación sirve para mejorar, por ejemplo, porque puede servir para articular las áreas de una institución. Y esto se detecta al medir los objetivos de la misma.

Usted me hace toda esta explicación pero no dice que quien no pase la evaluación será separado de su institución.

Deme tres segunditos. Le repito, ¿quiénes serán desaprobados en la evaluación? Los que no hicieron nada. Los que no cumplieron ninguna meta ni objetivo. Esos van a salir desaprobados. Se les capacitará, pero si en la segunda evaluación son nuevamente desaprobados, allí sí se van. Además, dígame, cómo puede haber despidos masivos, es imposible. ¿Usted se imagina que el 80% de empleados de una institución no haga nada? Eso es imposible. Si eso sucede, el que tiene que irse es el jefe.

¿Quiénes pasan por la evaluación?

Todos.

Si usted se quedara en Servir hasta que la ley fuera implementada totalmente, ¿también sería evaluado?

A mí ya me han evaluado. Apenas ingresó el premier Jiménez, todos los jefes tuvimos una evaluación de 360, que es que te evalúan los de arriba, los de abajo y los pares.

¿Y qué tal salió en la evaluación?

¿En mi caso? Bien. Fue interesante. Me ayudó a efectuar cambios personales en el tema de dirección. La gerencia de Servir también acaba de ser sometida a una evaluación de parte de la Politécnica de Madrid. Nos hicieron ver una serie de problemas. Entre otros, que teníamos que tener una comunicación más cercana con toda la institución. No, no, mire, nosotros…

…no se corren a la evaluación.

No. Es más, como nosotros tenemos que comprobar las cosas, acá en Servir también estamos en evaluación de desempeño. La gente está totalmente llana a esto.

Dígale eso a la CGTP: “Nosotros también somos evaluados”.

(Sonríe). Ellos lo saben.

Vamos al detalle de la ley. ¿Esta norma unifica a otros regímenes laborales como el CAS, el de la carrera administrativa y el que se rige con las reglas del sector privado, o crea un cuarto régimen?

Lo que pasa es que, en los seis años en los que debe implementarse la ley, las instituciones estatales se acogerán a esta de una manera muy especial. No es que hacemos los reglamentos e inmediatamente todas ingresan. Hay un tema fundamental para nosotros, y es cómo empezamos a planificar el crecimiento de las instituciones en su personal. Y cómo esto significa fortalecer a las áreas de recursos humanos. Para hacer esto, cada institución va a demorarse unos meses. Entre otras cosas se debe hacer un perfil de cada puesto de trabajo, y establecer el valor de ese puesto. Finalmente viene el concurso.

¿Mientras todo este proceso concluya no habrá cierto paralelismo? No habrá cuatro regímenes en lugar de tres.

Cuando concursen podría ser que sí. Si hay trabajadores 276 (carrera administrativa) y 728 (régimen privado), que no quieren ingresar al nuevo régimen civil, podrían quedarse en sus regímenes. Los CAS sí tienen que concursar. Entonces, tenemos que por un tiempo, en el peor de los casos, van a sobrevivir los del 276 y 728 que no quisieron postular.

Allí las centrales advierten una debilidad, que en cierto periodo habrá cierto paralelismo.

Sí, puede haber ese paralelismo. Pero lo que estamos haciendo es respetar la voluntad de las personas. Nos dicen: “La Ley Magisterial ha sido distinta”. Pero, claro, la ley magisterial ha sido distinta. En ella hay un solo perfil: el maestro. Pero en el régimen público hay una serie de perfiles.

Otra cosa que le han criticado a la ley es que deje sin capacidad de negociar colectivamente a los sindicatos el tema de salarios. Digamos que usted ha limado las garras de los sindicatos. 

(Sonríe). Veamos, se cree que la única cosa que hacen las centrales sindicales es negociar colectivamente. Eso no es así. Las organizaciones sindicales también hacen una serie de acciones en defensa de sus afiliados. Claro, lo más visible es el tema de la negociación, pero no es lo más importante.

¿No?

No, y vamos a ver por qué no. Este es un tema que se discutió mucho en la comisión que creamos en el Ejecutivo. Hay dos cosas que se pusieron en discusión: cuántos negocian en este momento remuneraciones. Y lo que nos enteramos es que en los últimos años no ha habido negociación por remuneración, salvo en algunas instituciones que tienen recursos propios, como la Sunat o la Sunarp.

¿Me está diciendo que la negociación colectiva es un espejismo?

El porcentaje que nos dio el Ministerio de Trabajo, considerando las empresas estatales, es de 14%. No puedo negar que hay una expectativa por la negociación colectiva pero pensamos en mejores maneras de ordenar el sistema estatal.

¿Y cuánto cuesta esta reforma?

Hemos hecho una valorización  del qué pasaría si todos los CAS y 276 pasaran inmediatamente al servicio civil, eso costaría 2.500 millones de soles en los seis años. Pero hay que ver cómo venimos creciendo. En los últimos 12 años hemos venido creciendo a un ritmo de mil millones de soles por año en la planilla del Estado.

¿Se puede reducir este crecimiento de mil millones al año en la planilla del Estado?

Yo no creo que se reduzca. Lo que podemos hacer es ordenarnos. Lo que nosotros queremos es no pensar en cómo achicar o reducir los puestos; lo que buscamos es cómo darles a los ciudadanos un buen servicio.

Ustedes hicieron una ayuda memoria para explicar la Ley de Servicio Civil en la que decían que solo un 9% de estudiantes universitarios están interesados en entrar al Estado. Si es tan grande el desinterés, ¿cómo puede crecer a un ritmo de mil millones por año la planilla del Estado?

Lo que ha pasado es que el Estado ha tenido un crecimiento totalmente desordenado. Ahora, no necesariamente los que han entrado son los mejores. Eso queremos corregirlo con los concursos que plantea la ley. Eso también erradica temas de corrupción y tarjetazos.

¿Ha viajado mucho con el cargo que actualmente tiene?

No tanto como hubiera querido.

¿Cuál es la situación más extrema de la que ha sido testigo?

A mí los que me interesan son los funcionarios que a pesar de las carencias se esfuerzan por hacer las cosas bien. Lo he visto en todo el país.

¿Y cuál es el peor ejemplo que ha encontrado usted del desorden que existe en el empleo público?

El peor ejemplo es que en el Perú conviven tres regímenes. En el Perú hay tres personas que hacen lo mismo y tienen derechos e ingresos distintos. Hay más de 500 normas sobre el tema y 400 conceptos remunerativos.

Publicado por La República, 7 de julio del 2013

La gran mayoría de países del mundo, a excepción de unos cuantos como Corea del Norte o Cuba, buscan promover, desarrollar y perfeccionar sus democracias y sus mercados. Es más, las sociedades en conjunto buscan la adopción de prácticas democráticas, competencia y transparencia, tanto en instituciones públicas como en privadas.

La mejora de la calidad de nuestras instituciones es uno de los temas principales de nuestra Agenda Pendiente. El prestigio de las instituciones públicas es muy bajo, nuestros partidos políticos dejan mucho que desear tanto en su estructura, como en sus prácticas democráticas internas y su nivel de representación popular.  Más abajo en la escala de organizaciones sociales, nuestros clubes deportivos también están en crisis de representación y de sostenibilidad económica. Tal vez, las instituciones que sí tienen mejores prácticas democráticas son los clubes departamentales, regionales y provinciales.

Por último, pero no menos importante, están los gremios empresariales y laborales. En ellos tenemos unas de cal y otras de arena. Por el lado empresarial, las cosas no parecen tan mal, en general, sus directivas se renuevan periódicamente y el nivel de representación parece ser razonable. Lamentablemente, por el lado laboral la cosa suele ser más bien de características anti democráticas y de falsa representación.

Por ejemplo, en la CGTP, que se arroga la representación de todos los trabajadores, cuando no representa a más del 6% o 7% de la PEA, no renuevan a sus directivos, o los reeligen eternamente, las elecciones son a manos alzadas. En realidad solo representa y defiende a una casta sindical privilegiada que, además, por su sesgo ideológico comunista, siempre ha sido anti mercado y quiere tener alianzas con el estado benefactor a cambio de prebendas, espacios y sueldos mínimos.

En el caso del SUTEP, que detenta la representación de todos los maestros del sector público, el sindicato no responde a la naturaleza de las funciones educativas, su planteamiento estatutario de base es la “lucha de clases” y los niveles de manipulación de carácter partidario (Patria Roja), son dignos de ficción política.

Ya es hora de que en el Perú nos pronunciemos de manera enfática, a nivel del estado, de la sociedad civil y de las diferentes instancias del gobierno, en favor de las buenas prácticas democráticas y de mercado.

Uno de los objetivos de la agenda pendiente para consolidar nuestro desarrollo, es el fortalecimiento de las instituciones sociales, entre ellas las organizaciones sindicales, las cuales no pueden seguir siendo manejadas como instrumentos de acción política, tal como vemos en el caso de la CGTP, el SUTEP o el Sindicato de Construcción Civil.

El fortalecimiento institucional del Perú requiere también que las organizaciones de los trabajadores sean instituciones proactivas en favor de la creación de empleo, que solo se da con el crecimiento económico y que hoy sustenta el sector privado hasta en un 90%. Así es como tendrían que encarnar los  verdaderos intereses de sus afiliados, sin obstaculizar los caminos a la prosperidad.